Pasar al contenido principal
Miércoles, 14 Marzo 2018

'Pague por renunciar', la condición para De la Calle, Petro y Duque

Por José Felipe Sarmiento Abella

Quien gana en consulta tiene que ir a primera vuelta o reponer el dinero de la jornada electoral. Así lo recordó en Twitter el senador Antonio Navarro Wolff.

Tras conocer los resultados de las consultas del pasado domingo, en las que se definieron los candidatos únicos a la Presidencia de dos colectividades, se empezaron a debatir en redes sociales los posibles escenarios del tablero electoral y posibles alianzas de cara a la primera vuelta, que se celebrará el 27 de mayo. El senador Antonio Navarro Wolff aportó el siguiente dato:

 

 

El apunte del congresista de la Alianza Verde es verdadero. La norma que cita es la que regula el funcionamiento de los partidos políticos y sus procesos electorales y, en efecto, su artículo 7 se refiere a la obligatoriedad de los resultados de las consultas: “Los partidos y movimientos políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta del candidato así seleccionado”.

En el siguiente párrafo se establece que “en caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato, los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que hubiere incurrido la organización electoral”. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Misión de Observación Electoral (MOE) coinciden en que, por ser una exigencia reciente, todavía no hay un precedente que permita establecer a qué se refiere la proporcionalidad que menciona este aparte. Una posible interpretación es que, en caso de que haya más de una consulta -cómo el pasado fin de semana- el costo total se podría dividir en partes iguales y ese sería el valor por el que deba responder el partido o candidato que irrespete el resultado, por ejemplo, pero no es algo que esté definido.

Es decir que los elegidos el domingo, Gustavo Petro e Iván Duque, deben continuar en la contienda, con los partidos o movimientos que los presentaron. Si esas condiciones no se llegaran a cumplir, tendrían que pagar los gastos en los que incurrió la Registraduría para organizar sus respectivas consultas, lo cual puede estar alrededor de $ 13.225 millones, pues el presupuesto que le entregó el Ministerio de Hacienda al órgano electoral para ambas fue de $ 26.450 millones en total. Es decir, si alguno desistiera antes de primera vuelta, su intento fallido le terminaría costando más de la mitad de lo que vale hoy una campaña presidencial, pues el tope máximo de gastos a invertir en primera vuelta este año quedó en $ 24.235 millones.

El caso De la Calle

El candidato del Partido Liberal también fue escogido de esta manera en noviembre pasado, cuando Humberto de la Calle venció a Juan Fernando Cristo en una consulta interna del partido. No obstante, el texto del tarjetón era distinto porque planteaba la posibilidad de que el ganador pudiera participar en “una consulta interpartidista que elija candidato único en coalición”. Una tuitera se lo recordó a Navarro y este lo reconoció en un tuit posterior. Así mismo se lo explicó el senador a Colombiacheck.

 

 


El aspirante liberal, sin embargo, le dijo el martes a ‘La W Radio’ que su decisión es ir a primera vuelta con su partido. En un tuit posterior reiteró esa posición y señaló que “el camino de las alianzas es un camino lleno de complejidades, comenzando con las jurídicas”. Recordó también que “en su momento” intentó acercarse sin éxito a Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Colombia, a la que pertenece la Alianza Verde de Navarro. Respondió así al llamado de un sector de la opinión pública en redes sociales a retomar ese camino.

 

 

 

 

En el CNE y Daniel Pinzón, asesor jurídico del Partido Liberal, también nos confirmaron que, al haber pasado el 11 de marzo sin acudir a una consulta interpartidista, esa posibilidad quedó cerrada porque el calendario electoral admite solo una fecha al año para este tipo de comicios. Así, De la Calle queda en el mismo escenario que Duque y Petro: o va a primera vuelta o, en caso de retirarse antes de la contienda para apoyar a otro aspirante presidencial, su colectividad tendría que reponerle al Estado los 40.000 millones de pesos que costó la organización de la jornada de noviembre en que salió electo -o una cifra proporcional-, ya que ambos candidatos pertenecían a esa misma agrupación política.

Sin destinatario

Navarro Wolff, por su parte, nos dijo que su recordatorio sobre la ley que rige las consultas “no tiene un destinatario específico” pese a que se dio en medio de ese contexto. “Es que empezaron a decir: ‘que se unan’, entonces tengan en consideración este tema que puede ser un problema para una o ambas consultas”, explicó.

Viernes, 09 Marzo 2018

Siete congresistas que poco cumplieron sus promesas de hace cuatro años

Por Colombiacheck

En Colombiacheck nos montamos en la máquina del tiempo y viajamos a 2014 ¿qué tanto cumplieron sus propuestas de campaña de ese año los congresistas que buscan su reelección en el Senado? ¿Al menos lo intentaron?

Hoy los candidatos que quieren llegar al Congreso nos inundan de promesas, pero muchos de ellos ya pasaron por allí o están actualmente ejerciendo como legisladores, mientras impulsan sus campañas para repetir curul. En Colombiacheck revisamos algunas de las promesas que hicieron en las elecciones de hace cuatro años congresistas que hoy buscan su reelección en el Senado o que aspiran a saltar allí desde la Cámara de Representantes.

Dadas las dimensiones de esta contienda -hay inscritos 1.793 candidatos a la Cámara y 945 al Senado-, tomamos una muestra aleatoria de siete de ellos. Tuvimos en cuenta dos criterios: que hubiese una representación de varios partidos y que fueran candidatos con altas probabilidades de lograr una curul, para lo cual usamos una proyección que hizo recientemente la firma encuestadora Cifras & Conceptos. Finalmente, seleccionamos una o dos de sus propuestas que fuesen verificables, según los principios de nuestra metodología.

El resultado son estos 12 #chequeosTBT, en los que encontramos que, de igual número de promesas, solo dos fueron cumplidas por los congresistas; siete no se lo lograron, aunque los autores hicieron algún tipo de intento; y cuatro no fueron gestionadas por quienes las propusieron en campaña.

Angélica Lozano, Alianza Verde

Armando Benedetti, Partido de La U

Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical

Efraín Cepeda, Partido Conservador

Jorge Enrique Robledo, Polo Democrático Alternativo

Paloma Valencia, Centro Democrático



Angélica Lozano, Alianza Verde

"Propongo una reforma de la Procuraduría: No más reelección del procurador, éste no puede ser nombrado por el Senado”
Lo intentó

La frase hace parte del programa de campaña de 2014 de la representante, quien hoy aspira al Senado. Ese mismo año, presentó un proyecto de acto legislativo para limitar la reelección de los titulares de organismos de control y de las altas cortes, pero lo retiró en agosto del mismo año, según reporta Congreso Visible.

Asesores de Lozano Correa explican que lo retiraron por la propuesta de equilibrio de poderes, que radicó el Gobierno. Allí, la congresista presentó varias proposiciones (sugerencias para incluir en proyectos ajenos), como la de eliminar la reelección del procurador -que fue aprobada- y el cambio de mecanismo de selección para ese cargo -que no pasó-.

 

“Vamos a ponerle límites a los periodos de los políticos. Máximo dos periodos, máximo 8 años”
Lo intentó

Eso decía el mismo programa de Lozano Correa hace cuatro años. Sus asesores explicaron que también en 2014 se presentó el Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste institucional y se dictan otras disposiciones”, que se debatió en comisión primera de Cámara el 19 de noviembre de 2014 y el 21 de mayo de 2015. En esos debates la representante a la Cámara presentó proposiciones para limitar la reelección de congresistas, pero las negaron. El proyecto se convirtió en el Acto Legislativo 02 de 2015, de equilibrio de poderes, pero no incluyó medidas para limitar la reelección de congresistas.

La candidata impulsa actualmente una consulta anticorrupción cuyo último punto pretende limitar a máximo tres periodos el ejercicio en una misma corporación de elección popular como Senado, Cámara de Representantes, asambleas, concejos y juntas administradoras locales.

----



Armando Benedetti, Partido de La U

“El 80% de los delitos se cometen con arma blanca, así que vamos a penalizar el arma blanca”
Lo intentó

Durante un evento en Ciénaga, Magdalena, en marzo de 2014, el senador Armando Benedetti, hoy candidato a su reelección, hizo tres propuestas para la seguridad ciudadana, entre ellas, que iba a buscar que se penalizara el porte de armas blancas.

Respecto a esta propuesta, Benedetti dijo que “aunque desde el 2014, promovimos desde la Comisión Primera un proyecto de ley para penalizar el porte y uso de armas blancas, este no pudo cumplir con el trámite legislativo para convertirse en ley. Razón por la cual, cuándo se tramitó el actual Código de Policía, apoyamos que esta conducta se incluyera mínimo como contravención”.

El proyecto sí existió, aunque Benedetti no fue precisamente ponente del mismo y, como él lo menciona, no cumplió el trámite correspondiente. No obstante, en el Código de Policía, el porte de lo que se denominan armas blancas fue incluido como una contravención, sujeta a sanciones y multas.

 

“Vamos a penalizar a los muchachos de 15,16 y 17 años porque las bandas los ponen a robar”
No hizo nada

En ese mismo evento, Benedetti propuso penalizar a los menores de entre 15 y 17 años. Respecto a esta propuesta, el senador no hizo nada, no presentó ningún proyecto de ley ni convocó a debates políticos.

Según él, “esta modificación no ha sido posible en el Congreso debido a la línea jurisprudencial de la Corte que prohíbe que los menores cumplan la pena en un centro carcelario. Sin embargo, se han aumentado las exigencias y disminuido los beneficios para los menores (en) los centro de reclusión”; lo cual es cierto, por ejemplo, para los menores condenados por homicidio, pero se debe a la Corte Suprema, antes que al Congreso.

Es decir, el congresista -en ese entonces, candidato- hizo una propuesta de un tema que se salía de su resorte como legislador.

 

“Vamos a hacer que si la persona vuelve a robar por segunda vez, sin importar el monto, se va preso”
Lo logró

“Si alguien roba algo menor de $500.000 puede salir en libertad condicional”, con esta premisa justificaba Benedetti su propuesta hace cuatro años. Aunque él, particularmente, no presentó ningún proyecto de ley ni realizó ningún debate respecto a este tema, por la Comisión Primera del Senado, de la que hace parte y a la que espera volver, pasaron dos proyectos que luego se convirtieron en ley que les quitaron beneficios a los reincidentes: la 1709 de 2014 y la 1773 de 2016, conocida como ley Natalia Ponce de León.

Benedetti le explicó a Colombiacheck que, gracias a estas, no hay beneficios para “quienes hayan cometido la misma conducta dentro de los cinco años siguientes a la condena, donde se encuentra, verbigracia, el hurto simple y calificado”.

----



Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical

“Crear a Cali como un distrito especial deportivo”
Lo intentó

La idea del entonces candidato a la Cámara de Representantes, Carlos Abraham Jiménez, era “que recursos de la Nación, del Sistema General de Participaciones, lleguen exclusivamente, no solo a escenarios, sino a la formación” en el ámbito deportivo, como lo explicó en una entrevista en el diario El País, hace cuatro años.

Según la página de la Cámara de Representantes, Jiménez fue uno de los autores del proyecto de Ley que buscaba convertir a Cali en distrito deportivo, el cual fue radicado en agosto del 2013. Sin embargo, este no pasó, por lo que fue modificado.

El actual congresista nos explicó que, para volver a presentarlo, el proyecto se amplió y quedó convertido en el proyecto de Ley No. 149 de 2016: “Por medio del cual se categoriza al Municipio de Santiago de Cali como Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios”. En esta ocasión, Jiménez también participó en la elaboración.

El proyecto fue presentado en el Congreso y aprobado en segundo debate en el Senado en mayo 11 del año pasado. Sin embargo, aún sigue en trámite. De acuerdo con Jiménez, se espera que en esta legislatura salga adelante, pues “la pasada fue difícil porque se saturó por los temas de paz”.

----



Efraín Cepeda, Partido Conservador

“Presentar proyectos de ley que protejan los derechos de los niños con discapacidad y sus madres, en atención integral en salud y educación",
No hizo nada

La promesa la hizo el hoy presidente del Senado en 2014, según el artículo “El senador y candidato Efraín Cepeda presenta propuestas para el progreso del Cesar”, del medio digital interpolítico.com, de Valledupar.

Colombiacheck buscó la propuesta de proyecto de ley sobre los derechos de los niños con discapacidad en la página del Senado, en Congreso Visible y en el sitio web oficial del senador, donde están los proyectos de ley que le han aprobado y los que están en proceso, pero no encontró éste en ninguno de los tres registros. Además, en la oficina de leyes del senado nos dijeron que Cepeda no presentó proyectos de ley sobre derechos de los niños con discapacidad.

Aunque lo buscamos por teléfono, por Whastsaap y por Twitter para saber qué gestiones había hecho al respecto, no hemos recibido respuesta del senador ni de su equipo de prensa, al que le contamos el ejercicio que estábamos adelantando.

----



Jorge Enrique Robledo, Polo Democrático Alternativo

“Renegociación de los TLC”
Lo intentó

En diciembre de 2013, antes de ser reelegido senador, el diario El Nuevo Siglo le preguntó a Jorge Enrique Robledo qué proponía su partido distinto al resto. Robledo dijo que, por ejemplo, la renegociación de los TLC. El tolimense esperaba, al igual que sus copartidarios, que su candidata presidencial, Clara López, se impusiera en las elecciones. Al no hacerlo, se vieron en dificultades sus intenciones de renegociar los TLC, cosa que no puede hacer un congresista solo.

No obstante, como opositor al gobierno de Juan Manuel Santos, se dedicó a alertar sobre los riesgos de los TLC, no sólo del firmado con Estados Unidos sino también de otros que se fueron aprobando, por ejemplo, con Corea del Sur. En ese sentido, convocó a cinco debates para discutir sobre las consecuencias de los TLC para los agricultores y para el sector minero energético.

A su vez, se ha referido a este tema en varios debates en la Comisión Quinta del Senado, de la que hace parte. No obstante, durante el periodo 2014-2018 no presentó ningún proyecto de ley tendiente a que se renegocien los distintos TLC. Al preguntársele qué había pasado con esta propuesta, Robledo respondió que seguía en eso.

 

“Que no haya más intermediación financiera de las EPS en el sistema de salud”
Lo intentó

Algo similar ocurrió con otra propuesta que hizo en la misma entrevista con El Nuevo Siglo. Robledo propuso un “cambio estructural en el sistema de salud. Que no haya más intermediación financiera de las EPS”.

En general, la actuación de Robledo en ese sentido se limitó a convocar a debates al respecto. La única excepción fue que partició como ponentes del proyecto de ley que buscaba una rebaja del 12% al 4% del aporte en salud que tienen que hacer los pensiones; proyecto que fue rechazado por el presidente Juan Manuel Santos.

“Nadie en el Congreso ha hecho más debates que yo contra los TLC y las EPS”, le dijo Robledo a este medio. En ese sentido, el senador del PDA convocó a dos debates al respecto. Uno en septiembre de 2014 para discutir sobre las denuncias de la Contraloría sobre Saludcoop y otro, en agosto de 2016, sobre la liquidación de esta misma EPS.

----



Mauricio Gómez Amín, Partido Liberal

“Hay que impulsar un ley para que las empresas cuenten con guarderías donde cuiden los hijos de las madres trabajadoras”.
No hizo nada

A pesar de que esta propuesta, que realizó en twitter el entonces candidato a la Cámara de Representantes, Mauricio Gómez Amín, fue presentada en un proyecto de Ley ante la Comisión 7 del Senado, el congresista del Atlántico no tuvo ninguna relación con la autoría del proyecto.

Intentamos contactarlo por Whataspp, pero, aunque vio los mensajes, no los contestó. En la página de la Cámara de Representantes aparece como autor de trece proyectos, ninguno de ellos referente a las guarderías.

Quien sí figura como autora del proyecto, presentado, primero en la legislatura de 2016-2017, archivado luego y radicado de nuevo en agosto pasado, es la congresista Margarita María Restrepo, del Centro Democrático. A través de su jefe de prensa, la representante nos informó que el proyecto fue solo de ella y en ningún momento tuvo un contacto con el congresista Gómez Amín para presentarlo.

Lo mismo indicó Ángela Robledo, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, quien hizo ponencia negativa frente al proyecto. “El concepto guardería, en el que se lleven los niños y dejen allí, ya no puede ser, ahora se trabaja en centros de desarrollo. Estas guarderías no tendrían un control”, explicó. La iniciativa no ha sido archivada, pues Restrepo presentó una nueva ponencia positiva, según explicó su asesor jurídico, Juan Manuel Arboleda.

----



Paloma Valencia, Centro Democrático

“Les estamos apostando a la jornada única escolar”
No hizo nada

“La idea no se centra en hacer demasiado énfasis en la aprehensión de conocimiento, sino en la capacidad de formación de talentos. (...) Hay que mejorar las condiciones de los docentes, pero también exigirles muchísimo más. Es decir que el aumento de los profesores dependa del resultado que obtienen los niños”. Estas eran algunas propuestas de Paloma Valencia, que explicó en una entrevista con El Espectador, a menos de un mes de los comicios de 2014.

Pero sus asesores reconocen que, en esta materia, ella no hizo actividad legislativa aparte de una intervención en el debate de control político de 2016, en el Senado, a la entonces ministra de Educación, Gina Parody, sobre diferentes temas relacionados con esa cartera, entre ellos la corrupción en el programa de alimentación escolar. Paloma criticó el “abandono” de la incorporación de tecnologías en la formación y la centralización en el sistema. “Seguimos con una corrupción muchísimo mayor, simplemente que acabaron además la descentralización”, dijo.

Por otro lado, en Cámara sí hubo un proyecto para reformar la jornada única radicado y apoyado por representantes de diferentes partidos, incluido el Centro Democrático, pero nunca llegó a Senado. El tema, finalmente, lo gestionó el Ministerio de Educación, mediante un decreto a través del cual se está implementando la jornada única en todo el país.

 

“Es importante reformar las corporaciones autónomas regionales”
Lo intentó

La senadora planteó el tema en otra entrevista con El Espectador, cuando estaba en campaña en 2014, al responder sobre cómo sería su trabajo por la preservación de los recursos naturales. La hoy legisladora y candidata a la reelección explicó que “los directores responden a los políticos. Hay que tener directores interesados en la preservación de los recursos naturales y que se rodeen de recursos técnicos y personas de primer nivel” y, en un diálogo previo con ese diario, ya lo había advertido: “necesitamos unas corporaciones autónomas con mayor capacidad técnica”.

Cuatro años después, el Sistema Nacional Ambiental (Sina) sigue sin reformas. Sin embargo, la legisladora uribista sí intentó poner el tema sobre la mesa. Sus asesores recordaron que, en 2016, Valencia lideró la denuncia sobre una polémica licencia entregada para exploración petrolera en la serranía de La Macarena y la petición del Senado para que fuera revocada. Propuso, con Claudia López, un debate de control político en plenaria (aunque al final se hizo en la comisión quinta), en el que se cuestionaba el funcionamiento del Sina, incluidas las CAR como Cormacarena, e intervino para dejar constancia de sus críticas a estas entidades tanto en el Capitolio como en medios de comunicación.

“No hemos dejado de insistir con este tema ambiental porque es una de sus banderas”, señalaron en su equipo. Sin embargo, los pasos de la senadora aún no han llegado a la reforma que proponía cuatro años atrás. Sus asesores aseguraron que prepara un proyecto de ley propio para hacer la reforma. Según ellos, no lo radicó antes por su complejidad y por tiempos, porque ha estado concentrada en otros temas. Hay que decir que el Gobierno ha prometido reformar las CAR desde la ola invernal de 2011 pero tampoco lo ha logrado.

 

“No puede haber detención preventiva por más de seis meses”
Lo logró

Una nueva ley limitó a un año la privación de la libertad preventiva para quienes estuvieran sindicados de un delito pero aún no condenados -dos años, de forma excepcional, en los casos más complejos-, aunque no a seis meses como lo propuso la senadora Paloma Valencia, en una entrevista con el diario El Espectador en 2014. No obstante, encontramos que logró el objetivo primordial de su propuesta: evitar que se abusara de esa figura en contra de las garantías de los procesados.

“Una persona detenida no puede perder sus derechos humanos”, argumentó la actual congresista y candidata ante la pregunta de un lector del diario sobre lo que haría desde el Senado para combatir el “problema carcelario”. Valencia, en efecto, votó a favor del proyecto del Gobierno y la Fiscalía para regular esa figura tanto en los debates como en la conciliación. Miembros de su equipo de trabajo destacaron, además, que insistió en reducir el límite a seis u ocho meses, pero su propuesta no fue tenida en cuenta al final.

El resultado de lo que se aprobó fue la ley 1760 de 2015 que, según el Inpec, ha ayudado, sumada a otros factores como la liberación de exguerrilleros amnistiados, a disminuir el hacinamiento carcelario de 58 a 46 %, en el último año. La norma entró en vigencia a mediados de 2017, un año después de lo previsto, pues el Gobierno la aplazó por el temor que causó en la opinión pública una posible salida masiva de presos.