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Domingo, 23 Abril 2017

Carta de las Farc a los alcaldes de La Guajira ¿violación del cese al fuego?

Por Sania Salazar

Aunque el mecanismo encargado de verificar el cumplimiento del cese al fuego consideró que no se configuró una violación, Cerac, que también monitorea el proceso, considera que hubo una clara intención de hacerlo y, por tanto, sí se incumplió un compromiso.

El contrapunteo entre el Gobierno y las Farc que se ha registrado continuamente desde que empezó la implementación del Acuerdo Final el 1 de diciembre de 2016, subió de tono con la invitación que le hizo la guerrilla a los alcaldes de La Guajira para que se reunieran. La reacción del Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, fue contundente:

“Esto se puede considerar como una violación al cese al fuego porque las Farc no han terminado de desarmarse y es una presión sobre la sociedad, es una alteración del orden en la región y el acuerdo dice claramente que eso está prohibido (...)”.

Jaramillo respondió así a una carta que les enviaron desde el Punto transitorio de normalización “Amaury Rodríguez” de Pondores, municipio de Fonseca, en La Guajira, a los 15 alcaldes de los municipios que conforman ese departamento. En la carta las Farc proponen una reunión con los mandatarios para “adelantar de manera conjunta” acciones en “función de la implementación”.

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de Jaramillo como verdadera.

El primer paso fue revisar el Acuerdo Final en el que, efectivamente, en las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo las Farc se comprometen a no “interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía”.

El Mecanismo de Monitoreo y Verificación, Mmv, encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de las armas, se pronunció al respecto y aseguró que estuvo atento a esa invitación.

“Se desplegó el Mecanismo tripartito y se pudo evidenciar que no se llevó a cabo esa reunión. Tenemos claro que las funciones de las autoridades civiles no se pueden restringir, si se hubiera llevado a cabo persuadiendo a los alcaldes por una vía forzosa, es decir, algún tipo de compromiso de fuerza, en este caso no se dio a cabo, la labor de verificación se hizo y no constituye ningún incidente, por lo que no sucedió”, respondieron desde el Mecanismo.

¿Por qué el alboroto?

La pregunta es por qué hubo escándalo con este llamado a los alcaldes a una reunión con las Farc si varios mandatarios municipales y departamentales, que tienen en sus áreas zonas veredales, las han visitado y se han reunido con comandantes guerrilleros, actividades que han sido públicas y que están permitidas. Hay que recordar que las Zonas veredales no están vedadas para las autoridades civiles.

 

 

 

 

 

 

María Fernanda Arocha, investigadora del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo, Cerac, explicó que, analizada bajo la metodología de esa ONG, la situación sí se considera una violación a las reglas, pues en Cerac diferencian las violaciones del protocolo del cese de las violaciones que implican abrir fuego o las hostilidades que implican una acción violenta.

En el caso de La Guajira “primero es una carta en la que invitan a muchos más alcaldes, tiene una cobertura que además pretende incidir en la implementación del Acuerdo en lo que tiene que ver con la implementación de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial de La Guajira y por eso pudo haber tenido un poco más de ruido”, explicó.

Arocha indicó que ya se han registrado violaciones anteriores de esta norma, la más reciente está incluida en el séptimo reporte mensual del Monitor del cese el fuego bilateral y de hostilidades de Cerac entre el 1 de marzo y el de abril del 2017.

El reporte da cuenta de una denuncia del secretario de Gobierno de Tumaco, Edwin Palma, quien informó que un comandante de las Farc de la Zona veredal de ese municipio realizó una reunión política con un candidato a la alcaldía con el objetivo de buscar apoyo para esa campaña (allí hubo elecciones atípicas a la alcaldía el pasado domingo 23 de abril). Según el denunciante, la reunión se hizo en el campamento de la zona veredal y sería la cuarta de ese tipo realizada allí.

Cerac recuerda en dicho reporte que según el punto 3 del Acuerdo Final “las Zonas Veredales de Tránsito y Normalización no pueden ser utilizadas para manifestaciones de carácter político” y no está permitido el ingreso de población civil a los campamentos de las Farc “en ningún momento”.

Para la investigadora de Cerac, que las Farc hubieran invitado a los mandatarios es una motivación de ir en contra de un compromiso adquirido. Sin embargo, Arocha resaltó que en las Zonas veredales se pueden recibir visitas, pero las Farc solo para labores pedagógicas.

“Los alcaldes pueden visitar las zonas veredales porque están en toda su capacidad y todas sus funciones de hablar con las Farc, porque estamos hablando de labores de pedagogía del proceso, el problema es cuando hay una intención de incidir, estando todavía armados, sin terminar el proceso de desarme y cese al fuego; que hayan unas reuniones con la intención de generar una incidencia política”, puntualizó.

La investigadora también llamó la atención sobre que existen los canales para el diseño de los Programas de Desarrollo Agrario Integral con Enfoque Territorial, por lo que las Farc no tendrían, unilateralmente, ninguna razón para hacer esas invitaciones.

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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.