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Jueves, 21 Marzo 2019

De la Calle puso palabras sobre la JEP en la boca de Duque

Por José Felipe Sarmiento

Unas declaraciones del presidente sobre la ley estatutaria de la JEP causaron diversas interpretaciones en febrero. No es claro que al objetarla se haya contradicho a sí mismo, como afirmó el exnegociador.

El excandidato presidencial Humberto de la Calle, quien fue el jefe del equipo del gobierno de Juan Manuel Santos que negoció la paz con las Farc, le dijo al diario El País de España que “en el mes de febrero del año 2019 el presidente (Iván) Duque declaró que no iba a objetar la ley estatutaria (de la Justicia Especial para la Paz, JEP) porque no podía hacerlo, y porque no podía enfrentar a la Corte Constitucional”.

La versión del exnegociador hace parte una una entrevista publicada por el periódico europeo el pasado 15 de marzo. Cinco días antes, el mandatario colombiano objetó seis apartes del proyecto que consideró “inconvenientes” y, de esta manera, devolvió la iniciativa al Congreso para que decida si ratifica lo que ya había aprobado y que la Corte avaló o, por el contrario, le hace modificaciones que resuelvan las preocupaciones del Ejecutivo.

Para De la Calle, esta decisión fue contradictoria con el supuesto anuncio hecho con anterioridad por Duque. El excandidato se basó en la cita textual que trajo a colación el columnista Pascual Gaviria el pasado 13 de marzo en El Espectador. Según el texto, las palabras del presidente fueron:

“Yo no voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional, tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto… Es preferible tener ley estatutaria que no tenerla porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa”.

Duque sí usó esas expresiones a mediados de febrero. Primero, en el encuentro que sostuvo el 16 de ese mes con colombianos en Washington (Estados Unidos); luego, ante medios de comunicación tras su regreso a Colombia, el día 18. Las frases fueron retomadas en múltiples notas periodísticas. La mayoría se basó en un cable de la agencia Colprensa y varias titularon que el primer mandatario había descartado la objeción.

“Tengo una preocupación, pero desafortunadamente esa preocupación no es objetable porque salió del texto”, señaló el presidente en referencia a la inclusión en la JEP de los delitos sexuales cometidos contra niños en el marco del conflicto armado. El registro también quedó en video y fue presentado en Noticias Caracol y Noticias Uno, aunque con interpretaciones diferentes: respectivamente, que se estaba evaluando la decisión y que era probable la objeción ante las presiones del partido Centro Democrático.

Pese a la falta de claridad en el mensaje, Duque había expresado su intención de examinar en detalle la ley durante los días que tenía para ello desde antes de irse para Washington, en entrevista con RCN Radio el 15 de febrero. Además, el comunicado de Presidencia sobre la reunión con colombianos en la capital estadounidense ignoró las declaraciones de ese día sobre la JEP, es decir que no había un anuncio oficial sobre el tema.

La oficina de prensa solo destacó una respuesta al debate el 20 de febrero. Ese día, de nuevo, el presidente enfatizó en que el proyecto era “importante”, pero advirtió que se tomaría todo el plazo para evaluar el articulado, “obrando dentro de los tiempos que me da la ley”.

El 10 de marzo, finalmente, se materializaron las seis objeciones justo cuando se vencía el plazo para la decisión y Duque hizo el anuncio en alocución presidencial. Resulta cuestionable afirmar que esto contradijo su posición previa, porque nunca anunció expresamente que la fuera a sancionar.

Viernes, 17 Agosto 2018

Congresista del CD dice que líderes de la Farc no tendrán que pagar por reclutamiento forzado: falso

Por Sania Salazar

Margarita Restrepo, congresista del Centro Democrático asegura que el acuerdo de paz blindó a los líderes de la exguerrilla que reclutaron menores de edad. Esto es falso, pues ese delito no es amnistiable ni indultable. Quienes lo cometieron deben responder por los hechos con sanciones restrictivas de la libertad.

La representante a la Cámara por el Centro Democrático Margarita Restrepo, quien asegura que hace varios años ha denunciado el reclutamiento forzado de menores de edad, publicó información inexacta sobre ese tema en una columna de opinión titulada “Volvió el Gobierno”, publicada en el portal Los Irreverentes.

 

 

“La impunidad frente al reclutamiento forzado –como en los demás crímenes de lesa humanidad– es inaceptable. El acuerdo entre Santos y las Farc blindó a los cabecillas de esa guerrilla ante la ley, hecho que ha estimulado a los supuestos ‘disidentes’ para continuar esclavizando a los niños de Colombia, realidad que debemos parar cuanto antes”, escribió Restrepo.

Colombiacheck le preguntó a Restrepo en qué se basaba para afirmar lo anterior y respondió que siempre ha defendido que el reclutamiento, por ser un delito de lesa humanidad, “no puede ser sometido a ningún mecanismo alternativo como el de la JEP, que impone castigos que en criterio de muchos no satisface los requerimientos mínimos contemplados por los acuerdos internacionales a los que está adscrito Colombia, entre ellos el Estatuto de Roma”. En resumen, para Restrepo, quienes hayan cometido esos delitos tienen que pagar cárcel.

El reclutamiento forzado es, como bien lo anota Restrepo, un delito de lesa humanidad, por lo que en el Acuerdo Final entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc se acordó que ese no sería un delito amnistiable ni indultable.

Esto quiere decir que quienes hayan cometido ese delito y no brinden verdad y reparación ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) recibirán penas privativas de la libertad de 20 años en la cárcel. Es decir, una sentencia propia de la justicia ordinaria. Lo anterior quiere decir que es falsa la frase de Restrepo en la que asegura que los cabecillas de la antigua guerrilla de las Farc están blindados en lo que a este delito se refiere.

Diana Isabel Güiza, investigadora de Dejusticia, señala que en este asunto hay que tener en cuenta que en la mesa de negociación entre el Gobierno y las Farc se definió que se juzgaría el reclutamiento de menores de 15 años, pero no el de menores entre 15 y 18. Recuerda que la Corte Constitucional, en la revisión que le hizo a la Ley de amnistía, y a raíz de una controversia por los estándares internacionales sobre el tema, estableció que todos los casos de reclutamiento de menores de 15 años siempre van a ser sancionados, pero en los casos de reclutamiento de menores entre 15 y 18 años, se puede amnistiar solo si la conducta ocurrió antes de junio de 2005. De esa fecha en adelante siempre va a ser sancionado el de menores de 18 años.

En la explicación de su frase a Colombiacheck, Restrepo repite un argumento falso mencionado continuamente por el Centro Democrático y por quienes le hicieron campaña al “no” en el plebiscito: que la JEP en ningún caso impondrá restricciones efectivas a la libertad. En realidad, las sanciones sí implicarán limitaciones a la movilidad de los sancionados en zonas geográficas definidas, donde además deben adelantar labores de reparación a las víctimas.

Hay que recordar que los ahora congresistas del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en el que se convirtió la guerrilla de las Farc, varios de los cuales integraron el Estado Mayor Central y el secretariado de esa guerrilla, firmaron las actas de compromiso de comparecencia a la JEP, donde deberán brindar verdad y reparación.

Si bien es cierto que en los últimos días se han conocido denuncias de la Fiscalía General de la Nación que indican que los grupos disidentes de las Farc estarían reclutando menores de edad en Ecuador y Perú, hay que recordar que las disidencias “son, básicamente, exintegrantes de las FARC que decidieron formar nuevas facciones armadas”, según indica el informe de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, titulado Las disidencias de las Farc: un problema en auge.

Es decir, las disidencias están conformadas por exintegrantes de las Farc que decidieron apartarse del proceso de paz y seguir delinquiendo, por lo cual no las cobija la justicia transicional, sino la justicia ordinaria.

En la mesa de La Habana se decidió que las disidencias quedarían por fuera del Acuerdo, es decir que no tienen derecho a los beneficios de la JEP.

En los últimos días la Defensoría del Pueblo también denunció que el ELN, guerrilla que adelanta conversaciones de paz con el Gobierno, ha reclutado a 24 menores de edad en el primer semestre del año.