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Martes, 26 Septiembre 2017

En Zonas Veredales y Circunscripciones Especiales está el 91% de la coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación de Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, es imprecisa porque en realidad en estos territorios hay sembrada más coca, en total se trata del 94.5% de los cultivos ilícitos basados en esta planta.

Tres de los cuatro debates necesarios en el Congreso de la República ya superó el proyecto de Acto Legislativo que podría dar 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a igual número de circunscripciones especiales conformadas por municipios que han vivido de distintas maneras el conflicto armado en Colombia. Los puestos en el Congreso serían por los próximos dos periodos legislativos y en cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Precisamente, el tercero de los debates fue aprobado este lunes 25 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora solo le falta superar el último escollo que será en plenaria de dicha corporación, es decir, con todos los representantes.

El mencionado Acto Legislativo, que fue aprobado primero por el Senado, sufrió una modificación “de especial relevancia”, según la ponencia que se presentó en la Cámara de Representantes (en el debate de Comisión Primera). El texto aprobado finalmente en esta Comisión tuvo algunas reformas frente a la ponencia pero no sustanciales. Sólo se excluyeron cabeceras de más de 25.000 en censo electoral, Colombiacheck se compromete a publicar el texto aprobado por la Comisión Primera una vez lo obtenga.

Para la elección de las 16 curules adicionales “se excluirán las cabeceras municipales de todos los municipios por lo que únicamente se habilitarán puestos de votación y el censo electoral de las zonas rurales de estos”, algo que no estaba contemplado en el texto aprobado por el Senado. En relación a las causas de esa exclusión la Silla Vacía sostuvo que el cambio fue por un “cálculo político”.

El tema de las circunscripciones especiales de paz ha sido un asunto polémico desde el día que se empezó a debatir en el Congreso y por ello Colombiacheck le puso el ojo.

Solo un día después que se aprobó y pasó en sus respectivos dos debates en el Senado (hace dos meses) el congresista Alfredo Rangel publicó un trino en el que expresó su inconformidad por esa iniciativa, un trino que Colombiacheck decidió verificar.

 

 

El proyecto presentado por el Ministerio del Interior, cuando Juan Fernando Cristo era la cabeza de la cartera, simplemente tramitó lo que se pactó y está plasmado en la página 54 del Acuerdo Final.

“En el marco del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales”.

Dos períodos que, según pudo corroborar Colombiacheck en el documento radicado por Mininterior, serán los que comprenda las vigencias de 2018 a 2022 y de 2022 hasta 2026, es decir, a partir de la próxima legislatura que se elige el año que viene y durante los ocho años siguientes.

En el acuerdo negociado en La Habana quedó claro que serían 16 curules adicionales que se le darían a “zonas” o municipios “especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, sin embargo, lo que no quedó claro fue el nombre y la cantidad específica de aquellas “zonas” que tendrían derecho a las 16 curules adicionales.

Meses después del acuerdo se conoció el listado de esos municipios, un total de 167, (ó 164 leer nota aclaratoria) que se ubican en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle. La lista de los 167 municipios, que hace parte integral del proyecto radicado por Mininterior, fue confirmada a este medio por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Colombiacheck contactó a Rangel para verificar de dónde sacó la información en la que basa su trino. El congresista explicó que la obtuvo al “dividir la suma del número de hectáreas de coca presente en los municipios pertenecientes a las Circunscripciones de Paz entre el número total de hectáreas de coca de todo el país. En particular, la cifra del 91% se refiere a la información de los cultivos de coca en el año 2015”. El congresista añadió que el número de hectáreas de coca las obtuvo de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia, ODC.

Para corroborar lo expuesto por Rangel realizamos nuestra propia base de datos, aunque previamente ya este medio había establecido con el chequeo “La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca” que en efecto las Zvtn estaban cerca a estos cultivos ilícitos. Ahora lo nuevo era establecer si la coca también estaba en las circunscripciones especiales de paz, algo que hicimos tomando cifras de 2016 y no de 2015, como lo hizo el senador del Centro Democrático.

Para armar nuestra propia base de datos, en primera instancia recurrimos al ODC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y la cual colabora con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

Esta base de datos del ODC además de reportar el número de hectáreas de coca que se detectaron en el país también discrimina la información por departamentos y municipios.

A esa base de datos le adicionamos las 19 Zvtn (y como bonus extra los seis Puntos Transitorios de Normalización, PTN, que en ciertos casos también son conocidos como zonas veredales) y también el listado de los 167 municipios seleccionados como circunscripciones especiales de paz. Cruzamos los datos y el resultado fue que los cálculos del senador Rangel son aproximados a la realidad, pero se quedaron cortos pues hay más coca de la que él estimó.

Específicamente juntando las Zvtn, los PTN y los 167 municipios de circunscripciones especiales de paz se obtiene el 94.5% de la coca del país. Es decir, de las 146.140 hectáreas de coca que se detectaron en el país, 138.174 están en los lugares mencionados.

Estos datos permiten calificar la afirmación de Rangel como aproximada debido a que estos lugares no tienen el 91% de la coca del país sino el 94.5%, aunque es fundamental reiterar que el senador hizo sus cálculos con información de 2015 y este medio con la información más reciente, es decir, la de 2016.

En relación a las Zvtn es importante recordar que desde agosto dichas zonas perdieron su estatus jurídico de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y pasaron a ser Espacios Territoriales de Reincorporación, la diferencia no es semántica sino práctica. Antes el ingreso a esas zonas estaba vedado, ahora no, cualquiera puede entrar a dichos territorios en los que los guerrilleros de las Farc están haciendo su proceso de reincorporación a la vida civil.

Respecto a los municipios con más presencia de cultivos de coca, Colombiacheck consultó el estudio “Monitorio de de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2016” y el panorama se aclara aún más. Los 10 municipios con más coca en el país, que suman el 48% del total nacional, son todos circunscripciones especiales de paz. Además, los tres primeros municipios que concentran el 30% de la coca, son a la vez zonas en los que se ubica una Zvtn. En Tumaco, Nariño, está una Zvtn en la vereda La Variante, en Tibú, Norte de Santander, está una Zvtn en la vereda Caño El Indio y en Puerto Asís, Putumayo, está otra Zvtn ubicada en la vereda La Pradera.

Con relación a los 167 municipios catalogados como circunscripciones especiales de paz, Colombiacheck pudo establecer, por medio del Simci, que en 117 de ellos hay cultivos de coca. En esas 117 zonas, funcionan 14 de las 19 Zvtn y cinco de las siete PTN.

 

¿Quiénes y cómo escogieron los 167 municipios?

La inquietud se la trasladamos a Mario Puerta, quien se ha desempeñado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp. De acuerdo con su testimonio, para la selección de los 167 municipios se tuvieron en cuenta “una serie de indicadores que reposan con el gobierno, específicamente en el Departamento Nacional de Planeación”.

Según explicó “al cruzar todas esas variables se generan una serie de municipios y con base en ese rango de municipios es que se hacen las circunscripciones”.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista Puerta manifestó que algunas de las variables fueron abandono estatal, alta afectación por el conflicto, presencia de cultivos ilícitos, entre otras.

Respecto a una posible incidencia de las Farc en la selección de los 167 municipios el asesor explicó que el grupo en proceso de reincorporación a la vida civil sí participó en las discusiones como ocurrió en todo el proceso de la mesa de conversaciones. “Todo debía provenir directamente del Acuerdo Final”, añadió Puerta.

Finalmente respecto a la posibilidad que los partidos tradicionales o las mismas Farc acaparen estas curules que fueron creadas exclusivamente para habitantes de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, según el Acuerdo Final, Puerta explicó que se ha creado un blindaje normativo para que esto no ocurra y que tanto en el Acuerdo como en el Acto Legislativo quedó explícito que los partidos tradicionales ni las Farc podrán acceder a estas curules.

Puerta añadió que lo que se espera es que nadie procure hacerle trampa al Acuerdo Final y que las Farc así como los partidos tradicionales respeten la normatividad que no permite que puedan acceder a dichas curules.

 

Criterios para seleccionar los 167 municipios

Colombiacheck indagó los criterios empleados para seleccionar los 167 municipios y encontró la ponencia radicada en Senado que contiene en su página tres los criterios o metodología de dicha selección.

El documento aborda cuatro criterios principales: 1) Grado de afectación derivado del conflicto, 2) Niveles de pobreza, 3) Debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de gestión y 4) Cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales.

Este medio buscó una explicación más detallada del origen de cada una de estas variables pero solo pudo establecer que para la concerniente a los cultivos de uso ilícito se fundamentaron en el ODC. De las demás variables Colombiacheck no pudo conocer de dónde provinieron los datos. Hicimos la solicitud en la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio del Interior (con derechos de petición) pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta que aclare las inquietudes.

De los cuatro criterios está claro que el relacionado con cultivos de uso ilícito tuvo gran ponderación, algo que corrobora este chequeo al confirmar que en los 167 municipios seleccionados, en las Zvtn y PTN se encuentra sembrado el 94.5% de la coca del país.

Frente al tema el representante a la Cámara Alirio Uribe le explicó a Colombiacheck que la alta presencia de coca en los municipios seleccionados resulta apenas lógica si se tiene en cuenta que el fenómeno es una característica de los municipios afectados por el conflicto armado.

Colombiacheck también habló con Camilo Vargas y Germán Robayo, de la Misión Observación Electoral, MOE, y ellos explicaron que “era un hecho extraño solo haber incluido a cuatro municipios de Arauca y ninguno de los departamentos de Boyacá y Casanare. Además, también llamaron la atención sobre cuál fue la razón para no incluir la cuenca del Río Baudó del departamento del Chocó en los municipios seleccionados para las circunscripciones de paz”.

Tanto Vargas como Robayo sostuvieron que aunque el Acto Legislativo mencionó tales criterios de selección lo que podrían indicar los datos es que el criterio de la presencia de coca sería el que más peso tuvo y este se usó para excluir ciertos municipios como por ejemplo los de Casanare, Arauca, Boyacá y los de la cuenca del Río Baudó. Estos departamentos, entre otros, aunque no tienen alta tanta presencia de coca, sí han tenido un grado de afectación del conflicto, tienen altos niveles de pobreza y debilidad institucionalidad, señalaron los expertos de la MOE.


 

Nota aclaratoria:

El texto que se debatió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes menciona 164 municipios, sin embargo, al hacer el conteo de los municipios establecidos en dicho texto aparecen 167. Colombiacheck decidió trabajar con la cifra de 167 municipios porque fue este número que se abordó en los dos debates aprobados en Senado, una cifra que en todo caso no se aleja de la abordada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.