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Verdadero pero...

Viernes, 07 Agosto 2020

Duque y el páramo de Santurbán, una promesa rota a medias

Por Fabio Posada

El congresista Juan Carlos Losada le recordó al presidente su compromiso de proteger el páramo de Santurbán. Su reclamo resultó verdadero, pero impreciso.

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por Bogotá y miembro del partido Liberal, retó al presidente Iván Duque a “que le cumpla a sus electores y a todos los colombianos de este país cuando juró que no habría ninguna explotación minera en Santurbán”.

Revisamos si en efecto Duque hizo esta promesa durante su campaña presidencial y calificamos el reclamo de Losada como “verdadero, pero”.

La promesa

Colombiacheck contactó al congresista Losada y a su asesora de comunicaciones para saber en qué documentos soporta su reclamo. Se comprometieron a entregar la información, pero a la fecha de publicación de este chequeo no lo habían hecho.

Sin embargo, revisamos las promesas que hizo Duque cuando era candidato.

El 11 de abril de 2018, en un Foro por la Democracia organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, Duque dijo: “No vamos a permitir minería en ninguna zona delimitada de páramo de Colombia, eso tiene que ser categórico”.

En el mismo evento, ante una pregunta por el proyecto Soto Norte de Minesa, planeado a realizarse en inmediaciones de Santurbán, el entonces candidato dijo: “yo sé para dónde va su pregunta y yo he escuchado con mucha atención las preocupaciones de la comunidad de Santander. Es que eso no es si es aquí abajito o aquí arribita o acá… lo que está comprometido es un riesgo sobre las fuentes de agua y no se pueden adelantar proyectos que comprometan o pongan en riesgo las fuentes de agua de ciudades como Bucaramanga y de otros municipios”.

El proyecto de Soto Norte

En su página web, la Sociedad Minera de Santander explica que es una empresa de minería de oro enfocada en el desarrollo del proyecto aurífero Soto Norte, que cuenta con el respaldo de Mubadala Investment Company, grupo empresarial del gobierno de Abu Dhabi en los Emiratos Árabes Unidos. También anuncia que en la fase de construcción invertirá “un millón de dólares por día” y que durante el tiempo de dure la concesión (12 años y medio, prorrogables por 30 años más) proyecta dejar en Colombia unos “cien millones de dólares por concepto de impuestos y regalías por cada año de vida del proyecto”.

Sobre la operación del proyecto, en un video publicado en su canal de YouTube en marzo de 2017, Minesa explica que su objetivo es construir una mina subterránea para explotar una veta de minerales preciosos. El material o roca se desprende de la veta mediante el uso de explosivos y será triturado para trasladarlo por un túnel de cinco kilómetros hasta una planta de beneficio de minerales donde será procesado. La mina estará ubicada en el municipio de California y la planta en Suratá, ambos en el departamento de Santander.

El diseño de la mina tiene dos kilómetros de largo por 900 metros de ancho y 780 metros de profundidad. La proyección inicial de Minesa es extraer aproximadamente 68 millones de toneladas de roca con minerales durante el tiempo de la concesión.

En la pieza audiovisual se aclara que el producto final extraído de la mina no serán gramos de oro o de cobre como tal, sino concentrados polimetálicos, una mezcla de varios metales que requiere ser procesada para extraer el oro y el cobre. Dicha mezcla, según el video de Minesa, no es tan valiosa como el oro o el cobre puro, pero tiene mucho más valor que la roca sacada de la mina. 

Luis Álvaro Pardo, economista de la Universidad Nacional, especialista en derecho minero y constitucional, publicó en la edición de abril de la revista Encuentros, ciudad, medio ambiente y territorios una fuerte crítica sobre este contrato de concesión y señaló que “no obliga a reconocer ninguna clase de contraprestaciones al Estado, además del pago de regalías e impuestos. La propuesta de exportar polimetálicos anula la capacidad de control y fiscalización de la autoridad minera y tributaria en la determinación de los minerales que se explotan en el país y de calcular el pago de regalías e impuestos”.

Este proyecto es considerado estratégico por el gobierno para la reactivación económica del país ante la crisis generada por el coronavirus, como lo explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía, a la revista Dinero: “Soto Norte y otros dos proyectos mineros atraerían $4.500 millones de dólares adicionales en inversión extranjera directa y producirían más de 12.000 empleos”.

Como mencionamos más arriba, Duque se comprometió a no realizar proyectos mineros en zonas delimitadas de páramo. Y, en efecto, este proyecto no entra dentro de esa zona. Pero el área de influencia indirecta del proyecto Soto Norte en algunos puntos se sitúa apenas 20 metros por debajo del límite del páramo de Santurbán, como contó la periodista Ana León de La Silla Vacía. 

Además, el área de influencia del proyecto de Minesa sí afecta las subcuencas de los ríos Angosturas y Páez, que a su vez tienen una parte de su territorio dentro del páramo de Santurbán. La empresa árabe explica que el área de influencia se encuentra por fuera de la línea actual de páramo y separada por una zona de “tránsito de bosque alto andino”. Sin embargo, esto podría cambiar porque la Corte Constitucional pidió al Ministerio de Medio Ambiente que adelante una nueva delimitación de Santurbán y que tenga en cuenta el bosque alto andino dentro de su límite. “Si la nueva línea protegiera más territorio el proyecto corre el riesgo de que el impacto previsto toque zona prohibida para explotación minera”, concluye el artículo de La Silla Vacía.

Las críticas ambientales

El riesgo de contaminación de las fuentes hídricas se produce porque, según el estudio de impacto ambiental presentado por la propia Minesa para obtener la licencia ambiental, durante la concesión dispondrá un total de 34 millones de toneladas de material contaminante que está compuesto, además de la roca sobrante de la mina, por concentraciones tóxicas de hierro, arsénico, cadmio, bismuto, antimonio, plomo, molibdeno y uranio; y en el caso de los lixiviados, además de presentar acidez, pueden contener altos niveles de arsénico, cadmio, cobre, hierro, níquel y zinc.

Por otra parte, el rechazo al proyecto minero en Soto Norte tiene una de sus expresiones más organizadas en el Comité Santurbán, un colectivo que se presenta en Twitter como una “plataforma cívica con más de 10 años defendiendo el agua y el páramo de Santurbán, fuente hídrica de Santander”.

El Comité Santurbán ha dado una dura batalla jurídica para lograr que se haga una nueva delimitación del área protegida y se tenga en cuenta la postura e información de las comunidades afectadas durante el estudio de la licencia ambiental que adelanta la Anla.

En esa extensa lucha por visibilizar el tema y proteger el páramo han organizado desde marchas (en 2017 hicieron una que contó con más de 50.000 asistentes) hasta preparar documentación jurídica, como las más de 20.000 solicitudes de terceros intervinientes que presentaron ante Anla y que deben ser atendidas en audiencias públicas.

Una de las últimas movidas en defensa del páramo de Santurbán la dio el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas quien, en asocio con el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana, presentaron el pasado 24 de julio el primer informe con observaciones al Estudio de Impacto Ambiental de Minesa. 

Entre las observaciones que plantea el informe llama la atención, por ejemplo, que los impactos negativos del proyecto superan ampliamente los favorables. De los 32 impactos que según el estudio generaría la actividad extractiva de Minesa, 26 son negativos, es decir, el 81% del total. Además, el 46% de los impactos socioeconómicos, también son negativos, pese a que, según el estudio, a Santander le llegarían en promedio 16.000 millones de pesos anuales en regalías.

“Digamos que fueran 20.000 millones lo que llegara de regalías, dividido en los dos millones de habitantes, serían aproximadamente 10.000 pesos al año para cada uno. Ni siquiera así es significativo para la economía regional. Pero si se hace el proyecto y nos quedamos sin agua, tendríamos que ejecutar una nueva iniciativa que costaría 200 millones de dólares, y ¿de dónde los vamos a sacar?”, le dijo Carlos Sotomonte, asesor ambiental de la alcaldía de Bucaramanga, al diario Vanguardia.

Otro hallazgo del informe de observaciones señala que “el Estado no cuenta con estudios propios para definir si en la región donde se localizan los títulos mineros vigentes es viable o no hacer minería, ni para confrontar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), presentado por Minesa, en su dimensión socioeconómica, de manera que cualquier decisión respecto de la licencia ambiental se adopta sobre la base de información de una fuente interesada”.

Recientemente, la polémica por el proyecto ha resurgido. Entre las voces que se han unido al rechazo del proyecto Soto Norte en inmediaciones de Santurbán, se sumó la de Claudia Bahamón, arquitecta, modelo, presentadora y activista en redes sociales, quien publicó el sábado 1 de agosto un hilo en Twitter con varios videos. En uno de ellos se observa al presidente Duque diciendo enfáticamente: “Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta, tenemos 37 ecosistemas de páramos y uno de ellos es el páramo de Santurbán, mi compromiso es proteger el páramo”. El trino de la Bahamón acumula ya 129.000 visualizaciones y 1.571 comentarios.

El tema sigue candente pues el 6 de agosto se surtió un debate de control político en la Cámara de Representantes que duró más de once horas y que fue considerado fallido en este artículo de El Espectador por la poca profundidad del cuestionario enviado al Gobierno por parte de los congresistas citantes, así como por la falta de compromiso y de información en las respuestas por parte de los Ministros citados.

Hasta la fecha de publicación de esta verificación, el presidente Duque no se ha pronunciado acerca de estos reclamos.

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Domingo, 10 Diciembre 2017

Emparamados: ¿está o no la mina Soto Norte en Santurbán?

Por David Tarazona

El pasado miércoles 15 de noviembre de 2017 el ministro de Minas Germán Arce negó en Caracol Radio que la mina Soto Norte de Minesa invada el páramo de Santurbán. “La licencia es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida”, dijo Arce en los micrófonos de la emisora. Colombiacheck verificó esta afirmación.

El pronunciamiento del ministro Arce se dio tres días después de que él mismo había confirmado en Abu Dhabi la inyección de 1.000 millones de dólares en el proyecto minero Soto Norte por parte del fondo de inversión Mubadala, del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos. La mina espera extraer 9 millones de onzas de oro en 25 años. El anuncio de Arce generó una ola de indignación en el país incluyendo voces como la del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández y la de ambientalistas de la zona, que dicen que la actividad minera en la zona podría afectar sus fuentes de agua, ubicadas en cercanías de Santurbán.

 

Cortesía: Caracol Radio

Tras consultar al Ministerio de Minas, MinAmbiente, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la comunidad en contra de la explotación minera en Santurbán y a un especialista en temas legales y ambientales, Colombiacheck calificó la declaración del ministro Arce según la cual “la licencia [de Minesa] es por fuera del páramo, es por fuera del área protegida” como Ligera.

La vigencia de la zona protegida de Santurbán y la disputada extensión del páramo

El anuncio de la inyección de capital del fondo Mubadala en Soto Norte no se pudo dar en un peor momento para el Gobierno. Una semana antes la Corte Constitucional publicó en su página web el fallo que tumbó la delimitación que el Ministerio de Ambiente había establecido para la zona protegida del páramo de Santurbán por no haber consultado a las comunidades afectadas por la demarcación. En este caso, la Corte ordenó realizar consulta previa con los afectados.

La Corte, en su sentencia T-361/17, dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente que delimitaba la zona protegida de Santurbán, pues consideró que no se respetó el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó al Ministerio de Ambiente que “en el término de un 1 año[...] emita una nueva resolución para delimitar el Páramo en las Jurisdicciones Santurbán – Berlín” en un proceso deliberativo e incluyente con las comunidades tras fallar una tutela interpuesta por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez. El año comenzó a correr desde el pasado 17 de noviembre.

El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete
El abogado ambientalista Rodrigo Negrete habló con Colombiacheck de su preocupación sobre mina Soto Norte en cercanías de Santurbán. Crédito: Rodrigo Negrete

Según el abogado ambientalista Rodrigo Negrete y asesor legal en temas de consulta previa de comunidades preocupadas por los potenciales impactos de la minería en Santurbán, no solo se desconoce si con los nuevos límites que se decidan antes de que se acabe el año dado por la Corte Constitucional, la mina Soto Norte estaría dentro del páramo, sino que también la duración de la licencia solicitada por Minesa ante la ANLA, por 25 años, genera incertidumbre. “Mantener por un año la delimitación [por parte de la Corte] es en virtud del principio de precaución de que no se generen nuevas afectaciones en la zona delimitada, pero, además, hay una posibilidad que el título de Minesa pueda quedar [después] incluido dentro del páramo [con la nueva delimitación]”, dijo Negrete a Colombiacheck.

Como respuesta a la indignación que generó el proyecto de Minesa en cercanías de Santurbán, la ANLA, por su parte, anunció que no se tomarán decisiones frente a la licencia a la que postuló la compañía hasta que se termine el proceso consultivo ordenado por la Corte Constitucional para definir los nuevos límites del páramo, lo que no significa que el trámite de la licencia se detenga.

El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente
El ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo enfrenta el delicado tema de la minería en Santurbán. Cŕedito: Ministerio de Ambiente

Si bien es cierto que el proyecto minero Soto Norte está fuera de la zona protegida, según los límites cuya durabilidad solo tienen un año, precisamente por el fallo de la Corte y la consulta previa que aún falta, es ligero afirmar que a largo plazo seguirá fuera del área de páramo cuando nadie conoce cuál será la nueva demarcación. Además, el Ministerio de Ambiente delimitó en 2014 la zona protegida de Santurbán con 98.954 hectáreas, a pesar de que tenía como insumo el estudio del Instituto Alexander von Humboldt de 2012 en el que el páramo tenía la extensión de 142.000 hectáreas, 43.046 menos que las que decidió el Gobierno.

A la luz de los documentos, las entrevistas realizadas y la incertidumbre que hay sobre la extensión del páramo, Colombiacheck califica la declaración del ministro Arce de que “la licencia [de Soto Norte] es por fuera del páramo” como Ligera porque sus argumentos solo tienen vigencia de un año y después de esto la incertidumbre frente al tema es total, con lo cual no se puede afirmar con certeza que el proyecto Minesa quedó fuera de los límites del páramo de Santurbán.

El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL
El biólogo Gonzalo Andrade criticó la perspectiva del Gobierno frente a la minería en Santurbán. Cŕedito: Agencia de Noticias UNAL

De alguna manera, la firma de este proyecto genera una presión para las autoridades colombianas al trazar esos límites, cuestión que no es la ideal para decidir un tema tan imperioso como éste. "El tema no es sencillo, es delicado" nos confirmó el biólogo Gonzalo Andrade, profesor en la Universidad Nacional y conocedor de la problemática de Santurbán. "El presidente [Santos] protegido por la ley y por la norma decidió impulsar este proyecto [de Minesa], pero desde un punto de vista biológico y ambiental es un adefesio" dijo el biólogo a Colombiacheck. Andrade, además, explicó que el ecosistema de páramo no está aislado y espera que el Gobierno haga un análisis juicioso para definir los nuevos límites.

Los límites subterráneos de la mina

Aunque es cierto que la parte superficial de la mina está a 400 metros en bajada del límite de la zona protegida, el abogado ambientalista Rodrigo Negrete, dice que el área subterránea de la mina puede invadir los límites actuales, pues el proyecto minero funcionará con túneles, algunos ya construidos. “Hay una línea superficial, pero no se sabe la [línea] asociada al tema subterráneo y ahí es donde el túnel toma agua, chupa agua y ahí puede haber afectación. No sé cuánto kilómetros van a tener esos túneles porque no va a ser uno solo”, explicó Negrete a Colombiacheck.

El Ministerio de Minas respondió a Colombiacheck que el área subterránea de la mina será de 460 metros por debajo de la línea de páramo, aunque reconoce que solo la ANLA tiene la última palabra para determinar –de manera oficial– que los túneles no invadirán el área protegida. “La cota de los túneles en su punto más alto es de 2.640 metros sobre el nivel del mar de ahí[...] En ese sentido, el desarrollo del proyecto va en sentido contrario a la línea del páramo que inicia a los 3.100 metros sobre el nivel del mar.” afirmó el Ministerio de Minas a Colombiacheck.

De hecho, según un informe del periódico santandereano Vanguardia Liberal, la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) confirmó que hay una investigación para determinar si hubo daño ambiental del proyecto minero Soto Norte durante la construcción de un túnel subterráneo de exploración conocido como El Gigante. La pesquisa determinará si la responsabilidad por un posible daño ambiental sería de Minesa o de Aux Colombia, empresa que habría iniciado la obra antes de cederla a la primera.

Los potenciales riesgos de la minería en cercanías de Santurbán

Según los especialistas, en la zona hay más arsénico y otros metales pesados que el oro. La liberación de estos metales pesados durante la explotación minera y su posterior contacto con el oxígeno pueden afectar la salud humana si llegan a mezclarse con el agua. “Se contaminan los suelos y las aguas y como la bocatoma del acueducto de Bucaramanga está abajo, puede haber contaminación de esas aguas con arsénico” advirtió el abogado Rodrigo Negrete. Por lo que solicitan al Ministerio de Ambiente y al de Minas la prohibición de la minería a gran escala y la suspensión de los trámites de licencia ambiental en la zona.

Al respecto, el Ministerio de Minas respondió a estas inquietudes: “si el proyecto genera un riesgo[...] no va a pasar la evaluación medioambiental [de la ANLA]”.

Aunque la última palabra solo la tendrán la ANLA y la nueva delimitación, en la baraja de variables a sortear en este caso, se juntan: la incertidumbre sobre los límites del área subterránea de la mina, la duración de 25 años de la licencia solicitada por Minesa, la discutida extensión real del páramo de 142.000 hectáreas recomendadas por el Instituto Von Humboldt 43.000 más que las aceptadas por el Gobierno y la vigencia por solo un año de la demarcación actual de la zona protegida. Por esto creemos que el ministro de Minas Germán Arce no podía salir de manera ligera y afirmar que todo está en orden.