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Miércoles, 08 Febrero 2017

Santos busca dejar ‘blindada’ la paz durante las próximas tres presidencias

Por Sania Salazar

El Gobierno busca garantizar la implementación del Acuerdo Final con las Farc mediante un artículo transitorio en la Constitución para tratar de impedir que los próximos gobiernos puedan manejar el asunto a su antojo.

¿Qué pasará con la implementación del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc cuando el Presidente Juan Manuel Santos termine su segundo periodo?

Con la campaña presidencial calentando motores parece claro que varios de los múltiples precandidatos están dispuestos a continuar con la implementación, pero hay otros a los que el Acuerdo no les gusta ni un poquito y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para echarlo atrás.

Por eso ya hay quienes están buscando cómo unir fuerzas políticas para que a la presidencia llegue un presidente propaz, como se lo dijo el senador del partido de la U, Armando Benedetti, al periódico El País de Cali, pues según él “si los del Sí (refiriéndose al plebiscito) no ganan las elecciones, todo el proceso de paz se va a desbaratar y vamos a volver a 1946”.

El Gobierno Santos quiere garantizar la implementación del Acuerdo por tres periodos más, es decir, que los tres próximos presidentes del país cumplan con los compromisos adquiridos en La Habana.

En entrevista con el programa Semana en Vivo el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que para lograrlo promoverán una reforma constitucional mediante la cual introducirán un artículo transitorio en la Constitución. “Ese artículo es el que establece el compromiso del Estado colombiano de cumplir de buena fe los acuerdos, compromiso que va a partir de ahora, (por) los tres gobiernos que vengan”, precisó y añadió que presentarían el proyecto en la penúltima semana de diciembre.

“Es un acto legislativo que, básicamente, lo que hace es recoger el texto que ya está incluido en el acuerdo, es un solo artículo, que es el que reemplaza todo este debate que se hizo sobre el bloque de constitucionalidad, que se iba a incorporar todo el acuerdo a la Constitución, que algunos llegaron al despropósito de que eso se iba a hacer sin pasar por el Congreso, sin tener el control jurisdiccional de la Corte. Acá ha quedado claro un artículo transitorio donde se establece algo que es absolutamente lógico, un Estado firma un acuerdo de paz para cumplirlo”, explicó el ministro.

¿Pero es eso posible? Colombiacheck investigó y califica la afirmación de Cristo como verdadera.

Jairo Andrés Rivera, vocero en la Cámara de Representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, (movimiento afin, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) le confirmó a Colombiacheck que el Gobierno ya presentó el proyecto en el Congreso.

Más allá de la buena fe

María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, explicó que, una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo, pero ¿cómo estar seguros de que el próximo Gobierno, independiente de su orientación política, lo cumpla?

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

Rodríguez Peñaranda indicó que la fórmula no es tan exótica, pues en Colombia la Constitución tiene muchos artículos transitorios que tienen otras motivaciones. “En este caso tiene sentido establecer un artículo transitorio en la Constitución, pero en esta ocasión altera los programas de gobierno de los futuros presidentes, ellos tendrían que cumplirlo, entonces se busca ante todo que el Acuerdo no quede al vaivén de los próximos gobiernos”, precisó.

Por último, la profesora dijo que es una salida, “sin duda, constitucional”.

Más motivos

El vocero del movimiento Voces de Paz explicó que se trata de la seguridad jurídica de los acuerdos. “De los aspectos vitales de la negociación es que lo que se firma se vincule a los siguientes gobiernos porque el proceso de desarme y de transición política de una fuerza armada a una fuerza política legal implica una transición de mucho tiempo. Cuando una fuerza armada se desarma no se acaba el conflicto, el proceso de reincorporación es dificilísimo y largo, entonces cualquiera podría hacer politiquería con eso. Con la estigmatización y sin seguridad jurídica empujas a las personas de nuevo a la ilegalidad, ese es parte de los modelos de reinserción básicos en el mundo”.

Rivera aseguró, además, que es la posibilidad para que queden en la Constitución temas que son de primer orden en la agenda nacional y que “nunca han podido pasar porque ha habido una reacción de fuertes sectores. Fundamentalmente dos asuntos: reforma rural integral y reforma política, más allá de lo obvio”, resaltó.

Para Rivera, que quede en la Constitución no quiere decir, necesariamente, que se haga realidad, pero sí es una herramienta jurídica importantísima porque es un símbolo de que hay un compromiso de Estado frente a la paz y a la transición política.

La mirada de la oposición

Para Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, partido de oposición, el Gobierno está tratando de usar todas las triquiñuelas, legales y constitucionales posibles, para garantizar tanto la implementación como la no modificación de los efectos del acuerdo de paz.

“Una de esas triquiñuelas es tratar de impedir que en los próximos tres gobiernos haya alguna modificación dado que el Centro Democrático ha insistido en que de llegar al Gobierno hará modificaciones o revisiones de los compromisos que adquirió el Gobierno del Presidente Santos”, precisó Rangel.

El senador aseguró que en democracia “las cosas se deshacen como se hacen” y si el Senado en algún momento aprobó una ley o una reforma constitucional utilizando el mismo procedimiento la puede revisar y deshacer.

Actualización

La Comisión primera del Senado aprobó hoy el proyecto de acto legislativo que introduce el artículo transitorio en la Constitución. Ahora la discusión seguirá su curso en la plenaria del Senado.

 

 

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Miércoles, 16 Noviembre 2016

La JEP “funcionará hasta por diez años”, un engaño del presidente Santos

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con la firma del nuevo acuerdo de paz con las Farc comienzan a aparecer en el debate público nuevas imprecisiones sobre su alcance. Esta vez el ‘pinochito’ fue el presidente Juan Manuel Santos, quien omitió decir varias cosas al hablar del límite de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El 12 de noviembre, con un discurso que duró 23 minutos, Juan Manuel Santos, primer mandatario de los colombianos, anunció que se había firmado el nuevo acuerdo de paz entre su gobierno y las Farc. Durante su alocución el Presidente explicó los límites de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entre otros temas.

Santos sostuvo que la JEP “funcionará hasta por diez años”, algo que Colombiacheck encontró engañoso gracias a la inspección del texto del nuevo acuerdo, el cual, pese a la promesa del Presidente de que los colombianos podríamos leerlo al día siguiente, solo se pudo revisar 35 horas después, a las 6:53 de la mañana del 14 de noviembre, cuando finalmente el Equipo de Paz del Gobierno lo divulgó.

 

 

Sobre el plazo en que va a operar la JEP el presidente explicó que, respondiendo a una petición expresa de limitarla, “funcionará hasta por diez años y solo podrán recibir solicitudes de investigación durante los dos primeros años”.

Sin embargo, tras revisar los nuevos acuerdos revelados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, encontramos que los diez años no son el verdadero límite y que, específicamente en el numeral 9 del punto 5.1.2., queda claro que se podrá extender su vigencia en el tiempo:

El plazo para la conclusión de las funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz consistentes en la presentación de acusaciones por la Unidad de Investigación y Acusación, de oficio o como consecuencia de los informes que tratan los literales b) y c) del numeral 48, será de 10 años contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de Salas y Secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, y un plazo posterior de 5 años más para concluir su actividad jurisdiccional, plazo este último que de ser necesario podrá ser prorrogado para concluir su actividad. La Sección de estabilidad y eficacia de Resoluciones y Sentencias prevista en el último párrafo del numeral 52 podrá constituirse en cualquier momento en que resulte necesaria, sin limitación temporal alguna”.

El tema de un tiempo límite para la JEP fue propuesto por varios críticos del acuerdo de paz que no logró la refrendación el 2 de octubre, por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien expresó que “era apropiado fijar límites de tiempo a esa jurisdicción para que la justicia ordinaria no sea reemplazada”.

Con el nuevo acuerdo se habla de un límite de tiempo pero no queda claro de cuánto será, lo cierto es que pueden ser más de 10 años, algo que no dijo el presidente Santos en su discurso.

El 'taximetro' de la JEP

El primer escollo que Colombiacheck encontró para verificar la frase del Presidente sobre los diez años en que operará la JEP, es que estos solo se empezarán a contar cuando todas las salas y secciones estén en funcionamiento. Es decir, en principio habrá salas y secciones que inicien su operación mucho antes que otras. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento empezará a operar mucho antes que la de Amnistía e Indulto.

Colombiacheck buscó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz con el objetivo de corroborar esta información y en dicha entidad lo confirmaron, sin embargo, recalcaron que todas estas salas y secciones de la justicia transicional funcionarán de manera pronta.

Pero el problema no solo es cuándo arranca, el numeral referido por Colombiacheck y no mencionado por el presidente Santos en su discurso dice expresamente que la JEP tendrá otros cinco años de funcionamiento, los cuales podrán prorrogarse.

Es decir, la JEP tendrá diez años para investigar, imputar cargos y juzgar. Luego los otros 5 se usarán para cierres o, como lo dice el propio acuerdo, “para concluir su actividad jurisdiccional”.

Otro punto que no fue mencionado por el presidente Santos es que este mecanismo de justicia transicional tendrá una sección que funcionará a perpetuidad, por lo menos así lo dice expresamente el nuevo acuerdo. Será la Sección de Estabilidad y Eficacia de Resoluciones y Sentencias que funcionará “sin limitación temporal alguna”.

En Colombiacheck no podemos explicar cuál es la razón para que el presidente, al dirigirse a millones de colombianos en su intervención televisada del 12 de noviembre, dijera que la JEP “funcionará hasta por diez años” y omitiera todas las otras posibilidades que ofrece el nuevo acuerdo.

Pero consideramos que este no es un asunto menor ya que al hablar del funcionamiento del mecanismo especial también hablamos de recursos públicos. No es lo mismo mantener la justicia transicional por una década que por 15 años y tampoco es igual buscar recursos para un mecanismo alternativo de justicia con una sección que funcionará eternamente.