Los dilemas del plan vial 50/51 en el Cauca

Si bien el programa representó una ayuda importante para algunas comunidades de este departamento, varios hechos lo empañan, entre ellos obras inconclusas, deudas a trabajadores de la zona, daños a bienes privados, tramos no intervenidos y contratos sin liquidar.

Durante años, las noticias sobre el Cauca estuvieron relacionadas con el conflicto armado. Los protagonistas: la desmovilizada guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), la insurgencia del Eln (Ejército de Liberación Nacional), los grupos paramilitares de las Auc (Autodefensas Unidas de Colombia) y el mismo Estado con las fuerzas militares. Han sido décadas de hostigamientos, masacres, tomas guerrilleras, secuestros y bombas movieron los cimientos del departamento.

Muchos de los hechos de guerra y muerte tuvieron escenario en los intrincados caminos veredales que en estas tierras entrelazan montañas y valles. Por esas vías terciarias olvidadas circularon columnas móviles y frentes guerrilleros, bloques paramilitares y destacamentos militares, también eran las rutas del narcotráfico hacia las costas del océano Pacífico.

En 2017, por esas mismas trochas, caminaron hacia la vida civil buena parte de los siete mil miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc que le apostaron al Acuerdo de Paz en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y que se dirigían hacia el espacio de agrupación en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Cuando llegaron los funcionarios las bautizaron “vías para la paz”, y prometieron una inversión para comenzar a andar, en esos caminos, un futuro distinto a la guerra.

Para abrirle paso a ese porvenir se creó en 2017 el Plan 50/51, una estrategia nacional de mejoramiento de vías terciarias de 50 kilómetros en 51 municipios afectados por el conflicto armado, y cuya inversión sería de 50 mil millones de pesos. Uno de los objetivos era que alcaldías y comunidades, a través de sus organizaciones, tuvieran participación destacada en el proceso.

Según datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se destinaron para el departamento del Cauca cerca de 3.527 millones de pesos para invertir en 203 kilómetros de vías, distribuidos en los municipios de El Tambo, Buenos Aires, Caldono y Miranda.

La que parecía una propuesta favorable, cuyo monto estimado era de 881 millones de pesos para cada municipio, se ha convertido en fuente de inconformidad para varios líderes locales que llaman la atención sobre detalles en la ejecución de los contratos y, además, que reclaman más inversión para el mejoramiento de las vías.

Timba es un corregimiento caucano con aires de municipio. Lo conforman varias manzanas y es la puerta de entrada y salida desde las veredas hacia la cabecera municipal, Buenos Aires. También hacia el municipio de Santander de Quilichao, punto de fácil conexión con Popayán y Cali, y con regiones del norte y sur de Colombia.

Hace dieciocho años esas vías veredales hicieron parte de la ruta inicial de una masacre cometida por un comando paramilitar del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Hebert Veloza, alias “HH”. Sucedió entre el 10 y 13 de abril de 2001, un trayecto de sangre y fuego que llegó hasta la montañosa región del Naya, y que dejó a su paso cerca de cien asesinatos.

Después de dieciocho años, en este mismo punto está la vereda La Elvira, donde hoy se encuentra el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en el que se concentra un puñado de excombatientes de las antiguas Farc que le apuesta a la legalidad. En su momento, la construcción de este lugar trajo vientos de paz en la región y surgía como el inicio de un nuevo capítulo para transformar el municipio. Vinieron entonces los programas que dieron vida a la implementación del Acuerdo de Paz.

Allí llegó y fracasó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que pretendía que las comunidades abandonaran los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y encontraran en otros productos una alternativa para salir adelante en medio de la legalidad.

Pero otro programa sí entusiasmó a los habitantes: el Plan 50/51 para intervenir 56 kilómetros de vías terciarias y, de esta manera, garantizar las condiciones para que las comunidades pudieran sacar las cosechas que lograrían con esos nuevos cultivos.

Consorcio HYP Buenos Aires: “se fueron y no pagaron”

En Buenos Aires las obras del Plan 50/51 estuvieron a cargo del Consorcio HYP Buenos Aires, cuyo representante legal es Ronald Camilo Prada Ulloa, con documento de identificación expedido en Santana, Boyacá. El objeto del contrato, firmado entre el alcalde Urdely Carabalí Carbonero y Prada Ulloa, el 21 de octubre de 2017, fue la rehabilitación y mantenimiento de siete tramos de vías terciarias que debía ejecutarse en dos meses. Sin embargo, el acta de inicio comenzó a regir desde el 10 de enero de 2018 y solo después de cuatro prórrogas, la ejecución terminó el 30 de junio de 2018.

El consorcio lo integran la sociedad Holding Marketing International S.A.S., representada por Eugenio Sebastián David Gómez Torres, y la firma ICC-Ingeniería y Construcciones Civiles SAS, que también representa Prada Ulloa. A esta última compañía, y a su representante legal, la Contraloría Municipal de Tunja les notificó por aviso en página web, el 3 de enero 2018, la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal. Justo por esos días se disponía a iniciar su contrato con la Alcaldía de Buenos Aires.

En el auto de apertura del proceso se le señala de ocasionar un presunto detrimento patrimonial a la Alcaldía de Tunja por un monto de 4.413.780 pesos. Al parecer, el contratista “firmó un adicional en el cual se dispuso unas cantidades de obra que ya habían sido pactadas en el contrato inicial; luego, una vez se realiza la visita del grupo auditor se evidencia que fueron ejecutadas una sola vez”, se lee en la providencia.

Ronald Camilo Prada Ulloa es justamente la persona que ha tenido problemas con varios miembros de la comunidad de Buenos Aires cuando se ejecutaron las obras del Plan 50/51.

Sobre el 50/51, Fredy Córdoba, miembro de la Guardia Cimarrona, asegura que las obras llegaron, pero no se hicieron con la efectividad requerida, ni se tuvo en cuenta a la comunidad. Además, dice, que lo que se ejecutó se hizo “a las carreras”.

Además, denuncia que el Consorcio HYP Buenos Aires le debe a la comunidad cerca de cien millones de pesos por su trabajo durante el desarrollo de las obras: “Los contratistas manifestaban que no había plata. Luego terminaron las obras, se fueron y no pagaron”.

Según Córdoba, el problema con el contratista llegó hasta el punto de que la comunidad le retuvo la maquinaria para que reanudara algunas obras pendientes. “Ellos arreglaron ahí con el interventor para justificar. Hicieron las obras a los trancazos”, aseguró.

En un acta del 13 de agosto de 2018 la Guardia Cimarrona registró la deuda a un miembro de la comunidad. En ese entonces quedó un registro: “le alquilamos al señor Cristian Prada 140 tableros nuevos por un mes, pero no nos hizo la devolución. Fui a buscarlo, pero nadie nos dio respuesta”.

Ante estos incidentes con la comunidad, la Junta de Acción Comunal de La Elvira también hizo una denuncia pública. “Nosotros, comunidades del corregimiento el Ceral, La Elvira, Aures, Llanito, El Silencio, denunciamos los hechos del señor Ronald Prada contra los trabajadores que fueron vilmente engañados”, se lee en un acta de la JAC. Asimismo, el documento asegura que se realizó un contrato “verbal para los trabajos de alcantarillado y box culvert dentro del corregimiento y les quedó debiendo parte de los salarios, alimentación, arriendas y a los dueños de las canteras”.

La Guardia Cimarrona también guarda algunas cuentas de cobro de agosto de 2018, y que aún no les han pagado. En una, aparece la deuda de más de trece millones de pesos por el transporte de material en varios corregimientos; en otra, se exige el pago de cerca de doce millones por concepto de construcción de alcantarillas.

Yener Albeiro Hurtado Cortés, secretario de planeación del municipio de Buenos Aires, también expresó su inconformidad con el contratista por los problemas entre la comunidad. Sin embargo, señaló que los reportes de interventoría prueban que el Consorcio HYP Buenos Aires cumplió oportunamente con las obras. Asimismo, asegura que se cuenta con un aval en el que la comunidad aprueba satisfactoriamente la ejecución del Consorcio. El contratista ya cuenta con los requisitos para iniciar el cobro de ese contrato.

Frente al monto que se le debe a las comunidades, el funcionario les propuso acudir a mecanismos legales, una vez se organicen y presenten el listado de damnificados. Con esto se estudiará la opción de no liquidar el contrato y de retenerle al Consorcio HYP Buenos Aires el 10 por ciento final de los recursos hasta que no encuentren una solución.

Juan Carlos Flor, arquitecto de la ART Cauca, aseguró que este tipo de situaciones no son competencia de la agencia, eso es “netamente entre la alcaldía y el contratista”.

Al cierre de esta investigación, Co.marca digital buscó la versión del contratista y la interventoría, pero se abstuvo de dar respuesta.

Elizabeth perdió el control de la moto y cayó junto a su hija sobre las rocas del camino. Las piedras grandes que brotan de las vías onduladas entorpecen constantemente el trayecto Porvenir-Arrayanes-Rinconada. Pocos logran dominar las motos y completar el trayecto. Algunos habitantes de la zona prefieren caminar por los atajos o atravesar a caballo, aunque en época de invierno ni siquiera esas alternativas parecen funcionar.

Esto mismo sucede en tramos que atraviesan otras veredas de El Tambo, como Las Piedras, Manizales, El Márquez, Los Llanos, Obelisco y Monte Oscuro, entre otros. La preocupación de varios presidentes y miembros de las Juntas de Acción Comunal es común: el arreglo de las vías no aguantará mucho tiempo. Lo vaticinan por una mezcla de alto tráfico y porque sienten que el apoyo del Plan 50/51 no fue suficiente para garantizar su bienestar ni para mejorar las condiciones para comercializar sus productos.

Arnobin Anaya y Mercedario Montilla, integrantes de la JAC de El Márquez, denuncian que las obras del Consorcio El Tambo presentan irregularidades. Las cuatro alcantarillas, los mil quinientos metros de calzada y los novecientos metros de afirmado que debían hacerse en diferentes tramos fueron un fracaso. Los líderes explican que las alcantarillas, por ejemplo, se instalaron donde los ingenieros quisieron y no donde la comunidad les indicó que servirían más: “No nos dejaron mediar palabra. Decían que ellos eran los que sabían”.

A esto se le suman las quejas de los líderes de las veredas Porvenir, Arrayanes y Rinconada, quienes comentan que a pesar de que el Plan 50/51 llegó hasta su sector, la inversión se destinó a las zonas de menor complejidad. “Ellos se fueron a la más fácil, también se necesitaba intervenir Arrayanes y Rinconada que son caminos difíciles”, cuenta José María Gaitán, miembro de la JAC de la vereda El Porvenir. Esa evaluación resultaba crucial, pues las vías empinadas, las cunetas naturales que se forman con la lluvia y las quebradas imponentes que atraviesan las vías, son los obstáculos que más dificultan la movilidad y las conexiones en ese sector.

Sobre la vía Crucero del Obelisco-Monte Oscuro, Luz Marina Sánchez y Manuel Antonio Miranda, integrantes de la JAC, reconocen que las obras mejoraron considerablemente el tránsito, pero no olvidan que el contratista les debe una alcantarilla en un sitio estratégico y que aún falta mejorar tramos. Miranda afirma que todas las inconformidades que surgieron durante y después de la obra se socializaron a finales de 2018 ante el alcalde Celio Urresty Mesa y los demás presidentes comunales de El Tambo. Hasta el momento, ninguna ha sido solucionada.

Que presenten la queja”, fue (nuevamente) una de las alternativas que dio el alcalde del El Tambo, Celio Urresty Mesa, para solucionar las inconsistencias y problemas que él mismo reconoce en el contrato con el Consorcio El Tambo. Urresty advirtió que están a tiempo de presentar objeciones, pues “el contrato aún no se ha liquidado. El contratista debe presentar un paz y salvo de la comunidad. Además, si deben obras o quedaron mal hechas, que lo digan, porque se puede aplicar póliza de cumplimiento”.

Dudas y deudas del Consorcio El Tambo

En el municipio El Tambo la ejecución de las obras estuvo a cargo del Consorcio El Tambo, conformado por Fernando López Rojas, representante legal, y Javier Fernando López Vásquez. El objeto contractual celebrado entre la administración municipal y la firma fue desarrollar “el mantenimiento rutinario de vías, dentro del marco del proyecto red de vías terciarias para la paz y el posconflicto”.

El contrato entre las partes se firmó el 25 de octubre de 2017. Sin embargo, su ejecución comenzó el 19 de enero de 2018. Y a pesar de que se estipuló un tiempo de ejecución de dos meses, los trabajos a cargo del Consorcio El Tambo terminaron el 29 de julio de 2018, después de cuatro prórrogas, y dos días después se firmó el acta de terminación y recibo final.

No obstante, el acta de liquidación del contrato, según registro del portal estatal Colombia Compra Eficiente (Secop), fue publicada el 31 de mayo de 2019. Llama la atención que, al descargar y revisar el documento, el alcalde Urresty Mesa, el supervisor del contrato, Jorge Eduardo Ortega y el representante legal del consorcio supuestamente firman el acta de liquidación final del contrato el 29 de diciembre de 2018.

Pero hay un detalle adicional en el formato de liquidación final de obra que no deja de ser curioso: tiene dos fechas de elaboración; una, de “octubre de 2017”, y otra de “agosto de 2017”.

Al final del documento aparece una nota del representante legal: “dejo constancia que el Consorcio El Tambo tiene una reclamación económica pendiente por obras ejecutadas las cuales no fueron objeto de recibo por parte de la interventoría”.

Ante ello, existen versiones contradictorias. Por un lado, la ART regional Cauca, en declaraciones a Co.marca digital en mayo pasado, aseguró que hasta ese momento no se había liquidado ninguno de los contratos de los cuatro municipios que hacían parte del Plan 50/51, debido a que los contratistas no tenían la documentación completa.

A esto se le suma la versión del alcalde de El Tambo, quien declaró, también en mayo pasado, que el contrato no se había liquidado “ya que el contratista debe presentar un paz y salvo de la comunidad”. También reconoció que “sí hay problemas con el contratista porque contrató personas y no les ha pagado. Eso es algo que uno no puede manejar”.

Esta problemática es reforzada por declaraciones desde la ART Cauca. Según el funcionario de la entidad, Jairo Alejandro Jaramillo, tenían conocimiento del asunto y, por tal motivo, no se le había hecho el último pago al contratista hasta que se solucionara el impasse.

¿Desorden administrativo?

Algunas de las cifras no quedan claras dentro del contrato. El dinero presupuestado para mejorar las vías no se corresponde con los valores de la propuesta consolidada. Por ejemplo, cuando se discrimina el subtotal del tipo de obra en el tramo Las Piedras-Manizales-Los Llanos, este es de 60.534.445 de pesos, mientras que en la propuesta consolidada aparecen 107.838.713 de pesos. Esta situación se repite para los tramos Crucero del Obelisco-Monte Oscuro y Porvenir-Arrayanes-Rinconada.

Estas inconsistencias podrían tratarse de un simple problema de orden. Al cotejar por ítem las cifras subtotales con las consolidadas, estas coinciden. Es decir, el tramo Las Piedras-Manizales-Los Llanos no correspondería al ítem 7, donde se establece el valor final, sino al ítem 5, donde coincide con el subtotal inicial.

Aunque parece que las cifras se cruzaron por accidente, esta investigación no pudo establecer cómo se hicieron las inversiones en las veredas y si se realizaron las respectivas correcciones administrativas. Frente a este tema, Jaramillo, de la ART Cauca, aseguró que se le había hecho la respectiva observación a la alcaldía y al contratista para que se aclarara esta situación. “Eso debieron corregirlo con una adenda”, precisó y, de paso, agregó que esas correcciones debieron aparecer en el Secop. Co.marca digital buscó información para verificar las correcciones administrativas, pero no fue posible encontrar documento alguno. Lo que no queda claro es cómo, ante esas inconsistencias, se le pagaron al contratista las actas parciales de obra. De acuerdo con los informes que reposan en el Secop, todo se canceló sin problema alguno.

Miranda es un municipio del nororiente caucano, muy cerca del Valle, con aproximadamente cuarenta mil habitantes. En tiempos de guerra, era el corredor del Frente Sexto de las antiguas Farc del Comando Conjunto de Occidente, luego Bloque Alfonso Cano.

Dos hechos marcaron la historia de este municipio hacia 1999: el 21 de julio, guerrilleros de las Farc asesinaron a cuatro personas en la vereda Guatemala. Tres meses después, en la cabecera del municipio, insurgentes del extinto Comando Conjunto de Occidente asesinaron a cinco personas más en una de las calles del pueblo.

Veinte años después Miranda es un municipio que comienza a pasar aquellas dolorosas páginas de la guerra. Como la mayoría de territorios que sufrió la presencia de actores armados, se debate entre la sustitución de cultivos de uso ilícito, como una forma de transformar su territorio, y los miedos ante un incumplimiento del Gobierno Nacional.

Allí también llegó el posacuerdo en forma de programas para instalar la paz territorial, uno de ellos, el Plan 50/51. Podría decirse que Miranda es el único municipio en el que los presidentes de juntas de Acción Comunal dicen estar conformes con las obras. Su inquietud, en cambio, tiene que ver con que los recursos que llegaron fueron pocos para mejorar plenamente las vías.

Fernando Bonilla, presidente de la JAC de Calandaima, dice que la misma comunidad ayudó a priorizar las obras ante las cuatro opciones que ofrecía Invías. “Las necesidades más grandes que tenían las vías era de afirmado, es decir, casi todas. Pero el recurso era muy poco y no daba para tanto". Se tomó la decisión de priorizar. Así, en algunos lugares se puso el afirmado, en otros placa huella y en otros alcantarillas o el arreglo de las mismas”, detalla Bonilla.

En esa misma línea se manifiesta el presidente de la JAC de la vereda El Horno, Edwin Remigio, quien asegura que las obras se hicieron bien y de manera cumplida porque hubo participación activa de la comunidad. “Creo que los recursos fueron pocos, pero por algo se empieza. Es una semilla. Hay que seguir trabajando, para ver si más adelante se logra algo más grande”, aseguró el líder.

Obras terminadas, contrato sin liquidar

La Unión Temporal Vías Cauca 2017, cuyo representante legal es José David León Bastidas, suscribió el 30 de octubre de 2017 un contrato con la Alcaldía de Miranda para rehabilitar y mejorar las vías terciarias de este municipio. Tras algunos inconvenientes administrativos, firmó acta de inicio el 15 de enero de 2018. Para este caso, hubo dos adiciones en tiempo que extendieron las obras hasta la última semana de mayo de 2018. Y pese a que el contrato no está liquidado aún, el 8 de noviembre las partes firmaron un acta aclaratoria al acta de recibo y entrega final de la obra.

¿Salir o no salir? Ese fue el dilema que enfrentó Ermes Torres durante un día y una noche, mientras afuera, en el corregimiento Siberia del municipio de Caldono, las ráfagas y las bombas imponían su ley. El Frente Sexto de las Farc arreciaba nuevamente. Minutos antes había llegado a la morada donde se celebraba un acto litúrgico en memoria de su amigo profesor William Muñoz, asesinado el día anterior. Apenas se escucharon los primeros disparos, no tuvo más remedio que tirarse al suelo y esperar a que ningún cilindro cayera en el lugar.

Tras la firma del Acuerdo de Paz con la antigua guerrilla de las Farc, Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Venta, asegura que las condiciones en la zona cambiaron. Las tomas guerrilleras y hostigamientos disminuyeron notablemente, aunque no dejan de preocuparle los asesinatos y amenazas a los líderes sociales.

Por su vereda pasa uno de los doce tramos de vías terciarias intervenidas en el municipio de Caldono con el Plan 50/51. Para Torres, la obra fue importante porque mejoró uno de los tramos más difíciles del sector, imposible de transitar en invierno, lo que dificultaba el transporte de café, principal producto de la zona. Además, resalta la importancia de haber contratado la mano de obra con varios miembros de la comunidad: “eso ayudó al sostenimiento de algunas familias”, reconoce.

Jorge Trujillo, presidente de la JAC de la vereda El Porvenir, también está conforme con las obras ejecutadas en el tramo Porvenir-Los Quingos, y destaca que gracias a la inversión y el manejo de los recursos conformaron sus propias veedurías, que estuvieron atentas a la ejecución de las actividades pactadas con el contratista e interventoría. “No logramos el total de la vía, que tiene más de nueve kilómetros de extensión, pero se intervinieron casi tres kilómetros con afirmado. El resto aún tiene tramos críticos, ojalá la plata hubiera alcanzado para más”, dice el líder.

Jaime Rodríguez, ingeniero de la oficina de infraestructura de la Alcaldía de Caldono, asegura que uno de los problemas es que los tramos a intervenir eran largos, y por ello no se podía hacer un mantenimiento total al requerir más recursos: “solo contábamos con lo que nos dieron”. Menciona, además, que conseguir dinero para esta tarea es casi que imposible y que el Plan 50/51 ayudó a mejorar algunas vías terciarias de los más de 344 kilómetros con las que cuenta el municipio.

Aunque al parecer en Caldono las obras se ejecutaron de la mejor manera, hay líderes como Francia Elena Muñoz, de la vereda El Porvenir, que no se encuentran del todo a gusto. Para ella, el mejoramiento de la vía no corresponde al monto que se gastó, y el material usado por el Consorcio Kaocci, contratista para hacer el afirmado, no fue de buena calidad, pues una parte es tierra. También insiste en que el grosor del material de afirmado no quedó de diez centímetros, como se había pactado.

Muñoz señaló a la firma contratista de ocasionar daños en la sede educativa El Porvenir-Pescador. Así quedó registrado en un oficio firmado por docentes y padres de familia de la escuela, fechado el 6 de junio de 2018, y enviado a la Alcaldía de Caldono.

En este documento se enlistan los deterioros en la institución: “La puerta principal de la escuela fue golpeada con la motoniveladora y se despegó de sus pilares; en el restaurante escolar y por la vibración de las máquinas se quebraron tres vidrios grandes y se cuartearon las paredes; y en la parte de la entrada de la escuela y en el lugar donde se volteaban las volquetas quedó vuelto nada”.

A pesar de que la queja fue radicada ante la Alcaldía de Caldono el 9 de junio de 2018, Muñoz afirma que no recibieron respuesta. Al trasladarle la pregunta a Rodríguez, respondió que hasta la fecha no había quejas de la comunidad y que si había algo pendiente, el contratista debía ofrecer alguna solución.

Datos sobre el Consorcio Kaocci

El Consorcio Kaocci se encargó de intervenir los 50 kilómetros de vías terciarias en el municipio de Caldono. La firma está representada por Juan Carlos Canencio Sánchez. El objeto del contrato, firmado el 25 de octubre de 2017, era realizar el “mantenimiento periódico de las vías terciarias priorizadas en el Plan 50/51 dentro del marco del convenio N°SC007-17 suscrito entre la Agencia para la Renovación del Territorio y el Municipio de Caldono”.

El acta del inicio de obras es del 22 de noviembre de 2017, pero según el otrosí número 2, firmado entre la ART y la administración municipal, da vía libre a una prórroga hasta el 30 de junio de 2018 para terminar con las tareas asignadas. El contrato actualmente no se encuentra liquidado.

Dos detalles que llaman la atención sobre el contratista: la matrícula mercantil del representante legal de Kaocci se canceló el 10 de octubre de 2010, y fue el único proponente en el proceso de licitación.

En febrero de 2017 el expresidente Juan Manuel Santos anunció la aprobación del Decreto 248, del Departamento Nacional de Planeación, que daba vida a una de las iniciativas más ambiciosas de su mandato: el Plan 50/51, cuyo objetivo era mejorar 50 kilómetros de vías terciarias en 51 municipios priorizados.

Y fue justamente en septiembre de ese año, en el municipio de El Tambo (Cauca), sobre la vía San Joaquín – Las Piedras, donde Santos dio inicio a lo que llamó “el primer paso de este posconflicto”.

Desde su anuncio, esa era la promesa. Instituciones del gobierno como la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y medios de comunicación hicieron eco de ese enunciado: por cada municipio se mejoraría medio centenar de kilómetros.

Pero la realidad en los territorios es otra. No se intervinieron 50 kilómetros de vía, solo algunos tramos: los más críticos según Invías y hasta donde alcanzara el presupuesto.

El ingeniero Jairo Alejandro Jaramillo, funcionario de la ART Cauca, aseguró que desde el inicio se habló con la comunidad para anunciarles que solo se mejorarían algunos tramos y que dependería de dos elementos: que fuera donde más se necesitara y donde el presupuesto alcanzara: “Realizamos socializaciones con la gente para no generar falsas expectativas”, advierte.

Por su parte, Andrés Duque, también de la ART, aludió la confusión a elementos técnicos dentro de este tipo de intervenciones. Según él, “las vías tienen nombre y apellido, y hay que nombrar los trayectos porque en una vereda pueden existir muchos ramales. Por eso siempre se nombra desde el punto inicial hasta el punto final, pero eso no quiere decir que se vaya a trabajar en toda la vía”.

Pero otra cosa piensa Ricardo Antonio Corredor, subdirector de la Red Terciaria y Férrea del Invías y encargado de coordinar la interventoría técnica del Plan 50/51 en el país. Para este funcionario, desde el mismo nombre del programa existe un error, pues se destacaba la intervención de 50 kilómetros de vías terciarias con un monto que no pasaba de los 900 millones de pesos por cada municipio priorizado.

“Un kilómetro de vía con obras de arte, con todo, sin utilizar las placas huellas caras, puede llegar a valer 1.200 millones de pesos. Entonces, imagínate la decepción en la comunidad al decirle que se van a invertir 800 mil en 50 kilómetros”, aseguró Corredor.

Dijo, además, que al visitar algunas zonas del país encontró que algunos contratistas ponían una alcantarilla cada diez kilómetros: “eso, visualmente, para la comunidad, daba la sensación de que la obra estuviera inconclusa. Pero pasa que los recursos eran muy cortos. El error estuvo en cómo se vendió el programa”.

Al hacer los cálculos aproximados de cuánto dinero se hubiera necesitado realmente para mejorar los 2.550 kilómetros de vías terciarias que proyectaba el Plan 50/51 en el país, Corredor no dudó en afirmar que la cifra hubiera sido mucho más elevada: la aproxima en 2.5 billones de pesos.

A estos datos se le agrega uno más que permite entrever el reto que tiene el Gobierno Nacional para mejorar estas rutas, definitivas para la transformación del campo. En el país existen más de 140 mil kilómetros de vías terciarias que representan, según el documento Conpes 3857 sobre la política para la gestión de la red terciaria, el 69.4 por ciento del total de la malla vial nacional.

Reportes de la Contraloría General de la Nación comienzan a evidenciar algunas fallas en la ejecución del Plan 50/51 en todo el país. Según la auditoría de cumplimiento “Red Terciaria Instituto Nacional de Vías-Invías, vigencia 2017”, al evaluar la ejecución de los convenios interadministrativos y los contratos de interventoría, se encontraron deficiencias en los procesos de planeación que llevaron a continuas modificaciones, como prórrogas y adiciones de los convenios y contratos “afectando en algunos casos el alcance de las obras y los presupuestos inicialmente asignados”, según el ente de control.

También señala la Contraloría que en otros casos la dilación en los procesos de liquidación, ya sea por incumplimientos del contratista o por la devolución de los recursos no ejecutados y rendimientos financieros, impide que se legalicen los recursos asignados a través de los convenios y, como consecuencia, no se pueda medir la efectividad del programa.

En este departamento la interventoría estuvo a cargo del Consorcio Intercauca, conformado por Arenas de la Hoz Ingeniería S.A.S (20 por ciento de participación); Luis Alberto Jauregui Espinel (60 por ciento de participación) y Caminos S.A.S (20 por ciento de participación). La firma del contrato se dio el 28 de noviembre de 2017 con fecha de finalización el 31 de diciembre del mismo año. El monto para hacerles seguimiento a las obras de los cuatro municipios del Cauca fue por 412 millones de pesos.

Sin embargo, los retrasos en la contratación de las obras de las alcaldías provocaron que esta fecha de ejecución no se cumpliera y el contrato de Intercauca tuvo que ampliarse. Luego de cuatro adiciones el tiempo de ejecución se movió hasta el 30 de julio de 2018. Solo hasta la última prórroga se solicitó una adición financiera de 66 millones, algo que según la contraloría pudo representar una deficiencia en el procesos de planeación.

El subdirector de la Red Terciaria y Férrea del Invías asegura que las adiciones de interventoría ocurren porque se estructuran erróneamente desde el inicio, y generan, en muchos casos, que los recursos no sean suficientes para las actividades que demandan los proyectos: “Otro de los motivos por los cuales puede suceder es que durante la ejecución del contrato se presenten problemas que el contratista de interventoría tiene que acompañar”, explicó.

Frente al caso del Cauca, el funcionario asegura que tendría que revisar el sustento. Según él, la política de contratación de Invías es muy exigente, y para otorgar una prórroga y adición financiera a los contratos deben tener un fuerte sustento jurídico y técnico, ya que quien decide otorgarlas es el Comité Directivo del Instituto.

Finalmente, en cuanto a los problemas y denuncias que han expresado varios líderes de Juntas de Acción Comunal de los municipios de Miranda, Caldono, Buenos Aires y El Tambo, por las obras realizadas en las vías terciarias, Corredor Parra fue enfático en mencionar que ninguno de los contratos se podía liquidar hasta tanto no se tuviera el aval de la comunidad y todas las inconformidades estuvieran resueltas.

Una investigación de
Angélica María Aley Moncada, Angélica María Guzmán Mambuscay, Laura Daniela Manzano Pemberthy,
Juan David Muñoz Espinosa, Juan Carlos Pino Correa, Giezzi Lasso Ágredo y Andrés Córdoba Calvo