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Chequeo Múltiple

Jueves, 13 Febrero 2020

Uno de tres: Wilson Arias acierta en cifra de pensiones, pero le falta precisión en educación y salud

Por Luisa Fernanda Gómez, Sania Salazar y José Felipe Sarmiento

Chequeamos un trino viral del Senador del Polo Democrático y encontramos un dato verdadero y dos cuestionables.

Dos millones de veces fue compartido un trino del senador del Polo Democrático Wilson Arias Castillo en el que afirmó que “la vida en Colombia ya es una lotería”.

Según Arias Castillo, de 100 jóvenes solo 52 entrarán a la educación superior; de 100 adultos mayores solo 23 se pensionarán, y 180.000 colombianos morirán hospitalizados en el año por mala atención.

Decidimos ponerle la lupa a las cifras que entregó el senador, ya que un usuario en redes sociales nos pidió que lo verificaramos. 

Preguntamos vía Twitter al senador por sus fuentes y nos respondió en otro trino:

Pero lo que encontramos es que de tres afirmaciones solo una salió verdadera. Las otras dos, son cuestionables. Aquí nuestra verificación.

 

De 100 jóvenes, solo 52 entrarán a la educación superior; 16 se graduarán. 

Cuestionable

Arias Castillo le envió a Colombiacheck, a través de Twitter, un link de una nota del periódico El Tiempo titulada “Estudiantes colombianos que ingresan a la educación superior” que dice que, según cifras del Ministerio de Educación, a agosto de 2015, “de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior en año inmediatamente siguiente a la culminación de la media”. Pero la nota no aclara si las cifras son nacionales o corresponden a la situación de Bogotá.

La nota también afirma que, según el Ministerio de Educación, la deserción en la educación superior fue de 10,1 por ciento en 2014 y de 9,25 por ciento en 2015.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable porque, si bien las cifras más recientes del Ministerio de Educación al respecto muestran que la cobertura general de educación superior es del 52 por ciento, como lo dice el trino, no se gradúan 16, sino uno de cada dos estudiantes universitarios (unos 26 en el caso ejemplificado por el senador).

Lo primero que hay que aclarar es que el trino es del 31 de enero de 2020 y las cifras que toma como fuente son de 2015. Además, el senador no transcribió el dato exacto de la nota que utilizó de fuente, pues en su trino dice que de 100 jóvenes solo 52 entrarán a la educación superior, cuando la nota dice que son 48.

El Ministerio de educación le informó a Colombiacheck que a 2018 la cobertura de educación superior es del 52 por ciento, es decir, un poco más de la mitad de la población que se gradúa de bachillerato, pero aclararon que solo el 38,7 por ciento comienza inmediatamente después la universidad. Indicaron también que de cada dos estudiantes que entran a la educación superior uno se gradúa.

Óscar Correa Marín es profesor de la Facultad de ingeniería industrial de la Universidad Nacional sede Manizales y ha analizado la calidad de la educación para la formulación del plan de desarrollo de la institución. Para el profesor, la deserción en la educación superior se debe a varios factores, el primero de ellos el económico. “Así los estudiantes estén en universidades públicas, el sostenimiento cuando no son nativos de la ciudad donde está la universidad se vuelve inviable para los padres. A pesar de que la universidades públicas ofrecen algunas garantías, eso no es suficiente, hay un problema de deserción grande que obedece a factores económicos”.

Correa Marín indicó que otro elemento es la debilidad formativa del bachillerato. Según el profesor, la principal deserción se da durante los dos primeros años de la educación superior “y es porque lamentablemente hay una enorme deficiencia en la educación del bachillerato”, sentenció.

Indicó además que hay un desestímulo hacia el estudio de las ingenierías y las carreras fuertes en ciencias básicas como las biologías, lo que atribuye a la deficiencia de la formación en esas ciencias durante el bachillerato, razón por la cual los estudiantes las ven poco atractivas.

La tercera razón de la deserción, según el profesor, es la falta de equidad, porque en el país la educación superior está centrada en las ciudades y las regiones más avanzadas, pero la educación rural está rezagada.

 

De 100 adultos mayores, solo 23 se pensionarán.

Verdadera

En la respuesta que dio vía Twitter el senador, señaló que la fuente de información para afirmar que “de 100 adultos mayores, solo 23 se pensionarán” proviene de un Informe del Ministerio de Hacienda y la Unidad de Gestión Pensional. No especificó a qué informe se refería exactamente.

Lo cierto es que tiene razón. Pues de acuerdo con la publicación Borradores de Economía en su edición 1078, publicado por el Banco de la República el 27 de junio de 2019 y actualizado el 11 de julio del mismo año:

La cobertura de pensionados es de apenas 23 por ciento y ésta se ha mantenido constante desde 2005 con una población de pensionados menor a 1,5 millones de personas. Esta tasa de cobertura contrasta con la de países como Chile donde es de 87,1 por ciento.

Vale la pena precisar que esa tasa corresponde al total de los dos regímenes: Régimen de Prima Media-RPM y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad-RAIS.

En el RAIS (administrada por los fondos privados) el 25 por ciento de los afiliados logrará pensionarse; mientras en el RPM (administrado por Colpensiones) la tasa es del 10 por ciento, de acuerdo con un informe publicado por la Universidad de los Andes. Haciendo el cálculo con los afiliados a los dos regímenes es que sale la cifra del 23 por ciento dada por el senador (porque la mayoría de afiliados está en el RAIS).

Por otro lado, también hay que tener en cuenta que el senador dijo que de 100 adultos mayores solo 23 se pensionarán sin especificar si estos eran adultos mayores afiliados o no. Pero en términos reales la diferencia es mínima, porque afiliado es todo aquel que en algún momento de la vida se haya inscrito a un fondo pensional. Si no está empleado o no cotiza, igual es un afiliado no cotizante. 

Hoy son cerca de 23 millones de afiliados y esa es casi toda la PEA (Población Económicamente Activa).

 

180.000 colombianos morirán hospitalizados en el año por mala atención.

Cuestionable

La frase es cuestionable. La cifra publicada por algunos medios en 2016 está basada en un estudio de la Universidad de la Sabana que no aparece y que, según explicó esa misma institución en ese entonces, usó datos recolectados 10 años antes. Desde ese momento hasta ahora, las políticas de seguridad para los pacientes han cambiado y ese número no refleja los efectos que esto haya podido tener, aunque tampoco hay un dato más reciente.

Arias respondió en Twitter que sacó la cifra de una nota de El Espectador publicada en 2016. De hecho, salió en varios medios de comunicación que la tomaron de la agencia Colprensa. Esta citó un estudio elaborado por el departamento de Enfermería de la Universidad de la Sabana. Blu Radio incluso entrevistó a quien era la directora de ese programa académico, Beatriz Pérez Giraldo.

La docente explicó en la emisora que ese es el promedio anual de muertes en Colombia por “eventos adversos”. Estos son definidos por el Ministerio de Salud como los que resultan, sin ser deseados, de una atención de salud que produjo daño al paciente. La docente señaló en la entrevista que esto incluye, por ejemplo, caídas o errores de medicación o en procedimientos y aclaró que el cálculo se basa en estudios realizados entre 2006 y 2008.

El país ya había hecho algunos avances en regulación desde 2002 y la Universidad Nacional hizo un estudio al respecto en 2006 con tres hospitales en Colombia. Pero esto era insuficiente y el Gobierno se tuvo que basar en datos de Norteamérica y Europa para la expedición de la política pública de seguridad de los pacientes en 2007, como lo reconoce la guía de promoción elaborada por la entonces cartera de Protección Social.

El estudio Ibeas, que se realizó en hospitales de cinco países de América Latina, fue publicado en 2010 con datos recogidos en 2007 y 2008. Con base en ese documento, el Informe Nacional de Calidad de Atención en Salud de 2015, elaborado por el ministerio, afirma que Colombia tiene una incidencia de eventos adversos de un punto porcentual menos que la región, con 10,5 frente al 11,6 por ciento.

No todos causan directamente la muerte del paciente. Según el mismo estudio, esto se presentó en 1,8 por ciento de los casos. Esta es “información con la que se ha de ser cauteloso”, aclara, porque la evaluación de la mortalidad no fue hecha a profundidad, pues no era el objetivo principal de la investigación. El artículo de la Nacional en 2006 dio 6,4 por ciento en la misma variable (20 casos entre 310 pacientes con eventos).

En todo caso, los datos le sirvieron al MinSalud para actualizar sus políticas. En 2014, expidió el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, que les exige estándares mínimos obligatorios con el objetivo de reducir esos y otros riesgos en el sistema.

Entonces, a pesar de ser más reciente, el artículo de La Sabana no refleja el impacto que hayan podido tener estas medidas en los últimos años porque parte de datos recolectados mucho antes. Y tampoco parece haber tenido mucha trascendencia académica.

Colombiacheck no pudo encontrar la cifra en cuestión en ningún resultado de Google Académico, bases de datos especializadas ni en el repositorio digital de la misma universidad. En el portal de la institución solo están la mención y una imagen de lo que publicó El Espectador.

A esto se suma que ni siquiera aparece citado en trabajos más recientes. Por ejemplo, otro que publicó la Nacional el año pasado todavía toma como referencia el Ibeas y no tiene ninguna referencia a La Sabana. Este incluso calcula una mortalidad de 4,16 por ciento (1 caso, que califica como “no prevenible”, entre 24 eventos adversos) para el hospital donde se realizó la investigación.

No pudimos encontrar ninguna otra fuente oficial o académica que hubiera publicado valores absolutos nacionales de muertes de pacientes al año por esta causa. Pérez tampoco contestó nuestras llamadas a la universidad ni por un mensaje a su correo electrónico, en el que le pedimos una copia de la investigación y detalles de sus fuentes y cálculos.

Dado que la cifra que da Arias parte de la publicación de La Sabana reportada en medios, que está desactualizada y ha sido imposible de corroborar, la calificamos como cuestionable.

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Jueves, 10 Octubre 2019

Concejal en campaña exagera su aporte a la educación superior en Bogotá

Por José Felipe Sarmiento

La página de Nelson Cubides le atribuye a sus iniciativas la creación de un programa de becas, pero lo que hicieron fue modificar un fondo de créditos condonables que existe desde 1999.

La biografía del concejal conservador Nelson Cubides, que busca la reelección en el cabildo de Bogotá, dice en su página de internet que “gracias a sus iniciativas se creó un programa de becas (FEST) que brinda oportunidades de educación superior a jóvenes bogotanos en carreras técnicas o profesionales en cualquier universidad”.

Captura de pantalla de la biografía de Cubides en su página oficial

El cabildante le dijo a Colombiacheck que este Fondo de Educación Superior para Todos “es un modelo de financiamiento para darle crecimiento y sostenibilidad al programa de becas en educación superior”. Es decir que ya había un programa. Lo que hizo su iniciativa fue modificarlo en varios aspectos, incluyendo el nombre.

Entonces, la afirmación en su perfil es cuestionable porque el acuerdo 670 de 2017, del que él fue autor con sus compañeros de partido Gloria Elsy Díaz y Roger Carrillo, no creó un programa de cero sino que le hizo cambios al Fondo Cuenta para la Financiación de la Educación Superior, que ya existía desde hacía 18 años. La misma norma dice en su título que “se modifican los acuerdos 37 de 1999273 de 2007 y se dictan otras disposiciones”.

El primero contemplaba la versión original, que consistía en créditos blandos (no becas) para los mejores bachilleres de estratos 1 y 2 con un presupuesto anual que debía ser por lo menos de 7.000 salarios mínimos legales vigentes (SMLV). Los beneficiarios debían empezar a pagar tres años después de terminar la carrera, que tenía que ser profesional.

El acuerdo de 2007 les hizo algunas reformas: introdujo la financiación de estudios técnicos y tecnológicos, estableció la posibilidad de exoneración hasta del 70 por ciento del pago después de la graduación, por alto rendimiento académico y a cambio de un servicio social de un año; también amplió el público objetivo del fondo para incluir al estrato 3 y aumentó sus recursos mínimos a 10.000 SMLV al año.

Todo esto pasó antes de la llegada de Cubides al Concejo de Bogotá en 2016. Lo que logró su iniciativa fue, entre otras cosas, elevar una vez más el presupuesto básico del programa a 21.000 SMLV y abrirlo para todos los bachilleres del Distrito (incluso en colegios privados), aunque manteniendo la prioridad para los de estratos bajos; además de contemplar la financiación de carreras virtuales y la condonación hasta del total de la deuda solo por graduarse y hacer un servicio social o una práctica laboral con algunas condiciones.

También amplió las fuentes de recursos, permitiendo aportes voluntarios por medio del impuesto de industria y comercio (ICA) y otras donaciones particulares a cambio de una certificación para las empresas aportantes; estableció la posibilidad de que las instituciones de educación superior contribuyan con incentivos, descuentos o cofinanciación; fijó montos máximos de cubrimiento por parte del Distrito para matrícula y sostenimiento, decisión que antes estaba en manos de la Secretaría de Educación, y ordenó aplicar criterios diferenciales para jóvenes con discapacidad.

Finalmente, el acuerdo determinó la creación de un plan de pertinencia para guiar a los estudiantes hacia las carreras con mayor demanda laboral y la realización de un estudio sobre el impacto del programa. Ambos deben elaborarse cada cinco años.

En su respuesta a Colombiacheck, Cubides resaltó todos estos puntos, que se confirman al comparar la norma vigente con las que había antes. No obstante, su impacto en las cifras de la Secretaría es difícil de evaluar más allá de la multiplicación presupuestal.

Los recursos dieron un salto de 6.894 millones de pesos en 2016 a 17.482 al año siguiente, 18.268 millones en 2018 y 17.390 millones en la primera mitad de este año. La suma de la plata que ha recibido el fondo desde 2017 equivale a 42 por ciento de los 127.302 millones de pesos que ha tenido en toda su historia.

Mientras tanto, los estudiantes nuevos pasaron a 756 desde 2017 hasta junio de este año, frente a los 419 que hubo de 2014 a 2016. Esto es un 80,4 por ciento más de beneficiarios con más del doble de presupuesto. No obstante, el pico de 384 admisiones en 2018 superó apenas por 12,3 por ciento a las 342 que hubo en 2012, cuando al programa se le destinaron 5.667 millones de pesos.

Es decir que el impacto estaría más en el presupuesto disponible para financiar y atender a cada persona beneficiada que en el aumento de cobertura, aunque esta también ha crecido. Pero el economista experto en políticas públicas de educación Ángel Pérez Martínez señala que esto “no representa ni medio punto porcentual del total de la matrícula de la ciudad”, que gradúa más de 50.000 bachilleres al año.

Otra variación ha sido la mayor concentración en el estrato 2. En 2018 llegó a 61 por ciento de la población admitida y lleva un punto más en 2019, cuando antes era máximo la mitad. El estrato 1 también creció, pues hasta 2016 llegaba máximo a 11 por ciento y pasó a 17 y 22 por ciento en los años más recientes. En cambio el 3, que accedía a 50 por ciento de los créditos en 2015, bajó a 40 por ciento en 2017 y hoy está en apenas 16 por ciento.

Pese a esto, las cifras del Distrito muestran que este cambio en el perfil socioeconómico de los beneficiarios ya había empezado antes del acuerdo 670. La caída del estrato 3 empezó con ocho puntos porcentuales en 2016 frente al año anterior. Los estratos 1 y 2, por su parte, venían en aumento constante desde ese mismo momento aunque han tenido más altibajos desde 2012.

Además, la apertura de la nueva norma a estudiantes de estratos altos no se ha traducido en su entrada al programa. El profesor Pérez Martínez recuerda que “los estudiantes de los colegios oficiales son estratos 0, 1, 2 y 3 en más de 98 por ciento de los casos”, lo que podría explicar que se mantenga esa ausencia de quienes pertenecen a los 4, 5 y 6.

Entre tanto, las matrículas en programas virtuales son 2 por ciento y los que son a distancia tienen igual proporción. Esto equivale a 12 estudiantes en cada modalidad. Los presenciales siguen representando la gran mayoría, 96 por ciento. Por tanto, Pérez considera que estos datos “no sirven para ningún tipo de análisis” porque no permiten extrapolar conclusiones.

Finalmente, la introducción de las condonaciones totales en el programa podría considerarse como la creación de becas en el sentido de que los estudiantes al final no tendrían que pagar nada. A pesar de eso, la Secretaría  todavía no le ha otorgado este beneficio a nadie, porque los admitidos desde 2017 aún están estudiando y solo podrían acceder a él una vez se gradúen; mientras que las exenciones parciales creadas en 2007 han sido obtenidas por 297 de los 1.148 graduados del programa desde sus inicios, poco más de la cuarta parte (25,9 por ciento).

Esto quiere decir que, no obstante la cantidad de los cambios introducidos en el fondo por el acuerdo del que Cubides fue autor, el FEST no fue una creación completamente nueva y su impacto es discutible. Por tanto, la afirmación en su portal de internet es cuestionable.

RedCheq