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Cuestionable

Martes, 18 Junio 2019

Reducción de homicidios a líderes sociales en gobierno Duque es cuestionable

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Aunque las cifras que presenta la Consejería para los Derechos Humanos se basan en los reportes de la ONU, el análisis de la disminución del 32% no tiene en cuenta los asesinatos por verificar.

La cuenta de Twitter de Presidencia de la República publicó este trino el pasado 5 de junio, atribuyendo la frase a Francisco Barbosa (@FrBarbosaD), Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

De acuerdo con el comunicado de prensa adjunto al final del trino, la cifra de reducción del 32 por ciento “tiene su origen en el comparativo de los 88 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los 60 homicidios registrados entre el 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de Gobierno del Presidente Duque”.

Este análisis, sin embargo, presenta algunos vacíos y por ello calificamos lo dicho en el trino como Cuestionable.

La información del comunicado hace parte del Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, realizado por la consejería encabezada por Barbosa, según nos confirmaron en esta entidad. Ese documento recopila lo concerniente a los líderes sociales asesinados, las cifras, los factores de riesgo y las estrategias emprendidas por el actual gobierno del presidente Iván Duque.

En relación al número de líderes sociales asesinados, el informe cita los datos suministrados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organización encargada de suministrar esta información al gobierno.

De acuerdo con esos datos, en todo el 2018 fueron asesinados 114 líderes sociales y este año, entre enero  y el 25 de mayo, van 22.

Captura de Pantalla
 

En cuanto al porcentaje del 32% de reducción, este proviene, como dice el comunicado, de comparar lo que va del gobierno del presidente Iván Duque con el mismo periodo para el gobierno anterior. Así lo expone el informe:

Captura de pantalla

Ahora bien, según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, los defensores de derechos humanos asesinados en 2018 fueron 115. Y la cifra de 2019 va en 26 casos documentados.

La diferencia entre las cifras citadas por el informe del gobierno Duque y el de Naciones Unidas se debe a que el primero tiene datos hasta el 25 de mayo, mientras que el segundo, fue publicado el 11 de junio de este año.

Sin embargo, más allá de esa diferencia, el punto importante a tener en cuenta es que el mismo informe de Naciones Unidas advierte que, aunque la cifra de casos documentados este año de asesinatos de líderes sociales es 26, existen 76 denuncias que están por cotejar.

Asimismo, el dato de los 115 homicidios del año pasado no corresponden al universo de muertos sino a los casos que pudieron verificar y que entran dentro de la definición de defensor de Derechos Humanos utilizada por la ONU.

De modo que la comparación hecha por la oficina de Francisco Barbosa utiliza como absolutas unas cifras que están pendientes de verificación y actualización. Ejemplo de ello es que en el informe del gobierno se tienen registrados 114 asesinatos y en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas le confirmaron a Colombiacheck que este año verificaron un asesinato más que sucedió el pasado. Por eso el informe de esta organización informa de 115 homicidios verificados.

“Los peritos dirán más adelante si las personas de las denuncias eran líderes sociales o no y eso hará, posiblemente, que los indicadores de Naciones Unidas aumenten”, nos explicó Alejandro Jiménez, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Pero aparte de esto, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, expresó en rueda de prensa, en mayo pasado, la preocupación de este organismo “por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

Otros conteos de líderes sociales asesinados

David Correal, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), le dijo a Colombiacheck que para el mismo periodo de tiempo utilizado por el informe de la consejería, el Cerac tiene registrados 108 asesinatos durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y 131 en el gobierno Duque. Es decir, contrario a lo señalado por la consejería presidencial, han registrado un aumento del 21% para este periodo.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el informe ‘La fragilidad de la transición’ publicado este año, señala que “de enero a marzo de 2019, comparando con el mismo periodo del año anterior (...), se han reducido 38% [los homicidios a líderes sociales], pasando de 34 casos a 21”. Aunque no se compara específicamente el mismo periodo de tiempo utilizado por la consejería presidencial, se habla de una disminución entre un gobierno y otro.

Y en este mismo asunto coincide el Programa Somos Defensores, pues según dijeron a Colombiacheck, de enero a marzo de este año registraron una baja en los homicidios, aunque advierten que de abril a junio han venido aumentando los asesinatos, al igual que otro tipo de amenazas.

Que las cifras no coincidan entre organizaciones ya lo habíamos contado en El Explicador ¿Qué es un líder social?, pues cada organización tiene conteos de asesinatos de líderes sociales diferentes debido a que utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos.

El contexto político

De acuerdo con Correal, en términos estadísticos es válida la comparación que hace el gobierno de tomar dos periodos de tiempo específicos de cada gobierno para revisar el número de líderes sociales asesinados. No obstante, para Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), a esa comparación le hace falta un punto relevante y es el contexto político electoral.

El año pasado en Colombia hubo tres elecciones: Congreso (en marzo), primera vuelta (en mayo) y segunda vuelta presidencial (en junio). Ese hecho no es menor, pues de acuerdo con Barrera, “si en algo coinciden todas las organizaciones es que en época electoral se aumentan los homicidios”.

Jiménez entregó a Colombiacheck una tabla del Sistema de información PARES- SIPARES que presenta el asesinato de líderes sociales del 11 de noviembre de 2016 al 25 de mayo de 2019. En esta gráfica se puede evidenciar que el 2018 fue un año particularmente violento y los picos de esa violencia se ven en los momentos pre-electorales.

Pares

Según Jiménez, para hacer una comparación realmente válida habría que revisar los datos de este año, cuando pase el periodo electoral, y compararlos con el año pasado para poder establecer si, bajo el mismo contexto, hubo disminución o aumento en los asesinatos.

Y aún así estaríamos sujetos a diferencias, pues las elecciones tiene dinámicas particulares dependiendo de si son regionales o nacionales. Precisamente, por eso Correal dice que en el Cerac creen que al acercarnos a las elecciones regionales la violencia política aumente e incluso, supere las cifras de las pasadas elecciones presidenciales.

Los resultados del PAO

El comunicado de prensa citado en el trino dice que “sobre la reducción de las cifras de asesinatos de líderes sociales en este Gobierno, el Consejero Barbosa resaltó que es el resultado de ‘la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, [y] el Plan de Acción Oportuna (PAO)”.

Según el informe publicado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el PAO “tiene por objetivo implementar una serie de medidas que permitan al Estado ejercer una acción conjunta para garantizar los derechos humanos de los individuos que ejercen liderazgos en las diferentes zonas del país”.

Pero, de acuerdo con Jiménez y Barrera, el plan lleva funcionando desde octubre y es muy difícil estimar que una disminución en las cifras, de haberla, tenga relación con el programa. Esto “teniendo en cuenta que el PAO no guarda relación con lo que se venía desarrollando en el gobierno Santos ni con el acuerdo de paz”, dice Jiménez. Y que, además, el PAO cuenta con estrategias contempladas para la protección que no tienen una interlocución con las comunidades. “No se tiene en cuenta que en algunos lugares la victimización se da por la fuerza pública o que no existe confianza entre comunidad y fuerza pública para denunciar”, agrega el investigador de Pares.

Ahora bien, incluso si las cifras que presenta el gobierno no tuvieran sus lunares y realmente hubiese una disminución en los asesinatos, “la magnitud del fenómeno sigue siendo muy preocupante. Aún tenemos una magnitud de violencia cuando ya deberíamos estar observando una disminución en el tiempo”, dice Barrera.

Y para Jiménez, la supuesta disminución en los homicidios no es indicador para decir que efectivamente las agresiones (extorsión, amenazas, secuestro, desaparición forzada) estén a la baja. El número de amenazas con relación a lo que se presentaba en años anteriores aumentaron, sobretodo en colectivo, de acuerdo con Pares. Desde el periodo electoral se han documentado más amenazas y no solo a líderes, sino también potenciales participantes en política.

Cuando termine el periodo electoral será cuando el gobierno pueda presentar unos datos comparativos más certeros, que incluyan información sobre la protección que prestaron a líderes sociales y miembros de organizaciones opositoras al gobierno.

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Martes, 24 Julio 2018

A pesar de los trinos de Uribe, los homicidios no siempre aumentan cuando aumentan las hectáreas de coca

Por Ana María Saavedra

El expresidente saca pecho por la reducción de cultivos ilícitos en su gobierno y dice que el Presidente actual “nos deja el asesinato aplazado”. Una frase que calificamos de Engañosa.

En las últimas semanas, el expresidente Álvaro Uribe ha estado muy activo en Twitter en el tema de los homicidios y los cultivos ilícitos.

Lo primero que ha hecho es recordar que Juan Manuel Santos deja su presidencia con una alta cifra de cultivos ilícitos que, según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, para 2017 fueron 209.000 hectáreas.

El actual senador aprovechó ese hecho para lanzar dardos a su antiguo aliado.

 

 

 

 

 

Al analizar estas dos frases, consultando con tres analistas expertos y usando las cifras del gobierno de Estados Unidos, los censos de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) y los informes de homicidios Forensis de Medicina Legal y de la Policía (revelados por Ideas para a Paz y el Ministerio de Defensa), encontramos que las afirmaciones del senador Uribe son Engañosas.

Lo primero que debemos decir es que Uribe tiene razón en resaltar que durante su gobierno (7 de agosto de 2002 a 7 de agosto de 2010) los homicidios bajaron. Una publicidad del Centro Democrático, divulgada en las pasadas elecciones por redes sociales, indicaba que “durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe disminuyeron los homicidios 46,2%”.

Esta cifra es cierta, teniendo en cuenta las estadísticas de homicidios de la Policía Nacional. Si se tiene en cuenta las cifras del Instituto de Medicina Legal la baja fue de un 44%, solo dos puntos de diferencia.

 

 

 

Uribe, en su tuit dice, que Santos “se ufana de la disminución del asesinato, (mucho menor que en el periodo 2002-2010)”. En efecto, durante la era Uribe la disminución de los homicidios fue mayor que la disminución durante los siete años de Santos que se han contabilizado hasta el momento.

Según las cifras de la Policía, los homicidios desde el 2010 hasta el 2017 han tenido una baja de 14%. Las de Medicina Legal reportan un descenso del 24%.

Esta diferencia se debe a que las dos entidades han tenido cifras diferentes históricamente. La diferencia radica especialmente en el último año del gobierno Uribe. Mientras que la Policía reportó 15.459 homicidios en 2010, Medicina Legal contabilizó 16.459.

Además, las diferencias en números y métodos de reporte han generado un debate sobre cuáles son las cifras más acertadas para usar al discutir el registro de los homicidios en Colombia.

El estudio ‘Los Homicidios en Colombia: Un análisis comparativo de las fuentes de información’, de Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflicto, Cerac, indica que “un evento puede ser identificado por cada una de las fuentes. Por ejemplo, puede ser reportado como homicidio por una entidad y como muerte indeterminada o en accidente por otra”.

Sin embargo, Restrepo aclara que su estudio no tiene el ánimo de resolver el debate de la calidad de las cifras.

Por su parte, Andrés Villaveces, experto en epidemiología de la violencia e investigador del Banco Mundial en temas de seguridad, cree que Medicina Legal es la fuente más confiable para revisar las cifras de homicidios. Para Villaveces, Medicina Legal “es una fuente confiable que lleva casi 20 años o más recolectando sistemáticamente esta información y reportándola”.

Más allá de las cifras

Tanto Villaveces como la economista Katherine Aguirre, investigadora del Instituto Igarapé de Brasil y experta en prevención y análisis de la violencia, coincidieron en que las afirmaciones de Uribe son simplistas.

Villaveces cree que se debe resaltar tanto la reducción de la era Uribe como la de Santos (la cifra total de 2017 es la más baja en décadas), pero también dice que asignarle el logro de disminución solo a Uribe o Santos es una falacia. “Esas bajas no le le pueden asignar a un caudillo. Es trabajo de muchos y muy difícil de evaluar de manera confiable. Cualquiera que diga ‘esto fue por mí’ está mintiendo. La disminución de la violencia es consecuencia de un proceso social donde muchos participan”, dice.

Ante la afirmación de Uribe de que Santos “nos deja el asesinato aplazado” y su pregunta en Twitter de “qué pasará cuando el nuevo Gbno tenga que enfrentar más de 209 mil hts de coca!”, Villaveces tiene varias críticas para el expresidente.

“Lo que asegura Uribe es absurdo e ignorante”, asegura el experto. “Nadie puede predecir con base en hectáreas coca que los asesinatos vayan subir o bajar y tampoco se puede relacionar solo con los cultivos ilícitos. La violencia es multicausal y no solo debida a los narcos”.

Por su parte, Aguirre agrega que “la reducción de los homicidios no está tan directamente asociada a la guerra contra las drogas o al conflicto” y dice que, en cambio, esa reducción de las estadísticas nacionales depende mucho más de la reducción en las ciudades”.

Aguirre insiste en que es imposible de predecir si más plantaciones de droga causarán más homicidios. Para este experto, creer que “la única manera de abordar la problemática de los altos cultivos es con una política de mano dura” es simplemente algo subjetivo.

Homicidios y coca

Al analizar las cifras comparadas de homicidios y cultivos de coca, podemos ver que algunos años, como 2007, cuando los cultivos ilícitos aumentaron con relación al 2006, los homicidios continuaron a la baja. Lo mismo ocurrió en 2016, cuando la Unodc reportó 146.000 hectáreas de cultivos, pero los asesinatos bajaron.

Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), realizó un análisis de estas dos variables. En el artículo En Colombia hay más coca y menos asesinatos, publicado en Pacifista, indica que “en el número de muertes violentas influyen múltiples variables que deben que ser tenidas en cuenta. No hay que perder de vista que las zonas que concentran los cultivos se caracterizan por una baja presencia institucional, la falta de conectividad, un menor desarrollo económico y una fuerte presencia de grupos armados al margen de la ley. Cada uno de estos factores también influyen en el homicidio”.

Garzón asegura que “según la información de los municipios con cultivos de coca, el reciente ‘boom’ de esa hoja no ha significado un alza en las muertes violentas”.

Precisamente, la FIP presentó un gráfico en el que cruzan los homicidios de todo el país (cifras de la Policía y el Ministerio de la Defensa) con las hectáreas de coca.

Histórico de homicidios vs. cultivos de coca en Colombia

Para ver si existía una correlación entre ambos indicadores, en Colombiacheck comparamos la lista de los homicidios en los trece municipios con más cultivos de coca en el país (desde 2007 hasta 2016).

 

 

 

Al comparar los datos de homicidios y hectáreas de coca vemos que, en general, aunque las hectáreas cultivadas de coca han aumentado en varios municipios, los homicidios han disminuido.

 

 

 

Destaca el caso de Tumaco, Nariño, donde, en 2009, el año con menos cultivos de coca desde 2007, los homicidios fueron los más altos del mismo período, un total de 306.

El expresidente Uribe también afirmó desde su cuenta de Twitter que “Santos insiste que bajó el asesinato cuando multiplicó por 5 su causa efectiva que es el narcotráfico, con el peligro que nos espera al tener que combatirlo. Además de la impunidad total”.

Teniendo en cuenta que el informe de la Unodc de cultivos ilícitos en 2017 no ha sido revelado todavía, para hacer la cuenta del expresidente usamos las cifras de cultivos dadas por el gobierno de Estados Unidos.

Según estas cifras, en 2010, cuando Uribe dejó el Gobierno, el monitoreo de Estados Unidos reportaba 58.000 hectáreas de coca cultivadas, mientras que en 2017 las hectáreas eran 209.000. Al hacer el cálculo, se puede deducir que la cantidad de hectáreas de coca se multiplicó por 3,6 y no por 5 como lo dijo el expresidente.