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Martes, 18 Junio 2019

Reducción de homicidios a líderes sociales en gobierno Duque es cuestionable

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Aunque las cifras que presenta la Consejería para los Derechos Humanos se basan en los reportes de la ONU, el análisis de la disminución del 32% no tiene en cuenta los asesinatos por verificar.

La cuenta de Twitter de Presidencia de la República publicó este trino el pasado 5 de junio, atribuyendo la frase a Francisco Barbosa (@FrBarbosaD), Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

De acuerdo con el comunicado de prensa adjunto al final del trino, la cifra de reducción del 32 por ciento “tiene su origen en el comparativo de los 88 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los 60 homicidios registrados entre el 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de Gobierno del Presidente Duque”.

Este análisis, sin embargo, presenta algunos vacíos y por ello calificamos lo dicho en el trino como Cuestionable.

La información del comunicado hace parte del Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, realizado por la consejería encabezada por Barbosa, según nos confirmaron en esta entidad. Ese documento recopila lo concerniente a los líderes sociales asesinados, las cifras, los factores de riesgo y las estrategias emprendidas por el actual gobierno del presidente Iván Duque.

En relación al número de líderes sociales asesinados, el informe cita los datos suministrados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organización encargada de suministrar esta información al gobierno.

De acuerdo con esos datos, en todo el 2018 fueron asesinados 114 líderes sociales y este año, entre enero  y el 25 de mayo, van 22.

Captura de Pantalla
 

En cuanto al porcentaje del 32% de reducción, este proviene, como dice el comunicado, de comparar lo que va del gobierno del presidente Iván Duque con el mismo periodo para el gobierno anterior. Así lo expone el informe:

Captura de pantalla

Ahora bien, según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, los defensores de derechos humanos asesinados en 2018 fueron 115. Y la cifra de 2019 va en 26 casos documentados.

La diferencia entre las cifras citadas por el informe del gobierno Duque y el de Naciones Unidas se debe a que el primero tiene datos hasta el 25 de mayo, mientras que el segundo, fue publicado el 11 de junio de este año.

Sin embargo, más allá de esa diferencia, el punto importante a tener en cuenta es que el mismo informe de Naciones Unidas advierte que, aunque la cifra de casos documentados este año de asesinatos de líderes sociales es 26, existen 76 denuncias que están por cotejar.

Asimismo, el dato de los 115 homicidios del año pasado no corresponden al universo de muertos sino a los casos que pudieron verificar y que entran dentro de la definición de defensor de Derechos Humanos utilizada por la ONU.

De modo que la comparación hecha por la oficina de Francisco Barbosa utiliza como absolutas unas cifras que están pendientes de verificación y actualización. Ejemplo de ello es que en el informe del gobierno se tienen registrados 114 asesinatos y en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas le confirmaron a Colombiacheck que este año verificaron un asesinato más que sucedió el pasado. Por eso el informe de esta organización informa de 115 homicidios verificados.

“Los peritos dirán más adelante si las personas de las denuncias eran líderes sociales o no y eso hará, posiblemente, que los indicadores de Naciones Unidas aumenten”, nos explicó Alejandro Jiménez, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Pero aparte de esto, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, expresó en rueda de prensa, en mayo pasado, la preocupación de este organismo “por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

Otros conteos de líderes sociales asesinados

David Correal, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), le dijo a Colombiacheck que para el mismo periodo de tiempo utilizado por el informe de la consejería, el Cerac tiene registrados 108 asesinatos durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y 131 en el gobierno Duque. Es decir, contrario a lo señalado por la consejería presidencial, han registrado un aumento del 21% para este periodo.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el informe ‘La fragilidad de la transición’ publicado este año, señala que “de enero a marzo de 2019, comparando con el mismo periodo del año anterior (...), se han reducido 38% [los homicidios a líderes sociales], pasando de 34 casos a 21”. Aunque no se compara específicamente el mismo periodo de tiempo utilizado por la consejería presidencial, se habla de una disminución entre un gobierno y otro.

Y en este mismo asunto coincide el Programa Somos Defensores, pues según dijeron a Colombiacheck, de enero a marzo de este año registraron una baja en los homicidios, aunque advierten que de abril a junio han venido aumentando los asesinatos, al igual que otro tipo de amenazas.

Que las cifras no coincidan entre organizaciones ya lo habíamos contado en El Explicador ¿Qué es un líder social?, pues cada organización tiene conteos de asesinatos de líderes sociales diferentes debido a que utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos.

El contexto político

De acuerdo con Correal, en términos estadísticos es válida la comparación que hace el gobierno de tomar dos periodos de tiempo específicos de cada gobierno para revisar el número de líderes sociales asesinados. No obstante, para Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), a esa comparación le hace falta un punto relevante y es el contexto político electoral.

El año pasado en Colombia hubo tres elecciones: Congreso (en marzo), primera vuelta (en mayo) y segunda vuelta presidencial (en junio). Ese hecho no es menor, pues de acuerdo con Barrera, “si en algo coinciden todas las organizaciones es que en época electoral se aumentan los homicidios”.

Jiménez entregó a Colombiacheck una tabla del Sistema de información PARES- SIPARES que presenta el asesinato de líderes sociales del 11 de noviembre de 2016 al 25 de mayo de 2019. En esta gráfica se puede evidenciar que el 2018 fue un año particularmente violento y los picos de esa violencia se ven en los momentos pre-electorales.

Pares

Según Jiménez, para hacer una comparación realmente válida habría que revisar los datos de este año, cuando pase el periodo electoral, y compararlos con el año pasado para poder establecer si, bajo el mismo contexto, hubo disminución o aumento en los asesinatos.

Y aún así estaríamos sujetos a diferencias, pues las elecciones tiene dinámicas particulares dependiendo de si son regionales o nacionales. Precisamente, por eso Correal dice que en la FIP creen que al acercarnos a las elecciones regionales la violencia política aumente e incluso, supere las cifras de las pasadas elecciones presidenciales.

Los resultados del PAO

El comunicado de prensa citado en el trino dice que “sobre la reducción de las cifras de asesinatos de líderes sociales en este Gobierno, el Consejero Barbosa resaltó que es el resultado de ‘la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, [y] el Plan de Acción Oportuna (PAO)”.

Según el informe publicado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el PAO “tiene por objetivo implementar una serie de medidas que permitan al Estado ejercer una acción conjunta para garantizar los derechos humanos de los individuos que ejercen liderazgos en las diferentes zonas del país”.

Pero, de acuerdo con Jiménez y Barrera, el plan lleva funcionando desde octubre y es muy difícil estimar que una disminución en las cifras, de haberla, tenga relación con el programa. Esto “teniendo en cuenta que el PAO no guarda relación con lo que se venía desarrollando en el gobierno Santos ni con el acuerdo de paz”, dice Jiménez. Y que, además, el PAO cuenta con estrategias contempladas para la protección que no tienen una interlocución con las comunidades. “No se tiene en cuenta que en algunos lugares la victimización se da por la fuerza pública o que no existe confianza entre comunidad y fuerza pública para denunciar”, agrega el investigador de Pares.

Ahora bien, incluso si las cifras que presenta el gobierno no tuvieran sus lunares y realmente hubiese una disminución en los asesinatos, “la magnitud del fenómeno sigue siendo muy preocupante. Aún tenemos una magnitud de violencia cuando ya deberíamos estar observando una disminución en el tiempo”, dice Barrera.

Y para Jiménez, la supuesta disminución en los homicidios no es indicador para decir que efectivamente las agresiones (extorsión, amenazas, secuestro, desaparición forzada) estén a la baja. El número de amenazas con relación a lo que se presentaba en años anteriores aumentaron, sobretodo en colectivo, de acuerdo con Pares. Desde el periodo electoral se han documentado más amenazas y no solo a líderes, sino también potenciales participantes en política.

Cuando termine el periodo electoral será cuando el gobierno pueda presentar unos datos comparativos más certeros, que incluyan información sobre la protección que prestaron a líderes sociales y miembros de organizaciones opositoras al gobierno.

Lunes, 22 Abril 2019

El departamento del Cauca es donde más asesinan dirigentes sociales

Por Sania Salazar

El departamento es uno de los más afectados con los asesinatos de líderes sociales, según concluyen diversas fuentes, ¿por qué?

Terminada la Minga indígena que tuvo la vía Panamericana cerrada por 29 días, Darío Tote, vocero de ese movimiento indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Cric, manifestó preocupación por la seguridad de quienes participaron en la protesta.

“Nos preocupa el derecho a la vida porque el departamento del Cauca es donde más se asesina a dirigentes sociales, a dirigentes de derechos humanos y esta es una de las grandes preocupaciones, que después de la Minga venga esa situación, porque se nos ha señalado como lo peor”, manifestó en entrevista con RCN Radio.

Tote le dijo a Colombiacheck que la situación de violencia contra los líderes es “oficial” y que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional saben que el Cauca es el departamento donde más asesinan líderes sociales de distintas organizaciones.

Después de revisar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de verdadero, pero, porque como ya lo habíamos explicado, hay varias organizaciones que hacen seguimiento a estos asesinatos utilizando diferentes metodologías, por lo que hay varias cifras al respecto y no necesariamente el Cauca aparece en todas como el de mayor número de asesinatos, pero sí en los primeros lugares.

Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2018, indica que según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. “Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia”, puntualiza el informe.

Un trabajo que cruza la información de diversas fuentes el portal de datos Datasketch muestra las cifras que ubican al Cauca como el departamento con mayor número de víctimas, con 114 líderes asesinados desde 2016. Según ese portal, el segundo departamento con mayor número de víctimas es Antioquia, con 73 asesinados.

Gráfico Datasketch

Según el más reciente informe del programa Somos Defensores correspondiente al primer semestre de 2018, en ese periodo asesinaron a 77 líderes. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (13), en Antioquia (12) y en Norte de Santander (10).

Un artículo publicado por  la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en febrero pasado indica que el norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años.

“La salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales”, señala Pares en el documento.

Según esa Fundación, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos.

“Los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao”, señala el informe de Pares, que además explica que los grupos sociales con mayor cantidad de víctimas son las comunidades afrodescendientes, y las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa del acuerdos de paz.

“Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región”, concluye el informe.

Giovanny Yule, dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric y líder de la Minga, explica que el Cauca ha sido fuerte  históricamente en organización social de los pueblos indígenas, campesinos, afros, sindicatos y otros sectores sociales “eso le hace estorbo a quienes quieren perturbar el equilibrio y la armonía de la comunidad como los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, pero también a los grandes terratenientes que quieren seguir acumulando más tierras en detrimento de las comunidades indígenas, afros y campesinas”.

Yule dice que en ese territorio los grupos armados se han puesto a la orden de los narcotraficantes y concluye que es una lucha en buena parte territorial, pero también política y cultural.

Durante la presentación del “Tercer informe del estado de la implementación del acuerdo de paz” del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, Borja Paladini, director de la entidad, aseguró que la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes es una de las principales preocupaciones que tienen, pues los líderes no se sienten seguros y eso pone en riesgo la implementación territorial del acuerdo de paz.

Foto portada: Fernando Acalo. Tomada de la página del Cric.