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Verdadero pero...

Miércoles, 08 Julio 2020

‘El presidente Duque encontró 200.000 hectáreas de droga (sic). No ha podido empezar a fumigar’: Verdadero, pero

Por Laura A. Gracia

Esta es una de las respuestas dadas por el expresidente Álvaro Uribe en su entrevista en La Silla Vacía. En Colombiacheck verificamos varias de sus afirmaciones.

-Muchas gracias por contestarme con ese respeto, y ya solo para terminar y porque me muero de curiosidad, solo quiero saber si usted siente que Iván Duque ha sido el presidente que usted esperaba cuando lo puso en la presidencia- le preguntó León al jefe del Centro Democrático. 

-(sic) El presidente Duque encontró 200.000 hectáreas de droga (sic). No ha podido empezar a fumigar. 

Iván Duque asume la presidencia en agosto de 2018 en medio de las críticas a su antecesor por el aumento de los cultivos ilícitos.

En Colombia, como lo ha explicado Daniel Rico, investigador en temas de economías ilegales, existen tres monitoreos de cultivos ilícitos: “el primero que paga el Gobierno y calcula el Simci (Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) de las Naciones Unidas, en este se censan las hectáreas de coca una vez al año desde 1999. El segundo es el más viejo y lo construye una agencia del sector defensa de los Estados Unidos (CNC) desde los años ochenta, usa más algoritmos que análisis de imágenes y por eso se publica más temprano. El nuevo sistema es el Siima (Sistema Integrado de Información y Monitoreo Antinarcóticos), que opera la Policía Antinarcóticos desde hace un par de años. De este se sabe poco y no difunde estimaciones de manera oficial”.

De estos monitoreos, el sistema oficial del Gobierno es el de las Naciones Unidas.

Según el informe “Colombia, monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018”, publicado en agosto de 2019 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, al 31 de diciembre de 2018, año de posición del presidente Iván Duque, se registraron 169.000 hectáreas cultivadas con coca. En 2017, el recuento de la ONU fue de 171.000 hectáreas.

Cultivos ilícitos en Colombia 2010-2019 según el Observatorio de Drogas

Gráfico tomado de Estadísticas Nacionales del Observatorio de Drogas de Colombia. 

Sin embargo, un reporte de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca (ONDCP, por sus siglas en inglés), daba una cifra de 208.000 hectáreas sembradas de coca en 2018. En 2017, la cifra para el Departamento de Estado de EE.UU., había sido de 209,000 hectáreas.

Finalmente, es cierto que desde el 2015 la Corte Constitucional colombiana prohibió el uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos por medio de aspersión aérea, aplicando el principio de precaución debido al resultado de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. 

Sin embargo, el gobierno del presidente Duque está reanudando la fumigación y este febrero de 2020, la Corte Constitucional colombiana concluyó que el Consejo Nacional de Estupefacientes debe definir la reanudación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato -PECIG-, con el cumplimiento de las condiciones de la Sentencia T-236 de 2017

Y aunque se precisaron y actualizaron las condiciones para la reanudación de la aspersión aérea con glifosato en más de 80 municipios colombianos, durante la pandemia de COVID-19, este 2020, se ha obstaculizado una de las condiciones: el derecho a la participación ciudadana y la consulta previa para comunidades étnicas. Así que la reanudación está suspendida por el momento. 

Entonces, si nos basamos en los datos de Estados Unidos sobre las hectáreas de coca en 2017 y 2018, Uribe se acerca a las cifras, mientras que las de la ONU son menores, aunque en ambos casos el número de hectáreas fue el más alto de los últimos años. Por esa razón, su afirmación es verdadera, pero.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Viernes, 08 Mayo 2020

Sarmiento Angulo no recibirá ‘27.300 millones’ por transacciones del programa ‘Ingreso Solidario’

Por Laura A. Gracia

Varios bancos, además de los cuatro del Grupo Aval del millonario colombiano, son los encargados de repartir estos subsidios. Y es ilegal que cualquiera de ellos cobren por las transacciones de este programa de ayudas.

En redes sociales ronda una imagen en la que se denuncia un supuesto lucro del Grupo Aval, controlado por el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, a través de los giros realizados a los colombianos beneficiados por el programa “Ingreso Solidario”. Sin embargo, los argumentos de la imagen son errados.

Imagen falsa de whatsapp

Por una parte, el programa Ingreso Solidario sí existe y fue anunciado por el gobierno a finales de marzo, como una medida para ayudar a tres millones “de familias colombianas que están en la informalidad o no están cubiertas por los programas de beneficio social del Gobierno, en medio de la emergencia declarada por la pandemia del coronavirus”. Es decir que la imagen es imprecisa al decir que el subsidio le llegará a “3 millones de personas”.

La imagen también se equivoca al asegurar que “depositan esos dineros a Sarmiento Angulo en Aval”, pues son varias las entidades financieras encargadas de repartir las ayudas.

El programa consiste en un subsidio de 320.000 pesos, entregado en dos giros de 160.000, enviado a colombianos que fueron seleccionados por medio del cruce de bases de datos que descartó a quienes estuvieran ya inscritos en programas sociales del gobierno, quienes registren ingresos altos (PILA), quienes aparezcan en la base de datos por fallecimiento (ADRES), en la base de cédulas inactivas (INPEC) y en los registros de entidades financieras de usuarios con saldos mayores a cinco millones de pesos en sus cuentas bancarias. 

Además, el programa cuenta con dos etapas. En la primera, el Departamento Nacional de Planeación, DNP, giró los primeros subsidios de 160.000 pesos, a través de varias entidades financieras, a las personas beneficiarias que ya contaban con cuentas bancarias de estas entidades. 

En la segunda etapa, que está en proceso, se ha avanzado con la bancarización de los beneficiarios restantes para poderles girar el subsidio. 

La primera etapa finalizó el pasado 24 de abril. En total 21 entidades financieras contribuyeron transfiriendo los abonos a sus clientes bancarizados. Desde el 7 de abril, según el DNP, los auxilios fueron entregados a través de las siguientes entidades financieras: AV Villas, Banagrario, Bancamia-Banco de las microfinanzas, Corpbanca-Helm, Falabella, Finandina, Pichincha, WWB, Bancolombia, Bancolombia-Ahorro a la mano-Nequi, Bancoomeva, Bancoopcentral. BBVA Colombia, BCSC, Davivienda-Daviplata, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, GNB Sudameris, Movii y Serfinansa-servicios financieros. 

Solo cuatro de estas 21 entidades financieras pertenecen al Grupo Aval: Banco de Bogotá, Banco de Occidente, AV Villas y Banco Popular.

El balance entregado por el DNP de esta primera etapa indicó que “1.162.965 familias recibieron en una primera etapa el apoyo monetario de $160.000”. El 21 de abril, antes de la finalización de esta primera etapa Luis Alberto Rodríguez, director del DNP presentó cifras del avance de la entrega de los subsidios ante el Senado. Allí, mostró que se habían entregado 1’147.565 (el 98,6% de todos los subsidios entregados finalmente en la primera etapa) y que los cuatro bancos del Grupo Aval representaron un 13,7% de los subsidios entregados, es decir, 157.264 subsidios (o 25.162’240.000 de pesos entregados).

bancos ingreso solidario

 

Así que es claro que el Grupo Aval no ha sido responsable ni del total, ni ni siquiera de la mayoría, de los subsidios entregados a través del programa Ingreso Solidario.

Por otra parte, también revisamos si los bancos pueden cobrar por estas transacciones, si lo están haciendo y si los bancos del Grupo Aval están cobrando 9.100 pesos. Verificamos la reglamentación realizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, SFC, y encontramos que esta emitió el pasado 11 de abril una circular externa en la que imparte instrucciones relacionadas con el tratamiento de los recursos de subsidios girados por el Estado en el marco del Programa Ingreso Solidario.

Dicha circular precisa: 

  1. Es ilegal cobrar a los beneficiarios del Programa Ingreso Solidario cualquier comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias. 

  2. Entidades vigiladas por la SFC deberán suspender cualquier cobro de comisión o tarifa por el retiro o disposición de las transferencias hechas a los beneficiarios del Programa

  3. Los recursos de las transferencias del Programa Ingreso Solidario son inembargables y no podrán abonarse a ningún tipo de obligación del beneficiario con la entidad financiera a través de la cual se haga la entrega del dinero. 

Lo mismo aclaró la Presidencia en su cuenta de Twitter. Así que no es legal realizar ningún tipo de descuentos y cobros a los auxilios del programa Ingreso Solidario, y el incumplimiento acarrea a las entidades vigiladas por esta Superintendencia sanciones administrativas establecidas en el artículo 208 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero

De todas maneras encontramos denuncias de que sí se estaban haciendo algunos cobros y otras irregularidades. Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Santiago Valencia, contó el 21 de abril que algunos beneficiarios de Ingreso Solidario habían denunciado “descuentos entre 14.000 y 30.000 pesos”.

En la misma circular de la SFC citada más arriba se aclara que:

  1. Las entidades que hayan aplicado débito automático o cobro de saldos de obligaciones a un beneficiario del Programa Ingreso Solidario deberán reintegrar el valor descontado dentro del día hábil siguiente, utilizando el mismo medio por el cual se dispersó el pago, y sin que para el efecto se exija reclamación por parte del mismo. 

Es decir que, aunque es probable que sí se hayan hecho algunos cobros por las transacciones del programa, todos los ciudadanos que se vieron en esta situación tienen derecho a ser reembolsados.

La SFC ofrece canales de atención para aquellos beneficiarios del Programa que hayan sufrido abusos relacionados con cobros en las transacciones de sus bonos de ‘Ingreso Solidario’. Además, algunos bancos han hecho una aclaración similar.

Finalmente, el número de “9.100” pesos, parece haberse originado en otra controversia: una imagen que circuló en WhatsApp, en la que al parecer una transacción en un cajero (que no tenía que ver con el programa de Ingreso Solidario) del Banco de Bogotá (uno de los bancos del Grupo Aval, como ya dijimos) había costado justamente esa cantidad. Pero, además de que ese monto no tiene nada que ver con el programa de entrega de subsidios, el mismo banco aclaró que lo que se ve en esa imagen es un avance de tarjeta de crédito.

De todas maneras, el programa Ingreso Solidario no ha estado exento de controversia. En la plataforma de consultas de beneficiados por el programa han aparecido seleccionadas: cédulas inexistentes con nombres falsos, cédulas de personas fallecidas con cuentas bancarias activas, personas que no necesitan el auxilio, y personas que aunque han salido beneficiadas; o no han recibido aún el mensaje, o no han recibido el dinero de la primera etapa. Lo que el DNP explicó como un error que reportó al menos 35.283 registros irregulares. 

Pero, en cualquier caso, lo que dice la imagen es falso, pues los bancos del Grupo Aval no procesarán tres millones de subsidios, ni recibirán 9.100 pesos por cada uno de ellos.

Nota de actualización: Según información conocida por la WRadio, el Gobierno habría firmado contratos con 7 entidades financieras - Av Villas, Bancolombia, Davivienda, Bancamía, Caja Social, Banco Agrario y la Sedpe Mov- para que presten el servicio de abrir cuentas de forma virtual y transfieran los subsidios del programa Ingreso Solidario que busca ayudar a los más necesitados en medio de la pandemia.

Los contratos estipulan que se realizará un cobro al Gobierno de aproximadamente 2,100 pesos por transacción exitosa lo que significa que estos contratos serían de más de 6'000,000 de pesos. Sin embargo, este monto no será descontado a los beneficiarios. 

En los contratos, conocidos por la W, está establecido que la plata para cubrir esta obligación saldrá del FOME, el fondo que se creó para atender la emergencia. Esto pese a que el Ministerio de Hacienda había advertido que la plata de ese fondo solo sería para financiar el sector de salud y a las empresas o personas perjudicadas con el confinamiento.

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