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Jueves, 22 Abril 2021

Ángela Robledo acierta: tributaria pasa toallas higiénicas de exentas a excluidas y esto encarecería su valor

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

El proyecto de reforma tributaria modifica el artículo del Estatuto Tributario donde están los bienes que se hallan excluidos del IVA e incluye los productos de gestión menstrual.

El pasado 15 de abril de 2021 el gobierno de Iván Duque presentó el tercer proyecto de ley de la reforma tributaria de su cuatrienio, la llamada “Ley de solidaridad sostenible''.

Ese mismo día, la representante de la oposición Ángela María Robledo publicó un trino invitando a las mujeres a estar en “alerta” frente a las modificaciones que traería la reforma:

Lo dicho por la representante es verdadero, según encontró Colombiacheck al revisar el proyecto y analizarlo con expertos.

El proyecto de reforma tributaria en su artículo 35 modifica el artículo 424 del Estatuto Tributario, donde están los bienes que se hallan “excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas - IVA”.

Al final de la tabla que aparece en el proyecto de reforma, partida 96.19, se incluye: Compresas y tampones higiénicos.

Con esta reforma, entonces, las toallas sanitarias y los tampones pasarían de ser exentas del IVA a ser excluidas.

Colombiacheck explicó en un chequeo de 2018 que “un bien exento causa el IVA con una tarifa del 0 %, y sus productores pueden solicitar devoluciones por el IVA que se pagó para insumos en la producción... Un bien excluido, en cambio, no causa el IVA y no permite devoluciones”.

Una información similar nos envió el equipo de prensa de Ángela María Robledo cuando les consultamos por las fuentes en la afirmación de la representante:

“Con los bienes exentos de IVA la tarifa es del 0 %. Pero adicional, en la cadena de producción se devuelve lo pagado en IVA por las materias primas. Mientras que en los bienes excluidos esto no sucede, porque si bien al consumidor no se le cobra el IVA, en la cadena de producción el productor tuvo que pagar IVA por los insumos. Eso quiere decir que se encarece el valor del producto y adicional a eso pues ese incremento en el valor no lo asume el productor sino que lo traslada al consumidor. Indirectamente el consumidor estaría asumiendo el IVA no al bien terminado (toallas higiénicas en este caso) sino a los insumos con los que se hizo ese bien terminado. Es un tecnicismo pero es una forma indirecta de cobrar el IVA”.

Nicolás Carrero, director de la firma Carrero y asociados, especializada en asuntos contables tributarios, le confirmó a Colombiacheck que en efecto por una sentencia de la Corte Constitucional el gobierno nacional no podría gravar las toallas higiénicas. “O si las grava sería con un IVA del 0 %, como están en este momento, incluidas dentro de los bienes exentos”. 

Además, confirmó lo dicho por Robledo: al quedar gravadas se encarece el valor final del producto, porque el fabricante no va a poder pedir la devolución del IVA de los productos y trasladará ese incremento al valor final del producto. Señala: “cualquier punto de la cadena de producción que quede gravado encarece el producto o servicio al usuario final que las use”.

La Corte Constitucional había ordenado en 2018 que las toallas (compresas) y tampones higiénicos deben estar excluidos del IVA, luego de que la iniciativa #MenstruaciónLibreDeImpuestos pusiera una demanda de inconstitucionalidad contra este impuesto.

Lo hizo a través de la Sentencia C-117 de 2018 que declaró inconstitucional un artículo de la Ley 1819 de 2016 (reforma tributaria del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos) “que grava las toallas higiénicas y tampones con una tarifa de 5 % de IVA” y ordenó “incluir estos productos en el listado de bienes exentos del impuesto al valor agregado”, artículo 188 de esa norma. Esa misma resolución fue repetida en la sentencia C-383 de 2019.

A partir de entonces estos productos están en el artículo 477 del Estatuto Tributario: Bienes que se encuentran exentos del IVA. La norma dice: “Partida 96.16: Compresas y toallas higiénicas <Texto adicionado en cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional en Sentencia C-117-18>”

Natalia Moreno Salamanca, integrante de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá y del grupo Género y Justicia Económica, organización que logró que implementos de gestión menstrual fueran exentos del IVA, le dijo a Colombiacheck que “trasladar de bienes exentos a bienes excluidos las toallas higiénicas o tampones, o cualquier elemento de la canasta básica, tiene fuertes implicaciones sobre el precio final del producto”.

Moreno Salamanca, agrega además que esta situación es preocupante “porque como lo hemos demostrado en múltiples estudios, las mujeres en Colombia tienen una gran desventaja en materia económica; en ingresos, en la brecha salarial, en desempleo… y ni qué decir en el momento actual de pandemia”. 

En el episodio de Chequeo Amplificado titulado “Nuevo virus, mismos males”, Colombiacheck contó que la Organización Internacional del Trabajo informó el 30 de junio de 2020 que la crisis de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a las mujeres trabajadoras de muchas maneras.

¿Por qué pasar a excluidos los productos de gestión menstrual entonces si, en efecto, la Corte Constitucional dijo que debían estar exentos? De acuerdo con Nicolás Carrero esto suele pasar con muchos bienes y servicios: sacan la reforma con el impuesto y la gente la demanda por inconstitucionalidad. Pero mientras sale la demanda han recibido el dinero porque la decisión se puede demorar varios años y, para entonces, el recaudo ya está hecho.

Por ejemplo, la Ley 1819 de 2016 fue expedida en diciembre de ese año. La sentencia 117 de 2018 que permitió eliminar los impuestos de las toallas y tampones, fue admitida el 17 de mayo de 2017. La sentencia, sin embargo, fue publicada el 14 de noviembre del año siguiente. Para entonces ya se habían cumplido casi dos años de recaudo. Y de acuerdo con Carrero, no es un dinero que devuelvan porque los efectos de las sentencias no son retroactivos.

Esta situación, según Moreno Salamanca, sigue poniendo en riesgo el acceso a las toallas higiénicas y tampones, especialmente de aquellas personas con menores ingresos.

De modo que lo dicho por la representante Ángela María Robledo en su trino es verdadero.

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Viernes, 26 Octubre 2018

En Colombia no hay cifras concluyentes sobre el aborto

Por Sania Salazar

La Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez tiene razón. No hay cifras consolidadas ni actualizadas sobre el aborto en Colombia. Organizaciones sociales lo atribuyen a deficiencias técnicas y a estigmas sobre el aborto.

Durante un debate sobre el aborto en el programa Zona Franca, la Representante a la Cámara por Cambio Radical Ángela Sánchez aseguró que en Colombia “no hay un monitoreo claro en cifras” sobre el aborto, “no hay bases para establecer una política pública clara en temas como la prevención y la educación sexual”.

“Las cifra que incorrectamente emplean las organizaciones pro-aborto es la del Instituto Guttmacher, que en 2011 calculó que en Colombia se realizaron 400.000 abortos”, le dijo Sánchez a Colombiacheck. También añadió que esos cálculos tienen “serios problemas metodológicos, tal como lo han planteado diversos estudios, entre ellos, uno realizado por la Universidad Externado”.

Durante el debate en Zona Franca, Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, aclaró que las cifras del Instituto estadounidense Guttmacher son un estimado, como también lo aclara esa institución en su página web. Allí, el Instituto también indica que esa cifra corresponde a los abortos inducidos que se habrían practicado en Colombia en 2008.

Sánchez dijo, además, que el aborto en Colombia está mal diagnosticado y sobredimensionado debido a que no hay cifras reales, lo que crea grandes dificultades para diseñar y ejecutar políticas públicas para enfrentar el problema.

“Detrás de la palabra ABORTO, se esconden una serie de imaginarios relacionados con la ilegalidad, el miedo y, en el peor de los casos, el delito. La expresión IVE, Interrupción Voluntaria del Embarazo permite analizar una realidad desde el campo de la ética, la libertad y la autonomía de las mujeres y posibilita una decisión desde la mirada de los derechos sexuales y reproductivos que, ante todo, son derechos humanos”, resalta Profamilia en su página web.

Hay que recordar que en Colombia la Interrupción Voluntaria del Embarazo está despenalizada en tres casos: Cuando el embarazo pone en peligro la salud —física o mental— de la mujer, o su vida. Cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto. O Cuando hay malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero.

Cifras desactualizadas, incompletas. . .

Colombiacheck encontró un artículo académico titulado “El mito de los 400 mil abortos en Colombia”, del docente e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Externado Mauricio Rubio, publicado en 2015. En él, el académico concluye que esa cifra sobre abortos clandestinos no tiene ninguna justificación.

En el artículo, el docente aborda dos métodos para calcular el número de abortos: primero, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS), que incluye una pregunta sobre aborto en todas sus versiones desde 1990.

“Así, las IE (interrupciones de embarazo) -espontáneas e inducidas- derivadas de las ENDS son un poco más de 100 mil. Si se tienen en cuenta los datos de las encuestas de 2005 y 2010 -el 55% por pérdidas y solo el 30% por aborto- el número total de interrupciones voluntarias estaría entre 30 y 40 mil anuales; una cifra diez veces menor que los 400 mil tan pregonados”, concluye el profesor.

Segundo, el otro instrumento de medición al que recurrió Rubio fueron las encuestas de autorreporte, como la encuesta anónima del Externado, cuya pregunta principal era: "¿Se ha practicado o se ha mandado practicar alguna vez un aborto?". En el texto, el investigador explica que esa forma de redactar la pregunta “elimina la posible confusión entre aborto inducido y espontáneo”.

Según Rubio, las cifras que obtuvo el Externado hace más de dos décadas indicaron que “se obtendría un rango de 75.000 a 114.000 abortos anuales, con un valor medio de 90.000. Menos de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400.000 que ninguna evidencia corrobora”.

Colombiacheck preguntó por cifras de aborto en el Ministerio de Salud y Protección Social, pero nos pidieron mandar un correo del que no hemos recibido respuesta hasta la publicación de esta nota.

Una de las pocas instituciones que tiene cifras actualizadas sobre casos de aborto en las tres causas despenalizadas en Colombia es Profamilia. Según el Informe anual de actividades de Profamilia, durante 2017 practicaron 10.514 procedimientos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), 63% más que en 2016, cuando realizaron 6.440.

La organización Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres tiene cifras sobre los casos que han atendido por barreras para acceder al aborto. Desde 2015 han asesorado a 1.122 mujeres que han tenido obstáculos para abortar.

La política pública

Para Juliana Martínez Londoño, Coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hay una deficiencia en el sistema de información que tiene que ver tanto con cómo capturan los datos quienes prestan los servicios y los reportan a las autoridades, como con los estigmas que rodean al aborto. “Ese estigma conduce a que las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan por fuera del sistema de salud, lo que hace pensar que hay un subestimado. Sería imposible saber con certeza la cantidad de abortos que ocurren por fuera del sistema de salud”, indicó.

Martínez Londoño aseguró que las cifras son importantes para conocer las dimensiones de un problema o de una situación social, pero además, y sobre todo, para conocer sus características.

“Saber las edades a las que las mujeres acceden a una interrupción voluntaria del embarazo y saber las condiciones en que lo hacen, saber en qué lugar están, por cuál de las causales acceden, conocer los pormenores de esa situación y enriquecer la comprensión del fenómeno del aborto legal tendría efectos de política pública que permitirían tomar tanto medidas correctivas como medidas para ampliar difusión, estado de implementación del derecho, reconocimiento, formación de los funcionarios”, explicó Martínez Londoño.