¿En manos de quién están los dineros de la paz en Antioquia?

El Estado llegó con obras de pequeña infraestructura y arreglo de vías, pero la comunidad tiene inconformidades con los contratistas, ingenieros y por el resultado de las construcciones.

Con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana las subregiones del Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño, fuertemente golpeadas por la violencia y por décadas de abandono estatal, pudieron soñar un país con oportunidades de vida digna. Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), cuya promesa es transformar los ciento setenta municipios más afectados por el conflicto en los próximos diez años, fue la oportunidad para que las comunidades en Antioquia dejaran plasmadas sus propuestas para darle inicio al punto uno, que plantea una reforma rural integral.

En ese marco, también surgió el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), una herramienta participativa que pretende sentar las bases para atender las necesidades de esas comunidades en la próxima década, y que abarca trece municipios antioqueños priorizados en estas subregiones: Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Briceño, Valdivia, Ituango, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza.

En estos municipios los niveles de pobreza son elevados y en casi todos se cultiva hoja de coca para uso ilícito o se explota la minería de manera legal y artesanal, también ilegal, por eso una de las peticiones que plantearon al Estado es la de abrir vías carreteables y puentes para superar el aislamiento, además, vivienda, mejoramiento en la infraestructura médica y escolar, electrificación de las veredas, acueductos y proyectos productivos. Estas y otras propuestas quedaron en el PATR que se firmó en diciembre de 2018 en Medellín y en el que participaron voceros de organizaciones sociales, comunidades, entidades públicas y privadas locales, regionales y nacionales.

El trabajo con las comunidades para la elaboración de los PATR se hizo en tres fases, en los trece municipios: la primera fue veredal, de donde surgieron 1.127 iniciativas; la segunda en el ámbito municipal, en la que se revisaron, agruparon y ajustaron esas sugerencias; y la tercera en el nivel departamental, que definió la presentación de 86 propuestas. De ese proceso resultaron, también, trece pactos municipales firmados por los respectivos alcaldes.

Para cumplir, el Gobierno Nacional creó, a finales de 2015, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), cuyo objetivo primario es “transformar el sector rural colombiano y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad”, como dice la entidad en su misión. Dentro de sus propósitos está la generación de procesos participativos de planeación, la inversión en proyectos de pequeña infraestructura, la creación de alternativas de desarrollo económico y, además, supervisar las inversiones monetarias en estos territorios.

En total, en Antioquia fueron priorizados veinticuatro municipios: trece para la subregión Bajo Cauca y Norte y Nordeste, y ocho en el Urabá antioqueño. Los otros tres son atendidos en departamentos limítrofes: dos en el Chocó (Vigía del Fuerte y Murindó) y uno en el sur de Bolívar (Yondó).

La implementación se inició con obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) y con el Plan 50/51 de mejoramiento de vías, con la intención de generar confianza entre Estado y comunidades y permitir acceso a los territorios donde solo llegaban las botas militares, legales o ilegales. Estas obras fueron pensadas en tres fases:

La primera comenzó a principios de 2017 y fue ejecutada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en un convenio con la ART. La segunda fase inició a finales de ese mismo año y aún está en ejecución, fue contratada con la Unión temporal Urabá en Desarrollo, conformada por JV Ingeniería y construcciones SAS de Montería y la Fundación Estudio de Riohacha, a través de una convocatoria pública y con un presupuesto de 14.958 millones de pesos. Esa propuesta quedó seleccionada por encima de cinco firmas habilitadas: Unión Temporal PIC 2017, Consorcio Obras para la Paz, Consorcio Paz Comunitaria, Consorcio Colombia Renace y Fundación Escala al Desarrollo.

En estas dos primeras fases fueron intervenidos Anorí, Remedios, Ituango, Briceño y Cáceres. Wiston Gómez, coordinador regional de la ART en el Bajo Cauca, Norte y Nordeste Antioqueño, explica cómo fueron seleccionados: “Desde el Acuerdo de Paz se identificaron unas zonas veredales y unos puntos transitorios para hacer intervención por parte del Estado. Estaban las zonas veredales de Carrizal, en Remedios; Santa Lucía, de Ituango; y punto transitorio en Anorí. Y también pensamos en beneficiar dos municipios donde hubiera programa de sustitución, ahí fue donde quedaron Cáceres y Briceño. Durante 2018 se nos facilitaron los recursos para hacer PIC y se escogieron otros dos municipios por índices de pobreza y quedaron Valdivia y Tarazá”.

En estos últimos dos municipios aún no se han hecho las obras. Las de Tarazá están en proceso de estructuración, es decir, que requieren estudios y diseños, y están en formulación en la ART; y las de Valdivia empezaron la construcción en junio de este año, allí las contingencias en la construcción de Hidroituango tuvieron que ver en el retraso para iniciar las obras, el municipio entró en una crisis que apenas está logrando superar. Leer más en: Contingencia en Hidroituango atrasa implementación de Acuerdo de paz en Valdivia.

En esas dos primeras fases se hicieron sesenta y tres obras PIC, seis de infraestructura de servicios públicos; cincuenta y tres de infraestructura social y comunitaria como casetas comunales, arreglos de escuelas, placas polideportivas, entre otras, y cuatro de infraestructura vial, en las que se invirtieron 5.482 millones de pesos.

Aún faltan por culminar sesenta y seis proyectos, dentro de los que hay dieciséis en ejecución, trece en estructuración y treinta y siete por iniciar. En total, para estos municipios se invirtieron 7.500 millones de pesos, más la adición de 2.400 millones para Valdivia y Tarazá. El resto del dinero del contrato se invirtió en los municipios de Tierralta y Montelíbano, en Córdoba, y Dabeiba, en el Urabá antioqueño.

Para la tercera fase se abrió una nueva convocatoria en abril de este año, y aún se esperan los resultados para definir cuál será la próxima firma contratista. La ART estima que se intervendrán los demás municipios: Amalfi, Caucasia, El Bagre, Nechí, Segovia y Zaragoza. “Se fortalecerán sesenta y dos organizaciones sociales y serán sesenta y dos proyectos a ejecutar con el presupuesto para las subregiones de 8.200 millones de pesos y para todas las demás regiones del país hay destinados 141.629 millones de pesos”, dice la convocatoria. Ya no se llamarán obras PIC sino obras PDET.

Es novedoso, para muchos campesinos, tener una caseta comunitaria o una placa polideportiva en veredas alejadas donde para reunirse como comunidad solo disponían de algún salón a punto de derrumbarse o un espacio en un potrero para jugar fútbol, sin la posibilidad de practicar otro deporte.

Las Juntas de Acción Comunal no cuentan con mucho presupuesto para hacer obras, sin embargo muchas han hecho esfuerzos, sobre todo en el mejoramiento y apertura de vías por medio de convites, donde cada miembro de la junta aporta días de trabajo o dinero para la realización. Lo mismo ocurre para arreglar escuelas o casetas comunales. Algunas logran proyectos con alcaldías, pero no son muy sustanciales.

“Para nosotros la obra es la excusa. La comunidad es la que nos interesa, el tema social, que la comunidad sienta que esa obra es de ellos y se arraiguen en el territorio”, dice Wiston Gómez, quien cree que esa es la mejor manera de entrar a las regiones históricamente abandonadas por el Estado.

Con el fin de motivar la organización campesina, la ART entregó la ejecución de las obras a las diferentes asociaciones o juntas de acción comunal de cada municipio. El objetivo era fortalecerlas para que durante estos próximos diez años sean ellas las que hagan las obras PDET que estén a su alcance. Para ello se hizo un proceso de selección de organizaciones sociales dispuestas a ejecutar las obras. “Se revisó la papelería de las organizaciones y escogíamos las que cumplían con todos los requerimientos necesarios para los contratos. Las que no cumplían con requisitos entraron al proceso de fortalecimiento para que quedara debidamente registrada, con la papelería al orden del día para poder ser apta para ejecutar obras de aquí en adelante”, afirma Gómez.

Entre las inversiones hechas con las PIC, en Ituango hay un total de diecinueve obras que costaron 1.209 millones de pesos y es donde más se han realizado; seguido de Anorí con dieciséis obras para un total de 737 millones; en Cáceres once que costaron 731 millones; Briceño diez obras para 587 millones; y Remedios ocho que costaron 514 millones. En proceso de estructuración Cáceres cuenta con once obras y Remedios con diez. En Anorí, Briceño, Remedios, Valdivia y Tarazá tienen de a tres obras en ejecución.

Las casetas comunales fueron las más solicitadas en las veredas, tanto en su construcción como el mejoramiento de las que ya estaban iniciadas. El arreglo de centros educativos y aulas escolares también fueron priorizados, como en Cáceres, donde de diez obras realizadas, siete son de este tipo; dos de ellas en comunidades indígenas; una de etnoeducación en el cabildo indígena en la vereda Campanario, y la otra en el colegio de bachillerato del cabildo indígena Alto del Tigre, obras en las que se invirtieron 496 millones.

Para el mantenimiento y el equipamiento de las obras cada junta de acción comunal debe gestionar recursos, y las mismas alcaldías deben contribuir para que no solo se hagan sino que perduren. “Estamos buscando una complementariedad con cooperación internacional para hacer la dotación de los lugares. Cuando entregamos las obras, va un documento firmado por la administración municipal para que le hagan mantenimiento respectivo, porque una obra por muy buena que sea, si no se hace el mantenimiento, no dura”, aclara Wiston Gómez.

La ART regional tiene cuatro ingenieros de planta que estudian cada propuesta, junto con los de la Unión Temporal, para verificar su viabilidad y autorizar la construcción de las obras. Cada una de ellas cuenta con estudio de suelo, de planos y de materiales requeridos para que la obra quede en las mejores condiciones.

Para hacer seguimiento y control a estas obras la misma comunidad crea un comité de acompañamiento comunitario, que cumple funciones de veeduría. Cuando la obra está en el 50 por ciento, el comité revisa y da el visto bueno; cuando la obra está terminada, revisa nuevamente y determina si cumplió con los requisitos que se propuso al principio, luego firman y se entrega la obra. Esto no queda por escrito, lo que limita que otras personas de la comunidad puedan verificar.

“Uno entrega una obra, por ejemplo, una caseta comunal, y es ese agradecimiento de la gente, la felicidad. Yo hago la comparación con un colegio que se hace en la zona urbana y a la gente no le importa tanto como en el campo. Sin revisar el costo hacen lo que sea para agradecer hasta con una sonrisa”, cuenta Gómez.

En Antioquia la infraestructura vial es deficiente, sobre todo en el área rural. En casi todos los municipios los campesinos no tienen cómo sacar sus alimentos al mercado o tardan muchas horas para salir o entrar a las veredas. Eso, si cuentan con un clima favorable. No es de extrañar que las mayores reclamaciones de los habitantes hacia el Estado sean el arreglo o apertura de vías y la construcción de puentes.

La infraestructura vial no es muy diferente en el resto del campo colombiano, por eso nació el Plan 50/51, que presupuestó la distribución de 50 mil millones entre 51 municipios del país afectados por el conflicto armado, para el mejoramiento y adecuación de carreteras terciarias (vías que unen las cabeceras municipales con sus veredas y viceversa). Los recursos para el plan provienen del antiguo Fondo Nacional de Regalías, y son transferidos a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), responsable de su administración.

En Antioquia los municipios priorizados para este Plan fueron Anorí, Briceño, Cáceres, Ituango y Remedios. El caso particular fue el de Anorí, donde el alcalde no quiso firmarlo.

En una primera reunión en 2017, entre las comunidades y funcionarios de la ART, se definió el arreglo de treinta kilómetros de la vía a La Plancha y veinte kilómetros de la de Madre Seca, todo con recursos del Plan. Fueron 880 millones de pesos que se dejaron de invertir en este municipio, un dinero que tuvo que devolverse al tesoro nacional, como lo aclaró el coordinador regional de la ART. Leer más en: Dudas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Anorí.

En los cuatro municipios que firmaron el Plan se invirtieron 3.528 millones de pesos. Los arreglos abarcaron placas huella para los tramos más averiados y peligrosos, además de alcantarillas de canalización de aguas. En Remedios o Briceño arreglaron vías donde los accidentes eran constantes por la inclinación de las carreteras y en épocas de lluvia eran casi intransitables.

Con las PIC también se hicieron algunas mejoras de vías o puentes. En Anorí se repararon dos puentes peatonales, uno sobre la quebrada La Cruz y el otro sobre el río Anorí, ambos por un costo de 70 millones de pesos; en Ituango se hizo el mejoramiento de ingreso a la vereda Quebradona el Indio, que costó 68 millones de pesos; en Remedios está en ejecución la mejora de la vía en la vereda Ocasito por 70 millones. Las demás obras están en estructuración.

“Pedimos que nos arreglaran la carretera del corregimiento que cuenta con ocho veredas. Nos reunimos en la caseta comunal de la vereda Buenos Aires con la alcaldía, la ART y nos dijeron que todo eso debía quedar listo en diciembre del año pasado. Pero nunca hicieron algo. Nosotros fuimos y le reclamamos y el funcionario de la ART nos dijo: es que le vamos a llevar una cosa mucho más diferente, vamos a arreglar la vía y ampliarla. Son solo cinco kilómetros nada más. Yo le creo cuando se vean las obras”.

Aunque las necesidades más urgentes para el sector rural de Antioquia no son las obras de infraestructura, estas sí representan cierta esperanza de superar el abandono estatal. Algunos labriegos concuerdan en que hubo obras que fueron impuestas y no se hizo un proceso totalmente participativo a la hora de proyectarlas en las veredas.

En Cáceres, por ejemplo, donde la guerra se recrudece cada día, se construyó un gimnasio al aire libre en la vereda Peladero, que nadie visita porque la gente teme salir de sus casas. Además, nosotros hacemos ejercicio todos los días con el trabajo del campo. La obra no es muy efectiva donde el miedo no nos deja ser libres”, dice Horacio Rendón, líder de este municipio. Leer más en: Cáceres, sin posibilidad de paz.

O el caso de Briceño, donde las obras se han realizado pero la gente está saliendo del territorio porque el Estado no les está cumpliendo con el Programa Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS). Esto sigue generando pobreza, pues allí la gran mayoría trabajaba con los cultivos de hoja de coca y las disidencias de las Farc están retomando nuevamente el control del territorio. Leer más en: A Briceño llegó el Estado pero no la paz.

Y en Ituango, donde varias de estas obras no han podido ser disfrutadas por las comunidades por los constantes enfrentamientos entre grupos armados ilegales y la fuerza pública. “En la vereda Santa Lucía la caseta comunal se mantiene sola; en la vereda Las Agüitas, vía Palmichal, es donde más obras se han hecho, se nota el cambio, pero la gente se está yendo”, afirma Lida Mira, residente de obras de la Asocomunal de Ituango. Leer más en: Se esfuma la esperanza de paz en Ituango.

En la vereda Santiago en Anorí, la comunidad, en cabeza del presidente de la Junta de Acción Comunal, José David Hernández, en su derecho a la veeduría y control social de las obras, envió una carta al PNUD, a la ART y a la Fundación Forjemos Sueños de Briceño, solicitando una copia discriminada de los movimientos financieros con las facturas de la construcción de la caseta comunal entregada el 20 de mayo de este año.

En la carta cuestionan la calidad de la obra en comparación con otras veredas que tuvieron un presupuesto menor y que están más alejadas del casco urbano. En el acta de entrega que hace la ART a la comunidad no especifican los costos y el manejo de los recursos. El presidente de la junta dice que hay inconformidad porque la caseta costó 71 millones de pesos y los resultados son menores en comparación con otras que levantaron en la Guayana, con 65 millones de pesos; o en San Isidro con 60 millones de pesos.

“Fueron dos casetas, las de Santiago y El Carmín que quedaron muy deficientes, el techo parece una palomera. No nos dieron el presupuesto ni al principio ni al final, si no es porque yo voy y averiguo con el encargado de la ART regional sobre lo que se iba a ejecutar”, relató el presidente de la junta. En el acta hay espacio para diez imágenes y en esta no contiene ninguna. La supervisión de este tipo de obras la hacen los ingenieros de la ART.

Con la construcción de los pactos municipales en Anorí, y para complementar las propuestas del PATR, la comunidad denunció que los funcionarios llegaron con todo arreglado para la fase veredal sin escuchar cuáles eran las necesidades reales en cada territorio. En agosto de 2018, cuando se iba a hacer la firma del pacto municipal, estaban en reunión en el Concejo con los campesinos e instituciones y un funcionario de la ART dijo que ya todo había quedado listo, que no se podía cambiar nada del pacto municipal.

Los líderes decidieron pararse de la mesa y dijeron que no lo aceptaban porque no había sido construido conjuntamente. Ese mismo día hicieron una movilización por las calles del pueblo. La ART tuvo que repetir el proceso en las veredas. Desde ese día no hay un funcionario de la ART en este municipio.

“Nosotros teníamos unas expectativas muy grandes, que íbamos a salir del abandono, de la guerra, pero no es así. Nos hicieron una caseta muy buena, muy grande, pero si el gobierno le hubiera dado a la comunidad los recursos habían servido más. Nosotros hemos hecho obras y la plata nos ha rendido”, dice Fernando Zapata, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda San Isidro en Anorí. La obra la contrató la Unión Temporal y la ejecutó la Asociación de Paneleros de Anorí (Apanor).

En este municipio también hay una cancha de fútbol en la vereda La Primavera que ya fue entregada a la comunidad y costó 42 millones de pesos, pero la obra se está deteriorando porque no se culminó. Bajo la supervisión de ingenieros de la ART, la construcción fue realizada por la Unión Temporal como contratante y la Asociación de Productores de Queso de Anorí (Asproquema) como contratista. El contrato se firmó en octubre de 2018. El presidente de la junta, Francisco Antonio Ruiz, dice que la única razón que le han dado es que se acabó la plata y que debe gestionar recursos para terminarla, “pero no contamos con ellos y la obra quedó a medias”, explicó.

En el caso de Remedios, en dos obras ejecutadas por la Corporación de Acción humanitaria y convivencia por la paz del nordeste antioqueño (Cahucopana) y contratadas por el PNUD, la organización denunció errores básicos de planeación. El ingeniero encargado no visitó las veredas, y por ello el presupuesto no fue el adecuado para ejecutar las obras, cubrir los transportes, calcular materiales o cantidad de personal.

La comunidad de la vereda El Piñal tampoco estuvo satisfecha con la batería sanitaria para la escuela y a los días siguientes de su construcción dañaron el pozo séptico, y dejaron las aguas negras sin canalización. Leer más en: La meta en Remedios: superar desigualdad social con Acuerdo de Paz.

Wiston Gómez afirma que algunas de estas dificultades se presentaron con el PNUD, “muchas veces el ingeniero organiza todo y no nos avisa o no nos entregan informes. Tenemos la ventaja de que hay mucha comunicación con la gente en las veredas, nos llaman, preguntan, nos avisan de los problemas”.

La Unión temporal Urabá en desarrollo (UT) se conformó en 2017 para presentarse a la convocatoria pública para ser contratista de la segunda fase de las obras PIC y de la que hacen parte dos firmas: JV Ingeniería y Construcciones SAS de Montería y la Fundación Estudio de Riohacha. Fueron 102 proponentes y la UT ganó sobre todos con los mil puntos requeridos para acceder al contrato.

La primera se dedica a la construcción de obras de ingeniería civil, construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de edificios no residenciales. Se constituyó en septiembre de 2012. El gerente es Juan Carlos Amador Carrascal y como suplente está Vladimir Posada Constain. La junta se renovó en 2016. Tienen el 62 por ciento del contrato con la ART.

La segunda fue presentada como la responsable del fortalecimiento social y comunitario, sin embargo no fue posible encontrar información sobre ellos. Tienen el 38 por ciento del contrato con la ART. El fondo Colombia en Paz, en el informe de evaluación de los proponentes para las obras PIC, dijo que la Fundación Estudio no contaba con la experiencia en fortalecimiento social y comunitario. Aun así, la Unión Temporal argumentó que sí tenía la experiencia con el programa Familias en Acción en Fonseca, La Guajira. A lo que el Fondo aceptó la explicación como favorable.

El representante legal de la Unión Temporal es César Augusto Martínez, quien firmó el contrato con la ART. Dentro de la evaluación al contratista dice que “no representa coincidencias según resultado arrojado en la consulta dentro del sistema de administración del riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo. Que el contratista manifestó bajo la gravedad de juramento que no se encuentra en situación de inhabilidad o incompatibilidad. Además no se reportan antecedentes disciplinarios ni judiciales de sus representantes legales”. Pero el panorama de JV Ingeniería demuestra lo contrario.

Se rastreó que el 25 de mayo de 2015 hubo una visita administrativa e inspección en las instalaciones de JV Ingeniería por la Superintendencia de Industria y Comercio de Montería, para recopilar información sobre contratación pública y se encontraron con que María Luisa Cañaveral, coordinadora administrativa, no tenía autorización del representante legal Juan Carlos Amador para entregar información.

La superintendencia llamó a Amador para que hiciera presencia en la oficina. Solo entregó contraseña del correo electrónico gerencia@jvingenieros.com, pero no el de jamador@jvingenieros.com. Además no permitió inspeccionar el computador asignado por la empresa, alegando que había información personal allí. Tampoco envió la información con la que quedó comprometido e impidió la revisión del computador del auxiliar de ingeniería. La visita empezó a la 3:30 p.m. y terminó a las 9:15 p.m. Por negarse a suministrar la información requerida, la SIC aplicó una multa de 781.242.000 pesos, que hasta ahora se desconoce si pagó o no.

Por otro lado, se encontró que en 2015 hubo sospechas de irregularidades con un megacontrato en Cartagena por 57 mil millones para los diseños, ajustes de diseños, construcción, reposición y adecuación de las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena. Allí, las obras se dividieron en tres grupos y uno de ellos fue Consorcio Industria y Bahía, conformado por Construcciones y Pavimentos Ltda., JV Ingenería y Construcciones SAS y Excavaciones Jobepa SL-Sucursal Colombia. Lo que llamó la atención es el fraccionamiento de los contratos, pues “los proponentes se presentaron cada uno a un grupo diferente, para así ser los únicos participando”, como se conoció a través de La W Radio.

También está el caso de cien millones de pesos invertidos por la Alcaldía de Montería en el año 2012 para el mejoramiento y adecuación de la infraestructura física del colegio Fundadores Comunitarios del barrio El Paraíso y ejecutados por el consorcio San Miguel, representado por Juan Carlos Amador Carrascal. La obra no quedó terminada, como lo reportó el periódico El Universal.

Además, en abril de 2017, se conoció un presunto caso de corrupción con la renovación del estadio de fútbol Jaraguay de Montería, donde la alcaldía pagó 8.248 millones de pesos a un consorcio representado por Juan Carlos Amador Carrascal. “En noviembre, parte de las graderías que se construían colapsaron; además, la obra se ha suspendido tres veces y la fecha de entrega ya se prorrogó tres meses”, como lo registró el diario El Tiempo, bajo el título “Saqueo al deporte cuesta más que la preparación de los Olímpicos de Río”.

Tras una búsqueda en el Secop y varias bases de datos no se pudo establecer si, por presuntas irregularidades en las ejecuciones de esos contratos, Amador Carrascal tiene investigaciones en su contra o ha sido sancionado contractualmente por los entes fiscales.

EEl 28 de mayo esta alianza periodística contactó a Diego Gutiérrez, encargado de las PIC por parte de la Unión Temporal Urabá en Desarrollo, con quien se concertó el envío a su correo electrónico de varias preguntas sobre temas afines a esta investigación, pero hasta el cierre de este artículo no había respondidó.

En Anorí, algunos líderes se han quejado del ingeniero Leonidas Santos Lizarazo de la Unión Temporal porque quería imponer obras o comprar material de construcción en una ferretería para favorecer a un candidato a la alcaldía. El presidente de junta de la vereda Santiago dice que esa firma, que es supervisada por funcionarios de la ART, “sigue manejando los recursos sin dar informes y muchas comunidades estamos sospechando de esos manejos”.

“A nosotros no nos ha llegado la información de lo que hace la Unión Temporal en el territorio”, aclara Wiston Gómez y afirma: “la razón nuestra son las comunidades, no podemos permitir que unas personas entren a chocar con ellas. Lo único que supe en Anorí fue lo del tema electoral pero eso nos lo aclararon. Nosotros no podemos entrar tampoco a mirar qué filiación política tiene este o aquél negocio a ver si compramos o no. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos. La misma administración sacó la cara por el ingeniero Leonidas. No hemos tenido quejas como tal. Y cuando se hacen las entregas la gente se queda callada”.

Los PDET operarán hasta 2028 y es ahí donde el Estado deberá garantizar el cumplimiento a los Acuerdos de Paz en su conjunto. Tal vez uno de los papeles más cruciales es de la unidad entre el Plan Nacional Integral de Sustitución voluntaria (PNIS), con el PATR, pues estos territorios son grandes cultivadores de hoja de coca y por ello requieren cambios estructurales. Más que obras, en estos lugares necesitan proyectos de vida que les brinden solvencia económica.

Es pronto para calificar la efectividad o la calidad de las PIC, pues están muy recientes y su uso mostrará si fueron bien hechas o no. Lo que sí debe garantizar el Estado es que los campesinos se puedan mover libre y fácilmente por sus propios territorios, que puedan disfrutar de esa nueva infraestructura y tengan claridad de cómo se están invirtiendo esos recursos. Es natural que muchos de los pobladores se frustren con la terminología técnica y legal y que se les dificulte tener conocimiento pleno de lo que se está haciendo.

“Los PDET fueron una lucha muy larga, ahí está plasmado lo que necesitamos. Si se llegan a desarrollar así como están, nosotros viviríamos en un paraíso, pero hasta el momento no sabemos nada. Nosotros queremos que se abran las vías porque sin vías no hay proyectos productivos, que haya fuente de empleo porque aquí en Anorí está acabada la economía”, afirma Fernando Zapata.

Ante el panorama, Wiston Gómez concluye que estas iniciativas “no se van a cumplir en el primer año o el segundo. Es un proceso. Es una cuestión de voluntad y de organizar muy bien todo lo que se va a hacer. Es la primera vez que se ve este tipo de cosas en el país y es un asunto de ensayo y error, nadie nos ha dicho cómo se hace, pero estamos tratando, con todo el corazón de hacerlo lo más efectivo posible para mejorar”.

Una investigación de
Bibiana Ramírez