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Lunes, 05 Septiembre 2016

Un tuit engañoso de congresista del Centro Democrático puso en vilo a 57 empresas

Por Felipe Chica

No es cierto que 57 empresas mencionadas en un estudio académico tengan que responder ante “un tribunal creado por el grupo guerrillero (Farc)” como lo publicó en su cuenta de Twitter Carlos Felipe Mejía, senador caldense del Centro Democrático.

Para comprender que tan cierta y genuina es la preocupación del senador Carlos Felipe Mejía sobre las 57 empresas mencionadas en su trino del pasado lunes 29 de agosto, Colombiacheck buscó al congresista del Centro Democrático para conocer la fuente de su información pero no obtuvo respuesta.

 

 

Sin embargo, una columna de Yohir Akerman, publicada en El Espectador el sábado 3 de septiembre y titulada: “Desinformación”, explica cuál es la fuente del listado de empresas y traza la ruta que usaron los opositores a la paz para convertir un trabajo académico en ‘munición’ contra el Acuerdo Final.

Dice Akerman que “el 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc” y agrega más adelante que “el listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado”.

Akerman termina aclarando que el listado “fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional”.

Además, el columnista revela que el autor del estudio “fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal”.

Trino sin evidencia

Con la fuente de la información aclarada, Colombiacheck revisó los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, así como los antecedentes de algunas empresas mencionadas en su trino.

Lo primero que debemos decir es que en la página 134 del Acuerdo Final viene el apartado que desarrolla la JEP, allí en el artículo 32 del capítulo II, dice: “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.

Así que es cierto o al menos probable que algunos casos de financiación de grupos paramilitares puedan terminar llegando a esta jurisdicción especial. Lo que no es verdad es que existan casos judiciales o investigaciones en proceso ante la JEP para las 57 empresas que hizo públicas el senador Mejía en su trino.

Dicho listado es un anexo al estudio académico que circuló el 18 de julio pasado a través de un artículo publicado en el portal Razón Pública con el objetivo de “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Por eso no se puede afirmar que quienes aparecen allí nombrados terminarán compareciendo ante la JEP, tal como lo aclaró a los medios el viernes pasado mismo Nestor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que (las 57 empresas) deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, sentenció Martínez.

En este sentido Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia transicional, había dado una explicación bastante clara cuando dijo que tanto empresarios como actores directos de crímenes de lesa humanidad tendrán un tratamiento punitivo en relación a la dosis de verdad que entreguen al país; en sus palabras “a más verdad menos pena”.

Por su parte, Humberto de Calle, negociador plenipotenciario por el gobierno en La Habana, afirmó que no aplicará para aquellos que “participaron de forma coaccionada –obligados bajo amenaza– sino aquellos que jugaron un papel sistemático en la colaboración con violaciones de derechos humanos”, cuyos casos serán analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, como relató el portal Verdad Abierta “que (cada uno de los casos) los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una condena, pues muchos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia”.

Entre las empresas relacionadas en el trino del senador se encuentra la multinacional Drummond salpicada por el caso del excontratista Jaime Blanco Maya a quien la Fiscalía profirió resolución de acusación en el 2012 por la desaparición del sindicalista Hugo Manuel Guerra Cabrera.

La empresa antioqueña Argos, que según Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, no pudo demostrar, que la adquisición proveniente de terceros del predio con matrícula inmobiliaria No. 062-22049 en este departamento, se hizo bajo el principio de “buena fe”. Por lo que esta instancia ordenó la devolución del predio al señor Uriel Uribe Lambraño Carmona quien luego de la masacre del Salado se desplazó con su familia.

Entre los hechos que implican a la empresa Indupalma se encuentra la desaparición del Luis Arnulfo Restrepo Sora que se desempañaba como vigilante de esta empresa en el departamento del Cesar.

El trino del senador Mejía, como muchos otros de opositores al proceso de paz, generó un fuerte debate en las redes sociales, pero sobre todo, como ya lo ha venido señalando Colombiacheck, sirvió para desinformar y confundir a los colombianos por ser engañoso.

*Felipe Chica es un periodista pereirano que tomó el taller sobre la metodología de Colombiacheck la semana pasada en Medellín, convirtiéndose en el primer corresponsal de este medio digital.

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Lunes, 23 Octubre 2017

“Estoy amnistiado”: Jesús Santrich, exguerrillero de las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Jesús Santrich, quien hizo parte del Estado Mayor Central de la exguerrilla de las Farc, sostiene que está amnistiado, un hecho engañoso porque solo lo fue por el delito de rebelión y no por otros graves delitos.

Un incidente ocurrido en la Cámara de Representantes que tuvo como protagonistas al representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático, y a Seusis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, un líder de la exguerilla de las Farc, llevó a que Santrich asegurara a través de su cuenta de Twitter que está amnistiado.

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación como engañosa, pues Santrich no mencionó que la amnistía que le concedieron es solo por el delito de rebelión y que deberá esperar si la Jurisdicción Especial de Paz lo llama a responder por delitos graves que haya ordenado el Estado Mayor Central de las Farc, máximo órgano decisorio de esa organización, del que hizo parte.

 

 

 

 

Santrich aseguró que la amnistía de la que habló es la prevista por la Ley 1820 y mencionó otras amnistías judiciales de la cuales no dio mayores detalles cuando se le consultó para este chequeo.

“Me referí a que tengo amnistía de Iure derivada de los acuerdos y que es a la que se refiere el señor Rivera de la Oacp (es decir, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz). Después de haber hecho una pesquisa en juzgados y Fiscalía los delitos que me pudieron haber imputado están desvirtuados y por ello me libraron amnistiados judiciales. Tengo un caso que es de ejecución indirecta, respecto al que no conozco circunstancias de tiempo, modo ni lugar y que sencillamente me lo asignan por ser parte de la dirección de las Farc. Pero sobre tal caso que no hay línea de mando probada no se puede prejuzgar. Pues para definir si hay o no responsabilidad es que está la JEP, a la cual tengo el compromiso de acudir. Así es, cualquier acusación entonces es temeraria”, le aseguró Santrich a Colombiacheck.

Luego de la publicación inicial de esta nota, el exguerrillero le envió a Colombiacheck una parte del auto inhibitorio del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pasto proferido en septiembre de 2016 en el que se le concedió amnistía de iure por el delito de rebelión y no por “los delitos de desplazamiento forzado de población civil, utilización de medios métodos de guerra ilícito, atentados a la subsistencia, homicidio agravado en tentativa”, como aclara el fallo.

La Ley 1820 de la que habló Santrich regula la aplicación de la amnistía de iure. De acuerdo con Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, esa amnistía beneficia a quienes cometieron el delito de rebelión y conexos, especificados en el artículo 15 de la mencionada ley:

“Amnistía de iure. Se concede amnistía por los delitos políticos de "rebelión", "sedición", "asonada", "conspiración" y "seducción", usurpación y retención ilegal de mando y los delitos que son conexos con estos de conformidad con ley, a quienes hayan incurrido en ellos”.

La decisión judicial es clara en que Santrich deberá comparecer ante la JEP para responder por los delitos distintos a la rebelión.

María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, indicó que en sentido estricto Santrich sí está amnistiado, pero no por los delitos graves que pudo haber cometido y recalcó que deberá ser llamado ante la JEP por lo que no está amnistiado del todo.

“El ministro de Justicia y diferentes expertos han manifestado que esta amnistía de iure no es excluyente a que una vez la JEP entre en funcionamiento él pueda ser llamado como serán llamados todos los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc a rendir cuentas sobre delitos que no son amnistiables, es decir, crímenes de guerra, de lesa humanidad y crímenes internacionales”, explicó el investigador de Pares.


 

Aclaración

Colombiacheck aclara que este chequeo se publicó inicialmente con la calificación de falso, pero que pocas horas después Santrich envió parte del fallo judicial en el que consta que le concedieron la amnistía, por lo que, fiel a nuestra política de aclaraciones, le cambiamos la calificación.