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Lunes, 22 Abril 2019

El departamento del Cauca es donde más asesinan dirigentes sociales

Por Sania Salazar

El departamento es uno de los más afectados con los asesinatos de líderes sociales, según concluyen diversas fuentes, ¿por qué?

Terminada la Minga indígena que tuvo la vía Panamericana cerrada por 29 días, Darío Tote, vocero de ese movimiento indígena e integrante del Consejo Regional Indígena, Cric, manifestó preocupación por la seguridad de quienes participaron en la protesta.

“Nos preocupa el derecho a la vida porque el departamento del Cauca es donde más se asesina a dirigentes sociales, a dirigentes de derechos humanos y esta es una de las grandes preocupaciones, que después de la Minga venga esa situación, porque se nos ha señalado como lo peor”, manifestó en entrevista con RCN Radio.

Tote le dijo a Colombiacheck que la situación de violencia contra los líderes es “oficial” y que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional saben que el Cauca es el departamento donde más asesinan líderes sociales de distintas organizaciones.

Después de revisar varias fuentes Colombiacheck califica la afirmación de verdadero, pero, porque como ya lo habíamos explicado, hay varias organizaciones que hacen seguimiento a estos asesinatos utilizando diferentes metodologías, por lo que hay varias cifras al respecto y no necesariamente el Cauca aparece en todas como el de mayor número de asesinatos, pero sí en los primeros lugares.

Un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, publicado en diciembre de 2018, indica que según la oficina del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, desde la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, se han verificado 163 asesinatos de líderes sociales y defensoras de los derechos humanos y se ha informado de 454 casos en total. “Estos asesinatos se concentran principalmente en tres departamentos: el Cauca, Norte de Santander y Antioquia”, puntualiza el informe.

Un trabajo que cruza la información de diversas fuentes el portal de datos Datasketch muestra las cifras que ubican al Cauca como el departamento con mayor número de víctimas, con 114 líderes asesinados desde 2016. Según ese portal, el segundo departamento con mayor número de víctimas es Antioquia, con 73 asesinados.

Gráfico Datasketch

Según el más reciente informe del programa Somos Defensores correspondiente al primer semestre de 2018, en ese periodo asesinaron a 77 líderes. La mayoría de los casos se registraron en Cauca (13), en Antioquia (12) y en Norte de Santander (10).

Un artículo publicado por  la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, en febrero pasado indica que el norte del Cauca concentra la mayor cantidad de hechos de victimización a nivel departamental en los últimos años.

“La salida de las Farc-EP de la ecuación de la guerra en 2016, la entorpecida implementación del Acuerdo de Paz y la recomposición de estructuras armadas enfocadas en fortalecer su capacidad de control sobre distintas economías ilegales, han contribuido en gran medida, con el recrudecimiento de los altos niveles de victimización contra líderes y lideresas sociales”, señala Pares en el documento.

Según esa Fundación, los distintos tipos de victimización, incluyendo los no letales, apuntan principalmente a quienes impulsan procesos de defensa de derechos étnicos y colectivos, a líderes y lideresas involucrados en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, a quienes trabajan por la implementación del Acuerdo de Paz y a quienes promueven o participan en candidaturas y procesos políticos alternativos.

“Los indígenas encabezan la lista de líderes asesinados con un poco más del 40% de todos los hechos registrados, la mayoría ocurridos en municipios como Corinto, Buenos Aires y Santander de Quilichao”, señala el informe de Pares, que además explica que los grupos sociales con mayor cantidad de víctimas son las comunidades afrodescendientes, y las comunidades campesinas, así como líderes y lideresas comunitarios que encabezan procesos sindicales, culturales, comunales y de defensa del acuerdos de paz.

“Tristemente, los ataques a líderes y lideresas en el caso del norte del Cauca hay que verlas, por un lado, a través del acumulado histórico de décadas de persecución a los procesos sociales que reivindican el derecho a decidir sobre sus territorios y, por otro, de cara a una realidad histórica que mezcla las nuevas dinámicas sociales y comunitarios y los viejos conflictos que siguen palpitando en la región”, concluye el informe.

Giovanny Yule, dinamizador político del sistema de gobierno propio del Cric y líder de la Minga, explica que el Cauca ha sido fuerte  históricamente en organización social de los pueblos indígenas, campesinos, afros, sindicatos y otros sectores sociales “eso le hace estorbo a quienes quieren perturbar el equilibrio y la armonía de la comunidad como los narcotraficantes y los grupos armados ilegales, pero también a los grandes terratenientes que quieren seguir acumulando más tierras en detrimento de las comunidades indígenas, afros y campesinas”.

Yule dice que en ese territorio los grupos armados se han puesto a la orden de los narcotraficantes y concluye que es una lucha en buena parte territorial, pero también política y cultural.

Durante la presentación del “Tercer informe del estado de la implementación del acuerdo de paz” del Instituto Kroc de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, Borja Paladini, director de la entidad, aseguró que la seguridad de los líderes sociales y los excombatientes es una de las principales preocupaciones que tienen, pues los líderes no se sienten seguros y eso pone en riesgo la implementación territorial del acuerdo de paz.

Foto portada: Fernando Acalo. Tomada de la página del Cric.

Jueves, 24 Noviembre 2016

Toribío, Cauca, ¿el pueblo más atacado por la guerrilla?

Por Sania Salazar

Colombiacheck no encontró ningún registro que permita establecer si son ciertos los 600 hostigamientos y tomas guerrilleras de las que se habla con frecuencia en los medios. Lo que sí encontró son estadísticas de la Policía que lo ubican como el pueblo más afectado por esos ataques en Colombia.

“En Toribío nos decían que habían sido víctimas de más de 600 tomas guerrilleras, eso es una cifra escalofriante”, respondió la directora de Prosperidad Social, Tatyana Orozco, en una entrevista publicada el pasado 9 de octubre en el periódico El Nuevo Liberal.

Frases similares con cifras parecidas se han vuelto lugar común al referirse al impacto de la guerra en este municipio del Cauca. Múltiples artículos periodísticos hablan de 600 hechos violentos, entre hostigamientos y tomas guerrilleras, otros indican que son 14 tomas y más de 600 hostigamientos. La revista Cromos llegó a asegurar que son mil hostigamientos. Incluso lo han etiquetado como el pueblo más atacado por la guerrilla en el país.

En una revisión de artículos periodísticos Colombiacheck se percató de que, por lo general, no se menciona la fuente de la información y que las pocas veces que lo hacen la atribuyen a autoridades locales, pero ¿de dónde salen esos números?

Colombiacheck revisó cifras de varias fuentes. Viajó hasta Toribío y habló con algunos de sus habitantes y no encontró evidencia de los 600 hechos violentos en ningún registro oficial, pero corroboró que es el municipio que más asaltos guerrilleros y hostigamientos ha sufrido, según los reportes de la Policía, por eso calificamos la frase como ligera.

El primer paso fue solicitar a la Policía Nacional la aclaración del significado de los términos hostigamiento y asalto a población (comúnmente conocido como toma guerrillera), que son los que usa la institución. Pedimos también información sobre el número de veces que cada municipio de Colombia ha sufrido estos ataques.

Por hostigamiento se entienden “ráfagas o disparos esporádicos a instalaciones de la Policía Nacional, con el fin de causar zozobra para luego retirarse sin dar oportunidad de enfrentamiento”.

Por asalto a población “una acción violenta cometida por grupos subversivos, en la cual atentan contra instalaciones públicas y/o privadas, cometen delitos como hurto a entidades financieras, secuestros, homicidios y daño en bien ajeno, entre otros, con el fin de causar destrucción total o parcial en la población y sus habitantes”.

Conceptos que los toribianos diferencian perfectamente.

Colombiacheck quiso escuchar también la voz de las Farc, por lo que solicitó una entrevista sobre el tema el pasado 8 de noviembre a través de correo electrónico, pero hasta el momento de la publicación de esta historia no ha sido concedida.

Lo que dicen las cifras de la Policía

Los datos que la Policía entregó a Colombiacheck corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 30 de septiembre de 2016. En ese lapso la institución contabiliza 72 hostigamientos y un asalto a población en Toribío.

Si bien son muchos menos de los casos de los que tanto se habla, las cifras de la Policía sitúan a este municipio caucano como el más afectado por estas dos clases de hechos violentos en el país.

También consultamos el Informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se registran 10 ataques a población entre 1994 y 2002. Eso sí, hay que tener en cuenta que para este Centro el ataque a población es una “incursión que implica la ocupación transitoria de un territorio y una acción militar continuada dirigida hacia el arrasamiento de un objetivo militar dentro de un casco urbano”. Concepto un tanto diferente al de la Policía.

La guerra impidió contabilizar la guerra

Ezequiel Vitonás fue alcalde de Toribío entre 1997 y 2000, luego repitió entre 2012 y 2015. Por eso su voz es más que autorizada para hablar de este municipio y sus padecimientos.

Vitonás explica que los profesionales para trabajar en la Alcaldía provienen de Cali, de Popayán o de Santander de Quilichao, pero que muchos “a la primera plomacera salían y dejaban todo tirado. Así es imposible. ¿Usted a qué horas maneja estadísticas si ni siquiera se podían hacer los informes que exigen los órganos de control? Tocaría tener un robot”, responde al preguntarle de dónde salieron las cifras de los ataques al municipio.

Él asegura que son 641 hostigamientos y asaltos a población y señala que la cifra salió de reuniones entre víctimas y los cabildos indígenas en las que se apeló a la memoria de la población para hacer el balance. “La gente tiene esos registros a partir de anécdotas y hasta chistes, pero no se ha sistematizado”, concluye.

La memoria de Vitonás ofrece un contexto amplio del conflicto en el municipio, tiene fresco el nombre de los distintos victimarios: el M19, el Quintín Lame (grupo subversivo conformado por indígenas), el sexto frente de las Farc y una disidencia de esta guerrilla denominada Ricardo Franco. Recuerda que sus antepasados contaban cómo le hicieron frente a la época llamada La Violencia, en la que el enfrentamiento se daba entre liberales y conservadores.

Cifras incompletas

Para Vitonás esas cuentas las debieron llevar la Policía y la Personería. En la oficina de esta última institución en Toribío tienen registrados 208 hostigamientos entre 2008 y 2015, así como tres tomas o asaltos a población, tal cual las denomina la Policía, una en 1998, otra en 2005 y la chiva bomba del 2011. Este último es uno de los hechos que primero recuerdan los habitantes del municipio cuando se les pregunta por el impacto de la guerra.

El miedo marcó con día, fecha y en algunos casos hasta con hora exacta siete tomas guerrilleras en la mente de Liliana Santacruz, quien durante 13 años trabajó como secretaria general en la Alcaldía de Toribío e incluso, estuvo un corto periodo como secretaria de Gobierno.

El 13 de enero de 1983 fue para Liliana la primera toma, el inicio de la zozobra, de preguntarse en cada nuevo episodio si ese día sería el de su muerte. La segunda fue el 14 de abril de 1985 cuando atacaron el puesto de la Policía. En la tercera la memoria la traiciona, la ubica entre 1990 y 1998, pero no tiene detalles. La cuarta fue el 7 de agosto de 1995, oportunidad en la que el blanco fue el banco agrario. La quinta fue el 11 de julio de 2002, la primera vez que atacaban el pueblo con pipetas de gas; entre la 1:15 de la tarde y las 7:00 de la mañana del día siguiente contaron 60 explosiones de pipetas. La sexta toma que recuerda Liliana fue el 14 de abril de 2005, también con pipetas, duró de 6:15 de la mañana a 4:30 de la tarde. La séptima fue la chiva bomba el 9 de julio de 2011.

Carlos Banguero fue alcalde de Toribío de 2008 a 2011. Dice que perdió una agenda en la que llevó las cuentas de los hechos violentos en esos años, pero que fueron 273. “Yo alimentaba ese agenda de un programa que teníamos en la Alcaldía para llevar ese registro. El programa quedó en manos del inspector de Policía, Maximiliano Noscué”, asegura.

Colombiacheck le preguntó a Noscué, quien lleva 8 años en el cargo, pero aseguró desconocer dicho programa.

Proyecto Nasa tiene cifras, pero. . .

La única base de datos que se conoce en Toribío para contabilizar los hechos de la guerra la tiene el Proyecto Nasa, una iniciativa de la sociedad civil que reúne los tres resguardos indígenas de Toribío: San Francisco, Toribío y Tacueyó.

Leonardo Escué, coordinador jurídico del Plan de vida del Proyecto Nasa, explica que esa base de datos permitió empezar a registrar hechos en 2009 bajo el nombre de Proyecto Madeja.

Allí se consignaban los hechos con detalles como número y nombre de las víctimas y tipo de afectaciones. Pero el computador en el que está la base de datos se dañó, así que las únicas cifras que se pueden consultar están en una copia parcial que tiene Escué en su computador personal.

Según la base de datos, entre 2009 y 2015 Toribío fue la población del norte del Cauca más afectada por hostigamientos. El 29% de estos hechos ocurrieron allí. En segundo lugar está Jambaló, con 24%, y en tercer lugar Corinto, con 19%.

Escué dice que las cifras de 2009 hacia atrás están en la memoria colectiva, en la que constan 14 tomas guerrilleras y más de 600 hostigamientos desde 1983.

Los pobladores de Toribío coinciden en que los hostigamientos eran continuos y que, incluso, podían registrarse varios en un mismo día, cuya duración era incierta, podían ser minutos u horas. Así es difícil llevar una cuenta precisa.

Las tomas fueron menos, pero tuvieron mayor impacto, se grabaron en sus mentes. Los hostigamientos pueden, perfectamente, ser muchos más o muchos menos de 600, que es la cifra a la que ha llegado el consenso social. Si bien en los registros de la Policía el pueblo aparece como el más afectado por estas dos clases de hechos, nunca se sabrá la cifra exacta pues no hay registro que tenga la cuenta desde 1983, año que sus pobladores coinciden en señalar como el inicio de las tomas. La guerra es difícil de cuantificar.