La cuenta de Twitter de Presidencia de la República publicó este trino el pasado 5 de junio, atribuyendo la frase a Francisco Barbosa (@FrBarbosaD), Consejero Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales.

Durante el Gobierno del Presidente @IvanDuque los homicidios de líderes sociales se han reducido el 32%, reveló el Consejero para los Derechos Humanos, @FrBarbosaD.

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— Presidencia Colombia (@infopresidencia) 5 de junio de 2019

De acuerdo con el comunicado de prensa adjunto al final del trino, la cifra de reducción del 32 por ciento “tiene su origen en el comparativo de los 88 asesinatos de líderes sociales ocurridos entre el 7 de agosto de 2017 y el 25 de mayo de 2018, en el gobierno anterior, con los 60 homicidios registrados entre el 7 de agosto de 2018 y el 25 de mayo de 2019, en el periodo de Gobierno del Presidente Duque”.

Este análisis, sin embargo, presenta algunos vacíos y por ello calificamos lo dicho en el trino como Cuestionable.

La información del comunicado hace parte del Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos, realizado por la consejería encabezada por Barbosa, según nos confirmaron en esta entidad. Ese documento recopila lo concerniente a los líderes sociales asesinados, las cifras, los factores de riesgo y las estrategias emprendidas por el actual gobierno del presidente Iván Duque.

En relación al número de líderes sociales asesinados, el informe cita los datos suministrados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, organización encargada de suministrar esta información al gobierno.

De acuerdo con esos datos, en todo el 2018 fueron asesinados 114 líderes sociales y este año, entre enero  y el 25 de mayo, van 22.

En cuanto al porcentaje del 32% de reducción, este proviene, como dice el comunicado, de comparar lo que va del gobierno del presidente Iván Duque con el mismo periodo para el gobierno anterior. Así lo expone el informe:

Ahora bien, según el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia, los defensores de derechos humanos asesinados en 2018 fueron 115. Y la cifra de 2019 va en 26 casos documentados.

La diferencia entre las cifras citadas por el informe del gobierno Duque y el de Naciones Unidas se debe a que el primero tiene datos hasta el 25 de mayo, mientras que el segundo, fue publicado el 11 de junio de este año.

Sin embargo, más allá de esa diferencia, el punto importante a tener en cuenta es que el mismo informe de Naciones Unidas advierte que, aunque la cifra de casos documentados este año de asesinatos de líderes sociales es 26, existen 76 denuncias que están por cotejar.

Asimismo, el dato de los 115 homicidios del año pasado no corresponden al universo de muertos sino a los casos que pudieron verificar y que entran dentro de la definición de defensor de Derechos Humanos utilizada por la ONU.

De modo que la comparación hecha por la oficina de Francisco Barbosa utiliza como absolutas unas cifras que están pendientes de verificación y actualización. Ejemplo de ello es que en el informe del gobierno se tienen registrados 114 asesinatos y en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas le confirmaron a Colombiacheck que este año verificaron un asesinato más que sucedió el pasado. Por eso el informe de esta organización informa de 115 homicidios verificados.

“Los peritos dirán más adelante si las personas de las denuncias eran líderes sociales o no y eso hará, posiblemente, que los indicadores de Naciones Unidas aumenten”, nos explicó Alejandro Jiménez, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Pero aparte de esto, el portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Rupert Colville, expresó en rueda de prensa, en mayo pasado, la preocupación de este organismo “por el alto número de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido asesinados, hostigados y amenazados en Colombia, y por el hecho de que esta terrible tendencia parece estar empeorando”.

Otros conteos de líderes sociales asesinados

David Correal, investigador del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), le dijo a Colombiacheck que para el mismo periodo de tiempo utilizado por el informe de la consejería, el Cerac tiene registrados 108 asesinatos durante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, y 131 en el gobierno Duque. Es decir, contrario a lo señalado por la consejería presidencial, han registrado un aumento del 21% para este periodo.

Por su parte, la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en el informe ‘La fragilidad de la transición’ publicado este año, señala que “de enero a marzo de 2019, comparando con el mismo periodo del año anterior (...), se han reducido 38% [los homicidios a líderes sociales], pasando de 34 casos a 21”. Aunque no se compara específicamente el mismo periodo de tiempo utilizado por la consejería presidencial, se habla de una disminución entre un gobierno y otro.

Y en este mismo asunto coincide el Programa Somos Defensores, pues según dijeron a Colombiacheck, de enero a marzo de este año registraron una baja en los homicidios, aunque advierten que de abril a junio han venido aumentando los asesinatos, al igual que otro tipo de amenazas.

Que las cifras no coincidan entre organizaciones ya lo habíamos contado en El Explicador ¿Qué es un líder social?, pues cada organización tiene conteos de asesinatos de líderes sociales diferentes debido a que utilizan una definición y una metodología distintas de recopilación de datos.

El contexto político

De acuerdo con Correal, en términos estadísticos es válida la comparación que hace el gobierno de tomar dos periodos de tiempo específicos de cada gobierno para revisar el número de líderes sociales asesinados. No obstante, para Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), a esa comparación le hace falta un punto relevante y es el contexto político electoral.

El año pasado en Colombia hubo tres elecciones: Congreso (en marzo), primera vuelta (en mayo) y segunda vuelta presidencial (en junio). Ese hecho no es menor, pues de acuerdo con Barrera, “si en algo coinciden todas las organizaciones es que en época electoral se aumentan los homicidios”.

Jiménez entregó a Colombiacheck una tabla del Sistema de información PARES- SIPARES que presenta el asesinato de líderes sociales del 11 de noviembre de 2016 al 25 de mayo de 2019. En esta gráfica se puede evidenciar que el 2018 fue un año particularmente violento y los picos de esa violencia se ven en los momentos pre-electorales.

Según Jiménez, para hacer una comparación realmente válida habría que revisar los datos de este año, cuando pase el periodo electoral, y compararlos con el año pasado para poder establecer si, bajo el mismo contexto, hubo disminución o aumento en los asesinatos.

Y aún así estaríamos sujetos a diferencias, pues las elecciones tiene dinámicas particulares dependiendo de si son regionales o nacionales. Precisamente, por eso Correal dice que en el Cerac creen que al acercarnos a las elecciones regionales la violencia política aumente e incluso, supere las cifras de las pasadas elecciones presidenciales.

Los resultados del PAO

El comunicado de prensa citado en el trino dice que “sobre la reducción de las cifras de asesinatos de líderes sociales en este Gobierno, el Consejero Barbosa resaltó que es el resultado de ‘la labor que estamos haciendo en el territorio, con los Talleres Construyendo País, [y] el Plan de Acción Oportuna (PAO)”.

Según el informe publicado por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, el PAO “tiene por objetivo implementar una serie de medidas que permitan al Estado ejercer una acción conjunta para garantizar los derechos humanos de los individuos que ejercen liderazgos en las diferentes zonas del país”.

Pero, de acuerdo con Jiménez y Barrera, el plan lleva funcionando desde octubre y es muy difícil estimar que una disminución en las cifras, de haberla, tenga relación con el programa. Esto “teniendo en cuenta que el PAO no guarda relación con lo que se venía desarrollando en el gobierno Santos ni con el acuerdo de paz”, dice Jiménez. Y que, además, el PAO cuenta con estrategias contempladas para la protección que no tienen una interlocución con las comunidades. “No se tiene en cuenta que en algunos lugares la victimización se da por la fuerza pública o que no existe confianza entre comunidad y fuerza pública para denunciar”, agrega el investigador de Pares.

Ahora bien, incluso si las cifras que presenta el gobierno no tuvieran sus lunares y realmente hubiese una disminución en los asesinatos, “la magnitud del fenómeno sigue siendo muy preocupante. Aún tenemos una magnitud de violencia cuando ya deberíamos estar observando una disminución en el tiempo”, dice Barrera.

Y para Jiménez, la supuesta disminución en los homicidios no es indicador para decir que efectivamente las agresiones (extorsión, amenazas, secuestro, desaparición forzada) estén a la baja. El número de amenazas con relación a lo que se presentaba en años anteriores aumentaron, sobretodo en colectivo, de acuerdo con Pares. Desde el periodo electoral se han documentado más amenazas y no solo a líderes, sino también potenciales participantes en política.

Cuando termine el periodo electoral será cuando el gobierno pueda presentar unos datos comparativos más certeros, que incluyan información sobre la protección que prestaron a líderes sociales y miembros de organizaciones opositoras al gobierno.