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Falso

Jueves, 02 Julio 2020

Es falso que Duque pueda 'inaugurar la cadena perpetua' con los militares sindicados de violación de niña embera

Por Luisa Fernanda Gómez Cruz

Aún no existe una ley que permita condenar a cadena perpetua a los violadores y asesinos de niñas y niños. Además, a quien corresponde decidir si pide cadena perpetua, es a la Fiscalía, no al gobierno.

En medio de la firma del acta de inicio de la obras del Regiotram de Occidente, el pasado 24 de junio, el presidente Iván Duque se refirió al caso de la menor de 13 años de la comunidad embera chamí víctima de violación presuntamente cometida por siete soldados del Ejército Nacional, que aceptaron el cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

En el evento, el presidente Duque dijo: “Vamos a enfrentar a los violadores y asesinos de niños en este país con toda la contundencia”. E inmediatamente después afirmó: “Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos”.

Aunque suena bien en el discurso, lo que dice el presidente Duque es imposible desde la realidad penal del momento, porque aún no hay una ley vigente que permita la cadena perpetua para violadores de niñas y niños. Aparte de esto, Duque es presidente y no un juez de la República, quienes son los que dictan sentencia. Por eso, Colombiacheck califica como Falsa la afirmación del Presidente.

El Acto Legislativo

El 18 de junio, la plenaria del Senado aprobó, en último debate, el proyecto de Acto Legislativo que consagra la prisión perpetua para los asesinos y violadores de niños, niñas y adolescentes.

El proyecto “modifica el artículo 34 de la constitución política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable”.

Al texto original del Artículo 34 de la Constitución Política se le modifica la prohibición de la prisión perpetua y se le añade el siguiente texto:  

De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.

Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico. En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.

Así se modificaría la Constitución Política para permitir que haya cadena perpetua en unos casos específicos. Sin embargo, con la aprobación en el Congreso del Acto Legislativo, no basta para que la pena se pueda utilizar con los soldados que aceptaron los cargos de acceso carnal abusivo en la menor embera. Aún hace falta la promulgación del mismo por parte del Secretario del Senado, Gregorio Eljach, para su entrada en vigencia. 

Pero además, como el mismo acto legislativo menciona, el gobierno tiene un año para radicar el proyecto en el que se reglamente la prisión perpetua y con ello sea incluida en el ordenamiento penal colombiano. Así dice la norma:

Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.

Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes, fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.

Esto se debe a que un acto legislativo es una norma general que modifica la Constitución y que requiere un desarrollo a través de una ley ordinaria. Según le explicó a Colombiacheck Maria Camila Correa, docente de derecho penal de la Universidad del Rosario, esa ley tendrá que modificar el código penal aclarando los casos en que se contempla el acto legislativo y habría la posibilidad de prisión perpetua.

“A hoy [y al momento en que el presidente Duque hizo su afirmación], no existe esa pena”, dice Correa, y por lo tanto “no se puede imponer una pena que no existe”.

En un año, máximo, el Congreso deberá expedir esta ley y, por ser una norma tan polémica, que ha tenido más de 15 intentos fallidos en el Congreso, es posible que se demande. En ese caso, entraría la Corte Constitucional a revisar las demandas a la norma para determinar la exequibilidad de la misma.

Después de todo eso es que podríamos hablar de que Colombia tendría una cadena perpetua con la cual condenar a quienes cometan crímenes contra menores de 14 años. Antes no.

Pero, en el momento en que exista esta norma, igual no se le puede imponer a los soldados que violentaron a la niña embera porque, de acuerdo con Diego Castillo, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en el derecho penal hay dos principios fundamentales: legalidad y ultraactividad. La legalidad implica que no se puede ser condenado por delitos que no existieran formalmente en el momento en que se cometen los hechos, como ya explicamos. 

Y el principio de ultraactividad quiere decir que todas las normas empiezan a regir hacia el futuro y no hacia el pasado. Hay normas que tienen retroactividad, pero son excepciones, y la retroactividad choca con la seguridad jurídica: la posibilidad de reabrir casos ya cerrados.

“Como tenemos estos dos principios relacionados entre sí, ya no cabría de ninguna manera que esta sanción se pueda aplicar concretamente al caso de los soldados que presuntamente violaron a la menor”, dice Castillo.

Por otro lado, el constitucionalista Rodrigo Uprimny explicó en un hilo de Twitter los “tres errores protuberantes” que cometió el presidente Duque en su alocución “frente a principios constitucionales básicos.

El primero ya lo explicamos. El segundo tiene que ver con la separación de poderes: “Quien finalmente podría imponer la cadena perpetua en un caso concreto es el juez penal y no el gobierno, después de la acusación de la Fiscalía”, dice Uprimny en su trino.

Y el tercer error es la independencia de la Fiscalía: “A quien corresponde decidir si, conforme a la ley, pide cadena perpetua, es a la Fiscalía, no al gobierno. El presidente no puede siquiera solicitar la cadena perpetua”.

En esto coincide Correa quien dice que no “es correcto que el presidente, que es la cabeza de la rama ejecutiva, salga a decir ‘vamos a imponer’, porque eso está en cabeza de la Fiscalía. No tiene por qué hacer intromisión en las funciones de la Fiscalía. Ni puede imponerla, ni pedirla”.

De modo que el futuro de la prisión perpetua en Colombia, hasta el momento de publicar este chequeo, es incierto. 

En octubre de 2018 publicamos un explicador sobre el estado actual de las penas para el delito de acceso carnal en menores y la viabilidad de imponer la cadena perpetua como medida disuasoria para frenarlo.

Con todos estos elementos concluimos que lo dicho por el presidente Duque, de inaugurar la cadena perpetua con los soldados sindicados de violar a la menor embera de Pueblo Rico, en Risaralda, es falso.

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Cuestionable

Miércoles, 29 Julio 2020

Es impreciso decir que todos los feminicidios de Cali han sido esclarecidos y que hay “cero impunidad”

Por Andrés Felipe Martínez Especial para Colombiacheck

Así lo aseguró el alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, al dar un balance de este delito en la ciudad. Al verificar su afirmación encontramos que es cuestionable.

Esta semana, un grupo de mujeres realizó un plantón por la violencia de género frente a las instalaciones del CAM en Cali. Con un performance se manifestaron para exigir que las autoridades tomen medidas para frenar las violencias contra las mujeres.  

Semanas atrás,  el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, habló sobre los resultados de la justicia respecto a los casos de feminicidios ocurridos en la primera mitad del año en la ciudad. “Se va a continuar con la senda del éxito que hoy se tiene en la lucha contra el feminicidio, dado que todos los casos que han ocurrido (este año) han sido esclarecidos y existe cero impunidad”, declaró en su balance del pasado 25 de junio, tras una reunión con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.

La misma tesis ha sostenido la Fiscalía. “En atención a la política del señor Fiscal General, logramos el 100% de esclarecimiento en la línea de feminicidios”, declaró Martha Janeth Mancera, vicefiscal general de la Nación (e) en un video difundido por las redes oficiales del ente investigador, el 27 de junio.

En Colombiacheck verificamos la afirmación del Alcalde acerca de que todos los casos han sido esclarecidos y que existe cero impunidad y encontramos que es cuestionable.

Primero, consultamos a la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía para conocer la fuente de la información de la declaración del Alcalde.  Su jefe de prensa nos remitió a la Secretaría de Seguridad y Justicia, a cargo del secretario Carlos Rojas, quien nos compartió un informe sobre violencia contra la mujer en Cali. 

En este documento se muestra un listado con los quince casos de feminicidios que han sido tipificados desde el 1 de enero hasta el 3 de junio de este año; cada caso con información de fecha, barrio, comuna y la causa de muerte. 

La fuente de la información sobre esclarecimiento es el sistema de información de la Fiscalía (SPOA).

Tabla de casos de feminicidios en Cali

También consultamos a la Subsecretaría de Equidad de Género de Cali, liderada por Nancy Faride Arias, quien confirmó que contaba con la misma información de número de casos, y tenía como fuente a la Fiscalía.

Consultamos a la Policía Metropolitana, cuya oficina de comunicaciones informó que el número de casos tipificados era un dato que entregaba la Fiscalía General. Y que de parte de la Policía, se contaba como resultado seis capturas realizadas a la fecha.

Entonces le preguntamos a la Fiscalía, pero una integrante de la Oficina de Comunicaciones de Cali nos informó que con corte al 20 de julio se tenían 15 feminicidios tipificados. A corte de junio, la cifra era de 13 feminicidios y 16 intentos de feminicidio.

Aunque no se da una explicación particular sobre por qué cada caso se considera feminicidio, el ente señala que la tipificación del delito de feminicidio se realiza teniendo en cuenta el Artículo 104A del Código Penal.

La norma señala que se entenderá como feminicida a quien cause la muerte a una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido cualquiera de las siguientes circunstancias: 

a) Tener o haber tenido una relación familiar, íntima o, de convivencia con la víctima, de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella.

b) Ejercer sobre el cuerpo y la vida de la mujer actos de instrumentalización de género o sexual o acciones de opresión y dominio sobre sus decisiones vitales y su sexualidad.

c) Cometer el delito en aprovechamiento de las relaciones de poder ejercidas sobre la mujer, expresado en la jerarquización personal, económica, sexual, militar, política o sociocultural.

d) Cometer el delito para generar terror o humillación a quien se considere enemigo.

e) Que existan antecedentes o indicios de cualquier tipo de violencia o amenaza en el ámbito doméstico, familiar, laboral o escolar por parte del sujeto activo en contra de la víctima o de violencia de género cometida por el autor contra la víctima, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no.

f) Que la víctima haya sido incomunicada o privada de su libertad de locomoción, cualquiera que sea el tiempo previo a la muerte de aquella.

Sobre los 15 casos tipificados por la Fiscalía en Cali en todos se ha dictado orden de captura contra el presunto autor de cada hecho, lo que hace que cada proceso se catalogue como “esclarecido” por el ente investigador.

Así lo explica Guillermo Londoño, subsecretario de la Política de Seguridad de la Alcaldía de Cali: “Lamentablemente se han presentado 15 feminicidios en Cali. De estos, en ocho casos los autores han sido capturados por Policía Judicial o CTI; en cinco casos está pendiente la ubicación y captura; y en dos casos, los autores se suicidaron en el lugar de los hechos”.

“El esclarecimiento significa que hay emitidas órdenes de capturas sobre los presuntos responsables. Esto quiere decir que tenemos un nivel de efectividad del 100%. Tenemos un equipo destacado de más de doce investigadores del CTI de la Fiscalía y tenemos prioridad sobre estos casos”, agregó el funcionario. 

La oficina de prensa de la Fiscalía de Cali nos informó que cuatro de esos casos están en juicio y uno ya fue condenado.

Sin embargo, al respecto, la jurista Isabel Agatón, promotora de la Ley Rosa Elvira Cely (Ley 1761 de 2015) por la cual se crea el delito de feminicidio en Colombia, asegura que es impreciso usar los términos “esclarecimiento” o “cero impunidad” para estos casos.

“El indicador de esclarecimiento se da cuando se realiza una investigación efectiva que termine en una condena. Cuando se surte la etapa de investigación, imputación, acusación y juicio. La captura es simplemente la privación de la libertad de quien se considera el presunto responsable, pero finalmente tenemos que agotar la etapa de investigación hasta el juicio, o antes, si el perpetrador acepta la responsabilidad”, señala la abogada, quien es Directora del Centro de Investigación en Justicia y Estudios Críticos del Derecho. 

En ello coincide el abogado penalista Richard Valencia, para quien el término de “esclarecimiento” para los casos en los que no se ha emitido una sentencia no es correcto. 

“No se puede dar por esclarecido toda vez que aún si el sujeto estuviera capturado, se presumiría su inocencia. Debe esperarse a tener un juicio donde se permita controvertir las pruebas y con un juez de conocimiento que declare si es culpable o lo absuelve. Se esclarece sea por que el imputado acepta cargos o un Juez de conocimiento lo condena por considerar que el material probatorio fue contundente”, dice el experto en derecho penal. 

Además, para la docente Norma Bermúdez, activista de los derechos humanos de las mujeres e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, Mujer y Sociedad de la Universidad del Valle, el mensaje de “100% de esclarecimiento y cero impunidad” enviado a la ciudadanía y a las familias de las víctimas podría ser cuestionable, si se tiene en cuenta que hay casos en los que el feminicida sigue libre, así se haya identificado. 

“Hay mucha presión por mostrar resultados. Entonces la Fiscalía reporta cero impunidad en casos en los que está esclarecido el móvil, el autor, etc, así en este momento no haya capturas. Y eso a las familias de las víctimas les aporta muy poco en justicia y en consuelo, pues ellos obviamente saben quién fue, pero no está detenido, puede continuar siendo un riesgo para la familia sobreviviente, o incluso tener la humillación de impunidad de que aunque se sabe quién es, no está detenido. Esto también revictimiza”.

La activista advierte que hay asesinatos sospechosos de ser feminicidios que ocurrieron en la primera mitad del año y aún no han sido tipificados de ese modo por la justicia, según el seguimiento hecho por ese centro de estudios.

“También está el tema del subregistro. Hay casos que se descartan porque el asesinato lo cometen sicarios, pero es que ese también está siendo un modus operandi del feminicida. O cuando las causas que se registran en el levantamiento de las víctimas son ‘accidentales’. Aquí hubo un caso muy conocido de una joven que falleció al caer de un edificio. Se tuvo inicialmente como muerte accidental o suicidio, y después de un año y medio sí se reconoció como feminicidio. Como ese caso hay varios. Hay otros casos que se descartan como feminicidios porque se descubre que la víctima estaba vinculada a una actividad ilegal, y se da por hecho que por allí vino su muerte”.

Homicidios de mujeres

Este año en Cali han sido asesinadas, según el informe de la Secretaría, 47 mujeres, 15 más que en el mismo periodo del 2019. En todo el 2019, la cifra fue de 62, de los cuales 14 fueron catalogados por la Fiscalía como feminicidios.

Al consultarle al subsecretario Londoño y a una integrante del equipo de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad sobre cuáles eran los móviles de los homicidios a mujeres nos contestaron que esa información la tenía la Fiscalía.

Teniendo en cuenta que el Observatorio Social de la Secretaría de Seguridad reportaba en sus informes los móviles preliminares, le preguntamos a Carolina Rodríguez, integrante del equipo de prensa, por qué ya no manejan esta información. 

“El Observatorio de seguridad y Justicia sigue siendo igual de útil como hace 28 años. Pero la violencia se transforma y es necesario que las instituciones también lo hagan, el Observatorio está manejando un enfoque más renovada con más capacidad de análisis y una estructura más de enfoque. La violencia no se puede mirar sólo con un móvil, hay una serie de situaciones que conllevan a esas violencias y a esos resultados. Todo se transforma así como lo hacen los medios de comunicación, las instituciones lo hacen y el observatorio cambió de mirada y eso no lo hace menor al trabajo que se ha venido adelantando”, nos contestó por WhatsApp.

“Los móviles preliminares se obtienen del Comité Interinstitucional de Muertes por Causas Externas, una clasificación que no responde al proceso investigativo, sino a una definición inicial, según los casos de homicidios.  La Alcaldía Municipal, depende de la información de las fuentes primarias: Policía en primera instancia cuando sucede el hecho, y Fiscalía para lo referente a los procesos de investigación y esclarecimiento. La Fiscalía cuenta con un Censo de Homicidios que se realiza semanalmente, estamos en la gestión de nuestra participación en dicho espacio, para conocer la información sobre el esclarecimiento de los homicidios en Cali”, agregó.

“El análisis de mayo, incorporó el tema de móviles, pero en relación con otras variables de análisis, de tal manera que se identificara su relación con otros aspectos”, concluyó.

El informe del mes de mayo al que hace referencia solo habla de móviles relacionado con ‘la identificación de tres (3) clústeres o conglomerados de variables, que se detallarán en los siguientes acápites, en los que los homicidios presentaron características similares en cada uno de ellos, que – a su vez – los hacen diferentes a los otros’.

‘El Clúster 3 identificado plantea que el homicidio se caracterizó porque: fue cometido contra mujeres entre los 60 y los 79 años; ocasionados con otras armas; cuyo móvil principal fueron los asuntos de violencia basada en género (pero se destaca que hubo otros móviles por establecer); y coincidieron en su localización en la zona del noroccidente de Cali.

Sin embargo, ese planteamiento de clúster que ubica a las mujeres entre 60 y 79 años cuyos asesinatos son la violencia de género (es decir feminicidio) no corresponde con las cifras de feminicidios, pues como se observa en este cuadro solo dos de ellas superaban los 60 años, la mayoría tenían edades entre 19 y 30 años. 

En el cuadro cruzamos la tabla anterior con los reportes de los medios de los asesinatos de mujeres para agregarle las edades de las víctimas.

Tabla de feminicidios con edades

Lo que sí destaca esa parte del informe es que en los asesinatos de mujeres hubo otros móviles por establecer.

De otro lado, al pedirle los móviles de los asesinatos de mujeres a la oficina de prensa de la Fiscalía en Cali, nos remitieron a Medicina Legal.

Por esa razón, revisamos el informe de homicidios que elaboró Medicina Legal con corte al 30 de junio

Hasta ese sexto mes del año, Medicina Legal contaba 34 homicidios de mujeres en Cali. Seis ocurrieron en enero; siete en febrero; ocho en marzo; cuatro en abril; uno en mayo; y ocho en junio.  

De todos estos casos, solo tres se atribuían a feminicidios; dos, a hurtos; uno, a ajustes de cuentas; dos, a riñas; dos, a violencia de pareja; uno a “otros”; y 23 aparecían “sin información”. 

Además, el informe revela que de las 34 mujeres asesinadas en ese período, una era adolescente (entre 12 y 17 años); 16 eran jóvenes (entre 18 y 28 años); 13 eran adultas (entre 29 y 59 años) y cuatro eran adultas mayores (más de 60 años).

Sobre las armas usadas, se sabe que 18 casos fueron con armas de fuego; 11 con armas cortopunzantes; tres por generadores de asfixia; y dos por armas contundentes o cortocontundentes. 

Respecto a los autores, cinco fueron parejas o exparejas de las víctimas; y en 29 casos el autor es desconocido o no se tiene información.

Vale decir que las cifras de feminicidios de Medicina Legal no coinciden con las de la Fiscalía, pues las de la primera institución son preliminares y basadas de los informes iniciales, mientras los datos de la Fiscalía están actualizados con el transcurso de la investigación.

Pero lo que sí revela tanto el informe de Medicina Legal como el del Observatorio es que hay un número de asesinatos de mujeres que están sin esclarecer, como lo explicó Norma Bermúdez anteriormente.

En cuanto a que haya “cero impunidad” en los feminicidios no es preciso, pues, según la Real Academia de la Lengua,  impune es quien queda sin castigo y 5 de los hombres con órdenes de captura por su presunta participación en un feminicidio, siguen libres. 

Así que con estos elementos calificamos de cuestionable la afirmación del Alcalde de Cali de  que “todos los casos que han ocurrido (este año) han sido esclarecidos y existe cero impunidad”.