El pasado 18 de agosto, el director general de la ONG Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla (VIDA), Fernando Vargas Quemba, fue entrevistado en el programa radial La Hora de la Verdad, que es dirigido por el exministro Fernando Lodoño Hoyos.  

En el diálogo de 14 minutos, el abogado cuestionó duramente el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad e hizo varias afirmaciones que en Colombiacheck decidimos verificar: 

1. “En el informe simplemente se dice que el caso de Santo Domingo y los 16 muertos fueron una acción de un bombardeo indiscriminado de la Fuerza Aérea, lo que es presuntamente falso” (sic), dicho en a los 6 minutos de la entrevista. 

2.  En el minuto 7:20, le atribuyó a la Comisión haber dicho que “el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC ni tampoco las FARC eran el brazo armado del partido” y lo criticó así: “Perdón, por Dios.  Cómo pueden decir esto cuando el mismo Gilberto Vieira acepta la dirección del brazo armado del Partido Comunista”. 

3. Finalmente, Vargas aseguró que “coinciden en más de 7 u 8 puntos de la Octava Conferencia de las Farc con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”.

“El informe dice que el de Santo Domingo fue un bombardeo indiscriminado, eso es presuntamente falso”

En primer lugar, al revisar los capítulos que componen el informe final ‘Hay futuro si hay verdad’ se encuentra una alusión a la masacre de Santo Domingo en el tomo de violaciones a derechos humanos, Hasta la guerra tiene límites, en el que se relata cómo sucedieron los hechos.

“El 12 de diciembre de 1998 el Ejército Nacional desplegó una operación militar para interceptar una aeronave que transportaba armas y dinero para las FARC-EP. Al momento del aterrizaje de la avioneta, en la vía que conduce de Santo Domingo a Pueblo Nuevo, se dio un enfrentamiento entre los guerrilleros que esperaban el vuelo y los militares que ejecutaron la operación”, se lee en la página 145. 

Luego de los combates, sigue relatando el informe, “la Fuerza Aérea, FAC, con seis aeronaves se unió a la persecución contra los guerrilleros. Y el 13 de diciembre un helicóptero de la FAC, a las 10 de la mañana lanzó una bomba sobre el centro poblado de Santo Domingo. El hecho causó la muerte de 16 civiles y 21 heridos”. 

Uno de los testimonios recolectados por la Comisión de Verdad narró, en un acto de  reconocimiento a las víctimas de los hechos, cómo la población intentó escapar del fuego pero los obligaron a volver por los disparos que venían de los helicópteros.

“...Yo me quedé con mi hermana. Intentamos salir varias veces del pueblo, pero nos devolvían con ráfagas de fuego. Regresamos y, en medio de la carretera, uno de los helicópteros que sobrevolaban detuvo su vuelo habitual y sentimos que nos tiraba algo, como papeles y lo que vino a continuación es una explosión gigantesca”. 

El texto es enfático en resaltar que algunas acciones, entre ellas la masacre de Santo Domingo, se hicieron sin la precaución y proporcionalidad necesarias donde había civiles. En la página 146 dice que, “en algunos casos, estos ataques aéreos se ejecutaron sin distinguir entre objetivos militares y personas y bienes protegidos, y en otros, incluso, como ataques directos contra la población civil, que ocasionaron muertes y daños, además de miedo generalizado entre la población”. 

El Estado fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  En el 2012 se produjo la sentencia en la que se dice que, “debido a la precisión limitada del dispositivo utilizado, el lanzamiento del mismo en el casco urbano del caserío de Santo Domingo o cerca de ahí, era contrario al principio de precaución reconocido por el Derecho Internacional Humanitario, lo que le permitió a la Corte declarar la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida, en perjuicio de personas fallecidas en el caserío de Santo Domingo, así como del derecho a la integridad personal en perjuicio de las personas que resultaron heridas”. 

En 2017,  tras un fallo de la Corte Constitucional que advertía que no se estaba cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado hizo un acto de reconocimiento de responsabilidad en el lugar donde la Fuerza Aérea Colombiana atacó a las comunidades de Santo Domingo. 

A este hecho también se le sumó la condena a dos oficiales que tripulaban el helicóptero que lanzó la bomba clúster por la violación al derecho a la vida, la integridad personal y por violación al deber de proteger a niños y niñas a 30 años de prisión. La Corte Suprema de Justicia, precisó en su fallo que las actuaciones del capitán César Romero y del teniente Joham Jiménez “justifican la condena proferida por los jueces de instancia bajo la especie de dolo eventual”. 

La Comisión de la Verdad no simplemente afirmó la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, como lo sugiere Vargas Quemba, sino que también hizo un evento de reconocimiento de las víctimas. El 24 de septiembre de 2020, varios de los sobrevivientes le contaron a la entidad los impactos en la salud a causa de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 1998.

Así que tras haber revisado el volumen, Hasta la guerra tiene límites y detallar los eventos que realizó la Comisión de la Verdad respecto a las víctimas de la mencionada masacre, Colombiacheck califica como falsa la afirmación de Vargas Quemba, pues si bien la entidad afirma que el bombardeo de la Fuerza Aérea sí fue un acto indiscriminado no solo dice eso, sino también cuenta el contexto en que se dio el hecho (ataque de la guerrilla) y las consecuencias que estos eventos dejaron en la población civil. Vargas Quemba niega la responsabilidad del Estado y los múltiples pronunciamientos a nivel nacional e internacional sobre el hecho.   

“La Comisión de la Verdad dijo que el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC ni tampoco las FARC eran el brazo armado del partido”

Posteriormente, en el minuto 7:20, Vargas Quemba afirmó que la Comisión de la Verdad dijo que “el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC ni tampoco las FARC eran el brazo armado del partido” y procedió a criticar esa supuesta conclusión: “Perdón, por Dios. Cómo pueden decir esto cuando el mismo Gilberto Vieira acepta la dirección del brazo armado del Partido Comunista”.

Sin embargo, al revisar qué dice el informe final sobre el Partido Comunista se encontraron varias cosas: la primera, en el capítulo de narrativa histórica, No matarás, tiene 30 menciones a lo largo de las 557 páginas. Algunas hacen referencia a la violencia bipartidista, en la que  la guerra empezó a mutar y el Partido Comunista orientó la creación de autodefensas para contener los ataques del Ejército y de los ‘Pájaros’, grupos armados patrocinados por los conservadores.

Además, cuenta cómo en 1930 la Internacional Comunista le dio el aval a solo una facción del grupo de revolucionarios para crear el Partido Comunista Colombiano, PCC.  

“Este se mantuvo en la línea marxista-leninista, en la búsqueda por incidir en el movimiento social a través de ligas campesinas y sindicatos agrarios”, explica la Comisión. La página 215 del informe advierte que en algunos sectores se radicalizó la percepción de que las armas eran el único camino para obtener las reformas esperadas.

“Hasta ese momento, el Partido Comunista consideraba la lucha armada como una autodefensa «de las masas contra la violencia reaccionaria» en las regiones donde ésta se presentaba aún, pero su estrategia era la lucha legal”, dice la Comisión de la Verdad.   También, en el captulo se No matarás rescata una cita del uno de los líderes del Partido Comunista, Gilberto Vieira, en su libro ‘La libreta blanca’:  «aconsejar a las guerrillas de influencia comunista que suspendieran la lucha armada sin entregar las armas y se dedicaran a la organización de las masas campesinas con la fórmula de la autodefensa». Se refiere al momento en que los guerrilleros del sur del Tolima desconfiaban de que el nuevo gobierno militar y el Frente Nacional pudieran resolver los problemas de la época de ‘La Violencia’ . 

En 1967 se crea el Ejército de Liberación Popular como brazo armado del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCML), que a su vez fue una disidencia del PCC. 

Se cuenta cómo el Partido Comunista fue violentado. El Informe narra cómo el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici) y la Brigada XX fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y seguimientos ilegales de varios militantes del PC y seguimientos e interceptaciones a embajadas de países socialistas. Por ejemplo, el Estado fue condenado ante la CIDH por la desaparición, la torura y el asesinado de Luis Fernando Lalinde, miembro del Partido Comunista de Colombia - Marxista Leninista (PC-ML) e integrante del EPL. La Comisión también advierte que eran especialmente vulnerables los militantes políticos que no participaron en actividades armadas.  

También narra el informe final que, aunque las FARC tuvieron una relación muy estrecha con el partido desde la creación de la guerrilla, esta se deterioró en la Octava Conferencia, en 1993. Muchos de los militantes del PC, quienes se “inclinaban por la salida negociada al conflicto armado, llamaban la atención sobre la deriva e inviabilidad de la lucha armada y enfatizaban en el campo político legal”. Al no tener ya el brazo político del Partido Comunista Colombiano, se pensó en construir estructuras clandestinas en la ciudad, así lo muestra el subcapítulo Las FARC se fortalecen. Además crearon el Partido Comunista Colombiano Clandestino.

El capítulo que recopila las violaciones al DIH, Hasta la guerra tiene límites, relata que, entre 1961 y 1966, el PCC optó por la combinación de todas las formas de lucha como respuesta a la exclusión y violencia suscitada del Frente Nacional. Pero también, narra la separación de las FARC y del Partido Comunista, las líneas legales del partido y de sus militantes. 

Por último, en el informe de Hallazgos y recomendaciones, la Comisión de la Verdad afirma que, “a diferencia del Partido Comunista de Colombia-Marxista Leninista (PCC-ML) y el EPL, el Partido Comunista no era el brazo político de las FARC-EP ni tampoco las FARC-EP fueron el brazo armado del partido. Más bien se trataba de dos experiencias sociales, políticas y culturales distintas que tuvieron orígenes diferentes (el partido en los años veinte y treinta, y las FARC en los años sesenta)”. 

Así que Colombiacheck califica la afirmación de Vargas Quemba como verdadero pero… teniendo en cuenta que, si bien la Comisión de la Verdad sí dice que el Partido Comunista, creado antes del nacimiento de las FARC, no hacía parte de su brazo político, la afirmación está fuera de contexto porque el informe sí reconoce las relaciones estrechas que tuvieron en algún momento las distintas vertientes del PC y las guerrillas.

Advierte la necesidad de no homogenizar al partido como uno solo que respondió a la lucha armada, teniendo en cuenta que ese argumento fue utilizado por los paramilitares y agentes del Estado para cometer la violación sistemática de derechos humanos a sus militantes.

“Coinciden más de 7 u 8 puntos de la Octava Conferencia de las FARC con las recomendaciones”

Para cerrar la conversación, el abogado Vargas Quemba le advierte a su entrevistador que “coinciden en más de 7 o 8 puntos de la Octava Conferencia de las Farc con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad”. 

La Octava Conferencia de las FARC se realizó en 1993 en algún lugar de los Llanos del Yarí. Esta reunión fue determinante para la expansión de la guerrilla en el país, en la cual se estableció la creación de bloques, frentes y cuadrillas. Además de urbanizar el conflicto, crear el Partido Comunista Colombiano Clandestino y el Movimiento Bolivariano. 

En esta Conferencia se planearon 10 puntos bajo el nombre de Plataforma para un gobierno de reconstrucción y reconciliación nacional. Según Vargas Quemba, las recomendaciones  coinciden las estrategias diseñadas en su momento por el secretariado de las FARC. En Colombiacheck revisamos una a una y esto encontramos.

El primer punto tratado en la Octava Conferencia de la guerrilla dice que: “Solución política al grave conflicto que vive el país”.  En relación las recomendaciones dadas por los comisionados hacen alusión en el apartado de ‘Para consolidar democracia incluyente, amplia y deliberativa’, se proponen una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo con el fin de buscar la no repetición del conflicto. 

El informe, en su página 807 del tomo de Hallazgos y recomendaciones, afirma que “las recomendaciones de este apartado proponen acciones enfocadas en lograr un régimen político incluyente de los territorios que responda y represente las demandas ciudadanas, que reivindique y garantice la participación ciudadana como un mecanismo fundamental para la garantía de derechos, que respete el pluralismo y la diversidad, y en el que haya cero agresiones contra quienes piensan diferente y defienden sus derechos”. 

El segundo punto propuesto por las FARC advertía que: “Las FF.AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los Derechos Humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acorde a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada en el respeto de los Derechos Humano”.  La Comisión sí pide que se revise el presupuesto de las Fuerza Pública que sea acorde a las necesidades institucionales y operacionales que se establezcan con la nueva visión de seguridad. 

También pide que las Fuerzas Armadas respeten y sean garantes de los Derechos Humanos como medida para implantar la paz y promover las transformaciones culturales que se requieren para el respeto por la vida. Además, recomienda la Comisión de de la Verdad que se separe la Policía Nacional del Ministerio de Defensa y crear un Ministerio para la Paz y la Reconciliación que lidere la implementación que generen el reconocimiento de las víctimas, la generaciones de condiciones de convivencia y de la confianza entre el Estado y la ciudadanía. 

El tercer punto de la guerrilla se trataba de “Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad”. Como se mostró en las recomendaciones de la Comisión sobre la democracia, está también hace alusión al compromiso de una participación más amplia de la ciudadanía, de lo regional y lo local. Además, de respetar y dar garantías a las Circunscripciones Especiales Transitorias para la paz.

Los puntos cuatro, cinco y seis de la Octava Conferencia se relacionan con el Presupuesto Nacional. “El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales democráticas y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza. El 10% del Presupuesto Nacional, será invertido en la investigación científica”, dice.

Y por último, “el impuesto del IVA, sólo afectará bienes y servicios suntuarios”. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad no hacen alusión a cómo se debe distribuir el presupuesto nacional y tampoco porcentajes tributarios. 

El siete y el ocho están relacionados con “la política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria” y la “Renegociación de los contratos con Compañías Multinacionales que sean lesivos para Colombia”.

Las recomendaciones no hablan de cambiar los contratos de multinacionales ni tampoco de una política agraria más allá de cumplir el punto uno del Acuerdo de Paz. 

El punto nueve dice que, la “revisión total de los Pactos Militares y de la injerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la Deuda Externa, buscando un plazo de 10 años muertos, en el pago de los servicios”. La Comisión no toca, en ninguna de sus recomendaciones, aspectos relacionados con pactos militares y con la deuda externa.

Por último, las Farc en su Octava Conferencia propusieron “la solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional”.

En el capítulo de Hallazgos y recomendaciones recomienda que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Relaciones Exteriores reformule la política internacional frente a las drogas, “para avanzar hacia la regulación legal y transparente el campo de acción de las agencias extranjeras en Colombia”. Además, la Comisión sugiere que  “implementar un cambio sustancial en la política de drogas, teniendo en cuenta la evidencia, que incluya superar el prohibicionismo y transitar a la regulación de los mercados de droga”. 

Como se demostró, entre los 10 puntos de la Octava Conferencia, solo los dos primeros tienen algún tipo de concordancia con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, y además son aquellos que aluden al respeto a los derechos humanos y al cumplimiento de una democracia. Además, como lo advierte la Comisión de la Verdad, las recomendaciones responden a deudas históricas y es la voz de múltiples actores involucrados en el conflicto.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.