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Miércoles, 12 Julio 2017

“El 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación es de Sofía Gaviria, senadora liberal, y resultó engañosa no solo porque apenas el 88,2% de los municipios colombianos están en dicha categoría, sino porque eso no significa que todos tengan necesidades básicas insatisfechas.

Pocos días antes de tomar su licencia de maternidad la senadora Sofía Gaviria se despachó contra el presidente Juan Manuel Santos por “la avalancha de 34 decretos emitidos por el Gobierno gracias a las inmensas facultades extraordinarias que le concedió, sin discusión alguna, un Congreso que ha perdido toda autonomía”, escribió en la columna de opinión que publica en el periódico El Mundo de Medellín, fundado por su padre Guillermo Gaviria Echeverri y dirigido por su hermana Irene Gaviria.

En relación a sus críticas publicadas el 2 de julio frente a la “avalancha” de decretos, la congresista antioqueña también expresó su inconformidad porque el exministro Juan Fernando Cristo fue nombrado en la Csivi (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final) lo que le permite, según ella, controlar “todo lo relacionado con la implementación de los billonarios recursos de los acuerdos, mientras, abiertamente, es precandidato presidencial”.

Su voz de inconformidad también la expresó por decretos que, según ella, tocaron aspectos como la modificación del estatuto tributario, la modificación del reglamento de la Corte Constitucional, la falta de claridad sobre quienes conformarán las instancias para la ejecución del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos, así como lo relacionado con el Fondo de Tierras para el posconflicto, entre otras temas.

Al conjunto de inconformidades la senadora liberal sumó que, en su opinión, el gobierno centró “los esfuerzos estatales de electrificación rural en unos pocos municipios y deja aplazada la electrificación de los demás”. Para sostener su argumento Gaviria adujo que la electrificación rural se está dando de manera “inequitativa” y mencionó que “el 89% de los municipios del país son de categoría seis, con necesidades básicas insatisfechas”, una cifra que Colombiacheck verificó.

¿Cómo es la categorización de los municipios colombianos?

Para conocer la fuente del dato mencionado por Gaviria, consultamos a su oficina de prensa. Allí explicaron que la cifra del 89% la tomaron del Portal Territorial que ofrece cifras de la categorización de los municipios del país con corte a 2007.

Colombiacheck revisó la página y en efecto así está publicado. También confirmamos que el dato publicado por la senadora está desactualizado en por lo menos una década (10 años).

Para conocer cifras más actualizadas consultamos varias bases de datos y preguntamos a expertos en la materia. Revisamos las cifras que tiene la Contaduría General de la Nación, en su reporte de información fechado en noviembre de 2016.

En relación a la categorización de 2007 publicada por el Portal Territorial y la de Contaduría hay algunas diferencias que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, en 2007 el Portal Territorial solamente reportó 1.098 municipios contrario a la publicación de la Contaduría que reportó 1.101 en total.

En la base de datos de la Contaduría de 2016 también se encuentra que de los 1.101 municipios en Colombia hay seis en categoría 0, una categoría especial.

De los otros municipios la Contaduría reveló que hay 26 en categoría uno, 19 en categoría dos, 13 en categoría tres, 26 en categoría cuatro, 39 en categoría cinco y 951 categoría seis.

Esos datos que son oficiales y de acceso público, también evidenciaron que hay 21 municipios sin categorizar, aunque según Juan Carlos Rodríguez, contratista de la Subcontaduría de Centralización de la Información, dichos municipios también pertenecen a la categoría seis. De acuerdo con Rodríguez, están sin categorizar porque “no tuvimos información sobre ellos”.

Según estos datos Colombia contaba a 2016 con 972 municipios de categoría seis, que representan un 88.2% del total de los municipios del territorio nacional. Es decir, hay una diferencia de 0.8 puntos decimales con relación a la información de 2007 ofrecida por el Portal Territorial.

¿Confunde y reinarás?

Pero más allá de esa pequeña imprecisión en los datos, el ‘veneno’ de la afirmación de la senadora Gaviria lo trae en la segunda parte, donde dice que califica esos municipios de categoría seis como zonas “con necesidades básicas insatisfechas, NBI”, lo cual es totalmente falso y llama a la confusión de sus lectores.

Es falso y enreda a sus lectores pues, de acuerdo con Rodríguez, el experto de la Contaduría General de la Nación, la categorización de los municipios el Colombia no se realiza según las NBI, sino como lo ordena la Ley 1551 de 2012 que dicta las pautas para la organización y el funcionamiento de los municipios.

En su artículo 6º esta ley dictamina que: “Los distritos y municipios se clasificarán atendiendo su población, ingresos corrientes de libre destinación, importancia económica y situación geográfica”, en definitiva, está categorización no mide las necesidades básicas satisfechas o insatisfechas de los municipios colombianos.

¿La senadora Gaviria no conocía este aspecto de la clasificación de los municipios o, pese a conocerlo, lanzó su temeraria afirmación que llama al engaño a quienes la leen y no conocen la Ley 1551 de 2012? Eso solo lo sabe ella.

Ahora bien, teniendo esa claridad en cuenta, según Rodríguez, es lógico que algunos municipios aparezcan en la categoría seis debido a que tienen menor población y por lo tanto menores ingresos, pero no necesariamente mayores necesidades básicas insatisfechas.

Para entender mejor cómo están catalogados los municipios del país es bueno saber que la zona cero o zona especial está conformada por Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Mientras que Yopal, Villavicencio, Neiva, Valledupar, Manizales, Tunja, Pereira e Ibagué, entre otras ciudades, han sido categorizadas en la escala uno.

Sin embargo, es importante recalcar que estar en la categoría cuatro, cinco o seis no indica necesariamente tener necesidades básicas insatisfechas. Como de igual manera estar en una categoría especial o uno no indica tener garantizadas todas las necesidades básicas.

Luego del análisis de la información oficial disponible y de la contrastación con los expertos, calificamos la afirmación de la senadora Gaviria es engañosa porque ella tenía la posibilidad de acceder a la información más actualizada (ya que es pública) y, en su calidad de Senadora, debe conocer que los municipios en Colombia no se clasifican por sus necesidades básicas insatisfechas.

Desde la oficina de la senadora Gaviria explicaron que la relación del 89% de los municipios como zonas con necesidades básicas insatisfechas se debió a “un error de transcripción” aunque recalcaron que los municipios de categoría seis tienen más necesidades que los demás. “Esos más que los demás”, dijeron textualmente.

Municipios con 0% de cobertura eléctrica

Es importante señalar que el dato mencionado por Gaviria referente a que el 89% de los municipios del país son de categoría seis se originó por la inconformidad de la senadora en relación a la manera “inequitativa”, según ella, en que se ejecutará el Plan Nacional de Electrificación Rural mencionado y aprobado en el Decreto Presidencial 884 de 2017, uno de los 34 que firmó el presidente Santos en un fin de semana.

Colombiacheck analizó el decreto y confirmó que no establece una lista de los municipios que se beneficiarían del Plan Nacional de Electrificación Rural, originado en el Acuerdo Final. Lo que se estableció en el decreto fue que se “elaborará y adoptará cada dos años un Plan Nacional de Electrificación Rural para las Zonas No Interconectadas - ZNI y para el Sistema Interconectado Nacional - SIN”.

El decreto también menciona que “el contenido del Plan Nacional de Electrificación Rural, Pner, se armonizará con los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis)”. En definitiva, los municipios que estén caracterizados en los anteriores planes podrían hacer parte del Plan Nacional de Electrificación Rural.

Colombiacheck tuvo acceso a la base de datos del Sistema de Información Eléctrico Colombiano, Siel, y pudo conocer que hay seis municipios en el país, según estimaciones de 2015, que tienen 0% de cobertura eléctrica. Los municipios son San José del Palmar en Chocó, La Guadalupe en Guainía y los otros cuatro en el departamento de Putumayo; Colón, San Francisco, Santiago, y Sibundoy.

Según el mismo Siel, el municipio de Puerto Concordia en el Meta tiene un 2,1% de cobertura eléctrica, Pana Pana en Guainía tiene el 5,5% y Amazonas tiene otras dos zonas (mencionados como municipios o corregimientos) que tienen entre 4,6% y el 8,9% de cobertura eléctrica. Pacoa en Vaupés tiene cobertura del 9,9%.

En el rango de 10% a 39,9% de cobertura eléctrica hay 21 municipios, en el rango de 40% a 59,9% hay 23 municipios, de 60% a 89,9% hay 200 municipios, de 90% a 99,9% hay 439 municipios y con 100% de cobertura eléctrica hay 427 municipios.

Es decir, el 78,6% de los municipios del país cuentan con cobertura total de energía eléctrica o entre el 90% y 99%. Por otro lado, los municipios colombianos con 0% de cobertura eléctrica o con una que oscile entre 0,1% y 19,9% apenas representan el 1,3% del total de los municipios del país.

Como lo mencionamos anteriormente respecto a los municipios que se beneficiarían con el Plan Nacional de Electrificación Rural no hay una lista concreta sino que se tendrán en cuenta aquellos que estén caracterizados en otros planes como los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).

Por ejemplo, los seis municipios con 0% de cobertura eléctrica en el país no están en la lista de municipios que harán parte del Pdet, así lo pudo conocer Colombiacheck luego de acceder a la base de datos de la Agencia Nacional del Territorio. Estos municipios tendrán que hacer parte de los priorizados para los Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral o del Pnis, de lo contrario la luz no les llegará, o por lo menos no la eléctrica.

Lunes, 05 Marzo 2018

Plazas Vega confunde cifras de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos

Por Sania Salazar

El candidato al Senado asegura que no se cumplió la meta de erradicación de cultivos ilícitos, cuando, en realidad, se sobrepasó. En su crítica omite que el programa tiene dos componentes y generaliza con los datos de uno solo.

Luis Alfonso Plazas Vega, coronel retirado del Ejército, conocido por liderar la retoma del Palacio de Justicia, y ahora candidato al Senado por el Centro Democrático, criticó en su cuenta de Twitter los resultados de la política de erradicación de cultivos de coca en el país. Según el candidato, en febrero de 2017 el Gobierno fijó la meta de erradicar 100 mil hectáreas de coca, pero no lo logró, por lo que ampliaron el plazo hasta mayo, pero a la fecha del trino (8 de febrero de 2018) solo habían erradicado 16 mil hectáreas.

 

 

Después de consultar varias fuentes oficiales y un estudio sobre la sustitución de cultivos ilícitos en el país, Colombiacheck califica la afirmación como engañosa porque, aunque la cifra de la meta es cierta, esta se refiere a dos estrategias: erradicación y sustitución, de las cuales la primera superó su objetivo -totalmente contrario a lo que dice el candidato- y la otra sí es la que ha tenido problemas para su ejecución.

Plazas Vega adjunta en el trino un video en el que el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, informa que la meta del Gobierno para 2017 es “afectar y sustituir 100 mil hectáreas de cultivo de coca, de las cuales 50 mil en procesos de sustitución voluntaria y 50 mil en procesos de erradicación forzada”. Esa es la primera precisión que hay que hacer, pues quien lea el trino, pero no vea el video, puede creer que el objetivo era erradicar las 100 mil hectáreas, cuando el plan incluía también sustitución. Los medios, registraron el anuncio de la meta del Gobierno en enero de 2017.

Por un lado, en lo que tiene que ver con erradicación, un informe del Ministerio de Defensa indica que en 2017 erradicaron manualmente 52.001 hectáreas y que en enero de 2018 el conteo iba en 1.615, lo que da un total de 53.616. Es decir, se han erradicado 37.616 más hectáreas de las que dice Plazas Vega. Además, superaron las 50 mil prometidas, por lo que sobrepasaron la meta en erradicación. ¿Pero cuántas se han sustituido?

El director de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería para el Posconflicto, Eduardo Díaz Uribe, aseguró el pasado 22 de febrero en una columna en El Tiempo que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha certificado la sustitución de 16.754 hectáreas de coca.

Una cifra menor cita el informe ¿En qué va la sustitución de cultivos ilícitos. Balance del 2017 y lo que viene en 2018, de la Fundación Ideas para la Paz, FIP. “Con la información disponible no es posible determinar cuántas hectáreas fueron erradicadas voluntariamente durante ese año. Si bien las familias reportaron casi 40.000 hectáreas que se encontrarían en proceso de sustitución, hasta diciembre de 2017 Unodc había verificado un poco más de 15.000 (la tercera parte de la meta anual establecida)”.

En cuanto al plazo para alcanzar la meta de sustitución, El Espectador informó en septiembre de 2017 que, según el Alto Consejero para el Posconflicto, este se cumpliría a finales de 2017 o inicios de 2018. Sin embargo, Díaz Uribe le dijo a Colombiacheck que la fecha límite es mayo de este año, pues, aunque ambas estrategias fueron anunciadas en febrero, la de sustitución tuvo una primera etapa de conversación con las comunidades y, como tal, inició tres meses después, en mayo de 2017. De todos modos, a tres meses de la nueva meta, Naciones Unidas sólo da cuenta de que se ha alcanzado un 33%.

Además, contactamos a un asesor y al equipo de prensa de Plazas Vega para saber en qué fuente se basó para asegurar lo de la ampliación del plazo y la mencionada cifra de erradicación, pero no hemos recibido respuesta. En resumen, la frase del candidato usa cifras cercanas a la realidad, pero las pone en el contexto equivocado:

 

  1. La meta de erradicación era de 50 mil hectáreas, no de 100 mil. Ese último dato hace referencia a la meta del programa completo, es decir, mitad erradicación y mitad sustitución.
  2. La meta de erradicación sí se alcanzó, e incluso se superó.
  3. La ampliación del plazo, en el caso de la sustitución, parece que sí se dio, pues el gobierno, efectivamente, inicialmente habló de que se cumplirían las dos metas durante el año pasado.
  4. No se han erradicado 16 mil hectáreas, sino 53.616. Al parecer, el candidato confundió esa cifra con los alcances que ha tenido el programa de sustitución, cuyas dificultades explicamos a continuación.

La sustitución, difícil y lenta

El director del programa de sustitución resaltó que la sustitución depende del involucramiento de las familias cultivadoras y explicó que Naciones Unidas verifica si esta se está realizando, proceso que está rezagado por motivos de seguridad: “de 17 misiones que se hicieron entre enero y febrero 12 fueron bloqueadas”, informó.

Díaz Uribe indicó que los principales problemas a los que se han enfrentado para lograr que los cultivadores de coca sustituyan sus sembrados por productos lícitos es la desconfianza en las instituciones. También los intereses de quienes no quieren que esos cultivos desaparezcan, que han derivado en problemas de seguridad como asesinatos de líderes y bloqueos de las actividades de sustitución y de verificación de las Naciones Unidas.

El informe de la FIP aclara que a un año de la implementación del Acuerdo Final y la puesta en marcha del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) es apresurado sacar conclusiones sobre su éxito o su fracaso.

“La sustitución requiere de recursos y tiempo. Se trata, nada más y nada menos, que de generar condiciones para que comunidades afectadas por la guerra y dependientes de esta economía ilegal sean incluidas social y productivamente. En otras palabras, que el Estado llegue y permanezca en territorios donde su presencia ha sido intermitente”, dice el informe.

El documento da cuenta de los avances, pero también de las dificultades del proceso de sustitución:

-El aumento en las tasas de homicidios y los altos niveles de violencia en las zonas donde se desarrolla la sustitución de cultivos.

-La respuesta del Estado se ha enfocado en incrementar el pie de fuerza, con la creación de centros estratégicos, sin contar con un verdadero modelo de seguridad rural.

-La asistencia técnica y los proyectos de ciclo corto no han llegado a las regiones. “Actualmente, hay miles de familias recibiendo un subsidio mensual sin ningún tipo de orientación o asistencia técnica”.

-La inversión en bienes públicos es claramente insuficiente.

Coordinación con Mindefensa

Díaz Uribe explicó que el Ministerio de Defensa, encargado de la erradicación, ayuda en el proceso de sustitución brindando seguridad y ayudando en la sustitución cuando la comunidad lo solicita, en un trabajo conjunto que han denominado “sustitución asistida” o “sustituir con seguridad”. La diferencia entre ambas estrategias radica en que para las sustitución el punto de partida son las familias, mientras que para la erradicación son las matas”, precisó.