Para comprender que tan cierta y genuina es la preocupación del senador Carlos Felipe Mejía sobre las 57 empresas mencionadas en su trino del pasado lunes 29 de agosto, Colombiacheck buscó al congresista del Centro Democrático para conocer la fuente de su información pero no obtuvo respuesta.

Por lo visto vienen por todo, listado de empresas que tendrían que responder ante el Tribunal creado por Farc. pic.twitter.com/M0aZZ5NTGL

— Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) 29 de agosto de 2016

Sin embargo, una columna de Yohir Akerman, publicada en El Espectador el sábado 3 de septiembre y titulada: “Desinformación”, explica cuál es la fuente del listado de empresas y traza la ruta que usaron los opositores a la paz para convertir un trabajo académico en ‘munición’ contra el Acuerdo Final.

Dice Akerman que “el 29 de agosto el país se despertó con la noticia de que existían 57 compañías que iban a ser juzgadas por los tribunales de la nueva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se creó como consecuencia de la negociación de paz con las Farc” y agrega más adelante que “el listado incluye empresas de la talla de Ecopetrol, Postobón, Leonisa y Coltejer entre otras que, presuntamente, estarían involucradas en colaboración con grupos ilegales durante el conflicto armado”.

Akerman termina aclarando que el listado “fue elaborado por un grupo de investigación llamado ‘Estado, Conflictos y Paz’, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, bajo la dirección del profesor Andrés Dávila. Es un documento académico, no institucional”.

Además, el columnista revela que el autor del estudio “fue funcionario de la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez como director de Justicia y Seguridad del Departamento Nacional de Planeación y también fue director del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal”.

Trino sin evidencia

Con la fuente de la información aclarada, Colombiacheck revisó los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, creada en el marco del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, así como los antecedentes de algunas empresas mencionadas en su trino.

Lo primero que debemos decir es que en la página 134 del Acuerdo Final viene el apartado que desarrolla la JEP, allí en el artículo 32 del capítulo II, dice: “También serán de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultado de coacciones”.

Así que es cierto o al menos probable que algunos casos de financiación de grupos paramilitares puedan terminar llegando a esta jurisdicción especial. Lo que no es verdad es que existan casos judiciales o investigaciones en proceso ante la JEP para las 57 empresas que hizo públicas el senador Mejía en su trino.

Dicho listado es un anexo al estudio académico que circuló el 18 de julio pasado a través de un artículo publicado en el portal Razón Pública con el objetivo de “socializar a la opinión pública la base de datos que elaboró sobre las empresas colombianas y extranjeras que han sido mencionadas en las sentencias de Justicia y Paz como presuntas colaboradoras de los grupos paramilitares. Esto no significa que dichas empresas sean realmente cómplices de los delitos perpetrados por las Autodefensas y tampoco que se les haya probado culpabilidad por apoyar o incitar su accionar delictivo”.

Por eso no se puede afirmar que quienes aparecen allí nombrados terminarán compareciendo ante la JEP, tal como lo aclaró a los medios el viernes pasado mismo Nestor Humberto Martínez, fiscal general de Colombia.

“Frente a las distintas versiones que manifiestan que (las 57 empresas) deben comparecer obligatoriamente ante la jurisdicción especial para la paz hay que decir que el acuerdo reconoce que los terceros que colaboraron en el financiamiento pero fueron objeto de la coacción no son objeto del tribunal especial”, sentenció Martínez.

En este sentido Juan Carlos Henao, expresidente de la Corte Constitucional y uno de los arquitectos del modelo de justicia transicional, había dado una explicación bastante clara cuando dijo que tanto empresarios como actores directos de crímenes de lesa humanidad tendrán un tratamiento punitivo en relación a la dosis de verdad que entreguen al país; en sus palabras “a más verdad menos pena”.

Por su parte, Humberto de Calle, negociador plenipotenciario por el gobierno en La Habana, afirmó que no aplicará para aquellos que “participaron de forma coaccionada –obligados bajo amenaza– sino aquellos que jugaron un papel sistemático en la colaboración con violaciones de derechos humanos”, cuyos casos serán analizados por la Jurisdicción Especial para la Paz.

Sin embargo, como relató el portal Verdad Abierta “que (cada uno de los casos) los analice la Jurisdicción Especial de Paz no significa necesariamente que habrá una condena, pues muchos podrán ser depurados en la Sala de Revisión y no llegarían hasta el Tribunal, que es la última instancia”.

Entre las empresas relacionadas en el trino del senador se encuentra la multinacional Drummond salpicada por el caso del excontratista Jaime Blanco Maya a quien la Fiscalía profirió resolución de acusación en el 2012 por la desaparición del sindicalista Hugo Manuel Guerra Cabrera.

La empresa antioqueña Argos, que según Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta-Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, no pudo demostrar, que la adquisición proveniente de terceros del predio con matrícula inmobiliaria No. 062-22049 en este departamento, se hizo bajo el principio de “buena fe”. Por lo que esta instancia ordenó la devolución del predio al señor Uriel Uribe Lambraño Carmona quien luego de la masacre del Salado se desplazó con su familia.

Entre los hechos que implican a la empresa Indupalma se encuentra la desaparición del Luis Arnulfo Restrepo Sora que se desempañaba como vigilante de esta empresa en el departamento del Cesar.

El trino del senador Mejía, como muchos otros de opositores al proceso de paz, generó un fuerte debate en las redes sociales, pero sobre todo, como ya lo ha venido señalando Colombiacheck, sirvió para desinformar y confundir a los colombianos por ser engañoso.

*Felipe Chica es un periodista pereirano que tomó el taller sobre la metodología de Colombiacheck la semana pasada en Medellín, convirtiéndose en el primer corresponsal de este medio digital.