Los CIC, una millonaria inversión huérfana de seguimiento

Solo en el departamento de Caldas se han invertido 16.853 millones de pesos en diecinueve Centros de Integración Ciudadana, algunos con posibles sobrecostos, estudios irregulares de suelos, obras en terrenos inestables y retrasos.

Un programa que tiene como meta fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana, incluyendo a territorios de posconflicto, ha invertido 745 mil millones de pesos en la construcción de 880 obras denominadas CIC (Centros de Integración Ciudadana). El resultado: 723 municipios con una cancha polideportiva cubierta, con graderías, camerinos, baños, una oficina para un coordinador y tres puestos de trabajo y una tarima. Sin embargo, el descuido de las administraciones locales y la falta de planeación y control están dando al traste con varias de ellas.

El programa CIC es del Ministerio del Interior, financiado con dineros del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon). Los alcaldes, mediante las administraciones locales, aportan los lotes que deben ser del municipio y también son los encargados de licitar y ejecutar la obra.

La alianza de medios que hace posible este proyecto de investigación de Consejo de Redacción visitó veintiséis de estas obras en Nariño, Caldas, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca y Antioquia, y encontró que algunas se encuentran en mal estado, están en condición de abandono, fueron suspendidas y otras se construyeron muy lejos de los centros urbanos, por lo que a la comunidad se le dificulta usarlas con regularidad, según manifiestan.

La Contraloría General de la Nación, ente encargado de fiscalizar los dineros públicos de las contrataciones, puso el ojo en el programa, pero solo pudo recorrer una muestra de ochenta obras, lo que implica el diez por ciento del total de los CIC; en el de Ocaña reportó un daño al patrimonio público de 470 millones de pesos, un hecho que en su momento denunció el Ministerio del Interior.

La gran conclusión de los hallazgos en las obras visitadas, según una entrevista concedida por Felipe Córdoba, contralor general de la Nación, es que “hay mala gestión, falta de planeación, tienen problemas de ejecución”.

A finales de 2013, el país seguía con atención los diálogos de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc. Aurelio Iragorri Valencia era ministro del Interior, se trabajaba en la reelección de Juan Manuel Santos como presidente de la República y el Ministerio del Interior estaba empeñado en fortalecer acciones del Estado en el territorio.

El 24 de octubre de 2013, ante el Comité Evaluador de Fonsecon, que preside el ministro del interior, en ese entonces Iragorri, se presentó el proyecto CIC (Centros de Integración Ciudadana). El acta contempla como objetivo general del programa “construir un modelo de intervención y ocupación física del territorio, mediante un escenario de articulación e integración social de actores locales en el cual se desarrollen con carácter preventivo metodologías de convivencia social de carácter cívico, lúdico, pedagógico, cultural y recreativo, en pro del mejoramiento de las relaciones de convivencia, civilidad y cultura ciudadana en la prevención del delito en los municipios del país”.

En el mismo documento, en la página 8, se resalta la necesidad de estos espacios para “fortalecer la tolerancia en medio de la diferencia en el proceso de posconflicto”.

La Dirección de Infraestructura del Ministerio del Interior estableció un "coliseo" prototipo al que se le hacen adaptaciones de acuerdo a su ubicación. Se contempló, igualmente, la organización de los procesos de licitación, contratación e interventoría de las obras, como indica la ley.

En 2014, siendo ministro del interior el liberal Juan Fernando Cristo, se celebró otra reunión del Comité Evaluador de Fonsecon en la que se revisó la ejecución presupuestal del fondo, el listado de recursos para diseños y construcción de CIC; la viabilidad de las obras y la adición de 2.771 millones de pesos, para nueve de estos centros. Tres de ellos en Norte de Santander, de donde es oriundo el exministro.

El acta número 12, suscrita el 2 de octubre de 2014, en su página 20, hace referencia a la reprogramación de los dineros para los CIC, “considerando que las condiciones actuales del país están enfocadas a temas de paz, reconciliación, restitución de tierras, zonas de posconflicto, zonas de consolidación y reparación de víctimas, entre otros, por lo cual enfatiza que al finalizar el nuevo cuatrienio el país debería tener una cobertura importante en el desarrollo de este tipo de proyectos. De acuerdo con lo anterior, se debe programar la entrega de doscientos CIC por año (…)”. El acta fue firmada por Cristo.

Tres meses después de ser reelegido, el presidente Juan Manuel Santos inauguró en Puerto Caicedo, Putumayo, el primer CIC del país. Esta obra, que ya se venía desarrollando, fue adaptada a las nuevas especificaciones del modelo estándar CIC que propuso el Ministerio del Interior

En esa ocasión, Santos aseguró: “Vamos a seguir construyendo más Centros de Integración Ciudadana como este (…) Tenemos previsto hacer por lo menos doscientos cincuenta en diferentes municipios porque este es un centro que lo hemos estudiado, multipropósito, y que ayuda mucho a que las comunidades se junten, se unan y se diviertan, y puedan progresar unidas”.

Gracias al jugoso presupuesto del Fonsecon, que solo para 2015 hizo apropiaciones por más de 272 mil millones de pesos, y al impulso que tanto el presidente como el ministro le dieron al proyecto, se desató una seguidilla de estas inversiones en todo el país.

El hecho fue criticado en noviembre de 2017 por César Gaviria Trujillo, expresidente y líder del Partido Liberal, quien dijo que los CIC se estaban usando para hacer política y que se estaban repartiendo a los alcaldes del entonces ministro Cristo.

El ministro del interior, Guillermo Rivera Flórez, quien sucedió a Juan Fernando Cristo, continuó los CIC en una proporción menor. El 5 de noviembre de 2017, junto con seis miembros del Comité Evaluador de Fonsecon, tomó una decisión que quedó en el acta: “(...) revocar la aprobación y asignación de recursos de Fonsecon a los proyectos (viables) (...) la anterior solicitud obedece a que el país afronta un periodo preelectoral complejo, con una notoria polarización política, la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales, la consulta del Partido Liberal para la elección de su candidato presidencial y el trámite legislativo de la JEP, situaciones que pueden llevar malintencionados señalamientos a los miembros del comité de posibles favorecimientos a diferentes actores y una probable configuración de participación en política”.

Rivera se refirió a ello en una entrevista para este artículo: “Yo mismo le pedí al Comité revocar una decisión grande que habíamos tomado en 2017. ¿Y por qué lo hice? Porque ya iba a comenzar la campaña al Congreso. Se iba a desarrollar una consulta liberal para escoger candidato presidencial y empezó todo el rumor que suele ocurrir cuando hay una campaña de por medio (…) Se revocó precisamente para evitar cualquier tipo de suspicacia de carácter político”.

Juan Fernando Cristo se retiró del Ministerio del Interior para ser precandidato presidencial y participó sin éxito de la consulta del Partido Liberal, el 19 de noviembre de 2018. En entrevista para este reportaje aclaró: “Gaviria armó la “pataleta” de que estábamos usando el programa (…) Ese comité revocó antes de las elecciones y para darle tranquilidad al presidente”.

Tanto Rivera como Cristo confirmaron que las más beneficiadas con el programa han sido las comunidades, pues en muchos municipios esta es la obra más importante y quizás la única que se constituye en centro de actividades lúdicas y recreativas de la población. De los CIC visitados para este reportaje, unos cumplen con este objetivo y confirman lo dicho por los exministros, pero otros, por el contrario, están abandonados por falta de administración adecuada.

Las obras físicas de los CIC son cubiertas totalmente con dinero del fondo y a las administraciones municipales les corresponde aportar los lotes donde se construirán, así como los acabados, obras complementarias, servicios públicos y la mano de obra para asegurar su funcionamiento. En promedio por cada CIC se invierten 959 millones de pesos.

Si un municipio quiere un CIC debe solicitarlo mediante un procedimiento similar al del Sistema General de Regalías, es decir, presentando proyectos que son evaluados por un comité técnico. En teoría todo municipio puede acceder a un CIC si cumple con los requisitos y presenta un proyecto viable.

Según el acta de 2014 del Comité Evaluador de Fonsecon, firmada por Cristo, “para la aprobación de los proyectos viabilizados se tendrán en cuenta condiciones enfocadas a temas de paz, reconciliación, restitución de tierras, posconflicto y reparación de víctimas, entre otros, por lo cual enfatiza que se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: situaciones de orden público, municipios de zonas de frontera, categoría municipal, municipios en zona de consolidación, municipios sujetos a reparación colectiva”.

En 2019, Fonsecon cuenta con un presupuesto de 242.000 millones de pesos, que se alimenta de contribuciones del cinco por ciento de los contratos de obra de las instituciones del orden nacional y de un 0,25 por ciento de los recaudos de las concesiones en todo el país.

Seguirle el rastro a la plata de los CIC en el país no es nada fácil y deja ver un desorden al interior de varias entidades del Estado. Para empezar, la publicación de la información sobre la millonaria contratación no es eficiente.

El primer acercamiento a los datos que realizó esta alianza se hizo con base en una respuesta del Ministerio del Interior al diario La Patria. Es un listado en papel que tiene los números de los convenios suscritos por dicha cartera con los entes territoriales para el giro de los recursos que haría posible la construcción de los CIC.

Sin embargo, al buscar los números de convenio en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop 1 y 2, para identificar específicamente los contratos firmados, con qué contratistas, el objeto contractual, entre otros aspectos, se detectaron múltiples fallas. Se encontraron publicados convenios duplicados que corresponden a los años 2013, 2014 y 2015.

Si se consulta directamente a funcionarios del Secop por el desorden de la información, simplemente argumentan (sin que se puedan citar sus nombres) que Secop 1, la base de datos de contratos más grande de las entidades territoriales, es análoga y susceptible a errores que nadie corrige. Y que por eso hace un año se abrió Secop 2. Lo cierto es que esta contiene poca información, solo de Bogotá e instituciones del orden nacional, y escasa información sobre contratación de los entes territoriales.

Tras el cruce de datos, por lo menos dieciséis convenios suscritos entre el Ministerio del Interior y las alcaldías aparecen repetidos, según información del Secop 1, otros ni siquiera se pueden rastrear en el sistema. Doce representantes legales de las firmas constructoras tienen inconsistencias en sus números de identificación, ya que un mismo nombre tiene dos números de cédula distintos en los contratos en físico. Asimismo, no hay un método unificado para almacenar los contratos en las bases de datos que permita la trazabilidad, lo cual va en contra del principio de transparencia de la información pública, consagrado en la Ley de Acceso a Información.

El caso es que, tras hacer un rastreo y cruce de información, que muy posiblemente no arroja todos los Centros de Integración Ciudadana contratados debido al desorden de la información, la construcción de los CIC ha cubierto todos los departamentos del país, excepto Guainía.

De otro lado, mientras en algunos departamentos como Antioquia tienen hasta noventa CIC, en otros como Guaviare, Amazonas y San Andrés y Providencia, solo hay uno.

La Contraloría General de la Nación realizó tres auditorías a las obras de los CIC, 2015, 2017 y 2018. En los informes advirtió sobre falta de control de las obras y cuestionó a varias alcaldías municipales y contratistas. Se refirió a debilidades en el seguimiento y control de los convenios de construcción y en los estudios y diseños de los CIC. También detectó fallas en la asesoría de Fonsecon a los entes territoriales, lo cual derivó en que el ministerio devolviera a las alcaldías varios proyectos.

El ente de control adujo falta de transparencia del MinInterior, ya que no publicaron los documentos y actos administrativos referentes a la contratación en el Secop 1 como lo establece el Decreto 1510 de 2013, lo cual se tradujo en “omisión a las garantías constitucionales”.

En un segundo informe de auditoría (2017), dirigido directamente al ministro del interior Guillermo Rivera, también liberal y sucesor de Juan Fernando Cristo, fueron auditados cuarenta y tres convenios en dieciséis departamentos del país. En ellos se detectaron fallas en el sistema de desagües, ya que muchos centros auditados presentaron inundaciones. El ministerio respondió que las obras eran responsabilidad de los alcaldes.

La construcción del CIC de Chibolo tardó cuatro años y las obras se terminaron incluso después de vencido el convenio, ante lo cual, en abril de 2017, el ministerio demandó al municipio por incumplimiento del contrato.

El tercer informe, 2018, fue dirigido a la actual ministra, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, y entre otros aspectos, allí está relacionada la configuración al detrimento en el CIC de Ocaña.

En el documento de auditoría el ministerio no se hizo responsable de ninguno de los hallazgos de la Contraloría por los fallos en las obras ni en los estudios, pues calificó las observaciones como una “confusión de los límites de competencias, usurpación y extralimitación de las funciones públicas”. La Contraloría, por su parte, manifestó reiteradamente que la ejecución de los CIC es parte de la Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana del ministerio, para la cual Fonsecon aporta los fondos.

Felipe Córdoba reconoció en la entrevista que lo más complejo es que no se puede llegar a la revisión de todas las obras, para determinar si cumplen los objetivos para los cuales fueron construidas: “Ojalá pudiésemos llegar a todos, lo que pasa es que aquí se logró tener fue una muestra por eso es que es tan importante el proyecto de acto legislativo que hoy está cursando en el Congreso, porque lo que buscamos evidentemente es no llegar al diecisiete por ciento de verificación del recurso público, al que llegamos hoy dentro del presupuesto general de la Nación, sino llegar a un ochenta y cinco o noventa por ciento, pero, para eso, necesitamos una mayor planta, mayor tecnología”.

De otro lado, como respuesta a una solicitud de información para este reportaje, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública confirmó por escrito que en sus sistemas de información hay un proceso disciplinario activo, en etapa probatoria e indagación preliminar, por presuntas irregularidades cometidas por funcionarios del Ministerio del Interior en el manejo de los convenios administrativos realizados con las alcaldías, la gestión fiscal y ejecución de los Centros de Integración Ciudadana, a corte del 31 de diciembre de 2017.

Los convenios que están bajo la lupa del Ministerio Público son los firmados con el municipio Cerro de San Antonio y Chibolo, en Magdalena; Ocaña, en Norte de Santander; Repelón, en Atlántico; Pinillos, en Bolívar; Nariño, en Antioquia y Garagoa, en Boyacá.

Entre tanto, la Fiscalía reportó varios procesos de investigación sobre los proyectos CIC y otros en estado de indagación.

Los CIC no son un programa hecho con dineros de la paz, sino del Fonsecon, pero en palabras de Juan Fernando Cristo, él insistió cuando llegó al ministerio en “priorizar estos centros en los municipios afectados por el conflicto”. Para ese momento había varias listas con los territorios de posconflicto, entre ellas un estudio elaborado por la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior que se refería a más de quinientos en todo el país.

Cristo explica: “cuando nombran a Pardo ministro del Posconflicto, nosotros salimos a departamentos con Pardo, vamos a Antioquia. Salimos juntos como a comienzos de 2016. Entre enero y febrero visitamos como a diez departamentos y parte de la oferta, vuelve y digo, sin que fuera plata del posconflicto, era un poco darle la mano a Pardo que hasta ahora se estaba montando en eso y decir: este es un programa que sí tiene impacto en este municipio y mostrar que el Gobierno ya estaba llegando con algo, sin que se supiera cuáles iban a ser los municipios PDET [Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial]. No se había firmado el acuerdo todavía. Pero sí lo dijimos, vamos a priorizar esto para que vayamos preparando a la gente en un tema de convivencia para el posconflicto”.

Así las cosas, el programa comenzó antes de que los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial definieran cuáles serían los ciento setenta municipios priorizados tras la firma del acuerdo Gobierno–Farc y no con la plata de la paz que se comenzó a definir a partir de la firma del Acuerdo.

Tras las sumas y restas, esta alianza de medios se pregunta: ¿Hace falta una evaluación exhaustiva por parte del ministerio que incluya los 880 CIC para determinar si realmente están ayudando a las poblaciones a las cuales quieren impactar? Sin duda, el programa puede ser mejorado en favor de las comunidades y la inversión del dinero público, más si se tiene en cuenta que este continúa, pues en 2019 se solicitó dinero para construir sesenta y un CIC y, según el Comité 3 de Fonsecon, se aprobaron diecinueve por un valor que supera los veinte mil millones de pesos.

Una investigación de

La Patria de Manizales y El Turbión de Nariño también investigaron las obras de los Centros de Integración Ciudadana en dos regiones:

Lo que no cuadra en los Centros de Integración Ciudadana de Caldas y

Las fallas en las millonarias inversiones de los CIC en Nariño.