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Jueves, 02 Marzo 2017

Centro Democrático se alarma por programa de escoltas para las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Hay alarma en las huestes del expresidente Álvaro Uribe, sus seguidores señalan al Gobierno de Juan Manuel Santos de estar rearmando a la guerrilla y de pagar $1.8 millones a los desmovilizados. Colombiacheck verificó y sus temores son infundados.

Uno de los primeros en revelar que el Gobierno pagaría $1.8 millones a 1.200 guerrilleros de las Farc fue Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Así lo trinó el congresista, quien también pidió en su tuit una explicación al Gobierno sobre “por qué va a rearmar a las Farc”.

 

 

En esencia lo que el trino del representante Hoyos dice es verdad: El Gobierno contratará por $1.8 millones mensuales a un total de 1.200 desmovilizados de las Farc.

Lo que no es cierto, por eso calificamos su afirmación como engañosa, es que eso equivalga a rearmar a las Farc, ni que todos los desmovilizados de las Farc vayan a recibir ese salario cada mes.

La iniciativa estatal busca incorporar de forma gradual, 1.200 desmovilizados de las Farc, que representan el 17% del total del grupo subversivo, para que sirvan de escoltas a sus propios compañeros. Por esta labor, recibirán un pago de $1.825.843 mensuales.

 

“El cuentazo de Uribe”

Hagamos un poco de memoria: Uno de los argumentos que hizo eco en la opinión pública para la victoria del No en el plebiscito, fue el concerniente a que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.8 millones durante cinco años.

El autor de esa falacia fue nada menos que el expresidente Álvaro Uribe, como lo reveló Colombiacheck en junio del año pasado. Desde entonces el Gobierno por medio de comerciales y el mismo Humberto de la Calle se dedicaron a desmentir lo que se consideró un mito.

El Gobierno Santos negó hasta la saciedad que daría un estipendio por dicho monto, sin embargo, el decreto presidencial 302 de 2017 reglamenta que a 1.200 guerrilleros que se desmovilicen y se preparen para ser escoltas de los esquemas de seguridad de las propias Farc, se les pagarán $1.825.843 mensuales.

Lo cierto del caso es que este beneficio solo alcanzaría para máximo el 17% de los integrantes desmovilizados de las Farc, no será para todos sus integrantes.

Cuando la serie de decretos (seis en total) que reglamentan el tema de seguridad de los integrantes del grupo político de las Farc y sus escoltas, fue de público conocimiento, los uribistas no perdieron la oportunidad y retomaron sus críticas por el pago de $1.8 millones mensuales.

Recalcaron que no era cuento y que ahora se estaba comprobando que es toda una realidad. Por los menos así lo trinaron varios congresistas del Centro Democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo falso

De acuerdo con información de Carolina Azevedo, vocera de la Misión de la ONU en Colombia, el estimado de hombres y mujeres que llegaron a las zonas veredales y campamentos en los que se está implementando la dejación de armas es de 6.900 personas. Es decir, este es el número de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Con ese número de base y a través de una regla de tres, podemos demostrar que los 1.200 excombatientes que podrían ser escoltas y ganar el sueldo de $1.8 millones mensuales, apenas representa el 17% del total de los desmovilizados.

Respecto al tema el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Mora, habló en La W Radio y explicó que no es que llegarán inmediatamente 1.200 desmovilizados a ser escoltas. Pueden ser menos de acuerdo a las necesidades de los miembros del partido de las Farc, pero esa cifra es el tope máximo de escoltas que podrán tener.

Adicional a los 1.200 escoltas de las Farc que ingresarían a la UNP, la serie de decretos presidenciales crea otros cargos y una nueva dependencia en la UNP, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que llega con 105 cargos adicionales a los 1.200 escoltas farianos, así lo dice el decreto presidencial 301 de 2017.

¿Arma mortal?

A la inconformidad por el hecho de que se les dará armas a las Farc se sumó otro congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

 

 

De acuerdo con Mora, no es que se vaya a rearmar a la guerrilla de las Farc. Según el funcionario los integrantes de las Farc que lleguen a ser escoltas tendrán que cumplir una serie de requisitos y luego sí se les entregarán armas como a cualquier escolta. “Tienen que cumplir unos requisitos muy pero muy específicos. El primero de ellos es no haber estado en proceso penal o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Además, entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado”, explicó.

Luego de que cumplan ese proceso deberán pasar unos exámenes psicológicos, físicos, técnicos y de poligráfico para establecer su confiabilidad. A lo anterior se suma un programa de capacitación de más de dos meses, explicó el director de la UNP.

Es solo después de todo este proceso los excombatientes farianos recibirán las armas y conformarán esquemas de seguridad mixtos, es decir, ayudarán a custodiar la seguridad de sus protegidos en coordinación con otro tipo de escoltas.

Mora también explicó que es absolutamente normal que las Farc pida que sus escoltas sean personas de confianza, así sucedió con los esquemas de seguridad en otros procesos de desmovilización como el Quintín Lame o el M-19.

Respecto al hecho de que los escoltas de las Farc sean los mismos militantes de esa organización, el tuitero William Reyes Medina respondió que era apenas lógico porque las Farc no confía en las fuerzas del Estado.

 

 

 

Voces en contra

Por su parte John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que la medida referente a que los mismo miembros de las Farc sean los que cuiden a los altos mandos de la organización o a los que harán política, es inadecuada porque generará un efecto intimidatorio en la población civil y además demuestra que no hay confianza en las partes.

Marulanda fue más allá y señaló que “no es adecuado darles armas del Estado y que seguramente los que conformarán los esquemas de seguridad como escoltas serán los mismos que hacían parte de los anillos de seguridad de los comandantes farianos”.

Todo el tema de los escoltas de las Farc está fundamentado en el punto tercero, Fin del Conflicto, del Acuerdo Final. En el punto 3.4.7.4.1 se pactó la creación de la “Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP” que tiene como objetivo fundamental proteger a los miembros del partido de las Farc junto con sus familias dependiendo del riesgo que exista.

De acuerdo con las estadísticas disponibles es fundamental garantizar políticas públicas y medidas contundentes para mitigar las muertes y agresiones en contra de los líderes sociales y militantes de partidos de izquierda. El fenómeno es algo que día tras día se acrecienta como lo contamos en “La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras”.

 

Actualización

El decreto presidencial que buscaba que algunos integrantes de las Farc ingresaran a la UNP como escoltas quedó sin efecto jurídico el 17 de mayo porque la Corte Constitucional estableció que la iniciativa gubernamental debía tramitarse mediante ley orgánica por cuanto se abordan temas del presupuesto nacional.

Martes, 26 Septiembre 2017

En Zonas Veredales y Circunscripciones Especiales está el 91% de la coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación de Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, es imprecisa porque en realidad en estos territorios hay sembrada más coca, en total se trata del 94.5% de los cultivos ilícitos basados en esta planta.

Tres de los cuatro debates necesarios en el Congreso de la República ya superó el proyecto de Acto Legislativo que podría dar 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a igual número de circunscripciones especiales conformadas por municipios que han vivido de distintas maneras el conflicto armado en Colombia. Los puestos en el Congreso serían por los próximos dos periodos legislativos y en cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Precisamente, el tercero de los debates fue aprobado este lunes 25 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora solo le falta superar el último escollo que será en plenaria de dicha corporación, es decir, con todos los representantes.

El mencionado Acto Legislativo, que fue aprobado primero por el Senado, sufrió una modificación “de especial relevancia”, según la ponencia que se presentó en la Cámara de Representantes (en el debate de Comisión Primera). El texto aprobado finalmente en esta Comisión tuvo algunas reformas frente a la ponencia pero no sustanciales. Sólo se excluyeron cabeceras de más de 25.000 en censo electoral, Colombiacheck se compromete a publicar el texto aprobado por la Comisión Primera una vez lo obtenga.

Para la elección de las 16 curules adicionales “se excluirán las cabeceras municipales de todos los municipios por lo que únicamente se habilitarán puestos de votación y el censo electoral de las zonas rurales de estos”, algo que no estaba contemplado en el texto aprobado por el Senado. En relación a las causas de esa exclusión la Silla Vacía sostuvo que el cambio fue por un “cálculo político”.

El tema de las circunscripciones especiales de paz ha sido un asunto polémico desde el día que se empezó a debatir en el Congreso y por ello Colombiacheck le puso el ojo.

Solo un día después que se aprobó y pasó en sus respectivos dos debates en el Senado (hace dos meses) el congresista Alfredo Rangel publicó un trino en el que expresó su inconformidad por esa iniciativa, un trino que Colombiacheck decidió verificar.

 

 

El proyecto presentado por el Ministerio del Interior, cuando Juan Fernando Cristo era la cabeza de la cartera, simplemente tramitó lo que se pactó y está plasmado en la página 54 del Acuerdo Final.

“En el marco del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales”.

Dos períodos que, según pudo corroborar Colombiacheck en el documento radicado por Mininterior, serán los que comprenda las vigencias de 2018 a 2022 y de 2022 hasta 2026, es decir, a partir de la próxima legislatura que se elige el año que viene y durante los ocho años siguientes.

En el acuerdo negociado en La Habana quedó claro que serían 16 curules adicionales que se le darían a “zonas” o municipios “especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, sin embargo, lo que no quedó claro fue el nombre y la cantidad específica de aquellas “zonas” que tendrían derecho a las 16 curules adicionales.

Meses después del acuerdo se conoció el listado de esos municipios, un total de 167, (ó 164 leer nota aclaratoria) que se ubican en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle. La lista de los 167 municipios, que hace parte integral del proyecto radicado por Mininterior, fue confirmada a este medio por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Colombiacheck contactó a Rangel para verificar de dónde sacó la información en la que basa su trino. El congresista explicó que la obtuvo al “dividir la suma del número de hectáreas de coca presente en los municipios pertenecientes a las Circunscripciones de Paz entre el número total de hectáreas de coca de todo el país. En particular, la cifra del 91% se refiere a la información de los cultivos de coca en el año 2015”. El congresista añadió que el número de hectáreas de coca las obtuvo de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia, ODC.

Para corroborar lo expuesto por Rangel realizamos nuestra propia base de datos, aunque previamente ya este medio había establecido con el chequeo “La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca” que en efecto las Zvtn estaban cerca a estos cultivos ilícitos. Ahora lo nuevo era establecer si la coca también estaba en las circunscripciones especiales de paz, algo que hicimos tomando cifras de 2016 y no de 2015, como lo hizo el senador del Centro Democrático.

Para armar nuestra propia base de datos, en primera instancia recurrimos al ODC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y la cual colabora con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

Esta base de datos del ODC además de reportar el número de hectáreas de coca que se detectaron en el país también discrimina la información por departamentos y municipios.

A esa base de datos le adicionamos las 19 Zvtn (y como bonus extra los seis Puntos Transitorios de Normalización, PTN, que en ciertos casos también son conocidos como zonas veredales) y también el listado de los 167 municipios seleccionados como circunscripciones especiales de paz. Cruzamos los datos y el resultado fue que los cálculos del senador Rangel son aproximados a la realidad, pero se quedaron cortos pues hay más coca de la que él estimó.

Específicamente juntando las Zvtn, los PTN y los 167 municipios de circunscripciones especiales de paz se obtiene el 94.5% de la coca del país. Es decir, de las 146.140 hectáreas de coca que se detectaron en el país, 138.174 están en los lugares mencionados.

Estos datos permiten calificar la afirmación de Rangel como aproximada debido a que estos lugares no tienen el 91% de la coca del país sino el 94.5%, aunque es fundamental reiterar que el senador hizo sus cálculos con información de 2015 y este medio con la información más reciente, es decir, la de 2016.

En relación a las Zvtn es importante recordar que desde agosto dichas zonas perdieron su estatus jurídico de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y pasaron a ser Espacios Territoriales de Reincorporación, la diferencia no es semántica sino práctica. Antes el ingreso a esas zonas estaba vedado, ahora no, cualquiera puede entrar a dichos territorios en los que los guerrilleros de las Farc están haciendo su proceso de reincorporación a la vida civil.

Respecto a los municipios con más presencia de cultivos de coca, Colombiacheck consultó el estudio “Monitorio de de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2016” y el panorama se aclara aún más. Los 10 municipios con más coca en el país, que suman el 48% del total nacional, son todos circunscripciones especiales de paz. Además, los tres primeros municipios que concentran el 30% de la coca, son a la vez zonas en los que se ubica una Zvtn. En Tumaco, Nariño, está una Zvtn en la vereda La Variante, en Tibú, Norte de Santander, está una Zvtn en la vereda Caño El Indio y en Puerto Asís, Putumayo, está otra Zvtn ubicada en la vereda La Pradera.

Con relación a los 167 municipios catalogados como circunscripciones especiales de paz, Colombiacheck pudo establecer, por medio del Simci, que en 117 de ellos hay cultivos de coca. En esas 117 zonas, funcionan 14 de las 19 Zvtn y cinco de las siete PTN.

 

¿Quiénes y cómo escogieron los 167 municipios?

La inquietud se la trasladamos a Mario Puerta, quien se ha desempeñado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp. De acuerdo con su testimonio, para la selección de los 167 municipios se tuvieron en cuenta “una serie de indicadores que reposan con el gobierno, específicamente en el Departamento Nacional de Planeación”.

Según explicó “al cruzar todas esas variables se generan una serie de municipios y con base en ese rango de municipios es que se hacen las circunscripciones”.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista Puerta manifestó que algunas de las variables fueron abandono estatal, alta afectación por el conflicto, presencia de cultivos ilícitos, entre otras.

Respecto a una posible incidencia de las Farc en la selección de los 167 municipios el asesor explicó que el grupo en proceso de reincorporación a la vida civil sí participó en las discusiones como ocurrió en todo el proceso de la mesa de conversaciones. “Todo debía provenir directamente del Acuerdo Final”, añadió Puerta.

Finalmente respecto a la posibilidad que los partidos tradicionales o las mismas Farc acaparen estas curules que fueron creadas exclusivamente para habitantes de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, según el Acuerdo Final, Puerta explicó que se ha creado un blindaje normativo para que esto no ocurra y que tanto en el Acuerdo como en el Acto Legislativo quedó explícito que los partidos tradicionales ni las Farc podrán acceder a estas curules.

Puerta añadió que lo que se espera es que nadie procure hacerle trampa al Acuerdo Final y que las Farc así como los partidos tradicionales respeten la normatividad que no permite que puedan acceder a dichas curules.

 

Criterios para seleccionar los 167 municipios

Colombiacheck indagó los criterios empleados para seleccionar los 167 municipios y encontró la ponencia radicada en Senado que contiene en su página tres los criterios o metodología de dicha selección.

El documento aborda cuatro criterios principales: 1) Grado de afectación derivado del conflicto, 2) Niveles de pobreza, 3) Debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de gestión y 4) Cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales.

Este medio buscó una explicación más detallada del origen de cada una de estas variables pero solo pudo establecer que para la concerniente a los cultivos de uso ilícito se fundamentaron en el ODC. De las demás variables Colombiacheck no pudo conocer de dónde provinieron los datos. Hicimos la solicitud en la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio del Interior (con derechos de petición) pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta que aclare las inquietudes.

De los cuatro criterios está claro que el relacionado con cultivos de uso ilícito tuvo gran ponderación, algo que corrobora este chequeo al confirmar que en los 167 municipios seleccionados, en las Zvtn y PTN se encuentra sembrado el 94.5% de la coca del país.

Frente al tema el representante a la Cámara Alirio Uribe le explicó a Colombiacheck que la alta presencia de coca en los municipios seleccionados resulta apenas lógica si se tiene en cuenta que el fenómeno es una característica de los municipios afectados por el conflicto armado.

Colombiacheck también habló con Camilo Vargas y Germán Robayo, de la Misión Observación Electoral, MOE, y ellos explicaron que “era un hecho extraño solo haber incluido a cuatro municipios de Arauca y ninguno de los departamentos de Boyacá y Casanare. Además, también llamaron la atención sobre cuál fue la razón para no incluir la cuenca del Río Baudó del departamento del Chocó en los municipios seleccionados para las circunscripciones de paz”.

Tanto Vargas como Robayo sostuvieron que aunque el Acto Legislativo mencionó tales criterios de selección lo que podrían indicar los datos es que el criterio de la presencia de coca sería el que más peso tuvo y este se usó para excluir ciertos municipios como por ejemplo los de Casanare, Arauca, Boyacá y los de la cuenca del Río Baudó. Estos departamentos, entre otros, aunque no tienen alta tanta presencia de coca, sí han tenido un grado de afectación del conflicto, tienen altos niveles de pobreza y debilidad institucionalidad, señalaron los expertos de la MOE.


 

Nota aclaratoria:

El texto que se debatió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes menciona 164 municipios, sin embargo, al hacer el conteo de los municipios establecidos en dicho texto aparecen 167. Colombiacheck decidió trabajar con la cifra de 167 municipios porque fue este número que se abordó en los dos debates aprobados en Senado, una cifra que en todo caso no se aleja de la abordada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.