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Lunes, 05 Septiembre 2016

Un tuit engañoso de congresista del Centro Democrático puso en vilo a 57 empresas

Por Felipe Chica

No es cierto que 57 empresas mencionadas en un estudio académico tengan que responder ante “un tribunal creado por el grupo guerrillero (Farc)” como lo publicó en su cuenta de Twitter Carlos Felipe Mejía, senador caldense del Centro Democrático.

Para comprender que tan cierta y genuina es la preocupación del senador Carlos Felipe Mejía sobre las 57 empresas mencionadas en su trino del pasado lunes 29 de agosto, Colombiacheck buscó al congresista del Centro Democrático para conocer la fuente de su información pero no obtuvo respuesta.

 

 

Sin embargo, una columna de Yohir Akerman, publicada en El Espectador el sábado 3 de septiembre y titulada: “Desinformación”, explica cuál es la fuente del listado de empresas y traza la ruta que usaron los opositores a la paz para convertir un trabajo académico en ‘munición’ contra el Acuerdo Final.

Dice Akerman que “el 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc” y agrega más adelante que “el listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado”.

Akerman termina aclarando que el listado “fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional”.

Además, el columnista revela que el autor del estudio “fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal”.

Trino sin evidencia

Con la fuente de la información aclarada, Colombiacheck revisó los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, así como los antecedentes de algunas empresas mencionadas en su trino.

Lo primero que debemos decir es que en la página 134 del Acuerdo Final viene el apartado que desarrolla la JEP, allí en el artículo 32 del capítulo II, dice: “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.

Así que es cierto o al menos probable que algunos casos de financiación de grupos paramilitares puedan terminar llegando a esta jurisdicción especial. Lo que no es verdad es que existan casos judiciales o investigaciones en proceso ante la JEP para las 57 empresas que hizo públicas el senador Mejía en su trino.

Dicho listado es un anexo al estudio académico que circuló el 18 de julio pasado a través de un artículo publicado en el portal Razón Pública con el objetivo de “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Por eso no se puede afirmar que quienes aparecen allí nombrados terminarán compareciendo ante la JEP, tal como lo aclaró a los medios el viernes pasado mismo Nestor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que (las 57 empresas) deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, sentenció Martínez.

En este sentido Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia transicional, había dado una explicación bastante clara cuando dijo que tanto empresarios como actores directos de crímenes de lesa humanidad tendrán un tratamiento punitivo en relación a la dosis de verdad que entreguen al país; en sus palabras “a más verdad menos pena”.

Por su parte, Humberto de Calle, negociador plenipotenciario por el gobierno en La Habana, afirmó que no aplicará para aquellos que “participaron de forma coaccionada –obligados bajo amenaza– sino aquellos que jugaron un papel sistemático en la colaboración con violaciones de derechos humanos”, cuyos casos serán analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, como relató el portal Verdad Abierta “que (cada uno de los casos) los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una condena, pues muchos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia”.

Entre las empresas relacionadas en el trino del senador se encuentra la multinacional Drummond salpicada por el caso del excontratista Jaime Blanco Maya a quien la Fiscalía profirió resolución de acusación en el 2012 por la desaparición del sindicalista Hugo Manuel Guerra Cabrera.

La empresa antioqueña Argos, que según Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, no pudo demostrar, que la adquisición proveniente de terceros del predio con matrícula inmobiliaria No. 062-22049 en este departamento, se hizo bajo el principio de “buena fe”. Por lo que esta instancia ordenó la devolución del predio al señor Uriel Uribe Lambraño Carmona quien luego de la masacre del Salado se desplazó con su familia.

Entre los hechos que implican a la empresa Indupalma se encuentra la desaparición del Luis Arnulfo Restrepo Sora que se desempañaba como vigilante de esta empresa en el departamento del Cesar.

El trino del senador Mejía, como muchos otros de opositores al proceso de paz, generó un fuerte debate en las redes sociales, pero sobre todo, como ya lo ha venido señalando Colombiacheck, sirvió para desinformar y confundir a los colombianos por ser engañoso.

*Felipe Chica es un periodista pereirano que tomó el taller sobre la metodología de Colombiacheck la semana pasada en Medellín, convirtiéndose en el primer corresponsal de este medio digital.

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Sábado, 18 Noviembre 2017

¿Extranjeros del Comité de Escogencia cercanos a grupos terroristas?

Por David Tarazona

El pasado 8 de noviembre el general en retiro Jaime Ruiz Barrera, presidente de Acore, hizo unas declaraciones en la W Radio que cuestionaron la idoneidad de tres de los cinco miembros del Comité de Escogencia, encargados de seleccionar a los integrantes de la Comisión de la Verdad. Colombiacheck las verificó.

“El comité seleccionador estaba conformado por tres extranjeros. Un español muy cercano a la ETA. Un peruano muy cercano a Sendero Luminoso. Un argentino muy cercano a los Montoneros”. Esta fue la frase dicha por el general (r) Jaime Ruiz Barrera, en la W Radio cuando lo entrevistaron sobre las molestias de los miembros de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (Acore), por la falta de representación de las Fuerzas Armadas en la Comisión de la Verdad, a pesar de la presencia de Carlos Ospina Galvis, un ex oficial del Ejército, por 21 años. En dichas declaraciones, Ruiz Barrera se refería al español Álvaro Gil-Robles, al peruano Diego García-Sayán y al argentino Juan E. Méndez.

Tras un trabajo de contrastación, que incluyó una entrevista al general (r) Ruiz Barrera, la revisión de documentos y las hojas de vida de los extranjeros del Comité de Escogencia, Colombiacheck calificó esas afirmaciones como Engañosas.

¿Por qué? Vamos a demostrarlo caso por caso.

Juan E. Méndez
Juan E. Méndez. Crédito: Comité de Escogencia

Juan E. Méndez

Según dijo el general (r) Ruiz Barrera a Colombiacheck, el jurista argentino Méndez “fue encarcelado por su relación con los Montoneros en un gobierno militar. Durante el tiempo que fue encarcelado fue objeto de muchos vejámenes, torturas”. Para Ruiz Barrera, desde entonces Méndez odia a los militares. Los Montoneros fue un grupo guerrillero argentino que existió en la década de los setenta con una orientación de izquierda peronista.

De acuerdo con nuestra consulta, Méndez es un jurista argentino especialista en derechos humanos. Es el designado para el Comité de Escogencia del Centro Internacional de Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), del cual fue presidente entre 2004 y 2009. Fue presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También ocupó cargos como el de relator especial para las Naciones Unidas, sobre la tortura y el de asesor especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas, sobre la prevención del genocidio.

Juan Méndez respondió sobre su supuesta animadversión hacia los militares diciendo que es “totalmente falso”, en entrevista con el periódico El Tiempo, el pasado viernes 10 de noviembre.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera que diera las pruebas de los supuestos vínculos de Méndez con la extinta guerrilla argentina, éste dijo: “pregúntele por qué estuvo preso, no fue por otra cosa distinta que su relación con los Montoneros”. De acuerdo con los datos recabados de su biografía como profesor en la Universidad Americana, Méndez fue a la cárcel en la dictadura argentina por defender presos políticos, no por ser miembro de los Montoneros. Por esto, Colombiacheck calificó la afirmación “Méndez es cercano a los Montoneros”, del general (r) Ruiz Barrera, como Engañosa, ya que no existen pruebas que lo vinculen a este grupo.

Diego García-Sayán
Diego García-Sayán. Crédito: Comité de Escogencia

Diego García-Sayán

Sobre el abogado peruano, el general (r) Ruiz Barrera dijo en la W Radio que “no debieron postular a un señor de Sendero Luminoso”, en referencia a sus supuestos vínculos con la guerrilla peruana. También dijo que García-Sayán: “fue ministro de Justicia y en su condición promovió una serie de resoluciones absolutorias a miembros de Sendero Luminoso”.

Colombiacheck consultó la hoja de vida y supo que García-Sayán fue designado por el secretario general de Naciones Unidas para el Comité de Escogencia.

García-Sayán fue relator especial de las Naciones Unidas, sobre la independencia de magistrados y abogados. También, juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tiene experiencia en procesos de paz como el de El Salvador, en el que fue director de la División de Derechos Humanos en la Misión de Observación de Naciones Unidas. Durante ocho meses, entre 2000 y 2001, fue Ministro de Justicia de Perú, cargo que dejó para ser Ministro de Relaciones Exteriores, desde julio de 2001 y hasta julio de 2002.

Cuando le preguntamos al general (r) Ruiz Barrera de dónde sacó la información contra el abogado peruano, dijo que las pruebas están en un artículo llamado “Las perlitas de Diego García-Sayán” publicado en el periódico de Acore, el 3 de febrero de 2017. La principal acusación de esta pieza periodística dice que García-Sayán indultó de 31 a 36 “sentenciados por terrorismo”, durante su periodo como Ministro de Justicia.

Colombiacheck encontró que el párrafo incluido en el periódico es idéntico a uno de un blog con el nombre de voltairenet.org, llamado “El Poder Judicial y las ONG neomarxistas en el Perú”, publicado por Jorge Serrano Torres, el 1 de noviembre de 2006.

Cuando le insistimos al general (r) Ruiz Barrera por las pruebas, éste dijo que si las acusaciones no fueran ciertas ya lo hubieran demandado. “Si lo que aparece ahí (en el periódico de Acore) no es cierto, me rectifico”, agregó.

Aunque el presidente de Perú Pedro Pablo Kuscinsky acusó al jurista peruano, en 2012, de estar “muy a favor de liberar gente que había sido condenada por terrorismo”, no existen sentencias ni documentos oficiales que cuestionen las actuaciones de García-Sayán. En entrevista con el diario La República de Perú, en noviembre de 2007, García-Sayán respondió a esas denuncias: “la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales[...] acreditó que actué en sujeción a las disposiciones legales y administrativas vigentes”. Aunque sí hubo indultos a inocentes y conmutación de penas, García-Sayán dijo que se dieron “a cambio de información”.

Contrario a lo que dice el general (r) Ruiz Barrera, el peruano García-Sayán ha sido crítico frente a las violaciones de derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, incluso se ha referido al grupo con el término de “terrorista”. También su compañero en el Comité, el jurista argentino Juan E. Méndez, desmintió las acusaciones en entrevista con El Tiempo: “Del doctor García-Sayán, Acore dijo que había liberado senderistas (integrantes de Sendero Luminoso), y eso es falso”.

Tras contrastar lo dicho por el general (r) Ruiz Barrera sobre el peruano García-Sayán, Colombiacheck también calificó de Engañoso sostener que García-Sayán es cercano a Sendero Luminoso.

Álvaro Gil-Robles
Álvaro Gil-Robles. Crédito: Comité de Escogencia

Álvaro Gil-Robles

Sobre la participación del español Gil-Robles en el Comité de Escogencia, el general (r) Ruiz Barrera puntualizó en la W Radio: “No debieron escoger a alguien con relación con la ETA”. En referencia a lo anterior, Ruiz Barrera le dijo a Colombiacheck que Gil-Robles “trató de crear unos tribunales especiales para juzgar a la Guardia Nacional en acciones que se dieron contra miembros de la ETA. Quería sacarlos de la jurisdicción ordinaria y procesarlos en una especial [pero] el Estado español no lo permitió”.

Como la acusación sobre Gil-Robles ha circulado desde febrero de 2017 en páginas web, éste respondió el 5 de julio del 2017, en una entrevista para El Espectador: “A mí me hubiera gustado que ETA supiera eso antes [que supuestamente era miembro], porque me han hecho vivir con escolta muchísimos años para que no me mataran”.

De hecho, en su trabajo en la Comisión para el Reconocimiento de las Víctimas de Violencia Policial en el País Vasco, Gil-Robles encontró que ETA era uno de los principales responsables de violaciones a los derechos humanos. En 2005, como comisario de los Derechos Humanos, reiteró su posición: la “acción de ETA constituye una interferencia directa en el disfrute de los más fundamentales Derechos Humanos”.

Entre 1988 y 1993 Gil-Robles se desempeñó como defensor del pueblo en España. Es un especialista en derechos humanos y cuenta con un doctorado de la Universidad Complutense de Madrid, donde además ha sido profesor. Fue elegido en 1999 como comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa. La designación del abogado español para que hiciera parte del Comité de Escogencia en Colombia fue hecha por el presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos.

El jurista argentino Juan E. Méndez también defiende al abogado español. “Del doctor Gil-Robles (Acore) dijo que había liberado gente de la ETA, también (es) falso”, dijo a El Tiempo.

Cuando Colombiacheck le insistió al general (r) Ruiz Barrera sobre los fundamentos de sus frases, dijo: “dejemos así entonces”.

En definitiva, Colombiacheck tampoco encontró pruebas que demuestren una relación de Gil-Robles con ETA, por lo que calificó dicha declaración del general (r) Ruiz Barrera como Engañosa.

Vale recordar que tanto ETA, como Sendero Luminoso –más allá de ciertos sectores disidentes– y los Montoneros son grupos extintos sin acciones de guerra en la actualidad.

¿De dónde sale el Comité de Escogencia?

El acuerdo de paz del Teatro Colón creó el Comité de Escogencia, encargado de seleccionar a los magistrados de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y los miembros de la Comisión de la Verdad. Según el acuerdo de paz y el decreto 587 de abril 5 del 2017, los miembros del Comité de Escogencia son independientes, escogidos por Naciones Unidas, la Corte Suprema, entre otros. Precisamente, uno de los criterios fue que los elegidos debían generar confianza.

La Comisión de la Verdad –un ente sin poder judicial que busca rescatar la memoria del conflicto– junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son los tres ejes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), creados en el Acuerdo de paz.

Las críticas a la elección de los once miembros de la Comisión de la Verdad no se hicieron esperar, tanto así que Acore anunció a Colombiacheck la creación de su propia comisión de la verdad para escribir la memoria de la guerra sin “rendir cuentas ante el enemigo”, que sería conformada por los nueve miembros postulados por esta asociación ante el Comité de Escogencia, que no fueron seleccionados. Su meta será controvertir los informes de la Comisión de la Verdad y, según el general (r) Ruiz Barrera, será financiada con recursos propios.

En un clima de acusaciones, tanto a los miembros de la Comisión como al Comité de Escogencia, Colombiacheck le preguntó al general (r) Ruiz Barrera si había contemplado la idea de que sus declaraciones llegaran a poner en riesgo la integridad de los miembros del Comité de Escogencia. “No, están más que protegidos. Los protege la misma extrema izquierda de este país”, respondió.

Para Colombiacheck este ejercicio de verificación también indicó que la experticia en derechos humanos, por parte de los extranjeros del Comité de Escogencia, no se convierte per se en una prueba de cercanía a grupos armados o terroristas como lo fueron Sendero Luminoso, los Montoneros y ETA. No hay que perder de vista que, de acuerdo con la presunción de inocencia en la legislación colombiana, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.