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Jueves, 02 Marzo 2017

Centro Democrático se alarma por programa de escoltas para las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Hay alarma en las huestes del expresidente Álvaro Uribe, sus seguidores señalan al Gobierno de Juan Manuel Santos de estar rearmando a la guerrilla y de pagar $1.8 millones a los desmovilizados. Colombiacheck verificó y sus temores son infundados.

Uno de los primeros en revelar que el Gobierno pagaría $1.8 millones a 1.200 guerrilleros de las Farc fue Samuel Hoyos, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. Así lo trinó el congresista, quien también pidió en su tuit una explicación al Gobierno sobre “por qué va a rearmar a las Farc”.

 

 

En esencia lo que el trino del representante Hoyos dice es verdad: El Gobierno contratará por $1.8 millones mensuales a un total de 1.200 desmovilizados de las Farc.

Lo que no es cierto, por eso calificamos su afirmación como engañosa, es que eso equivalga a rearmar a las Farc, ni que todos los desmovilizados de las Farc vayan a recibir ese salario cada mes.

La iniciativa estatal busca incorporar de forma gradual, 1.200 desmovilizados de las Farc, que representan el 17% del total del grupo subversivo, para que sirvan de escoltas a sus propios compañeros. Por esta labor, recibirán un pago de $1.825.843 mensuales.

 

“El cuentazo de Uribe”

Hagamos un poco de memoria: Uno de los argumentos que hizo eco en la opinión pública para la victoria del No en el plebiscito, fue el concerniente a que los guerrilleros desmovilizados iban a recibir un salario de $1.8 millones durante cinco años.

El autor de esa falacia fue nada menos que el expresidente Álvaro Uribe, como lo reveló Colombiacheck en junio del año pasado. Desde entonces el Gobierno por medio de comerciales y el mismo Humberto de la Calle se dedicaron a desmentir lo que se consideró un mito.

El Gobierno Santos negó hasta la saciedad que daría un estipendio por dicho monto, sin embargo, el decreto presidencial 302 de 2017 reglamenta que a 1.200 guerrilleros que se desmovilicen y se preparen para ser escoltas de los esquemas de seguridad de las propias Farc, se les pagarán $1.825.843 mensuales.

Lo cierto del caso es que este beneficio solo alcanzaría para máximo el 17% de los integrantes desmovilizados de las Farc, no será para todos sus integrantes.

Cuando la serie de decretos (seis en total) que reglamentan el tema de seguridad de los integrantes del grupo político de las Farc y sus escoltas, fue de público conocimiento, los uribistas no perdieron la oportunidad y retomaron sus críticas por el pago de $1.8 millones mensuales.

Recalcaron que no era cuento y que ahora se estaba comprobando que es toda una realidad. Por los menos así lo trinaron varios congresistas del Centro Democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Sigue siendo falso

De acuerdo con información de Carolina Azevedo, vocera de la Misión de la ONU en Colombia, el estimado de hombres y mujeres que llegaron a las zonas veredales y campamentos en los que se está implementando la dejación de armas es de 6.900 personas. Es decir, este es el número de guerrilleros que se acogieron al Acuerdo de Paz.

Con ese número de base y a través de una regla de tres, podemos demostrar que los 1.200 excombatientes que podrían ser escoltas y ganar el sueldo de $1.8 millones mensuales, apenas representa el 17% del total de los desmovilizados.

Respecto al tema el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Diego Mora, habló en La W Radio y explicó que no es que llegarán inmediatamente 1.200 desmovilizados a ser escoltas. Pueden ser menos de acuerdo a las necesidades de los miembros del partido de las Farc, pero esa cifra es el tope máximo de escoltas que podrán tener.

Adicional a los 1.200 escoltas de las Farc que ingresarían a la UNP, la serie de decretos presidenciales crea otros cargos y una nueva dependencia en la UNP, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección que llega con 105 cargos adicionales a los 1.200 escoltas farianos, así lo dice el decreto presidencial 301 de 2017.

¿Arma mortal?

A la inconformidad por el hecho de que se les dará armas a las Farc se sumó otro congresista del Centro Democrático, Ciro Ramírez.

 

 

De acuerdo con Mora, no es que se vaya a rearmar a la guerrilla de las Farc. Según el funcionario los integrantes de las Farc que lleguen a ser escoltas tendrán que cumplir una serie de requisitos y luego sí se les entregarán armas como a cualquier escolta. “Tienen que cumplir unos requisitos muy pero muy específicos. El primero de ellos es no haber estado en proceso penal o condenado por algún delito de lesa humanidad. No tener ningún proceso penal en curso o haber sido condenado. Además, entregar primero las armas y adicionalmente ser amnistiado”, explicó.

Luego de que cumplan ese proceso deberán pasar unos exámenes psicológicos, físicos, técnicos y de poligráfico para establecer su confiabilidad. A lo anterior se suma un programa de capacitación de más de dos meses, explicó el director de la UNP.

Es solo después de todo este proceso los excombatientes farianos recibirán las armas y conformarán esquemas de seguridad mixtos, es decir, ayudarán a custodiar la seguridad de sus protegidos en coordinación con otro tipo de escoltas.

Mora también explicó que es absolutamente normal que las Farc pida que sus escoltas sean personas de confianza, así sucedió con los esquemas de seguridad en otros procesos de desmovilización como el Quintín Lame o el M-19.

Respecto al hecho de que los escoltas de las Farc sean los mismos militantes de esa organización, el tuitero William Reyes Medina respondió que era apenas lógico porque las Farc no confía en las fuerzas del Estado.

 

 

 

Voces en contra

Por su parte John Marulanda, consultor internacional en seguridad y defensa, le explicó a Colombiacheck que la medida referente a que los mismo miembros de las Farc sean los que cuiden a los altos mandos de la organización o a los que harán política, es inadecuada porque generará un efecto intimidatorio en la población civil y además demuestra que no hay confianza en las partes.

Marulanda fue más allá y señaló que “no es adecuado darles armas del Estado y que seguramente los que conformarán los esquemas de seguridad como escoltas serán los mismos que hacían parte de los anillos de seguridad de los comandantes farianos”.

Todo el tema de los escoltas de las Farc está fundamentado en el punto tercero, Fin del Conflicto, del Acuerdo Final. En el punto 3.4.7.4.1 se pactó la creación de la “Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP” que tiene como objetivo fundamental proteger a los miembros del partido de las Farc junto con sus familias dependiendo del riesgo que exista.

De acuerdo con las estadísticas disponibles es fundamental garantizar políticas públicas y medidas contundentes para mitigar las muertes y agresiones en contra de los líderes sociales y militantes de partidos de izquierda. El fenómeno es algo que día tras día se acrecienta como lo contamos en “La matanza de líderes sociales, más allá del debate por las cifras”.

 

Actualización

El decreto presidencial que buscaba que algunos integrantes de las Farc ingresaran a la UNP como escoltas quedó sin efecto jurídico el 17 de mayo porque la Corte Constitucional estableció que la iniciativa gubernamental debía tramitarse mediante ley orgánica por cuanto se abordan temas del presupuesto nacional.

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Viernes, 04 Noviembre 2016

La Canciller, ¿desinforma sobre Misión de la ONU para verificación?

Por Sania Salazar

Según María Ángela Holguín, la ONU puede quedarse en Colombia solo hasta diciembre, pero esa organización, por el contrario, ha reiterado que se quedará hasta que su presencia sea de utilidad en la implementación del fin de la guerra.

“El tiempo apremia: canciller Holguín sobre nuevo acuerdo con las Farc”. Así tituló Blu Radio una nota del pasado 29 de octubre en la que la Canciller de Colombia aseguró, además, que las Naciones Unidas (ONU) solo podrían estar en Colombia hasta diciembre.

“La situación de las Farc en el terreno, armados, sin unas Naciones Unidas que han dicho que pueden estar hasta diciembre y no mucho más, luego yo sé que no les gusta que uno diga que el tiempo apremia, pero el tiempo es importante en esta coyuntura", esto fue específicamente lo que María Ángela Holguín le dijo a la emisora.

Después de revisar el comunicado de la ONU sobre la Misión de verificación y de consultar con la organización, Colombiacheck califica esta afirmación como falsa.

El primer paso fue comunicarnos con Sandra Cardona, jefe de prensa de la cancillería, a quien le explicamos que queríamos saber la fuente de la afirmación de Holguín. La contactamos el pasado 1 de noviembre, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no ha respondido.

Luego revisamos el comunicado de la Misión de la (ONU) en Colombia fechado el 31 de octubre en el que se informa que su Consejo de Seguridad dio luz verde para que se “verifique el cese al fuego y de hostilidades, de acuerdo con el pedido del Gobierno de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)". Cabe recordar que esta verificación se realizará a pesar de que el Acuerdo Final, donde están establecidos los objetivos de la misma y el tiempo en el que se desarrollará, no se ha aplicado porque el Acuerdo está en proceso de revisión y renegociación. Lo que se verificará, por ahora, será el cese al fuego bilateral y definitivo que pactaron Gobierno y Farc el pasado 23 de junio en La Habana mientras se llega a un nuevo Acuerdo Final.

Si bien en el comunicado el Representante Especial del Secretario General de la ONU y Jefe de la Misión en el país, Jean Arnault, dijo que el anuncio es “un apoyo a la búsqueda de un consenso nacional en torno a un Acuerdo Final a la brevedad posible”, no se fija fecha límite de la misión en el país.

“Nunca dimos fecha límite, al revés”, le dijo a Colombiacheck la Jefe de Comunicación de la ONU en Colombia, Carolina Azevedo, cuando le consultamos al respecto.

El General Javier Pérez Aquino, Jefe de Observadores Internacionales de la Misión de la ONU en Colombia, anunció en rueda de prensa que el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación empezará a funcionar el próximo lunes, 7 de noviembre, y se espera que en enero esté funcionando al ciento por ciento, “no hay fecha límite. Naciones Unidas va a estar en Colombia hasta que sea útil”, reiteró.

Una inexactitud que puede costar caro

No solo Holguín ha llamado la atención sobre que en la actual coyuntura el tiempo apremia. Para Carlos Medina Gallego, profesor de la Universidad Nacional y miembro del Centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz, no se puede pretender tener a la misión de la ONU que hace parte del mecanismo tripartito de verificación (en el que también están representantes del Gobierno y de las Farc) indefinidamente en el país.

Además, algunos sectores han advertido sobre las consecuencias que puede tener la incertidumbre en los guerrilleros que están concentrados en zonas de preagrupamiento temporales. El Presidente Santos dijo durante su visita al Reino Unido que “una chispa podría hacer saltar por los aires el proceso de paz”.

Ese “ambiente inestable” del que habla Santos es el escenario en que la misión de la ONU cobra aún mayor relevancia.

“La importancia es que hay una comunidad internacional capacitada para hacer el monitoreo y la verificación del cese bilateral, que esa comunidad va a estar en las distintas partes del territorio y que será el garante de que ese cese al fuego se cumpla de manera absolutamente rigurosa. Es una organización internacional que tiene un nivel de credibilidad”, precisó Medina Gallego, quien además recordó que las comunidades y los organismos de Derechos Humanos que están en los territorios juegan un papel primordial en esta verificación.

Pero, ¿por qué la Canciller usa un dato inexacto para llamar la atención sobre la celeridad que hay que imponer al proceso? ¿No sería mejor explicar detalladamente sobre el peligro de dilatar la situación? Es necesario que la sociedad colombiana entienda la importancia de un pronto acuerdo, pues es la llamada a exigir soluciones prontas.

Gobierno y Farc pactaron el cese al fuego bilateral y definitivo, compromiso que quedó enmarcado en el Acuerdo. Ambas partes mantienen su voluntad de paz y del lado del Gobierno es el presidente Santos quien puede prorrogarlo cuantas veces se necesite, según lo aclaró el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. En este momento la fecha límite fijada es el 31 de diciembre, por lo que al parecer la Canciller se refirió a ese mes como el plazo perentorio.

La declaración de Holguín pudo ser un error, pero la opinión pública le ha cobrado al Gobierno esos pasos en falso que ha tenido al momento de comunicar sobre el proceso de negociación con las Farc. Recordemos solo el episodio en el que el Presidente aseguró que si ganaba el No en el plebiscito la guerra se reactivaría y llegaría incluso a las ciudades. O que no se podía renegociar.