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Jueves, 21 Marzo 2019

De la Calle puso palabras sobre la JEP en la boca de Duque

Por José Felipe Sarmiento

Unas declaraciones del presidente sobre la ley estatutaria de la JEP causaron diversas interpretaciones en febrero. No es claro que al objetarla se haya contradicho a sí mismo, como afirmó el exnegociador.

El excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos que negoció la paz con las Farc, le dijo al diario El País de España que “en el mes de febrero del año 2019 el presidente (Iván) Duque declaró que no iba a objetar la ley estatutaria (de la Justicia Especial para la Paz, JEP) porque no podía hacerlo, y porque no podía enfrentar a la Corte Constitucional”.

La versión del exnegociador hace parte una una entrevista publicada por el periódico europeo el pasado 15 de marzo. Cinco días antes, el mandatario colombiano objetó seis apartes del proyecto que consideró “inconvenientes” y, de esta manera, devolvió la iniciativa al Congreso para que decida si ratifica lo que ya había aprobado y que la Corte avaló o, por el contrario, le hace modificaciones que resuelvan las preocupaciones del Ejecutivo.

Para De la Calle, esta decisión fue contradictoria con el supuesto anuncio hecho con anterioridad por Duque. El excandidato se basó en la cita textual que trajo a colación el columnista Pascual Gaviria el pasado 13 de marzo en El Espectador. Según el texto, las palabras del presidente fueron:

“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto… Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.

Duque sí usó esas expresiones a mediados de febrero. Primero, en el encuentro que sostuvo el 16 de ese mes con colombianos en Washington (Estados Unidos); luego, ante medios de comunicación tras su regreso a Colombia, el día 18. Las frases fueron retomadas en múltiples notas periodísticas. La mayoría se basó en un cable de la agencia Colprensa y varias titularon que el primer mandatario había descartado la objeción.

“Tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto”, señaló el presidente en referencia a la inclusión en la JEP de los delitos sexuales cometidos contra niños en el marco del conflicto armado. El registro también quedó en video y fue presentado en Noticias Caracol y Noticias Uno, aunque con interpretaciones diferentes: respectivamente, que se estaba evaluando la decisión y que era probable la objeción ante las presiones del partido Centro Democrático.

Pese a la falta de claridad en el mensaje, Duque había expresado su intención de examinar en detalle la ley durante los días que tenía para ello desde antes de irse para Washington, en entrevista con RCN Radio el 15 de febrero. Además, el comunicado de Presidencia sobre la reunión con colombianos en la capital estadounidense ignoró las declaraciones de ese día sobre la JEP, es decir que no había un anuncio oficial sobre el tema.

La oficina de prensa solo destacó una respuesta al debate el 20 de febrero. Ese día, de nuevo, el presidente enfatizó en que el proyecto era “importante”, pero advirtió que se tomaría todo el plazo para evaluar el articulado, “obrando dentro de los tiempos que me da la ley”.

El 10 de marzo, finalmente, se materializaron las seis objeciones justo cuando se vencía el plazo para la decisión y Duque hizo el anuncio en alocución presidencial. Resulta cuestionable afirmar que esto contradijo su posición previa, porque nunca anunció expresamente que la fuera a sancionar.

Miércoles, 10 Abril 2019

En el archivo: ley estatutaria de JEP no da impunidad para reincidentes

Por Colombiacheck

Paloma Valencia repitió un argumento falso en contra de la JEP, diciendo equivocadamente que las objeciones a su ley estatutaria son necesarias para que reincidentes sean investigados por la Fiscalía.

Este 9 de abril, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia trinó un mensaje en apoyo a las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, enviadas por el presidente Iván Duque al Congreso. En ese mensaje, dijo:

"¿Ud está de acuerdo con que quienes reincidan en crimen habiendo recibido beneficios de las JEP, sean investigados por la Fiscalía? Si es así ud está #DeAacuerdoConLasObjeciones".

Trino Paloma Valencia

Sin embargo, como ya habíamos explicado en un chequeo reciente titulado "Ley estatutaria de la JEP no da impunidad a exguerrilleros que vuelvan a delinquir", este argumento es falso.

En esa publicación escribimos que, 

en general, los exguerrilleros de las Farc que se sometieron a la JEP y que cometan delitos después de la Firma del Acuerdo Final serán juzgados por la justicia ordinaria y se arriesgan a perder los beneficios de la JEP, jurisdicción que debe revisar si la nueva falta va en contra de los compromisos adquiridos ante ella.

Esto está explícito en el artículo 5 del acto legislativo 01 de 2017, que dice que “si con posterioridad a la entrada en vigencia de este Acto Legislativo y a la finalización del proceso de dejación de armas algunas de las personas sujetas a la jurisdicción de la JEP cometiera un nuevo delito, este será de conocimiento de la jurisdicción ordinaria”. 

Además, precisamos que

En el Acuerdo Final, en efecto, se estableció que la JEP se aplicará “únicamente a conductas cometidas con anterioridad a su entrada en vigor”, es decir antes del 1 de diciembre de 2016.

Y también es cierto que la Corte Constitucional le hizo una modificación a este límite. El cambio se refiere específicamente a los delitos de “ejecución permanente”, que son los que se prolongan en el tiempo, como el secuestro, que no cesa hasta que aparezca la víctima.

En 2017 la Corte, al revisar el acto legislativo 01 de 2017determinó que los casos de delitos de ejecución permanente (que hayan comenzado antes del 1 de diciembre de 2016 y no hayan terminado después de esa fecha) serán juzgados por la JEP.

En la Sentencia C 080 de 2018 en la que la Corte Constitucional revisó la constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP también se refiere al tema y deja claro que “si se trata de acciones posteriores al 1 de diciembre de 2016, que no se hallen conectadas con un delito de ejecución permanente iniciado antes del 1 de diciembre de 2016 o con el proceso de dejación de armas, configurarán un nuevo delito y su conocimiento será de competencia, como ya se dijo, de la jurisdicción ordinaria”.

Hay que recordar también, que uno de los requisitos principales para ser aceptado por la JEP y recibir los beneficios que otorga es garantizar la no repetición, es decir no volver a cometer delitos.