3 DATOS CLAVE:

1. El periodista Melquisedec Torres insistió en la narrativa de que fueron las FARC quienes cometieron el genocidio de la Unión Patriótica, al publicar la foto de un antiguo artículo titulado “Surge guerra comunista contra la UP”, luego difundida por la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.
   
2. El recorte de prensa no indica que la guerrilla fuera la máxima responsable del exterminio. Más bien, buscó generar ruido mediático para evitar más violencia política contra la UP.
   
3. Múltiples fallos, sentencias e informes reconocen a los paramilitares y a los agentes del Estado como los principales responsables del genocidio contra los militantes de ese partido.
   

En redes circula un recorte de un artículo viejo de El Tiempo, titulado “Surge guerra comunista contra la UP”, con el cual, varios usuarios respaldan la narrativa negacionista que intenta desmentir que el Estado tuvo responsabilidad en el exterminio del partido Unión Patriótica (UP), ampliamente difundida por representantes políticos de la derecha, como María Fernanda Cabal.

La pieza fue publicada el 31 de octubre por el periodista Melquisedec Torres, con una descripción que dice: “La historia no miente”.

Torres publicó esto días después de que la senadora y precandidata presidencial por el partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, negara en una entrevista del 28 de octubre con el periodista Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, que el Estado hubiera exterminado a la UP. 

“Jamás repita que el Estado fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. A la UP los exterminaron las Farc y el ELN”, le dijo a Pacheco, a quien además señaló de tener “cemento en el cerebro” por refutarla.

El 1 de noviembre, Cabal también publicó en sus cuentas de Facebook y X el mismo recorte de periódico con el texto: “Es la historia. Que algunos se nieguen aceptarla es otra cosa”(sic).

En X, el usuario Tomás Restrepo Arango, también publicó la misma imagen del recorte afirmando “Ya estamos mamados de sus mentiras! Se acabo esta basura de justificar a los terroristas. La UP fue masacrada por Las FARC y el PartidoComunista”(sic).

Pero estas publicaciones son cuestionables. El artículo de El Tiempo no expone a la entonces guerrilla de las FARC o al Partido Comunista Colombiano (PCC) como responsables del asesinato de miembros de la UP, ni exculpa al Estado. En cambio, múltiples fallos, sentencias e informes reconocen a este último como uno de los perpetradores principales del genocidio político en contra de miembros de ese partido.

Esta publicación, a su vez fue compartida por la cuenta ‘Lizzeth Adriana Pachon Cañon’ en grupos de Facebook, como ‘Pauna Participativa’ (con más de 22.000 miembros), y ‘Bosa san pablo,la amistad,la despensa, bosa estacion,bosa carbonel’ (con 54.000 miembros).

Artículo de El Tiempo no soporta narrativa negacionista contra la UP

El artículo, titulado “Surge guerra comunista contra la UP”, publicado el 18 de diciembre de 1989, habla del secuestro de Guillermo Banguero, en ese entonces secretario general de la UP, a manos de las FARC. El artículo también sugiere que el Partido Comunista no comulgaba con las declaraciones de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial de la UP, asesinado el 22 de marzo de 1990.

En ninguna parte la nota se afirma que las FARC o el PCC tuvieron responsabilidad en el asesinato de miembros de la UP, ni se exulpa al Estado Colombiano.

El PCC respondió posteriormente con un comunicado en el Semanario Voz, el 21 de diciembre de 1989, aclarando que no eran ciertas las afirmaciones del diario El Tiempo y que por el contrario, ambos partidos, buscaban converger en lugar de dividir.

“Jaramillo viene cumpliendo una brillante campaña a nombre de la UP, con el trabajo de la militancia comunista. La redacción de El Tiempo, que inútilmente trata de dividir y contraponer, indica que la perspectiva de una amplia convergencia por la cual trabajan la UP y el PCC, no es de la complacencia del diario de los Santos”, dice el texto aclaratorio.

El contexto del artículo

La publicación en el diario El Tiempo se dio en el contexto de una crisis interna y una ruptura dentro de la UP y el PCC, en medio de la violencia incontenible que sufría la UP.

Vladimir Melo Moreno, relator del informe “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica”, del Centro Nacional de Memoria Histórica, explicó a Colombiacheck que el artículo de El Tiempo divulgado en redes sociales, surgió en su momento para intentar salvar la vida de Guillermo Banguero, quien tenía un mando importante dentro de las FARC y que al tiempo estaba dentro de la UP como su tesorero.

“Para ese momento, Banguero sintió afinidad por la nueva postura política civil  impulsada por los "perestróikos", un grupo liderado por Bernardo Jaramillo, que proponía repensar la política revolucionaria de la izquierda, divergiendo del planteamiento comunista tradicional. Así era conocido por la derecha y el diario El Tiempo.  

De acuerdo con Melo Moreno, ante la ola de violencia política contra la UP, Bernardo Jaramillo tuvo que deslindarse públicamente de la combinación de todas las formas de lucha, declarando que la UP era un partido de civiles, no armado, y exigiendo que se le dejará fuera del conflicto, lo que llevó a la retirada de las FARC.

“Cuando las FARC ordenaron recoger a todo su personal y devolverlo a la guerrilla ("al monte"), Banguero se negó, afirmando que creía en la posibilidad de la política civil y de la UP. Las FARC, funcionando como un ejército con ley marcial, consideraron a Banguero un desertor y traidor”.

El experto aclara que en ese momento, la publicación de El Tiempo “hizo todo el ruido posible”, con el propósito de evitar que las FARC hicieran el juicio marcial a Banguero.

“La historia detrás de este artículo es descrita como ‘muy peculiar’, un hecho absolutamente aislado y el más singular de todo el proceso de la UP, y se publicó en página plena de  El Tiempo. La historia de este artículo, según las fuentes consultadas, es todo lo contrario a lo que significa el genocidio, ya que es un hecho muy particular que contrasta con la sistematicidad y la generalidad de la violencia contra la Unión Patriótica”, concluye.

Banguero apareció luego de dos meses de estar retenido. Registros de El Tiempo, del 23 de diciembre de 1989 señalan que  la versión oficial sobre el paradero del tesorero de la UP es que éste se encontraba “adelantando gestiones personales”, según dijo el entonces presidente de la UP, Diego Montana Cuéllar.

Por su parte, el historiador Felipe Arias Escobar, señaló que aunque hubo diferencias internas en la UP entre el manejo de la ortodoxia ideológica y las posturas frente a la lucha armada, este argumento no se puede usar para refutar la responsabilidad del Estado, ampliamente documentada por distintas organizaciones nacionales e internacionales.

El Estado sí participó en el exterminio de la UP

La UP fue un movimiento político que surgió de las negociaciones de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 1985, como parte de un acuerdo para ampliar la participación política a sectores marginados y a la vez como mecanismo de transición de las armas a la política de las FARC.

Sin embargo, entre los años de 1980 y principios de los 90's, los ataques contra este partido político incluyeron asesinatos de candidatos presidenciales, congresistas, diputados y concejales, además de militantes políticos y simpatizantes en diversas regiones del país, especialmente donde tenía una importante acogida social.

El exterminio de la UP ha sido extensamente investigado y probado por distintas instituciones y cortes.

De acuerdo con el informe “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002” del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre los 2.967 casos en los que se reconoce al presunto perpetrador de los crímenes en contra de miembros de la UP, los principales son los grupos paramilitares con 2.120 víctimas (71,5%), seguidos de agentes de Estado con 486 víctimas (16,4 %) y agentes de Estado en acción conjunta con los grupos paramilitares con 187 víctimas (6,2 %). Esto significa que el 94,1 % de la violencia contra la UP ha sido presuntamente perpetrada por grupos paramilitares y agentes del Estado.

“En relación con los casos restantes, las guerrillas aparecen como presuntas perpetradoras de 129 víctimas (4,1 por ciento), mientras que 38 de ellas se asocian con un grupo armado no dirimido, casos en los cuales las fuentes se contradicen en la atribución de la responsabilidad”, dice el informe.

Por su parte, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, señala que los paramilitares se sitúan como los principales responsables de la victimización contra la Unión Patriótica, con alrededor del 55 % de las víctimas, principalmente en los picos de 1986 - 1989 y 1991 - 1997. Le siguen los múltiples actores con 18 % de las víctimas principalmente perpetradas entre 1986 y 1989. De estas, aproximadamente 7 de 10 (69%) corresponden a actuaciones conjuntas entre el Estado y los paramilitares.

“El Estado es también responsable directo aproximadamente del 12 % de las víctimas asesinadas, principalmente en el periodo 1986-1989. Mientras que las FARC-EP perpetraron alrededor del 8 % de los asesinatos. Al paramilitarismo y al Estado se le atribuyen en consecuencia aproximadamente el 79 % de los homicidios contra la UP”

Según la entidad, el periodo de mayor cantidad de víctimas asesinadas ocurrió entre 1986-1989 en donde se concentraron el 28% de los homicidios, entre 1990 y 1993 el 20% y durante 1994-1997 incrementó al 25%.

En 2013 la Sala de Justicia y Paz, del Tribunal Superior de Bogotá, emitió un fallo en el que calificaron esa oleada de muerte como un genocidio político. Esto, en el marco del proceso que se adelantaba en contra de Hebert Veloza, alias ‘HH’, ex jefe paramilitar del Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Para realizar el análisis particular objeto de la presente decisión la Sala recurrió a herramientas de la sociología y la criminología jurídica para analizar y concluir que los ataques criminales contra éste partido político —Unión Patriótica— fueron planeados, dirigidos y organizados desde diferentes frentes, pues los perpetradores hacían parte de distintos grupos armados, entre otros de carteles de narcotráfico, la extrema izquierda y por supuesto la extrema derecha, en algunos casos con colaboración y en connivencia con agentes del Estado o representantes políticos”, dice el documento.

De acuerdo con el fallo, la persecución no solo se orientó a miembros de ese partido político, sino también a organizaciones sindicales de la región de Urabá.

“Bastaba solo con ser miembro de un sindicato o simpatizante de la UP para ser objeto de señalamientos, hostigamientos y ataques de los grupos paramilitares”, agrega el fallo.

También, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la JEP abrió en marzo de 2019 el caso 006 denominado “Victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP) por parte de agentes del Estado”, a partir de tres informes: El Informe No. 3 presentado por la Fiscalía General de la Nación; el informe “¡Venga esa mano, país! Memoria viva de una vergüenza nacional”, de la Corporación Reiniciar, y la relatoría “Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica 1984-2002”, del CNMH.

En ese momento, la Sala estableció que 16 miembros de la fuerza pública se habían acogido a la JEP expresamente por hechos relacionados con victimizaciones sufridas por miembros de la UP. 

Hasta ahora, la JEP reporta que 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques dirigidos contra el partido político Unión Patriótica entre 1984 y 2016. 

Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado colombiano por el genocidio de la Unión Patriótica. En la sentencia del 27 de julio de 2022, el tribunal examina la responsabilidad del Estado por el exterminio sistemático de miembros de este partido político, incluyendo alegadas ejecuciones, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias, a menudo en un contexto de violencia política sistemática.

Allí se determinó que el exterminio de la UP configuró un crimen contra la humanidad y que existieron claros patrones de participación estatal. El tribunal comprobó que los hechos contaron con la participación de agentes estatales y el consentimiento de las autoridades. Esta responsabilidad directa se superpuso a los actos cometidos por actores no estatales (principalmente grupos paramilitares y sicarios) que contaron con la colaboración de agentes del Estado, principalmente miembros del Ejército y la Policía.

La Corte también señaló que comentarios como que la UP era el “brazo político de las FARC”, “colaboradores de las FARC”, o “aliados de la guerrilla”, produjeron aún más victimización. La Corte sentenció que estos señalamientos estigmatizantes afectaron “tanto la honra como la reputación individual de las presuntas víctimas, así como la imagen de la organización política y restringió la proyección individual y colectiva de las presuntas víctimas en el ámbito social”.

Difusores de la desinformación

En X:

El periodista Melquisedec Torres, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal y los usuarios Tomás Restrepo, Adriana Martínez, Javier Bermúdez y Armando Londoño suman más de 100 mil visualizaciones.

En Facebook:

 María Fernanda Cabal y Lizzeth Adriana Pachón Cañón.