La vida política de Sergio Fajardo comenzó en el año 2000 cuando creó Compromiso Ciudadano, un movimiento político independiente con el que se lanzó por primera vez a la Alcaldía de Medellín en el año 2000. Y aunque no ganó, Fajardo sacó la tercera votación más alta, 60.000 votos, después de los políticos de los partidos tradicionales que se turnaban esa Alcaldía, el Liberal y el Conservador.

Ese apoyo que ganó durante esas elecciones le sirvió para lanzarse de nuevo en el 2003 con el aval del partido Alianza Social Indígena. El estilo de campaña de Fajardo fue en la calle, repartiendo volantes y golpeando las puertas de las casas. Con el respaldo de políticos como Enrique Peñalosa, Fajardo ganó las elecciones y fue alcalde en Medellín en el periodo 2004-2007.

Con su plan de desarrollo ‘Medellín, compromiso de toda la ciudadanía’ Fajardo quiso, a través de obras de infraestructura como los Parques Biblioteca, crear espacios para fomentar la cultura y la educación en la ciudad. Uno de los logros en los que más insiste es que redujo la tasa de homicidios de Medellín, algo que está relacionado, según analistas, con el proceso de desmovilización de paramilitares que le tocó hacer a Fajardo durante su gobierno. Terminó su alcaldía con el 95% de aprobación.

Según La Silla Vacía el gran lunar de su alcaldía fue lo que los medios de comunicación llamaron la ‘donbernabilidad’: el gobierno velado del ex paramilitar extraditado Diego Murillo alias ‘Don Berna’ quien controlaba las bandas y los combos delincuenciales de la ciudad.

Cuando se desmovilizó el bloque urbano de las autodefensas que operaba en Medellín, el de Murillo, las bandas se comprometieron a cesar la violencia y no actuar sin su consentimiento. Por esto las cifras de violencia se redujeron. Los expertos le dijeron a ese medio que aunque Fajardo no se involucró con esos actores tampoco se les opuso y sí sacó provecho de que las cifras de violencia se habían reducido.

Para las elecciones presidenciales de 2010, Fajardo hizo una alianza con Luis Eduardo Garzón, Antanas Mockus, Marta Lucía Ramírez y Enrique Peñalosa. El grupo político buscó una fórmula para designar un candidato presidencial pero Fajardo se salió pues la condición de su unión era que él tenía que ser el elegido para ir a elecciones. Construyó su propia lista de candidatos de Compromiso Ciudadano para las elecciones legislativas pero no alcanzó el umbral. Finalmente se alió con Mockus para ser su fórmula presidencial y protagonizaron la campaña de la ‘Ola verde’ en 2010.

Fajardo y Mockus no lograron derrotar a Juan Manuel Santos, así que el político medellinense se lanzó a las elecciones regionales del 2011 a la gobernación de Antioquia y ganó. Durante su administración (2012-2015) quiso reproducir en el departamento lo que ya había hecho en Medellín y construyó Parques Educativos, entregó becas a maestros y redujo las tasas de violencia, aunque su gobierno también coincidió con las negociaciones de paz del gobierno Santos y las Farc.

Aún la opinión pública le achaca a Fajardo el desastre de Hidroituango por el cual la Contraloría, en el 2021 falló en su contra al incluirlo como uno de los responsables fiscales en las irregularidades del proyecto mientras fue gobernador. La Silla Vacía encontró que Fajardo no estuvo al tanto del proceso y tuvo varias oportunidades para hacerse responsable de este proyecto de infraestructura y no lo hizo.

En el 2018 Fajardo se lanzó a la presidencia en coalición con los partidos Polo Democrático y Alianza Verde pero no logró pasar a segunda vuelta. En las elecciones del 2022 repite como candidato después de ganar, con muy baja votación, la consulta de la coalición Centro Esperanza. En debates Fajardo repite las mismas credenciales que mostró hace cuatro años: que fue elegido mejor alcalde y gobernador del país con índices altos en transparencia.

Su programa de gobierno también recoge los logros de sus administraciones pasadas y conjuga promesas grandes, como una reforma pensional en la que se unifiquen los dos regímenes para que actúen como sistemas complementarios y así los trabajadores coticen hasta dos salarios mínimos en Colpensiones. Fajardo también quiere que los adultos mayores sin fuentes de ingreso y sin pensión puedan acceder a un pago del Estado de 500.000 pesos mensuales.

El candidato quiere completar la creación de un Catastro Multipropósito con toda la información del territorio del país, como por ejemplo el número de baldíos. Es una de sus medidas para frenar la deforestación. También busca que la comunidad internacional le pague a Colombia por sus servicios de protección de la biodiversidad.

En educación Fajardo busca flexibilizar la jornada escolar para que más niños y jóvenes tengan acceso a clases. El candidato propuso crear una Universidad Pública Digital para cerrar las brechas de cobertura en educación superior en el país.

Colombiacheck escogió cinco frases sobre los logros que el candidato repite en campaña y en su programa de gobierno para verificarlas a través de su metodología. Encontramos que tres de ellas son cuestionables, una ‘verdadera, pero’, y una verdadera. Le preguntamos a su campaña sobre las fuentes en las que se basa el candidato para sus afirmaciones y nos respondieron todas las respuestas estaban en los informes de gestión de su tiempo en la Alcadía y la Gobernación.

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En la Gobernación

"Hicimos el Plan Integral de Desarrollo de Urabá que incluyó la construcción de la Universidad de Antioquia en Apartadó, 7 Parques Educativos y Pactos por la Calidad de la Educación en cada municipio”.

Las banderas del candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, son los logros que tuvo como exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia. En diciembre de 2021 publicó este trino sobre con resultados educativos durante su mandato en la Gobernación: "Hicimos el Plan Integral de Desarrollo de Urabá que incluyó la construcción de la @UdeAntioquia en Apartadó, 7 Parques Educativos y Pactos por la Calidad de la Educación en cada municipio”.

Hicimos el Plan Integral de Desarrollo de Urabá que incluyó la construcción de la @UdeAntioquia en Apartadó, 7 Parques Educativos y Pactos por la Calidad de la Educación en cada municipio. 3/7

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) December 6, 2021

La frase también está consignada en su documento de propuestas en la candidatura a la presidencia para las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

En el Plan de Desarrollo Departamental ‘Antioquia la más educada’ (2012 - 2015) Fajardo planteó seis líneas de trabajo entre las cuáles incluyó un proyecto integral para la región del Urabá, como menciona en su trino. En este apartado no habla de sus proyectos de educación aunque sí menciona que en esa región “se dará un salto importante en la regionalización de la Educación Superior y de manera especial de la Universidad de Antioquia”.

Su promesa sobre la construcción de los Parques Educativos para el departamento está esbozada, en líneas generales, en la propuesta de educación de su plan de desarrollo. Allí Fajardo dice que su Secretaría de Educación se encargará de desarrollar programas como la construcción de los parques educativos para el “desarrollo educativo y cultural de las diferentes subregiones del departamento, así como el mejoramiento de la calidad educativa, la formación de docentes y el aumento de posibilidades de acceso y permanencia escolar”.

Además, estos parques prometían ser lugares para el desarrollo de una escuela de maestros y directivos docentes, y “satélites” educativos por todo el departamento. Se propuso construir 5 de estos en el Urabá.

Los Pactos Educativos también son una promesa de su plan de desarrollo. Se plantearon como una acción para “mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media” de los municipios en los que la Gobernación y los establecimientos educativos del departamento se comprometían para este mejoramiento. Para lograrlo Fajardo prometía crear los ya mencionados Parques Educativos que facilitaran estas condiciones.

Fajardo presentó su Plan Integral para el Urabá en noviembre de 2012 en Apartadó, allí manifestó que uno de los proyectos importantes de su administración sería llevar la Universidad de Antioquia. En un foro de la Revista Semana la Gobernación de Antioquia anunció que invertiría, junto con el gobierno nacional, 7,2 billones de pesos en los próximos cinco años para el desarrollo del Urabá en un proyecto que incluía obras de infraestructura vial y un multicampus de la Universidad de Antioquia en Turbo, Apartadó y Carepa.

Los pactos por la calidad educativa

En un programa institucional de mayo del 2012 el exsecretario de educación departamental de Antioquia, Felipe Andrés Gil, dijo que la administración estaba avanzando en los pactos de calidad, “un compromiso que firmamos con cada uno de los municipios, con el alcalde, rectores, secretarios de educación, el gobernador y la comunidad educativa en general”. El periódico El Colombiano reportaba durante ese primer año de gobierno cuando Fajardo iba a los municipios a firmar los pactos.

El documento comprometía a las alcaldías locales, entre otras cosas, a asegurar el acceso a la educación, la promoción y retención de estudiantes, diseñar sistemas de autoevaluación, preparar a los estudiantes para las pruebas Saber e implementar tecnologías de la información y las comunicaciones. Así se puede ver en estos textos de los pactos para los municipios de Puerto Berrío y Titiribí.

Según un informe de cumplimiento publicado en mayo de 2013 por la Secretaría de Educación departamental, 119 municipios firmaron con la Gobernación los pactos por la calidad de la educación, una acción que también destacó Fajardo en el informe ‘Así le abrimos la puerta a las oportunidades’ que sistematiza su gestión como gobernador.

La Universidad de Antioquia en Apartadó

Un informe de gestión y resultados sociales de la Universidad de Antioquia aseguraba, en el año 2012, que ya se habían hecho estudios para la construcción de una sede en Apartadó, sobre la vía al mar. El documento presenta así los detalles del proyecto: “El área del lote es de 4.8 hectáreas, y se ha planificado la construcción en dos fases de trabajo, para un total de 4300 metros cuadrados, una inversión de 21.441 millones de pesos, lo que permitirá ampliar la cobertura a 2400 estudiantes”.

Para agosto de 2013, como informó El Colombiano, ya estaba en construcción una nueva sede de la universidad en la que se invirtieron 21.000 millones de pesos. La sede fue uno de los proyectos complementarios de infraestructura en la región, la cual también fue el escenario para la construcción de un puerto. El entonces gerente del Plan Integral para Urabá, Federico Restrepo Posada, manifestó en el 2014 que una obra como la del Puerto sin “un sistema donde la gente viva dignamente, que tenga una buena oferta de educación” no sería posible.

En octubre de 2014 la gerencia del Plan Integral de Desarrollo de Urabá publicó el proyecto Planes Municipales Integrales para Urabá, un trabajo del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad Eafit (Urbam) en conjunto con la Agencia Francesa para el Desarrollo. Este trabajo, solicitado por la Gobernación de Antioquia y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), diseñó los planes de intervención en municipios como Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo.

El plan de Apartadó consistió en articular el desarrollo en función de la Vía al Mar lo que permitió dividir la planeación por tramos y en uno de ellos se puede ver delimitado el lugar de la sede de la Universidad de Antioquia en el municipio. Distintos medios de comunicación (1, 2, 3) anunciaron el 2 de febrero de 2015 la apertura de una nueva sede de la Universidad de Antioquia en Apartadó. También lo hizo la institución educativa a través de redes sociales.

¡Qué orgullo! Hoy la #UdeA abre sus puertas en Apartadó. Más educación, más oportunidades para Urabá @GobAntioquia pic.twitter.com/NP2xQpkIAe

— Universidad de Antioquia (@UdeA) February 2, 2015

Los Parques Educativos

La ordenanza 36 del 2014 estableció la política departamental de los Parques Educativos. En el documento quedó consignado que estos eran “recursos de las instituciones educativas oficiales que constituyen un espacio público de encuentro”. Su plan de desarrollo, que citamos más arriba, resalta que para el término de su mandato Urabá tendría 6 Parques Educativos. Fajardo dice, ahora en campaña, que construyó 7, pero son 6 de los cuales durante su gobierno solo alcanzó a entregar 3, los otros 3 se finalizaron en la administración de Luis Pérez.

En el informe de cumplimiento ‘Así le abrimos la puerta a las oportunidades’, que entregó cuando acabó su mandato, Fajardo enumera los parques que entregó en el Urabá antioqueño: “De los 80 Parques Educativos – PE, de Antioquia, 6 de los 11 municipios en Urabá, se ganaron el suyo. El desarrollo con oportunidades llegó a Vigía del Fuerte con el PE Saberes Ancestrales; Mutatá, con el PE Manantial de Vida; Chigorodó, con el PE Río de Guaduas; San Pedro de Urabá, con el PE Para la Reconciliación; Necoclí con el PE Mar de Risas y, al municipio de Arboletes, con el PE Los Manglares”.

Fajardo sí construyó el PE ‘Saberes Ancestrales’ cuya obra comenzó en agosto de 2013 y entregó el 8 de mayo del 2014 a la comunidad de Vigía del Fuerte. En el proyecto se invirtieron 3.414 millones de pesos según la cartilla ‘Urabá: de la página de la violencia a la página de las oportunidades’. Fue el primero del departamento. Entregó también, en enero de 2015 y a pesar de que su apertura se planeaba para finales de 2014, el PE Río de Guaduas de Chigorodó, en el que se invirtieron 2.246 millones de pesos.

Un video de la Gobernación de octubre de 2015, a dos meses de que acabara la administración de Fajardo, muestra que los PE de los municipios de Arboletes, Necoclí y San Pedro de Urabá aún estaban en construcción. El PE Los Manglares, del municipio de Arboletes, se comenzó a construir en julio de 2015 y fue entregado el 30 de diciembre del mismo año, pero sin poder operar, según la ficha técnica de la Gobernación, porque faltaba la legalización de un trámite de energía, el costo final fue de 2.009 millones de pesos.

En diciembre de 2015 se entregó el PE Mar de risas en Necoclí, aunque en su ficha técnica de seguimiento se puede leer en la descripción que “el contratista entregará la obra en su totalidad el día 15 de enero (de 2016)”. El PE Manantial de Vida, del municipio de Mutatá se empezó a construir en abril de 2015, y se entregó, según la ficha técnica de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (VIVA), en febrero de 2016, su costo fue de 1.939 millones de pesos.

Por último, el PE Para la Reconciliación de San Pedro de Urabá, que se empezó a construir en septiembre de 2015 y que esperaba entregarse, primero para diciembre de 2015 y luego para marzo de 2016, terminó abriendo sus puertas en octubre de 2017. Lo inauguró el gobernador Luis Pérez quien dijo que en la obra se habían invertido más de 1.490 millones de pesos. Fajardo dejó financiamiento para la terminación de los PE cuya construcción se extendió durante la gobernación de Luis Pérez, le dijo a El Colombiano la ex subsecretaria de Parques y Ciudadelas Educativas, Jessica Stephenson.

Por estos elementos calificamos como ‘verdadera, pero’ la frase de Fajardo, el candidato presidencial sí realizó los pactos por la calidad de la educación y construyó la sede de la Universidad de Antioquia en Apartadó, pero entregó la mitad de los Parques Educativos de Urabá en su gobernación, los otros, ya financiados, se terminaron cuando el gobernador era Luis Pérez.

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"En Antioquia construimos la malla curricular etnoeducativa con 650 maestros, 350.000 estudiantes y 125 mesas municipales de etnoeducación”

También por Twitter, el candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, publicó esta frase: “En Antioquia construimos la malla curricular etnoeducativa con 650 maestros, 350.000 estudiantes y 125 mesas municipales de etnoeducación”. De nuevo, esta afirmación también está en uno de sus documentos programáticos que se puede encontrar en su página web.

En el marco de una de sus líneas de trabajo, la de inclusión social, Sergio Fajardo insertó un párrafo en su Plan de Desarrollo Departamental ‘Antioquia la más educada’ (2012 - 2015) en el que habla de un proyecto llamado “Implementación de la Política Pública Afroantioqueña”: es el único lugar en el que habla de etnoeducación. El proyecto pretende, a través del fortalecimiento institucional, fomentar la etnoeducación y crear una Cátedra de Estudios Afrocolombianos.

En su tesis de maestría ‘La etnoeducación en Antioquia, teoría y prácticas sin instrumentos’, Fernando Palacios, ex gerente de Negritudes de la Gobernación de Fajardo, describe como esa administración concibió una red de etnoeducación que comenzó con la “Ruta de la Calidad”: encuentros con las alcaldías del departamento en los que firmaban acuerdos de voluntades para tener municipios con etnoeducación.

En este informe de rendición de cuentas de agosto de 2015, el último año de mandato, la Gobernación resaltaba que, en términos de etnoeducación, se había creado una red “integrada por 101 maestros y maestras organizados en 19 mesas municipales quienes construyeron una malla curricular de etnoeducación departamental y otra subregional”.

De acuerdo con Palacios, su gerencia logró “la conformación de las mesas de trabajo de etnoeducación en los 125 municipios del Departamento. A partir de nueve encuentros subregionales, 680 maestros construyeron la malla curricular unificada para Antioquia y nueve subregionales con enfoque diferencial”, los mismos datos se recopilan en este informe de la Gerencia de Negritudes.

Trabajos académicos, como esta tesis de maestría, que plantea una guía para la enseñanza de la afrocolombianidad, retoman los logros de la administración de Fajardo en temas educativos, específicamente en lo que respecta a la creación de la red de etnoeducación de conformada por 125 mesas municipales de maestros del departamento.

La malla curricular etnoeducativa pensada para todo el departamento está adjunta en los anexos de la publicación académica ‘La política pública para comunidades afrodescendientes del departamento de Antioquia’, escrita por Carolina Correa y Andrés Cadavid.

En su informe de gestión ‘Así le abrimos la puerta a las oportunidades’, Fajardo asegura que avanzó al 100% con el proyecto “Política pública afroantioqueña: etnoeducación” con el involucramiento de “680 maestras y maestros y 348.151 estudiantes en Red de Etnoeducación”.

Por otro lado, Felipe Gil Barrera, secretario de educación departamental durante la administración de Fajardo, indicó en el informe de gestión de su despacho que el trabajo de la red produjo los textos de educación diferencial ‘Tus saberes, mis saberes, nuestros saberes’ para preescolar y primaria.

En conclusión, calificamos como verdadera la frase de Sergio Fajardo sobre la construcción de la malla curricular etnoeducativa, la cual pudimos rastrear para este chequeo, además de los textos escolares guía para preescolar y primaria que se crearon a partir del trabajo de la Red Etnoeducativa de Antioquia. Según otras dependencias del gobierno, como la Gerencia para las Negritudes o la Secretaría de Educación Departamental, participaron 680 maestros y 348.000 estudiantes en la creación de estas mallas curriculares, quienes a su vez se organizaron en 125 mesas municipales de etnoeducación.

En la Alcaldía

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“Con el programa Paz y Reconciliación dirigimos el regreso a la legalidad de 4.164 excombatientes (...). Así rompimos el ciclo cultural de la violencia”

El candidato presidencial por la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, afirmó en su portal de internet de campaña lo siguiente: “Privilegiando la educación, con el programa Paz y Reconciliación dirigimos el regreso a la legalidad de 4.164 excombatientes y brindamos oportunidades a 12.000 jóvenes. Así rompimos el ciclo cultural de la violencia”.

Solo verificamos el dato de los excombatientes, pues la idea de “brindar oportunidades” es muy vaga como para poder aplicar nuestra metodología.

Sobre las 4.164 personas que, según Fajardo, regresaron a la legalidad con el programa Paz y Reconciliación, la cifra corresponde al número inicial de exparamilitares del Bloque Cacique Nutibara que recibió la ciudad para realizar un proceso de desarme, desmovilización y reinserción. Al menos 20% de ellos volvieron a delinquir, fueron expulsados o fallecieron. Por esas razones, sumadas a las críticas de analistas a ese proceso, calificamos su afirmación de cuestionable.

En 2003, el Gobierno Nacional y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron los acuerdos de Santafé de Ralito, en los que se planteó la desmovilización de los bloques de esta agrupación. El primero que lo hizo en cumplimiento de estos acuerdos fue el Bloque Cacique Nutibara (BCN) que operaba en Medellín, creado por Diego Murillo, ‘Don Berna’, el 25 de noviembre de ese mismo año, según informó El País de España.

La decisión de la desmovilización no fue acordada con la administración municipal sino entre “el Alto Comisionado de Paz, y la Corporación Democracia, organización calificada en ese mismo documento como representante de los desmovilizados del ex Bloque Cacique Nutibara”, según la investigación ‘El Programa de Paz y Reconciliación de Medellín: la erosión gradual de un poder ilegal’ de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Ese acuerdo entre el BCN y el Gobierno se conoció como el Acuerdo de La Ceja, que también firmaron como testigos, en diciembre de 2003, el entonces alcalde Luis Pérez y Sergio Fajardo, para la época alcalde electo.

Así, en el año 2004, la Alcaldía de Medellín se hizo cargo del proceso de desarme, desmovilización y reinserción de un grupo de 4200 excombatientes a través del Programa Paz y Reconciliación (PPR). Aun así, la publicación advierte que el 20% del total de los excombatientes desmovilizados han reincidido o han sido asesinados.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo 'Medellín, compromiso de toda la ciudadanía', la hoja de ruta de la administración de Fajardo (2004-2007), y el informe final de gestión ‘Medellín la más educada’, que muestra el cumplimiento de ese plan en Medellín, el PPR tenía como objetivo “estimular y apoyar los procesos de desmovilización y reincorporaciones, tanto individuales como colectivas, de quienes se encuentran alzados en armas, a través de un modelo de intervención que opere dentro del marco legal establecido”.

Para 2006, la alcaldía de Fajardo presentó el siguiente balance del número de desmovilizados en Medellín, 4.130, y en Antioquia, 10.844.

Las cifras que cita Fajardo actualmente son las mismas que quedaron consignadas en este informe de gestión: “el número de excombatientes colectivos radicados en Medellín a octubre de 2007 según el Sistema de Acompañamiento Monitoreo y Evaluación (SAME) es de 4.164, aproximadamente el 13% del total de desmovilizados colectivos en el país”. El SAME era una base de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) utilizada para inscribir el número de excombatientes desmovilizados en el país.

Estas cifras se repiten una vez más en otro documento que emitió su alcaldía llamado ‘Del miedo a la esperanza’: “Del total de los desmovilizados en Colombia, 4.164 (13%) son beneficiarios del programa Paz y Reconciliación de Medellín (868 desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, en noviembre de 2003; 2.033 del Bloque Héroes de Granada, en agosto de 2005, y 1.263 de otros bloques en distintas fechas)”.

Críticas al proceso

Según el texto de la FIP, el PPR de la alcaldía de Fajardo fue la primera experiencia de desmovilización, desarme y reincorporación de grupos paramilitares en una ciudad.

Allí también se indica que este programa tuvo una serie de problemas que se dieron a conocer gracias a las denuncias ciudadanas que tramitaron organizaciones de derechos humanos de ese entonces, como el Instituto Popular de Capacitación (IPC). Se denunciaba, por ejemplo, que los desmovilizados seguían actuando en la ilegalidad, que en algunos barrios estos grupos detentaban un “poder dictatorial”, y que muchos incumplían las obligaciones del programa.

La publicación ‘El Programa Paz y Reconciliación (PPR) de la Alcaldía de Medellín 2004-2011. Desarrollos, buenas prácticas y retos’ del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional concuerda con los problemas que plantea la investigación de la FIP, pues afirma que la Alcaldía tuvo inconvenientes con la Corporación Democracia, cuyos directivos fueron acusados por algunas oenegés de mantener vínculos con la delincuencia.

La Corporación Democracia fue la organización encargada de ayudar a los desmovilizados a transitar a la vida civil, pero que se originó en el mismo Bloque Cacique Nutibara. Según una fuente le dijo al medio Verdad Abierta, esta organización surgió como única vocera del proceso a pedido del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, ahora prófugo.

El IPC, una de las oenegés que recibieron denuncias del programa de Fajardo, publicó un comunicado en febrero de 2010, dos días después de que Edwin Tapias y Julio Perdomo, desmovilizados y exintegrantes de la Corporación Democracia, aceptaron ante un juez los cargos que les imputó la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

En el comunicado manifestaron que: “los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de decenas de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal”, refiriéndose a los años en los que se implementó el programa Paz y Reconciliación.

Nelly Osorno, presidenta del IPC, señaló que la organización fue crítica del proceso en ese entonces y también recuerda que los inconvenientes que se denunciaron, como que los desmovilizados seguían actuando en la ilegalidad, fueron registrados también en informes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP - OEA), como se ve en el décimo informe del Secretario General del organismo:

“Persisten las preocupaciones por la relaciones de un sector de desmovilizados con actividades criminales. Esta situación ha sido reconocida por el Gobierno local; el alcalde Sergio Fajardo declaró en el mes de julio: ‘nos preocupa que algunos reinsertados le están haciendo trampa al proceso. La trampa no es que desertaron del programa y ahora están en la ilegalidad. El asunto es que estando dentro del programa decidieron continuar en la ilegalidad y eso no lo podemos permitir’. Según el alcalde, aproximadamente el 10% de los desmovilizados de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada que se desmovilizaron en esta urbe decidió continuar en actividades ilícitas”.

Por su parte, Adriana Arboleda, de la Corporación Jurídica Libertad, denunció en ese entonces que el BCN de las autodefensas, antes de concentrarse en el municipio de La Ceja para el proceso de desmovilización, realizó reclutamientos forzados de los barrios de Medellín: “denunciamos que se estaban llevando jóvenes que no son paramilitares para la desmovilización y están dejando acá en los barrios los que sí son paramilitares y siguen teniendo control”.

Lo hacían, según la defensora de derechos humanos, para mostrar que había voluntad de cambio. “Tenían que mostrar mucha gente pero a la vez no querían perder el control de los barrios”, aclara.

Para Arboleda Betancur, la percepción que las ONG tenían de Fajardo en ese entonces es que al exalcalde no le importaron los reclamos que le hacían. “Nunca le puso atención a eso”, sentencia.

Su testimonio corresponde con la información consignada en el informe de Amnistía Internacional ‘Colombia, Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización?’, en el que se puede encontrar la misma crítica: “Amnistía Internacional también recibió informes fidedignos de que, antes de la desmovilización, los paramilitares estaban reclutando a jóvenes desempleados para que se hicieran pasar por paramilitares durante la ceremonia de desmovilización”. Esto también incrementó las dudas sobre si sólo “un pequeño porcentaje del BCN” estaba en el proceso de desmovilización.

La Defensoría del Pueblo registró hechos de violencia perpetrados por el BCN durante el primer año del proceso de desmovilización del grupo paramilitar.

La investigación ‘Balance del proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada en la ciudad de Medellín’ de la Universidad de Antioquia indica, justamente, que sobre este proceso hay dos visiones encontradas. La primera, de la Secretaría de Gobierno de Medellín, que “señala que los únicos actores armados presentes en la ciudad son aquellos vinculados a la delincuencia común”, y la segunda, dice la investigación, de los analistas y de las ONG que criticaban el PPR aludiendo a que no hubo una verdadera desmovilización de los grupos paramilitares en Medellín.

Cabe resaltar que Fajardo nombró a Gustavo Villegas como director del PPR desde su comienzo, en 2004, hasta 2006, cuando pasó a ser Secretario de Gobierno. Villegas fue capturado en 2017, cuando era secretario de Seguridad del también candidato presidencial Federico Gutiérrez, por sus nexos con la Oficina de Envigado. 

Para Manuel Alonso y Germán Valencia, autores del estudio, el PPR de Fajardo no logró romper la unión entre los desmovilizados y los actores armados primarios, de tal forma que “desmovilizados, redes mafiosas y actores primarios del conflicto conviven en escenarios de rechazo, reacomodos y negociación, en los cuales resulta imposible trazar fronteras definitivas entre uno y otro fenómeno”.

Eliana Sánchez González, docente del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia y asistente de investigación del artículo, subraya que afirmar tajantemente que se rompió el ciclo de violencia, como lo hace Fajardo, tiene muchos matices. La politóloga, quien en ese momento trabajaba como investigadora de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, aclara que es importante reconocer que había personas que integraban grupos paramilitares de la ciudad e ingresaron a un proceso de reinserción, pero, a su vez “también es cierto que hay unas estructuras que seguían operando y se insertaron en otras dinámicas de conflictividad armada en la ciudad”.

Esta investigación también realiza una precisión importante: los informes de gestión de la Alcaldía indican la cantidad de excombatientes que fueron acogidos por la ciudad a través del PPR pero que estén desmovilizados no implica que sean reinsertados. Esta es la última etapa de los programas de desarme, desmovilización y reincorporación y supone que los desmovilizados adquieran estado civil y obtengan acceso a formas civiles de trabajo e ingresos, de tal manera que “esta es la etapa más difícil para los excombatientes y su balance sólo puede realizarse, plenamente, después de mucho tiempo”.

Sobre esto, el informe ‘Reintegración y Seguridad Ciudadana en Medellín: un balance del Programa de Paz y Reconciliación (2004-2008)’ publicado en junio de 2009 por Juan Carlos Palou y María Victoria Llorente, de la FIP, explica que el PPR definió una serie de criterios que deben alcanzar los excombatientes aptos para graduarse del programa en términos de reintegración social, económica y ciudadana. En noviembre de 2008, un año después de terminada la administración de Fajardo, se graduaron los primeros 150 desmovilizados que cumplieron con los criterios, también los primeros que se desvincularon oficialmente a nivel nacional. Una cifra que contrasta con la de 4.164 que repite ahora Fajardo durante la campaña presidencial como uno de sus logros en materia de seguridad.

Aún así, este texto, como el que citamos al comienzo, también de la FIP, resalta los beneficios del programa de desmovilización de esa alcaldía, pero es claro en afirmar que “poco más del 80% de los desmovilizados”, y no su totalidad, han acatado el programa y no han reincidido. La monografía ‘Política de reintegración a la civilidad: programa paz y reconciliación Alcaldía de Medellín’, publicada por Juan David Montoya en el 2008, ofrece unas cifras más precisas sobre el avance de este programa. Allí el autor muestra que, para octubre de 2007, según cifras del SAME, había 3.884 desmovilizados que no se encontraban detenidos, expulsados o fallecidos y figuraban como beneficiarios activos, de un total de 4.164 personas acogidas inicialmente por el programa.

Por los elementos que presentamos anteriormente, calificamos como cuestionable la afirmación de Sergio Fajardo, quien dice que “con el programa Paz y Reconciliación dirigimos el regreso a la legalidad de 4.164 excombatientes”. Aunque este fue el número inicial de excombatientes que recibió la ciudad para realizar un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, al menos 20% de los excombatientes volvieron a delinquir, fueron expulsados o fallecieron.

Además, la propia política de reinserción de Fajardo diseñó unos criterios para determinar si los beneficiarios ya estaban listos para integrarse a la sociedad, solo en el 2008, el año siguiente después de que Fajardo finalizó su mandato en Medellín, se graduaron los primeros 150 excombatientes del PPR. Por último, durante el transcurso del programa distintas organizaciones de derechos humanos denunciaron públicamente irregularidades en el proceso de desmovilización a las que la administración municipal no les dio importancia.

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“En los 90 morían asesinadas 6.500 personas al año, en 2006 la cifra descendió radicalmente a 700”

Las grandes transformaciones son posibles. Si en la Medellín de los años noventa pudimos pasar del miedo a la esperanza, ahora, en Colombia, también podemos construirla para vivir mejor. Tenemos todas las condiciones. Hagámoslo. Nos lo merecemos.@Compromiso_Ant pic.twitter.com/v8PntPfXM9

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) January 31, 2022

En este tuit, publicado en la cuenta oficial de Sergio Fajardo, el candidato presidencial saca pecho de sus logros en la Alcaldía de Medellín. “Las grandes transformaciones son posibles. Si en la Medellín de los años noventa pudimos pasar del miedo a la esperanza, ahora, en Colombia, también podemos construirla para vivir mejor. Tenemos todas las condiciones. Hagámoslo. Nos lo merecemos”, es el mensaje que acompaña al video que inicia con el título: Así nació la esperanza.

Luego, en el video aparece el texto: “En los 90 morían asesinadas 6.500 personas al año, en 2006 la cifra descendió radicalmente a 700”.

En Colombiacheck decidimos verificar esta afirmación, el único dato verificable en el video. Primero acudimos a las fuentes oficiales de los homicidios. Lo primero que hicimos fue revisar el plan de desarrollo de Fajardo en su Alcaldía. En uno de los apartes, llamado “Diagnóstico de la violencia en Medellín”, publican estas dos tablas: la primera es de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y la segunda, de la cifra absoluta.

El diagnóstico, en el que se incluía un análisis de la violencia y mapas de la ubicación de los homicidios, entre otros datos, sustentaba los planes de Fajardo para reducir la violencia. En la siguiente tabla se observa la meta de reducir durante el cuatrienio la tasa de homicidios a menos de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Entonces, Fajardo sí cumplió con su meta de disminuir la tasa de homicidios a menos de 50 por cada 100 mil habitantes, como demuestran las siguientes tablas. La primera es del balance de su gestión en la Alcaldía y la segunda fue publicada en Medellín Cómo Vamos.

Sin embargo, con las cifras que están en su plan de desarrollo, podríamos decir que en la primera parte de su afirmación no coincide con el dato dado en el video de que “en los 90, morían asesinadas 6.500 personas al año”. Pero como esa tabla solamente tiene datos a partir de 1995, en Colombiacheck realizamos una búsqueda de las cifras de homicidios oficiales.

En Colombia, las cifras de homicidios las llevan Medicina Legal y la Policía. El Departamento Nacional de Estadística, DANE, también publica datos.

Para este caso, teniendo en cuenta que los informes Forensis de Medicina Legal, que recopilan anualmente las cifras de violencia a partir de 1999 y que la Policía no tiene esos datos públicos tan antiguos, en Colombiacheck buscamos las cifras publicadas por el DANE y en investigaciones que analizaron la violencia en la capital antioqueña en la década de los 90.

La economista e investigadora en temas de seguridad Katherine Aguirre, del Instituto Igarapé de Brasil, que realiza el monitor de homicidios en el mundo, nos compartió una base de datos construida por ella con las cifras de homicidios en Medellín desde 1979, en la que comparan las tres fuentes.

Como se observa en esta tabla, las fuentes de las cifras son el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, Medicina Legal y la Policía. Para el caso de Medellín, es el DANE la entidad que tiene publicados los datos más antiguos.

“El DANE, como institución estadística, hace un registro de muertes. La base de datos se llama estadísticas vitales (nacimientos, muertes). En la parte de defunciones aparece la base de datos de las personas que mueren por cualquier causa. Esto también incluye homicidios. Esto lo recolecta de los certificados de defunción”, explica Aguirre.

La investigadora también dice que las cifras de una entidad a otra han tenido diferencias históricas, pero que estas han intentado cerrar esa brecha con el tiempo. Existió una iniciativa que se llamó ‘El protocolo de Bogotá’, en la que nos reunimos diversas instituciones que analizamos las cifras para hablar de la calidad de los datos de homicidios y la necesidad de la transparencia y de cerrar esa brecha entre fuentes”.

En muchos países, las cifras de homicidios tienen dos fuentes principales: una del sector salud, en Colombia son los datos que recopila el DANE, y la otra es la noticia criminal, que es la Policía. No todos los países tienen una tercera fuente que viene el sistema judicial, que en el caso de Colombia es Medicina Legal.

Al revisar esta tabla estadística vemos cómo, en los datos del DANE, Medellín superó los 6.500 homicidios en el año 1991, pero en el resto de años el número fue inferior a esa cifra. También en esa misma medición, en 2006, último año de Fajardo en la Alcaldía, el número de asesinatos fue de 794, superior al publicado en el video, con una diferencia de 94 casos.

Entre tanto, en el estudio ‘Violencia urbana, conflicto y crimen en Medellín: una revisión de las publicaciones académicas al respecto*’, escrito por Luis Felipe Dávila, doctor (c) en Humanidades e investigador del Centro de Análisis Político de la Universidad EAFIT, se muestra este gráfico.

En la tabla citada en el estudio, se muestra que el 91 fue el año pico de los homicidios en Medellín, con 6.809 casos, luego empezó a descender hasta 1998, cuando se presentó un aumento. La curva muestra cómo los homicidios subieron durante los siguientes cuatro años hasta llegar a 3.829 en 2002. En el periodo de Fajardo descendieron hasta llegar a 800, en 2006.

Justamente en ese estudio de la EAFIT, en el que se revisa la literatura académica sobre violencia urbana en Medellín, se nombran varias otras investigaciones con diversas hipótesis sobre la disminución de los homicidios. Entre los múltiples factores mencionados están desde las acciones de la Fuerza Pública, como la Operación Orión (octubre del 2002), las operaciones contra objetivos de alto valor, la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los avances notables en la presencia y el fortalecimiento del Estado local, en especial en las áreas marginales y suburbanas, donde las instituciones recuperaron el control territorial; así como la coordinación entre los niveles local, regional y nacional de gobierno o la intervención urbanística.

También citan a autores que aseguran que la disminución en las tasas de homicidios de la ciudad son resultado de “la consolidación de una ‘gobernabilidad ilegal alternativa’”, donde el Estado ha generado procesos de connivencia con actores criminales, y se evidencian prácticas de protección violenta (Angarita & otros, 2008; Human Rights Watch, 2010). Para ilustrar estos procesos se puede aludir a la llamada ‘Don Bernabilidad’ primero, y al ‘Pacto de fusiles’, después”.

Son múltiples las investigaciones y las hipótesis acerca de la reducción de los homicidios en Medellín que se deben analizar en el contexto de la sacada de pecho de Fajardo. Pero, para calificar su afirmación, también tenemos que tener en cuenta dos puntos:

• Solamente en 1991, según las cifras del DANE, murieron asesinadas más de 6.500 personas. En el resto de años de los 90, el número fue inferior.
• Para el caso de 2006, su último año de administración, el dato de 700 homicidios fue inferior a la cifra real, que era de 794, según el DANE. Es decir, 94 casos más.
• En la afirmación del video, no tienen en cuenta, como se muestra en los gráficos, que la disminución de homicidios en Medellín no empezó ese 2003 sino que venía de años anteriores.

Así que, con todo lo mencionado, calificamos de cuestionable lo afirmado por Fajardo en el video.

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“En la alcaldía de Medellín orgullosamente aumentamos la inversión en cultura 9 veces, del 0,7% al 5%”

El pasado 20 de abril, Sergio Fajardo, el candidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, aseguró a través de su cuenta de Twitter que durante su administración en la Alcaldía de Medellín para el período 2004 - 2007, la inversión en cultura aumentó 9 veces, pasando del 0,7% al 5% en la asignación presupuestal.

Para empezar, hay que anotar que matemáticamente es incorrecto ese aumento, pues al multiplicar 0.7 por 9 se obtiene 6.3 y no 5. Consultamos a la campaña de Sergio Fajardo para que nos aclarara el origen de estos datos, pues la afirmación en su trino no especifica los períodos que compara. Según su frase, la transición podría comprender el presupuesto general de la administración anterior y el presupuesto general de su administración. También podría tratarse de un vuelco abrupto entre el último año de la administración de Luis Pérez (2003) y el primer año de la administración de Sergio Fajardo (2004), o bien una comparativa del último año de cada administración (2003 vs 2007).

Dado que dos semanas más tarde de nuestra consulta no recibimos ninguna respuesta por parte de la campaña de Sergio Fajardo, realizamos una búsqueda de estudios o indicadores del ámbito cultural en Medellín con esas cifras. Así encontramos un reportaje de El Colombiano, publicado en mayo de 2020, en el que el exsecretario de Cultura de Medellín Jorge Melguizo aseguró “cuando Fajardo empezó la alcaldía, el presupuesto de Cultura era del 0.68%. Eso fue lo que recibió, aprobado por el Concejo en noviembre de 2003, último año de Luis Pérez ”.

En realidad, el Acuerdo Metropolitano 09, donde se estipuló el presupuesto municipal para la vigencia 2004, fue emitido el 11 de diciembre de 2003 y comprometió recursos por 59 mil millones de pesos. De ser correcto el porcentaje citado por Melguizo, la inversión en Cultura debería rondar los 401 millones de pesos. Sin embargo, la destinación de los recursos aparece desordenada y no señala un monto asignado a la Secretaría de Cultura. Tras un apartado denominado “Arte y Cultura” se enlistan inversiones por 157 millones de pesos, correspondientes al 0.2% del presupuesto municipal.

Como se relata en las páginas 79 y 80 del Balance de la Gestión de los planes de desarrollo de Medellín 1995 - 2011, elaborado por la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín (VCPDM), la información sobre Cultura durante los años abordados es precaria y se presenta desde distintas ópticas en cada administración, lo que puede implicar una visión más transversal de la inversión en cultura no supeditada a una sola secretaría. Hasta 2002, año en que Luis Pérez creó la Secretaría de Cultura Ciudadana, la inversión en cultura se mezclaba con la inversión en educación. Y, a pesar de ser el artífice de una cartera para este fin, el desempeño de Pérez fue deficiente, alcanzando solo un 27% de ejecución de las metas trazadas en materia cultural. Así se constata en las páginas 102 y 103 del Balance General del Plan de Desarrollo de Medellín 2001 - 2003.

Sin embargo, bien sea que se tome como base el 0.68% citado por Melguizo o el 0.7% citado por Fajardo, ninguno de los presupuestos de las vigencias siguientes (2005, 2006 y 2007) consigue multiplicar por 9 la inversión inicial en cultura ni tampoco alcanza el 5% mencionado en el trino.

Ahora bien, la evidencia demuestra que en la administración de Sergio Fajardo sí hubo un crecimiento significativo en términos de inversión en Cultura respecto a la administración de Luis Pérez. El Plan de Desarrollo de este último incluía un componente de programas culturales llamado “La cultura al alcance de todos” con una asignación de $21.548 millones de un presupuesto proyectado en $2.711.953 millones por ejecutar. Esto se traduce en que los programas culturales durante el trienio de Pérez representaban el 0.7% de su presupuesto total.

Entretanto, la rendición de cuentas de Sergio Fajardo tras su período de cuatro años en la Alcaldía de Medellín arrojó una participación del 2,3% por parte de la Secretaría de Cultura dentro de la inversión del presupuesto definitivo.

El Presupuesto definitivo de inversión en el período 2004 - 2007 fue de $6 billones.

Con $149 mil millones de pesos, la Secretaría de Cultura tuvo una participación del 2.3% del Presupuesto Definitivo destinado a inversión.

En el Balance de la Gestión de los planes de desarrollo de Medellín 1995 - 2011 se exalta la labor de Sergio Fajardo en términos de cultura con el siguiente resumen:

“Sergio Fajardo comienza por comprender que es necesario fortalecer la cultura ciudadana, la cultura de la convivencia y mejorar el nivel cultural y de relacionamiento de la población con el entorno social y cultural del país y del mundo. Hace aumentos significativos de la inversión, mejora el acceso a las artes escénicas, artes plásticas, cine, teatro, música y afianza una cultura de paz y convivencia, que busca reducir los índices delincuenciales en la ciudad, logrando cambios efectivos en el comportamiento ciudadano y en el acceso a la oferta cultural, si bien queda faltando mucho en términos de la cultura como derecho y libre acceso”.

Además, el seguimiento de la VCPDM registra otra medición, basada esta vez en la destinación de presupuesto dentro del Plan de Desarrollo de los cinco alcaldes evaluados entre 1995 y 2011. Si bien el monto de la administración Fajardo supera ampliamente el de la administración Pérez, este no supera los $100 mil millones, como sí lo hace la medición anterior que tampoco alcanzó el 5% mencionado por el candidato.

Frente al logro del 5% de la inversión enunciado por Sergio Fajardo, y sobre la variación entre una medición y otra, consultamos a Jorge Melguizo, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín entre 2005 y 2009 y quien se ha pronunciado dentro de la actual campaña presidencial de Sergio Fajardo. Esto nos respondió:

“En la alcaldía de Sergio Fajardo el proyecto cultural no era solo de la Secretaría de Cultura. era un proyecto de toda la Alcaldía. En muchas secretarías había acciones culturales, había un proyecto de educación ciudadana, un comité de cultura ciudadana transversal para toda la Alcaldía. Si se hacía un proyecto de vivienda, tenía a su vez un proyecto de cultura ciudadana. Si se hacía un andén, un puente o un edificio, tenía un proyecto de cultura ciudadana”.

Efectivamente, en el Plan de Desarrollo de Sergio Fajardo se estipularon cinco líneas estratégicas con componentes transversales en todas sus secretarías. Cada año de su gobierno, en el Presupuesto Municipal aprobado, se financiaron esas líneas de manera global y a partir de ellas se asignó el presupuesto a los programas de cada cartera. En las líneas 1-Medellín Gobernable y Participativa y 4-Medellín Productiva, Competitiva y Solidaria había un componente manifiesto relacionado a la cultura. Sin embargo, en componentes de otras líneas como Proyectos Estratégicos de Ciudad, Espacio Público, Educación, entre otras, existía una noción constante de cultura ciudadana.

“Los 10 Parques-Biblioteca que se empezaron a construir en la alcaldía de Sergio Fajardo, por ejemplo, entraban a presupuesto de Obras Públicas y entraban a contratarse a través de la Empresa de Desarrollo Urbano. Pero, por supuesto, se asumía el Parque-Biblioteca como un proyecto cultural. La casa de la lectura infantil y el Teatro Lido se compraron a través de la Secretaría de Hacienda, no entró a la Secretaría de Cultura pero fueron proyectos culturales. Así mismo podemos citar obras como el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, la Casa de la Música, la Biblioteca de EPM, el Jardín Botánico y el Parque Explora, entre otras”.

Así pues, la evidencia demuestra que hubo un importante incremento de la inversión en Cultura durante la Alcaldía de Sergio Fajardo. Sin embargo, es cuestionable la magnitud que propone para calificar ese crecimiento.

En primer lugar, puede que la cifra base que propone (0.7%) no sea compatible con la medición que utiliza para su punto de llegada (5%). Si se trata de la destinación de recursos en los respectivos Planes de Desarrollo, aunque la asignación de Luis Pérez sí fue del 0.7%, la VCPDM ubicó la inversión de Fajardo en menos de $100 mil millones, lo que no es ni siquiera cuatro veces más que la de su antecesor. Su propia rendición de cuentas arrojó una participación del 2.3% del presupuesto total de inversión para la Secretaría de Cultura.

En ese caso, si el 5% al que se refiere Sergio Fajardo implica sumar a ese 2.3% la transversalidad a la que alude Jorge Melguizo, tendría que atenderse el llamado de la VCPDM y considerar que cada administración abordó la cultura desde una determinada óptica, de manera que incluir inversiones efectuadas por otras Secretarías podría ser engañoso.

Por otra parte, si el 0.7% del que habla el candidato es el mismo 0.68% del que habló Jorge Melguizo en el artículo de El Colombiano, la afirmación de Sergio Fajardo enfrentaría dos problemas. El primero es que según el presupuesto aprobado en 2003 para el primer año de Fajardo como alcalde, los proyectos derivados del componente “la cultura al alcance de todos” del Plan de Desarrollo de Luis Pérez apenas representaron el 0.2% del presupuesto general. Con ese mismo rasero, en ninguna de las siguientes vigencias el hoy candidato presidencial asignó el 5% del presupuesto general a su Secretaría de Cultura.

El segundo problema es que el mentado 0.68% de la vigencia 2004 puede depender de la lectura compleja que la administración de Sergio Fajardo hizo de la noción de cultura. Así mismo, puede que al sumar proyectos de otras carteras alguna de las vigencias consiga ese 5%. Sin embargo, esta definición no se encuentra plasmada en su rendición de cuentas de manera explícita ni hace parte de la lectura de organismos independientes como la VCPDM. Finalmente, en ningún caso el incremento de la inversión representaría nueve veces el monto anterior.

Por estas razones calificamos como cuestionable la afirmación de Sergio Fajardo, pues aunque sí hubo un aumento en la inversión de cultura con respecto a su antecesor, la cifra con la que saca pecho es inflada.