Según excombatientes, el Gobierno Nacional ha entregado menos del 60 por ciento del dinero que se comprometió para la sustitución de cultivos.
Municipios implicados
Tibú
Departamento
Norte de Santander
¿Zona priorizada para la paz?
Nombre zona
Catatumbo
Conectar la electricidad a 200 familias de la vereda cuesta
$0
En el ETCR quedan
0
personas excombatientes
“Flaminio Diaz” no mide más de 1,60, es evidente su sobrepeso y por problemas cardíacos depende de un par de pastillas diarias. De los guerrilleros fundadores del Frente 33 de las Farc, en Norte de Santander, él es el único sobreviviente.
Ingresó a la guerrilla a los 25 años, en San Vicente de Chucurí (Santander), de donde es oriundo. Por ese entonces huía de la violencia que azotaba a la región del Magdalena Medio.
Permaneció en el Frente 12 –que operaba junto al 20 en Santander–, hasta que a mediados de la década de los ochenta las Farc decidieron entrar en Norte de Santander con un grupo de guerrilleros de los frentes 12, 20 y 4, este último de Antioquia.
“Fuimos quince más o menos los que llegamos de Santander. Viajamos legales (de civil, como cualquier persona) hasta La Gabarra (municipio de Tibú, Norte de Santander), donde ya habían llegado compañeros del Frente 4”, recuerda Flaminio.
Álvaro García Velandia, conocido en las Farc como 'Flaminio Díaz', es uno de los líderes del proyecto de ganadería que las personas excombatientes buscan llevar al Consejo Nacional de Reincorporación para su financiación | Fotografía: Mario Franco, diario La Opinión.
Previamente, en el corregimiento La Gabarra, las Farc instalaron a algunos de sus hombres que se hacían pasar por campesinos y trabajadores de fincas, cuyos propietarios eran afines a la causa revolucionaria. Con el tiempo, jóvenes de la zona y de otros municipios del departamento de Norte de Santander engrosaron las filas del Frente 33 hasta convertir a las Farc en la guerrilla más poderosa en la zona, por encima del Eln y del Epl.
El 15 de marzo de 1999, Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), anunció en una entrevista concedida al diario El Tiempo que sus hombres se tomarían a sangre y fuego el Catatumbo. La vereda Caño Indio, en medio de la selva espesa, se convirtió en el escondite perfecto para los guerrilleros del Frente 33, quienes vieron cómo la guerra que hicieron los “paras” los tomó por sorpresa y terminó por conducirlos a la retaguardia durante cinco años.
“Jimmy Guerrero” cuyo nombre real es Erasmo Traslaviña Benavides, y quien fuera comandante del Frente 33, recordó el episodio en entrevista con el diario La Opinión hace un par de años: “Estando aquí en La Gabarra aparecieron los paramilitares en Tibú. El 29 de mayo de 1999 unos hombres que teníamos en Carboneras (Tibú) fueron los primeros que se enfrentaron con los “paras”. A mí me tocó arrancar con un personal que tenía acá en La Gabarra para reforzar a los muchachos que estaban allá. Emprendimos la confrontación con los paramilitares y nos venimos combatiendo desde Carboneras hasta El Alto del Mirador, donde se toma la vía para Caño Indio”.
El enfrentamiento al que se refiere Guerrero sucedió en El Alto del Mirador, y fue el último que las Farc sostuvieron con las Auc en Norte de Santander, antes de internarse en la espesura de Caño Indio, donde permanecieron cinco años, el mismo tiempo de terror que los “paras” infligieron en esta zona del departamento.
Fuentes:Ejército Nacional y Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). | elaboración: Carlos Romero y Alberto Soto, diario La Opinión.
De allí la importancia que esta vereda tenía para la guerrilla en el momento que se anunció que, tras la firma del Acuerdo de Paz, los ahora excombatientes debían concentrarse en Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Caño Indio recobró su relevancia estratégica.
En la misma medida en que Caño Indio y sus alrededores se convirtieron en el refugio del antiguo Frente 33 durante la guerra, en el posacuerdo el objetivo de los voceros de la extinta guerrilla era lograr, con la instalación de ese punto de concentración, una especie de reivindicación con las comunidades que allí habitan, y que por décadas han sido abandonadas por el Estado. Esa fue su pelea durante varios meses ante el Gobierno Nacional.
Fundada hace más de treinta años en medio de la selva del Catatumbo y después de la bonanza petrolera, con una extensión aproximada de veinticuatro kilómetros cuadrados, en los que se reparten cincuenta y dos casas de tabla y zinc, la vereda Caño Indio creyó encontrar en este momento histórico la oportunidad de tener, por lo menos, acceso a la luz y al agua, aunque fuera en pleno siglo XXI.
“Lo más importante para los habitantes de Caño Indio podría estar por venir”, fue la palabra empeñada por los delegados del Gobierno Nacional que, por primera vez, llegaron a este recóndito lugar en agosto de 2016.
Y así lo asumieron también excombatientes como Loida Eunise Sierra, conocida como “Karina Galván”, una de las lideresas del ahora Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Ella recuerda que la decisión de que el paso de la guerrilla a la vida civil se diera en este punto de la geografía nortesantandereana “era también porque históricamente este fue un escenario de enfrentamientos duros y las comunidades sufrieron mucho. Era una forma de revertirles y devolverles todo lo que padecieron en medio de los enfrentamientos, pero ahora con inversión social”.
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"Esto pudo ser una tacita de plata en el tema de inversiones, para que irradiara y diera envidia de la buena"
‘Willy Peña’, excombatiente
Pero los millonarios recursos de la paz de los que tanto se ha hablado en los últimos dos años, a esta vereda han llegado a cuentagotas, y el modelo a seguir que pudo ser Caño Indio se ha quedado en una promesa inconclusa.
“Esto pudo ser una tacita de plata en el tema de inversiones para que irradiara y diera envidia de la buena, y a la gente del Catatumbo le provocara asumir el reto, sumarse al proceso y que se contagiara con todo esto, pero no fue así. Las expectativas de los recursos de la paz no llegaron. Confiamos en que el gobierno que llega lo pueda hacer mejor”, reconoce hoy el alcalde de Tibú, Jesús Escalante.
Sustitución: un piloto que no ha florecido
El camino hasta Caño Indio fue difícil. A los problemas de seguridad denunciados por el último grupo que llegó a la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) desde Caño Tomás (Teorama-Norte de Santander-), y que lideraba el mismo “Jimmy Guerrero”, excomandante del extinto Frente 33, se sumaron las trabas que le puso el Gobierno Nacional al lugar por los cultivos de hoja de coca que allí proliferaban.
Cuando se escogieron las ZVTN, una de las principales condiciones era que en estos puntos no podía haber presencia de cultivos de uso ilícito, requisito que en Caño Indio no se cumplía, pues de estos dependían las doce familias de la vereda.
Entre diciembre de 2016 y enero de 2017 la puja por lograr que allí se instalaran las Farc puso a la comunidad de la zona, a la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y al Gobierno Nacional, en un “tire y afloje” que solo se resolvió tres días antes de que venciera el plazo para que las Farc se concentraran en las zonas veredales del país.
El acuerdo lo firmaron Eduardo Díaz Uribe, de la Dirección de Atención Integral para la Lucha Contra las Drogas, de Presidencia; Pastor Alape, de las Farc; los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de las veredas que comprenden el núcleo de Caño Indio (Chiquinquirá, Caño Indio, Palmeras Mirador y El Progreso 2), y Yonny Abril y Elizabeth Pachón por Ascamcat, comprendía, para el primer año:
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mensualmente
Como remuneración mensual por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito
$0
para sostenimiento
Para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, como cultivos de pancoger y cría de especies menores.
$0
para emprender
Por una sola vez para adecuación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.
A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir por cada una de ellas hasta diez millones de pesos en proyectos productivos, a través de la ARN; además, a crear una línea de crédito especial a través del Banco Agrario.
En el mismo acuerdo (ver documento), también se prometió una asistencia técnica durante todo el proceso, con un costo aproximado de hasta 3.200.000 pesos por familia. Además, las familias que estaban dentro del cuadrante de seguridad de la zona donde iban a permanecer los miembros de las Farc recibirían un aporte extra de 3.500.000 pesos por sustituir inmediatamente los cultivos ilícitos.
Así las cosas, si el Gobierno Nacional hubiera logrado firmar el acuerdo con los primeros doce núcleos familiares (que encontró antes de que terminara enero de 2017), la inversión inicial hubiera ascendido a 39.500.000 pesos por familia, incluyendo el monto establecido para la sustitución inmediata de los cultivos (3.500.000 pesos); en total, unos 474 millones de pesos. Pero en cuestión de semanas llegaron treinta y cuatro núcleos familiares más, atraídos por los dineros de la paz, y fue necesario desembolsar 1.817 millones de pesos, un incremento de 283 por ciento.
Pero, ¿esto sí fue así?
Según “Willy Peña”, excombatiente y encargado para Caño Indio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), el gobierno les ha incumplido y lo único cierto, al día de hoy, es que en esta zona de Tibú las familias arrancaron la hoja de coca y se quedaron esperando la plata del Estado.
“Tenemos mucha incertidumbre. En el PNIS, que yo acompaño en la zona y que las Farc, sin haber sido narcotraficante, apoyó, ha habido muchos incumplimientos y eso ha significado para nosotros un riesgo político porque tuvimos que entrar a chocar con la economía de los campesinos de la zona. El PNIS en Caño Indio es un fracaso. Las familias que le apostaron a ese programa, con un acuerdo estipulado de 39.500.000 pesos para cada una de ellas, solo han recibido un millón de pesos mensual por haber arrancado la coca y, unas pocas, 1.800.000 pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. Nada más. Eso ha sido todo lo que el gobierno ha entregado por acá”, aseguró.
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"Las familias que le apostaron al PNIS solo han recibido un milllón de pesos mensual"
"Willy Peña", excombatiente
Las cifras del gobierno muestran otra cosa. La Alta Consejería para el Posconflicto asegura que las familias de Caño Indio recibieron seis pagos de dos millones de pesos, para un total de doce millones en 2017, por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata.
Adicionalmente, de las 191 familias que hoy componen el Plan de Sustitución en Caño Indio, 73 recibieron un pago único por 3.500.000 de pesos. Posterior a la entrega de esos pagos, se entregaron bienes y servicios por valor de 1.800.000 bajo la estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
En conclusión, según documentos de la Alta Consejería para el Posconflicto, en Caño Indio se han entregado, desde 2017, doce millones de pesos a las 191 familias y, a 73 de ellas, un único pago por 3.500.000.
Para 2019 el Gobierno Nacional tiene pendiente la entrega, por familia, de nueve millones de pesos y diez millones de pesos para proyectos productivos, y de 1.600.000 para asistencia técnica. Los pagos están retrasados un año, según la queja de "Willy Peña".
En el ETCR de Caño Indio, algunos excombatientes se unieron y montaron dos tiendas y un restaurante que son administrados por ellos y sirven para proveer alimentos a personas civiles de la comunidad. Los fines de semana estos sitios también son el punto de encuentro para divertirse. | Fotografía: Mario Franco, diario La Opinión.
Y si bien se podría pensar que ha habido un incumplimiento por parte del gobierno, como lo señala Peña, el argumento de la Oficina del Alto Consejero para la Estabilización es que la seguridad de la zona ha retrasado su intervención. Es por esto que los pagos que debieron hacerse en 2018, correspondientes al segundo año de lo pactado inicialmente, apenas van a empezar a hacerse en los próximos meses. De allí la molestia de Peña y de las familias que le apostaron al PNIS, pues, como también lo confirma el Gobierno Nacional a través de la ARN, solo una de ellas ha vuelto a sembrar coca, en un área de 0.25 hectáreas. Es decir, la mayoría cumplió arrancando la hoja de coca y con la promesa de no volverla a sembrar.
Atendiendo a las preguntas de esta investigación, la Alta Consejería para el Posconflicto aseguró que en Tibú el Gobierno Nacional tiene 2.625 familias en el PNIS, de las cuales 191 habitan en Caño Indio. En Tibú, las familias han desarrollado proyectos agrícolas con piña y palma de aceite, principalmente.
Entre 2017 y 2018 en Caño Indio se formularon proyectos para 188 de las 191 familias, distribuidos así: cuarenta y siete para palma de aceite, ciento treinta silvopastoril y once en diferentes líneas que incluyen cacao, maracuyá, piña y cerdos. Para estas familias el Gobierno Nacional tiene dispuestos 3.872 millones del pesos para el desarrollo de los proyectos, pero esos dineros aún no han sido entregados y se desconoce; actualmente, la ARN no tiene claro cuándo empezarán estos desembolsos.
Sin tierras no hay proyectos
En Caño Indio el Acuerdo de Paz trajo la esperanza de superar la economía ilícita que se convirtió en su sustento con la hoja de coca, a una legal y productiva, que a su vez les quitara de encima el estigma de ser un escenario de la guerra.
En 2017 Juan José Castellanos, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Progreso 2, lo explicó así: “La coca se convirtió en el lapicero, la educación, la comida y el modo de supervivencia del campesino. La economía de la región es la coca”.
Por eso, las familias del núcleo Caño Indio, Chiquinquirá, El Progreso 2, Palmeras Mirador y Casa de Zinc, comprometidas con los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional, se la jugaron toda por arrancar de raíz los cultivos ilícitos, a la espera de las ayudas prometidas y de una nueva oportunidad para sus vidas.
Pero la promesa se está cumpliendo a medias. Más allá de los seis pagos de dos millones de pesos que ciento noventa y un familias han recibido desde 2017 por concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata, y de los tres millones y medio de pesos que han recibido otras setenta y tres como único pago, a los campesinos todavía no les llegan los nueve millones que el Gobierno Nacional prometió como una inversión de respuesta rápida a los proyectos productivos que soportarían la sustitución voluntaria. Tampoco se han asignado los diez millones de pesos previstos para el segundo año del acuerdo, y que se concibieron como una inversión de respuesta de largo plazo para sus iniciativas productivas.
"Karina Galván", una de las líderes del ETCR de Caño Indio, alimenta las gallinas que hacen parte de su proyecto productivo, financiado con recursos propios. | Fotografía: Mario Franco, diario La Opinión.
Las familias quieren emprender. Para garantizar su sostenimiento diario han puesto sus propios recursos y recibido ayudas como las de la Gobernación de Norte de Santander, en 2017, que por intermedio de la Secretaría de Víctimas, Paz y Posconflicto, aportó trescientos millones.
Como resultado de este último proyecto, denominado Paz Catatumbo, cuarenta familias campesinas pudieron comercializar sus primeras cosechas de fríjol y pimentón en Cenabastos, Cúcuta. La iniciativa contemplaba quince hectáreas que con una rentabilidad estimada del 50 por ciento, es decir, seis millones de pesos de ganancia para la familia y seis millones más para volver a sembrar. Esta iniciativa ya concluyó.
Los ochenta y cuatro excombatientes de las Farc, concentrados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, tampoco ven los síntomas positivos del posacuerdo. Una vez entregaron las armas, tenían puesto su futuro en los proyectos productivos que se diseñaron en La Habana, y con los que esperaban sostenerse desde la legalidad.
“Karina Galván” aseguró que justamente una de las razones que llevó a unas cien o ciento cincuenta de las personas reincorporadas que hacían su proceso en el ETCR a irse para otros lugares en busca de mejores oportunidades, fue la falta de proyectos productivos que les asegurara su sustento.
De acuerdo con los mismos exguerrilleros y los datos entregados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), buena parte de las iniciativas económicas y emprendimientos que se han adelantado en más de dos años en el espacio son producto de la autogestión de las personas reincorporadas, a partir de los recursos que reciben y conservan todavía, y del apoyo de la cooperación internacional.
El acuerdo estipuló que quienes hicieran dejación de armas recibirían tres beneficios económicos durante su proceso de reincorporación:
$0
de Asignación Única de Normalización
Por una sola vez, para suplir necesidades básicas como ropa, enseres, elementos de aseo, entre otros.
0%
del salario mínimo
Durante veinticuatro meses como Renta Básica Mensual para los excombatientes acreditados, a partir de la terminación de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (15 de agosto de 2017), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual, laboral, legal y reglamentario, o un contrato que les genere ingresos.
$0
como Capital Semilla
Por una sola vez, para apalancar una unidad de negocio individual, desarrollar una iniciativa vinculada a una organización formal asociativa o adquirir, construir o mejorar la vivienda.
La siguiente es la relación de iniciativas productivas que están andando hoy en Caño Indio:
En abril de 2018 la Alcaldía de Tibú aportó 15.830.700 para que los exguerrilleros pudieran adelantar un proyecto de producción agrícola de pollo de engorde y gallina ponedora para su autoabastecimiento. Este se liquidó el 10 de mayo (ver contrato).
Siendo un espacio creado con el mismo propósito, la realidad en Caño Indio es distinta a la de otras regiones como Arauca, donde un grupo de 65 exguerrilleros ya tiene andando su propia empresa de producción de Sacha Inchi (una semilla inca) en el Espacio Territorial de Filipinas, y que se ha convertido en una verdadera apuesta por la reconciliación. El ETCR de Caño Indio no tiene ningún proyecto colectivo o individual avalado por el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR).
Según la información suministrada por el Gobierno Nacional, la cifra de proyectos productivos aprobados y desembolsados hasta el momento por el CNR y la ARN llega a 177, por valor de 11.231 millones de pesos, y que han sido adjudicados por el Estado para la vinculación de 1.404 personas excombatientes.
La única iniciativa de gran envergadura en la que están trabajando actualmente los exguerrilleros es la de ganadería de engorde (63 animales), con la cual completan más de un año. El proyecto ha sido promovido hasta el momento con recursos de la cooperación internacional, como Naciones Unidas, que ya ha invertido dieciocho mil dólares, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) y los excombatientes.
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"Desde el gobierno generamos las habilidades para que la población pueda formular cuál va a ser su sostenibilidad económica"
Andrés Stapper, director ARN
Un informe de noviembre de 2018 de la Misión de Verificación de la ONU explicaba que el objetivo de esta iniciativa era “fortalecer el sistema productivo de ceba de manera sostenible para contribuir con la soberanía alimentaria en el ETCR y generar recursos que faciliten el proceso de reincorporación”.
La ASDI compró los novillos, la alimentación y la medicina en una primera fase. Los exguerrilleros se encargaron de la siembra del pasto y la adecuación de los potreros. El SENA ayudó con la creación de un banco forrajero de proteína y está en proceso la construcción del corral con fondos de la Misión de Verificación y otros aportes.
Según los cálculos que hizo en ese momento la ONU, para el fortalecimiento de este proyecto se requiere una inversión de 23.400 dólares adicionales con el fin de comprar más animales, alimentación y manejo del forraje de proteína.
Andrés Stapper, director de la ARN, explicó que el hecho de que la mayoría de proyectos en el ETCR de Caño Indio se hayan concretado, producto de la autogestión y la cooperación internacional, no quiere decir que el Gobierno Nacional no esté cumpliendo, “sino que está utilizando los recursos de la cooperación para que se generen esas pequeñas iniciativas y emprendimientos por parte de los excombatientes”.
“Así se definió en el Acuerdo de Paz: que unos recursos vienen por Presupuesto General de la Nación, otros recursos de cooperación internacional y otros del sector privado. Desde el gobierno generamos las habilidades y competencias para que la población, teniendo en cuenta sus perspectivas y capacidades, pueda formular cuál va a ser su sostenibilidad económica. Como gobierno no les imponemos a los excombatientes lo que ellos deben producir”, precisó Stapper.
El funcionario aseguró que en el Espacio Territorial de Norte de Santander efectivamente se está trabajando en una gran iniciativa económica relacionada con la ganadería, que está en etapa de formulación y que cuenta con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de Innpulsa, la entidad adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que promueve la innovación. “Este sería el primer proyecto que se formule ante el CNR”, señaló, pero no anticipó en cuánto tiempo podría completarse el proceso.
La ARN informó que gracias a la articulación de esa entidad y las buenas relaciones del Gobierno Nacional con la comunidad internacional, en el ETCR se han adelantado también proyectos con recursos de la Unión Europea, Cruz Roja Noruega, Consejo Noruego para Refugiados, ONU Fondo Multidonante, Organización Internacional para las Migraciones y Embajada de Suecia, entre otros, pero no precisó los montos que se han destinado específicamente para este espacio, sino que entregó cifras generales que no permiten dimensionar el alcance que han tenido esos recursos entre los exguerrilleros del extinto Frente 33.
En su último informe trimestral ante el Consejo de Seguridad (marzo 2019), la Misión de Verificación resaltó que es fundamental mantener el impulso de los proyectos para contrarrestar la sensación de inseguridad económica y la erosión de la confianza entre las personas excombatientes de las Farc.
“Es de suma importancia que los excombatientes sigan confiando en el proceso de paz. Uno de los medios más visibles de lograrlo es que el Consejo Nacional de Reincorporación acelere el ritmo de aprobación de las iniciativas de generación de ingresos y otras conexas y vele porque los fondos para los proyectos ya aprobados se desembolsen sin más demoras”, se advierte en el punto 42 del documento. (ver el documento).
Falta de tierras, la principal preocupación
La falta de proyectos de gran impacto tiene a la vez su razón de ser en un problema nacional, y uno de los principales reclamos hacia el Gobierno Nacional por parte de las ochenta y cuatro personas excombatientes de las Farc que se mantienen en Caño Indio: no hay tierras disponibles. En noviembre de 2018 la ONU advirtió que uno de los principales retos y condicionamientos de proyectos como el de ganadería de ceba, el más grande que se proyecta hasta ahora en la región, es la tenencia de la tierra y la dificultad de acceso a la misma.
“Siempre que vamos a hablar de un proyecto lo que nos preguntan es por la tierra. Y no hay tierras legalizadas”, manifestó Álvaro García Velandia, conocido como “Flaminio Díaz”.
El ETCR de Caño Indio fue bautizado por las personas excombatientes del Frente 33 de las Farc con el nombre del Negro Eliécer, en honor a este guerrillero muerto en una operación de la Policía y el Ejército el 19 de junio de 2013. | Fotografía: Mario Franco, diario La Opinión.
Las cuatro hectáreas en las que se distribuye este Espacio de Reincorporación no tienen título de propiedad, el terreno se encuentra en calidad de arriendo por parte de una persona que ha demostrado la ocupación de la tierra durante años, pero jurídicamente para el Estado Caño Indio es un baldío. En esas condiciones, el gobierno y las Farc decidieron asentarse allí para hacer el proceso de reinserción a la vida civil. Es una tierra prácticamente en conflicto y eso entorpece cualquier plan a mediano o largo plazo.
“Aquí el factor agravante es el título de propiedad. Cada que metemos un proyecto nos lo rechazan por la falta del título de propiedad”, aseguró “Karina Galván”.
La lideresa del ETCR contó que desde hace varios meses vienen trabajando en la estructuración y conformación de la Cooperativa Multiactiva de Compra y Venta del Catatumbo (Comprocat), que es la que les va a permitir legalizar y respaldar esas iniciativas productivas que quieren impulsar los exguerrilleros y las comunidades vecinas del ETCR. Sin embargo, reconoció que uno de los requisitos principales para que esta sea exitosa es precisamente poder tener legalizada la tierra.
“La gestión que estamos haciendo para adquirir el terreno con el sector privado es precisamente para que se lo donen a la cooperativa y quienes estemos integrando la cooperativa seremos los dueños del terreno”, explicó.
Dijo que su financiación y mantenimiento se daría a partir de la inscripción de los asociados, que hoy cuesta 52 mil pesos, con una mensualidad de 22 mil pesos.
A pesar de las trabas, Galván aseguró han empezado a gestionar propuestas como la de la Compañía Nacional de Chocolates, que estaría interesada en comprarles la pepa del cacao.
“Para eso necesitamos hacer un curso, ultimar los detalles de la cooperativa, que no tenga ningún pero, que tengamos la tierra. También vamos a hacer un curso en Barrancabermeja para fortalecer el proyecto y poderlo emprender. El sueño de la cooperativa es poder comercializar nuestros productos a nivel nacional e internacional”, afirmó la exguerrillera.
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"Cualquier proyecto que salga se muere"
"Karina Galván", lideresa del ETCR
Insistió en que la prioridad en este momento es conseguir la propiedad de la tierra, las vías de acceso y la electricidad. Está segura de que sin ese tridente “cualquier proyecto que salga se muere”, concluye "Galván".
En el informe de la Misión de Verificación de marzo pasado, Naciones Unidas señaló en el punto 43: “A fin de asegurar la sostenibilidad del proceso de reincorporación es esencial que los excombatientes tengan acceso a tierras. En 2018 el gobierno determinó vías jurídicas para que los excombatientes pudieran ser propietarios de tierras y dio inicio a las gestiones de compra de predios en varias regiones. Lamentablemente, hasta la fecha no se han dado tierras a ningún excombatiente de las Farc-Ep” (ver el informe).
'De aquí no nos vamos a ir'
En el ETCR de Caño Indio un temor se ha apoderado de las ochenta y cuatro personas excombatientes que aún permanecen allí, entre ellas “Willy Peña” y “Karina Galván. Ninguno sabe qué va a pasar con el grupo cuando llegue agosto y venza el contrato de arrendamiento del espacio que ocupan. Lo único que por ahora tienen claro, dicen, es que de allí no se van a mover porque no tienen para dónde.
“¿Nos van a sacar de aquí?”, “¿para dónde nos van a enviar?”, “¿por qué quieren enviarnos a una ciudad si nosotros queremos permanecer en el campo y no engrosando los cordones de miseria que hay en las ciudades?”, son algunos de los interrogantes que rondan las cabezas de los excombatientes.
Eso sí, no se han quedado quietos y ante la previsión de que el Gobierno Nacional les diga que no seguirá pagando los ocho millones de pesos mensuales que cuesta el arrendamiento de las cuatro hectáreas, han iniciado gestiones para conseguir el dinero que les permita negociar esta tierra.
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"Con unos amigos estamos tratando de reunir esos cien millones de pesos para hacerle una oferta al propietario"
"Karina Galván", lideresa del ETCR
“El señor que es dueño de esta tierra o, mejor, que dice que es dueño, porque por aquí nadie tiene papeles, dice que nos la vende en cien millones de pesos. Con unos amigos estamos tratando de reunir ese dinero para hacerle una oferta al propietario”, aseguró “Karina Galván”.
¿Y cómo piensan conseguir esos recursos? A través de una rifa, a razón de un millón de pesos el puesto y en la que los palmeros de la región, contra todo pronóstico, ya han comprado 38 puestos.
Andrés Stapper, director de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), sostuvo que el gobierno va a acompañar por el tiempo que sea necesario el proceso de reincorporación de la gente que esté transitando genuinamente su camino a la legalidad, y que no es cierto que dicho acompañamiento vaya a llegar hasta agosto próximo. Reconoció que en once de los veinticuatro ETCR que hay en el país la apuesta del gobierno es adelantar un proceso que implica la compra y adjudicación de tierras a las cooperativas creadas por las personas excombatientes, desarrollar proyectos de vivienda, provisión de bienes y servicios básicos, esto como un impulso a la reincorporación colectiva e individual de estas personas.
Al preguntarle por el predio de Caño Indio, Stapper admitió que jurídicamente es un baldío y, por lo mismo, propiedad del Estado. Así las cosas, la opción de compra de los excombatientes sería calificada como “una ocupación y eso tiene un carácter de ilegal”.
En todo caso, el pasado 12 de junio se reunieron en el ETCR de Caño Indio representantes del gobierno (encabezados por Stapper), de las Farc (liderados por Pastor Alape), y de Naciones Unidas, con el objetivo de desenredar el problema de las tierras.
Allí se definió que, con participación de la sociedad civil, Pastoral Social y la Alcaldía de Tibú, formalizarán el proceso de compra de uno de los dos predios que componen el espacio territorial. La idea es por fin apalancar los dieciséis proyectos productivos que ya están en marcha por iniciativa de las mismas personas reincorporadas. En este proceso contarán con el apoyo de la cooperación internacional.
El Gobierno Nacional comprará un segundo predio, fuera del ETCR, para desarrollar los proyectos de vivienda de las ochenta y cuatro personas excombatientes que aún permanecen allí. Estas dos decisiones llegan en un momento crucial y podrían hacer la diferencia entre seguir en la incertidumbre y soñar con un futuro esperanzador.
Una investigación de Periodistas: Lucy Araque y Jhon Jairo Jácome
Infografías y gráficos: Alberto Soto y Carlos Romero
Fotografías y videos: Mario Franco y Jhon Jairo Jácome
16 de agosto de 2019
Catatumbo
diario
de Cúcuta
