En Instagram y Facebook circula un video con el texto “¿Los uribistas son o se hacen?”, en el que un hombre, con un reporte de Noticias Uno de fondo, afirma: “La verdad es que yo no entiendo a estos políticos uribistas. ¿Son o se hacen? Están poniendo el grito en el cielo porque el gobierno de Gustavo Petro va a dar un subsidio a estos jóvenes que dejen de delinquir, pero para ellos esto es fatal y es lo peor. Pero, según ellos, no se acuerdan que en la época de su presidente, el señor Uribe, también se pagaron estos subsidios”.

En el metraje se puede ver superpuesta la marca de agua de jatome05, que corresponde a El Costeño Te Informa, un usuario de Kwai. En dicha red social, el metraje acumula 33.600 reproducciones y 1.887 likes.

En Colombiacheck verificamos sus afirmaciones y las encontramos cuestionables.

Origen y contexto del reportaje

Para empezar, buscamos el origen del reportaje de Noticias Uno que el usuario utiliza para legitimar su afirmación. Se trata de un extracto de la emisión del 28 de agosto de 2016, donde Frank Pearl, negociador entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las FARC, cuestionaba las críticas del uribismo sobre el dinero que recibirían las personas desmovilizadas de ese grupo.

Pearl trabajó en el gobierno de Álvaro Uribe como Alto Consejero Presidencial para la Reintegración Social y Económica (2006) y como Alto Comisionado para la Paz (2009). Basado en estas experiencias, ya como funcionario bajo el mandato de Santos, defendió en el citado noticiero los apoyos estipulados en el acuerdo de paz con las FARC y los comparó con los pagos que se hicieron entre 2003 y 2006 a guerrilleros y paramilitares desmovilizados.

Como explicamos en “Los desmovilizados durante el Gobierno Uribe no son siete veces más que los del proceso con Farc” y “Medidas tomadas por el gobierno de Álvaro Uribe no acabaron con ‘falsos positivos’”, entre 2002 y 2010 se desarticularon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y se estimuló la desmovilización individual de actores armados que decidieran desertar. Según datos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) actualizados al 31 de agosto de 2023, en esos dos periodos se desmovilizaron 33.247 paramilitares y 15.282 guerrilleros. Entre estos últimos, 12.409 pertenecían a las FARC.

Una reseña histórica de la propia ARN explica cómo en el primer gobierno de Álvaro Uribe se creó en el Ministerio del Interior el Programa de Reincorporación para la Vida Civil (PRVC), desde el cual se ofrecieron beneficios de manutención mensual, educación, salud, capacitación laboral y atención psicosocial, entre otros. Una nota de prensa de enero de 2005 registra los avances de la iniciativa durante los primeros años.

Sin embargo, documentos de la Procuraduría General de la Nación, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) evidencian problemas estructurales en la atención y apoyo que recibieron los desmovilizados en su proceso de reintegración. Especialmente entre 2003 y 2006, se relatan deficiencias en cuanto a soluciones de vivienda, oportunidades educativas, integración social y definición de la situación jurídica.

En “La readaptación a la vida civil, una mirada desde el trabajo social” (pág. 51), tesis de pregrado de la trabajadora social Milena Morales Alvarino, exintegrante del ELN, se evidencia que los apoyos económicos durante la reinserción eran variables, se establecían por oficinas de Gobierno y se ajustaban al individuo y su núcleo familiar.  Apenas en 2011, con el Decreto 1391 se reglamentaron los beneficios económicos para la población de desmovilizados cuando, por ejemplo, ya había terminado el proceso de las AUC bajo la Ley de Justicia y Paz de 2005.

Es hacia esta variabilidad y falta de reglamentación de los pagos, así como hacia las debilidades del proceso de reincorporación durante los primeros años del gobierno Uribe, que apunta la crítica de Pearl emitida en 2016 en Noticias Uno. Se trata de una comparación entre mecanismos de desmovilización, puesto que el tercer punto del Acuerdo de Paz con las FARC contempla (pág. 75) una renta básica con valor y plazo definidos y con condiciones estipuladas para conservar el beneficio.

La incompatibilidad de comparar los desmovilizados con ‘Jóvenes en Paz’

Desde el pasado 13 de septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro ha planteado la idea de replicar, a nivel nacional, un programa que desarrolló en la Alcaldía de Bogotá llamado ‘Jóvenes en Paz’. Este fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y cuenta ya con un Proyecto de Decreto para ser reglamentado.

El programa, según explicó el propio mandatario, estaría enmarcado en una perspectiva de seguridad, a través de la cual se le ofrecería a la población objetivo “un recurso del Estado” a cambio de dejar de delinquir y comenzar procesos formativos. “Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar, por no participar de la violencia, por estudiar”, aseguró.

Como se ve, se trata de una iniciativa gubernamental dirigida al tratamiento de indicadores de seguridad, mientras que los pagos a desmovilizados respondían al carácter de facilitar la reincorporación de actores del conflicto armado.

Francisco Daza, coordinador de la Línea Paz Territorial y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), nos confirmó que por tales condiciones no es viable la comparación propuesta en el video:

“Las primeras experiencias, con Uribe y Santos, se dieron en el marco del conflicto armado. Responden a unas iniciativas diferentes, que se dieron luego de adelantar procesos de paz o desmovilización. La iniciativa de jóvenes en paz tiene un enfoque más preventivo; busca desincentivar la vinculación de menores de edad a grupos armados ilegales o a grupos delictivos en zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, por temas temporales no se pueden comparar. Esta es más preventiva, las otras fueron más reactivas”.

Aunque la reglamentación apunta a una cobertura integral para los beneficiarios y unas condiciones específicas para recibir los apoyos, Daza manifiesta faltantes que a día de hoy no se han resuelto dentro de la propuesta:

“No se sabe cómo va a ser el tema del monitoreo y seguimiento a estas iniciativas. Y cómo va a ser el proceso para acceder a ellas. ¿Cuáles van a ser los filtros, los puntos sobre los cuales un joven puede o no aplicar? Y ¿quién o cuál va a ser la instancia encargada de monitorear que efectivamente está siendo funcional para la prevención de vinculación de menores de edad?”.

Desde su anuncio, este programa ha sido objeto de numerosas desinformaciones, como explicamos en “Así se tergiversó el programa ‘Jóvenes en Paz’ de Petro como si fuera un supuesto ejército” y otros chequeos. 

Así pues, calificamos las afirmaciones del usuario de Kwai jatome05 como cuestionables, pues aunque el gobierno Uribe realizó pagos a personas en proceso de reincorporación a la vida civil tras desmovilizarse de grupos armados ilegales y estos fueron cuestionados posteriormente por el negociador de paz Frank Pearl en 2016, el reportaje de Noticias Uno en el que se basa realiza una comparación entre procesos inscritos en el marco del conflicto armado que no es extensible a la propuesta ‘Jóvenes en Paz’, en tanto esta no hace parte de un proceso semejante sino que busca incidir en indicadores de seguridad a partir de desincentivar el delito por la vía económica.