Un video de YouTube con más de 5.000 reproducciones dice que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el precandidato presidencial Alejandro Gaviria “desarrollaron la doctrina de seguridad democrática” en el gobierno del primero y relaciona esto con que esa estrategia “dejó 6.402 ejecuciones extrajudiciales, [...] una de las cifras más altas de desplazamiento forzado y el mayor número de campesinos despojados de sus tierras”.

Por otro lado, un meme de la página de Facebook ‘Mi gente Colombia’ está enlazado a una grabación sacada de TikTok en donde el abogado Nicolás Isaza dice lo mismo. También repite la desinformación de que el exministro fue directivo de Corficolombiana -empresa del magnate Luis Carlos Sarmiento Angulo-, una afirmación que Colombiacheck ya desmintió. Esta publicación ha sido compartida en grupos que apoyan al senador de Colombia Humana Gustavo Petro (1, 2), quien también aspira a llegar a la Casa de Nariño en 2022.

En ambos casos, el argumento es que Gaviria fue subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP) cuando se creó el Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, la hoja de ruta del mandato inicial de Uribe. El primer video incluso señala también a Carolina Soto, una de las asesoras de la entidad en ese entonces, quien ahora está casada con Gaviria.

Las afirmaciones son cuestionables porque parten de datos reales pero sacados de contexto y relacionados sin ninguna base argumentativa. La desinformación desconoce el contenido de todo el Plan de Desarrollo, sobreestima las funciones de la pareja de exfuncionarios y de la institución para la que trabajaban e ignora la historia de los crímenes a los que se refiere: los homicidios asesinatos para simular bajas en combate, conocidos como ‘falsos positivos’, y los desplazamientos forzados.

El plan de desarrollo

Los nombres de Gaviria y Soto sí aparecieron en el plan con los respectivos cargos ya mencionados que tenían en ese entonces dentro del DNP. Además, el capítulo 1 se tituló “Brindar seguridad democrática”, que se presentaba como el primer gran objetivo de los cuatro que se planteaba la administración de Uribe Vélez.

Entre sus estrategias estaba la “promoción de la cooperación ciudadana” por medio de redes de apoyo y programas de recompensas que, como se explica más adelante, luego darían pie a los ‘falsos positivos’. Sin embargo, el documento base no daba muchos detalles sobre cómo sería y en qué derivaría realmente su implementación. Las descripciones eran las siguientes:

i. Redes de cooperación
Este esquema de apoyo estará constituido por un millón de ciudadanos en las zonas rurales y urbanas del territorio nacional, quienes participarán voluntariamente en redes de cooperación.

ii. Programas de recompensas
De manera paralela, el Gobierno nacional implementará un programa de recompensas para los informantes que proporcionen a las autoridades datos oportunos y veraces sobre personas, bienes o actividades relacionadas con los grupos armados ilegales y la delincuencia. En adición a todo lo anterior, se buscará el desarrollo legal del artículo 441 del Código Penal, que establece la obligación de los ciudadanos de informar inmediatamente a la autoridad sobre el conocimiento de cualquier indicio, actividad o persona relacionados con actos delictivos y de terrorismo.

El plan solo creaba los cimientos para combinar la información de los cooperantes con la de inteligencia, una táctica que se utilizaba en Colombia desde hacía por lo menos 40 años pero se pretendía fortalecer (1, 2, 3). El proyecto que el Gobierno presentó al Congreso para su aprobación no contenía mayores especificaciones al respecto y estas tampoco fueron incluidas en la Ley 812 de 2003, que finalmente le dio vida.

Los que sí quedaron en la norma, que venían tanto en su iniciativa como en el documento base por el que se señala a Gaviria Uribe en redes, fueron los otros componentes que se habían planteado para la seguridad democrática. Estos incluían, por ejemplo, el “desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto” y la “protección y promoción de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”.

También sin detallar demasiado, el plan anunciaba el apoyo a proyectos productivos en regiones azotadas por la violencia, el impulso al sistema de alertas tempranas para identificar situaciones de riesgo para la población civil, la atención a la población desplazada, el aumento de la cobertura de servicios públicos… Todo esto hacía parte de ese primer capítulo.

De ahí en adelante, la principal responsabilidad de Gaviria como subdirector del DNP en este caso, de acuerdo con las funciones que se le adjudicaba a ese cargo en el Artículo 3 del Decreto 1660 de 2002 -en ese momento vigente-, era asistir al entonces director de la entidad, Santiago Montenegro Trujillo, en la vigilancia del trámite legislativo del plan. También debía coordinar la evaluación general de sus resultados. La definición de los pormenores en la política de seguridad y su puesta en marcha dependían de otras instituciones.

La seguridad democrática

La Política de Defensa y Seguridad Democrática, más allá de las generalidades contenidas en el citado plan, fue desarrollada realmente por el Ministerio de Defensa, encabezado entonces por la actual vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez. El documento de esa política fue publicado en 2003 y desglosaba sus estrategias y sus fines, entre ellas las redes de cooperantes no remunerados y las recompensas para informantes.

Contenía, además, una tabla en la que señalaba el grado de responsabilidad de las diferentes entidades involucradas en cada uno de sus objetivos específicos. El DNP, que no era mencionado en ninguna otra parte, solo tenía alta incumbencia en 2 de los 19 puntos.

En primer lugar, el Departamento estaba relacionado con las “zonas de rehabilitación y consolidación” de Arauca, Bolívar y Sucre, donde la política planteaba llevar mayor inversión social al tiempo que se aumentaba la presencia de la Fuerza Pública. Ese punto requería igual compromiso de 16 instituciones más, como indicaba la matriz, y tenía que ver con las funciones de Planeación en la financiación de proyectos para los entes territoriales y la promoción de la descentralización.

Además, el DNP se asociaba al “desarrollo de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas” de forma mucho más exclusiva. Esto concuerda con su papel ya mencionado como evaluador de los resultados del plan de desarrollo.

La responsabilidad del organismo era menor en los objetivos de la política más vinculados al accionar militar y el respeto a los derechos humanos. La misma tabla muestra que otras entidades llevaban las principales cargas en estos puntos, que están directamente relacionados con los señalamientos en cuestión.

Por ejemplo, sobre la “estrategia integral de seguridad en carreteras” (en la que se hacía especial énfasis sobre el papel de los cooperantes para prevenir bloqueos y asegurar la movilidad), el Departamento tenía un peso “medio”. Había seis instituciones con mayores deberes al respecto, desde la Fiscalía hasta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Una situación parecida se daba con respecto a la “prevención del desplazamiento forzoso”, pues Planeación compartía la competencia “media” con otros 19 componentes del Estado. En ese ámbito, la tarea recaía sobre todo en los ministerios de Defensa y de Protección Social.

Los datos históricos y los hallazgos de la justicia terminan por confirmar que la asociación de Gaviria con los ‘falsos positivos’ y desplazamientos del gobierno Uribe es, cuando menos, exagerada.

Desplazamientos y despojos

La hoja de vida de Gaviria, todavía disponible en el portal del MinSalud, señala que fue subdirector de Planeación solo entre 2002 y 2004. En el archivo histórico de la Presidencia consta que “se retiró para evitar incompatibilidades con su padre, Juan Felipe Gaviria, quien fue nombrado por el Alcalde de Medellín como gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM)” y fue reemplazado por José Leibovich Goldenberg.

De acuerdo con el informe Una nación desplazada que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en 2015 y en el que están contenidos datos del Registro Único de Víctimas -fuente oficial- y de la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, el pico del desplazamiento forzado en Colombia se produjo en 2002 llegando a 618.058 víctimas. En los dos años siguientes no hubo un aumento sino una disminución y, pese a un repunte posterior, nunca volvieron a igualar ese máximo.

La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas le confirmó a Colombiacheck que, con los datos actualizados hasta 2020, el pico sigue siendo el mismo. Los únicos años con más de 500.000 víctimas de desplazamiento registradas son 2000, 2001 y 2002. Este último mantiene el récord con 779.399 personas afectadas, casi el 9% de las 8,9 millones que hay en total desde 1985.

La Fundación Forjando Futuros le entregó a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición una base de datos con todas las sentencias de restitución de tierras que comprueba que el máximo de desplazamientos, tanto por despojo como por abandono de tierras, ascendió entre finales de los 90 y 2002. Al año siguiente empezó la disminución, aunque fue más drástica en 2004.

El despojo no necesariamente se realizó al mismo tiempo. “Puede ocurrir por ejemplo, antes o después del desplazamiento de la población, del abandono de los predios y de los territorios. O por el contrario, puede concretarse años después de los hechos de violencia que motivaron el desplazamiento de la población rural”, explicaba un informe de la extinta Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2009 (p. 30).

El Ejército tuvo responsabilidad directa en 2% de los casos contra población campesina y 20% en las afectaciones contra pueblos indígenas y afros, según la información de Forjando Futuros. Otras entidades del Estado que participaron en el despojo de diferentes maneras fueron el Banco Agrario, el Fondo Nacional del Ahorro, Ecopetrol (empresa de economía mixta controlada por la Nación) y, sobre todo, los desaparecidos institutos de Reforma Agraria (Incora) y Desarrollo Rural (Incoder).

El Ministerio de Agricultura reconoce en su portal el papel de estas dos últimas entidades, que se ha probado en los tribunales, como recoge una publicación de la Corte Suprema de Justicia, y lo han registrado trabajos académicos como los de la abogada e historiadora Elisa Martín Peré (1, 2). La ya citada Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación también lo evidenció y fue documentado en el informe Silencios e impunidades del despojo de la ONG Comisión Colombiana de Juristas.

Ninguno de estos documentos contiene señalamientos de responsabilidad contra Planeación Nacional o sus funcionarios, antes, durante o después del paso de Gaviria por la subdirección de ese departamento. En todo caso, los datos señalan que los años con más desplazamientos en realidad se habían dado bajo el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

‘Falsos positivos’

Sobre los asesinatos y las desapariciones forzadas para simular bajas en combate que son conocidos como ‘falsos positivos’, es cierto que la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó en su auto 033 de 2021 que 78% de los casos se habían presentado de 2002 a 2006. En este periodo hubo por lo menos 6.402 víctimas (explicador sobre las cifras).

En las dos imputaciones que ha hecho esa instancia por subcasos regionales dentro del macrocaso 03, que es el que se refiere a “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, sí se señala que informantes y cooperantes fueron parte de la organización y comisión de esos actos, calificados por las providencias como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad (1, 2).

Aun así, hace falta contexto.

En estos autos de la JEP, los patrones criminales también fueron atribuidos a decisiones concretas que se tomaron dentro de la Fuerza Pública y que se relacionaban con instrucciones del Ministerio de Defensa. Estas fueron, principalmente, las alianzas entre unidades militares y estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) contra las guerrillas, junto con la presión y los incentivos para obtener resultados operacionales que se medían sobre todo en bajas.

En algunos casos, estos factores se empezaron a gestar años antes del gobierno de Uribe, aunque  se exacerbaron en ese periodo. La directiva más conocida es la 029 de 2005, firmada por el ministro Camilo Ospina, que establecía pagos por información que condujera a capturas o abatimientos (sin distinción) de integrantes de grupos armados ilegales.

Aunque el expresidente Uribe ha dicho que esta norma no se aplicó, Colombiacheck encontró en un chequeo que esto es falso. Por el contrario, su contenido ha sido relacionado con la expansión de este fenómeno criminal. Así lo han señalado, por ejemplo, el CNMH en el segundo tomo de Huellas y rostros de las desaparición forzada (1970-2010), editado en 2013, y un artículo de los economistas Ernesto Cárdenas y Édgar Villa, publicado por el Banco de la República.

El relator especial de Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de 2009, Philip Alston, hizo la siguiente evaluación en el informe sobre la visita que le hizo al país ese año (párr. 24):

“Si bien estas recompensas han sido enérgicamente criticadas en Colombia, las recompensas monetarias entregadas a los civiles que proporcionen información conducente, por ejemplo, a la captura de delincuentes buscados, son comunes en muchos países y no son de por sí problemáticas. Lo que debería ser objeto de examen es si hay suficiente supervisión y transparencia con respecto a los pagos. Es altamente preocupante que las recompensas puedan constituir para los militares una fuente de financiación expedita para pagar a los ‘reclutadores’ que les ayudan en la comisión de ‘falsos positivos’”.

Alston coincide con los académicos y el CNMH en que la proliferación de estos asesinatos y desapariciones sí estaba relacionada con la seguridad democrática. Sin embargo, en todos los casos se toman como referencia los documentos de MinDefensa y no se menciona al DNP o solo se le nombra a pie de página, como fuente de documentos e información complementaria que en ningún caso lleva a lo señalado en los videos.

Esa política inicialmente planteada en el Plan de Desarrollo 2002-2006, con su estrategia de informantes y cooperantes, sí creó un marco general que se relaciona con los ‘falsos positivos’, pero es desproporcionado responsabilizar a Gaviria, como subdirector del DNP, por las decisiones concretas de implementación que impulsaron esos crímenes. Estas fueron tomadas por otras entidades en las que él no tuvo nada que ver.

De manera que los videos virales parten de algunos hechos ciertos, pero los relacionan de manera engañosa o exagerada, ignorando el contexto de varios datos y mezclándolos con otros errados o inexactos. Por eso, es cuestionable que califiquen al precandidato como “desarrollador”, junto con Uribe, de la Política de Seguridad Democrática y lo vinculen directamente con las ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos ocurridos en ese periodo.