Lo que no cuadra en los Centros de Integración Ciudadana de Caldas
16 de agosto de 2019
Caldas
diariode Manizales
Solo en el departamento de Caldas se han invertido 16.853 millones de pesos en diecinueve Centros de Integración Ciudadana, algunos con posibles sobrecostos, estudios irregulares de suelos , obras en terrenos inestables y retrasos.
Municipios implicados
Manzanares, Pensilvania y Sanamá
Departamento
Caldas
¿Zona priorizada para la paz?
Subregión
ALTO ORIENTE Y MAGDALENA CALDENSE
Se han invertido
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en CIC solo para Caldas
Esto equivale a indemnizar
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víctimas del conflicto armado
En Caldas se construyeron diecinueve coliseos, que hasta la fecha se utilizan muy poco. Estos espacios buscan, en el papel, aportar seguridad y convivencia ciudadana en las regiones, pero la alianza Consejo de Redacción y La Patria de Manizales encontró que lejos de su propósito algunos lucen postrados como “elefantes blancos” en municipios cuya población está registrada, en su mayoría, como víctima del conflicto armado.
Solo en el departamento de Caldas se invirtieron 16.853 millones de pesos, lo que equivale al dos por ciento de los 745 mil millones de pesos invertidos en 880 CIC por todo el país. Hasta ahora son 723 municipios los favorecidos con estas obras en el territorio nacional.
Los CIC, escenarios polideportivos que (con los cambios de jefe de la cartera de interior) pasaron a ser obras con perspectiva hacia el posconflicto, parecen convertirse en un dolor de cabeza. La investigación periodística detectó en Caldas posibles sobrecostos, estudios irregulares de suelos, obras en terrenos inestables y retrasos en ejecuciones en, al menos, tres proyectos en la región.También están en duda los beneficios y las motivaciones que llevaron a construir diecinueve centros en el departamento.
En Caldas se suscribieron ocho convenios entre noviembre y diciembre de 2013. Luego dos, en 2014, dos en 2015, cinco en 2016, uno en 2017 y uno en 2018. Lo anterior, según información obtenida a través del propio ministerio, no obstante, al compararla con la base de datos del sistema de contratación Secop, hay cambios en las cifras y un par de convenios que no están relacionados. Para evitar inconvenientes, se relacionan los datos entregados por el ministerio a La Patria.
Los costos
En Caldas se construyeron diecinueve centros (CIC), en los que el Ministerio del Interior ha invertido hasta el momento 16.853 millones de pesos.
Manzanares
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En ejecución
Pensilvania
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En ejecución
Aguadas
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Terminado
Risaralda
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Terminado
Samaná
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La Dorada
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Manzanares
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Filadelfia
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Viterbo
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Belalcázar
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Neira
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Manizales
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Terminado
Manizales
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Victoria
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Manizales
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Terminado
Manizales
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Salamina
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Norcasia
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Terminado
Anserma
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Terminado
*todos los valores incluyen adiciones.
En la investigación periodística se revisaron los tres CIC más problemáticos del departamento, construidos en tres municipios que fueron azotados por el conflicto armado y en los que las personas afectadas piden indemnizaciones a gritos pues según la Unidad de Víctimas solo han sido indemnizadas entre un 12 por ciento y un 15 por ciento. Se trata de Manzanares, Pensilvania y Samaná. Entre los tres municipios hay un total de 89.397 hechos victimizantes, según el RUV (Registro Único de Víctimas). Samaná es el más afectado con 56.765 hechos registrados.
En Caldas hay registradas 90.817 víctimas del conflicto armado. De ese número, 69.929 están sujetas a reparación y atención, es decir, el 77 por ciento de la población. Desde 2012 la Unidad para las Víctimas ha invertido 123.606 millones de pesos en el apoyo a las alcaldías, la atención y la ayuda humanitaria, proyectos de infraestructura social y comunitaria e indemnizaciones.
Manzanares, Pensilvania y Samaná
El 29 de marzo de este año el alcalde de Manzanares, Carlos Enrique Botero, inauguró con bombos y platillos el Centro de Integración Ciudadana en las afueras del municipio. Habló con orgullo, pero lo que no dijo en su discurso fue que la obra tenía un año y nueve meses de retraso, adiciones por más de doscientos dos millones de pesos y que se construyó en un terreno inestable, un probable error que requirió otros doscientos cuarenta millones de pesos a través de un convenio con Corpocaldas. Todo, sin contar que el proyecto no cayó bien en la comunidad por estar fuera de la zona urbana.
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"No se debió construir en ese sitio, porque está al alcance de poca ciudadanía, además ya había otro coliseo igual de lejos"
Julián Echeverri, habitante
Que el CIC quede lejos de la gente resulta una ironía, porque el Ministerio argumentó que los CIC tendrían como función promover la integridad social y comunitaria en torno a estructuras urbanas de participación, (barrismo social, tribus, grupos sociales) con el fin de prevenir la violencia y el delito, a partir de un diseño mitológico de ocupación física del territorio”, según argumentó el derecho de petición que respondió la misma entidad.
Como se pudo constatar en una visita realizada el 2 de abril de este año, el CIC en Manzanares se construyó para la práctica de baloncesto, microfútbol, voleibol, patinaje y actividades deportivas, culturales y sociales. Incluye baños, camerinos, zona para oficinas, tarima, parqueo e iluminación en las zonas interiores y exteriores.
Centro de Integración Ciudadana de Mazanares, Caldas | Fotografía: La Patria.
El contralor general, Felipe Córdoba, dijo que lo de Samaná probablemente genera una acción antieconómica para el patrimonio nacional, pero hay que analizar el caso específico. “Tendríamos que ver quién tuvo la responsabilidad de planearlo ahí, por qué no lo están poniendo al uso de la gente desde allí, tendríamos que realizar las auditorías para poder decir quién tendría en eso la presunta responsabilidad”, dijo el funcionario.
Estos centros, presentes también en Pensilvania y Samaná, municipios vecinos de Manzanares, surgieron en Caldas como las “obras de mostrar” ante la falta de inversión del Gobierno Nacional en tiempos de posconflicto.
Los tres tuvieron diversos problemas. El de Pensilvania apenas está en la etapa final de construcción; el de Samaná está listo, pero sin inaugurar y la obra de Manzanares requirió más recursos porque la construyeron en terreno inestable, y los habitantes todavía cuestionan si eran necesarios.
Lo único que debían poner los municipios era el terreno. Este debía ser propio, según el convenio firmado con el ministerio. En los tres casos se cumplió la norma: en Manzanares la obra se construyó en el Ecoparque Pantágoras, que de acuerdo con el exalcalde Antonio Ramírez (1995 -1997) se le compró a la Gobernación de Caldas en su administración: “Lo compramos porque ahí antes era la Granja Santa Clara, el departamento abandonó el proyecto de la granja y les compramos la mitad del lote. Eso fue más o menos en 1996”.
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"El ministerio dio el visto bueno para construir allí 180 viviendas para víctimas del conflicto armado. La actual administración le quitó 60 casas para construir el CIC"
Wilder Escobar, exalcalde
El CIC de ese municipio se construyó en un lote que había comprado el exalcalde Wilder Escobar a Ismael Restrepo (fallecido) para construir viviendas, según contó vía telefónica. Escobar aseguró que “tanto fue así que el ministerio dio el visto bueno para construir allí ciento ochenta viviendas para víctimas del conflicto armado, los estudios y diseños estaban al día. La actual administración le quitó sesenta casas para construir el CIC”.
Según la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Pensilvania, el predio del CIC en el municipio “se declaró como urbano baldío y por lo tanto el municipio se adueñó de él. Allí antes había un parque y ahora se está construyendo el Centro”.
La licitación
La construcción de los CIC de Pensilvania, Manzanares y Samaná se otorgó por licitación. Los dos primeros con un único oferente y el último con seis.
En el caso de Pensilvania la licitación se abrió el 31 de enero de 2018 y se cerró el 9 de febrero con un único proponente: Proyectos Civiles y Tecnológicos SAS. El representante legal de esta empresa es Ricardo Alberto Martínez, quien también ganó la licitación del CIC de Samaná compitiendo con otros seis; la licitación se abrió el 7 de marzo de 2017 y se cerró el 11 de marzo.
En Manzanares la licitación se abrió el 9 de marzo de 2017 y cerró el 17 de marzo, el único oferente y finalmente contratista fue la Fundación Sabanas, que tiene como representante legal a Emiro Enrique Monterroza.
Frente a las demoras en la construcción, Manzanares, por ejemplo, tuvo veintiún meses de retraso en la entrega, además, adiciones de por lo menos doscientos millones de pesos que asumió el ministerio.
El convenio en este municipio se firmó el 2 de junio de 2016 por 885 millones de pesos, aunque con las adiciones terminó costando 1.087 millones de pesos. Esto, sin contar el convenio interadministrativo que la alcaldía tuvo que firmar con Corpocaldas para realizar obras de estabilidad en la ladera del CIC, y que terminó costando 240.477.000.
Llama la atención que de los tres municipios con CIC que priorizó esta investigación, Manzanares es el menos afectado por la violencia (3.890 hechos victimizantes), no obstante, ya cuenta con el convenio de un segundo CIC en el corregimiento de Las Margaritas, a una hora y media de la cabecera municipal, y cuyo valor en los documentos de contratación pública está por 959.400.000 pesos.
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"Es un centro para drogadictos, los jóvenes se dirigen allá a consumir estupefacientes"
Pedro Loaiza, habitante
Otra particularidad es que, aunque estos centros tienen como objetivo mejorar la seguridad de los municipios, algunos habitantes se quejan porque quedan muy lejos y porque no se usan para lo que se construyeron. El de Manzanares, por ejemplo, queda a 20 minutos a pie desde el Parque de Bolívar. Pedro Loaiza, un habitante del pueblo, asegura que estas construcciones se prestan para otras cosas: “Es un centro para drogadictos, los jóvenes se dirigen allá a consumir estupefacientes”.
Carlos Alberto Botero, alcalde de Manzanares, explicó que este centro era necesario y que no está lejos: “Es una zona de expansión, allí se pueden realizar intercambios deportivos, la cabecera municipal cada vez se expande más”.
Julián Echeverri, otro habitante, opinó: “No se debió construir en ese sitio, porque está al alcance de poca ciudadanía, además ya había otro coliseo igual de lejos, eso no es un Centro de Integración, es un centro de desintegración ciudadana”.
Los retrasos
El CIC de Pensilvania está muy bien ubicado, pero aún está en obra. Debía entregarse el 31 de julio del 2018 y la comunidad lo sigue esperando. Idelfonso Toro, mecánico del municipio, expresó: “La obra está demorada, pero va a quedar una belleza para el municipio. A eso le han metido muy buen material. Es una construcción moderna y con facilidades para las personas discapacitadas”.
Centro de Integración Ciudadana de Pensilvania, Caldas | Fotografías: La Patria.
Otros habitantes más críticos de Pensilvania dudan que necesiten otro coliseo tipo polideportivo en el municipio, pues ya tienen uno cubierto con cancha múltiple y capacidad para dos mil quinientas personas. En su momento, hace quince años, ese coliseo costó 950 millones de pesos. El nuevo coliseo, que se firmó en un convenio interadministrativo por 959.708.000, ya trepó a los 1.496 millones de pesos.
Aunque según el convenio los municipios solo debían entregar el terreno y suscribir contratos, en el caso de Pensilvania, por ejemplo, la alcaldía ha tenido que cofinanciar 191.932.000 pesos porque el ministerio no dio más recursos. Jesús Iván Ospina, alcalde de Pensilvania, explicó: “Ellos fueron generosos hasta donde pudieron, llegó un punto en el que ya no tenían dinero y nos dejaron la responsabilidad a nosotros. No queríamos dejar la obra inconclusa, por eso, invertimos en el CIC”.
A este Centro de Integración, según la respuesta al derecho de petición que se le envió a esa alcaldía, también le han realizado obras de estabilidad porque mientras construían se dieron cuenta de que el suelo está en una base hidrográfica que enloda, y hay taludes que se han derrumbado sobre la obra debido a la ola invernal, según argumentaron los funcionarios.
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"Los estudios claramente tuvieron una imprecisión, ellos [Jorge Eduardo Álvarez Gallego] se tuvieron que dar cuenta de que los suelos no eran los buenos"
Jesús Iván Ospina, alcalde de Pensilvania
El alcalde dijo que esperaba finalizar este centro en junio, pero ante más retrasos, este centro aún no se entrega y según datos extraoficiales se podría entregar a finales de agosto: “Los estudios claramente tuvieron una imprecisión, ellos [Jorge Eduardo Álvarez Gallego] se tuvieron que dar cuenta de que los suelos no eran los buenos. Tuvimos un par de momentos difíciles, tuvimos una audiencia que citó el Ministerio por presuntos incumplimientos, pero salimos bien librados porque no se configuró el incumplimiento”.
El CIC de Samaná,no se queda atrás. Aunque la alcaldía dice que ya está listo, la comunidad aún no lo puede estrenar porque no se ha inaugurado. El secretario de Infraestructura, José Frank Lozano, dijo que faltaba reiniciar el proyecto de vivienda que se construye al lado del CIC porque “las conexiones hidráulicas van conectadas y hasta que no se terminen de conectar no se puede inaugurar”. En otras palabras, no saben cuándo se inaugurará.
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"La plata que invirtieron en eso la hubieran podido utilizar para otras obras o para mejorar el coliseo cubierto"
Luz María Osorio, habitante
Los habitantes de Samaná, como los de Manzanares, están preocupados por la posibilidad de que ese CIC se use para otros fines. Este coliseo queda en la zona industrial, a unos diez minutos de la cabecera municipal. Luz María Osorio, trabajadora independiente, indicó: “A la gente le da miedo ir por allá de noche, es muy lejos. La plata que invirtieron en eso la hubieran podido utilizar para otras obras o para mejorar el coliseo cubierto”.
Sí, Samaná ya tenía un coliseo cubierto para tres mil personas, que costó más de mil quinientos millones de pesos. Comenzó a construirse en 2008 con aportes del municipio y de Acción Social de la Presidencia de la República, hoy Departamento para la Prosperidad, y se inauguró, según el archivo municipal de Samaná, el 9 de octubre de 2009.
El CIC de Samaná también costó más de lo estimado. Su obra se firmó por 885 millones y ya va en 1.285 millones de pesos. Según el convenio interadministrativo la fecha de entrega debía ser agosto de 2017, hace casi dos años.
Este CIC, solo en contratos de urgencia manifiesta, para la construcción de obras de estabilidad y la contratación de un geotecnista para analizar la estabilidad de un talud que había en el predio del CIC, tiene invertidos 420.687.000 pesos y, aún con todas las advertencias sobre el terreno que no detectaron los estudios, tiene el mismo contratista que licitó en Pensilvania para la construcción del CIC.
Centro de Integración Ciudadana de Samaná, Caldas | Fotografía: La Patria.
Ni el alcalde de Pensilvania ni el secretario de Infraestructura de Samaná dijeron estar enterados de la coincidencia en el contratista Ricardo Alberto Martínez García, representante legal de Proyectos Civiles y Tecnológicos S. A. S.
El alcalde Ospina dijo que todo había sido financiado con recursos propios, registró 15.061.000 pesos en aportes que él mismo se hizo y el formulario de donantes particulares aparece vacío: “A mí no me donaron particulares, todo fue con mis recursos”.
En Samaná se presentó otra coincidencia. El interventor de la obra es el mismo que realizó los estudios y diseños del CIC. El contratista es Carlos Alberto Arregoces Osorio, quien realizó los estudios y diseños como independiente y para la interventoría se presentó como representante legal de la empresa Unión Temporal Integración Samaná.
El terreno que este contratista estudió para la construcción del CIC fue el que resultó ser inestable. Un talud amenazó la construcción del CIC, por lo que la alcaldía tuvo que contratar obras de estabilidad por 385.689.493 pesos.
Alejandro Franco, abogado especialista en derecho público y administrativo, explicó que la conducta de doble consultoría (realizar estudios, diseños y ser interventor) genera un claro conflicto de intereses: “En este caso el contratista no tenía un nivel de objetividad y todo cae en su responsabilidad como interventor. Él como interventor no va a ser lo suficientemente riguroso, si bien la conducta no está expresamente prohibida sí hay un claro conflicto de intereses”.
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"El contratista no tenía un nivel de objetividad y todo cae en su responsabilidad como interventor"
Alejandro Franco, abogado
Se intentó contactar en cinco ocasiones a Arregoces al número de teléfono suscrito en los contratos y las llamadas generaban error. También se le escribió en sus redes sociales y nunca contestó. Tras los intentos de comunicación, bloqueó a la periodista. Desde la Secretaría de Infraestructura del municipio también intentaron comunicarse con el contratista de manera infructuosa.
El contralor general, Felipe Córdoba, calificó de “locura” esa doble figuración como realizador de estudios e interventor de la obra. “Eso es lo que nosotros venimos denunciando. Es clave que nos pasen esos datos para poder actuar con rapidez y prontitud, porque esos no están dentro de la muestra. Importante hacerlo rápido para además también mandarlo a Fiscalía y la Procuraduría”, dijo.
Ese es el punto. Los CIC de Caldas no fueron seleccionados dentro de la muestra que alcanza a revisar la Contraloría, que es de un escaso diez por ciento. Es decir que, de los ochenta CIC revisados por el órgano de control fiscal, quedaron por fuera ochocientos coliseos repartidos por toda Colombia de los que, valga el caso decir, muy poco se sabe.
Dentro de la muestra analizada por la Contraloría predominan la “mala gestión, la falta de planeación y los problemas de ejecución”, según Córdoba, el jefe de la entidad.
Al respecto, Luis Alberto Castañeda, exprocurador regional de Caldas (abril de 2017 a febrero de 2019), dijo: “Se debería abrir investigación por hechos anómalos (...) Se debe notificar a la Procuraduría para que investigue”.
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"Se debería abrir investigación por hechos anómalos (...) Se debe notificar a la Procuraduría para que investigue"
Luis Alberto Castañeda, exprocurador
Por otro lado, Carlos Manuel Llano, excontralor de Caldas (febrero de 2008 a febrero de 2012) explicó: “Se observa una ineficiencia en la terminación de las obras, lo que llevaría a la necesidad de poner en conocimiento de los órganos de control fiscal. Igualmente promover la constitución de veedurías ciudadanas locales para verificar el cumplimiento de los contratos”.
¿Riesgo de ‘mermelada’?
Estos Centros de Integración Ciudadana no han estado exentos de suspicacias políticas. Hernán Andrade, exsenador del Partido Conservador hasta la legislatura pasada, fue un crítico de este proyecto en su momento cuando dijo que “se estaban utilizando con fines politiqueros”, refiriéndose a un supuesto favorecimiento a municipios que podrían significar una votación importante para la consulta del Partido Liberal en la que participó el exministro Juan Fernando Cristo.
Frente a este tema, Andrade explicó que la firma de convenios con regiones que podían favorecer al exministro se frenó a tiempo y que hasta ahí llegó el problema: “Hay que comprender que los ministros formulan este tipo de proyectos para tener algún tipo de gobernabilidad en el Congreso, por politiquería, mermelada, como se quiera llamar. Yo denuncié, incluso César Gaviria denunció, pero ahí paró todo”.
Consultado al respecto, el exministro Cristo dijo que era un tema del que no valía la pena hablar: “No hay investigaciones, no hay nada”, insistió.
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"No hay investigaciones, no hay nada"
Juan Fernando Cristo, exministro
Una investigación de Periodistas: Óscar Mejía, Juliana Villanueva
Edición: Diana Salinas