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Lunes, 01 Marzo 2021

Es falso que todas las secretarías de la Alcaldía de Medellín trabajen para partido Farc

Por Ana María Saavedra

Foto de Rodrigo Londoño con el Secretario de la No-Violencia de Medellín fue en el marco de novenas navideñas para hijos de excombatientes en la Casa del Común de Medellín. 

En Facebook circula una publicación que asegura: “¡ MUY GRAVE! Todas las secretarias de la Alcaldia Dichosas trabajando para el partido Farc. Ahora las Farc son los articuladores de la instrumentalización del acuerdo de Quintero Calle con la Criminalidad de Medellín, para que no sean extraditados y los destinó en gestores de Paz. ¿Que te parece esta desfachatez? Foto: secretario de la "no violencia" Juan D. Upegui. PARA QUE LAS FARC NO VENGAN A GOBERNAR NUESTRA CIUDAD TU VOTO A LA REVOCATORIA DAR” (sic). 

El mensaje se encuentra acompañado, además, de una fotografía de Rodrigo Londoño Echeverri, anteriormente conocido como “Timochencko”, presidente del partido político Comunes (llamado anteriormente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc), y el secretario de la No-Violencia de Medellín, Juan Carlos Upegui Vanegas, chocando los puños junto a un pendón del partido político Farc.

La foto y su descripción fue publicada originalmente en el grupo “Más Medellín”, que pertenece a una página promotora de la revocatoria de mandato al alcalde Daniel Quintero liderada por Alejandro Posada, exedil de la comuna 12 de Medellín por el partido Centro Democrático. 

En una plataforma a la que tenemos acceso gracias a una alianza con Facebook para combatir la desinformación encontramos que esta frase ha sido compartida por más de 2.600 personas y vista por más de 80.000 desde el pasado 2 de noviembre hasta la fecha. Aparte de esto, la foto, con un mensaje similar, fue publicada en Twitter.  Por esa razón en Colombiachek decidimos verificarla y encontramos que es falsa.

Para realizar este chequeo verificamos y pusimos en contexto tanto la foto como las afirmaciones de la publicación de Facebook.  

Respecto a la fotografía del secretario de despacho Upegui y el líder exguerrillero Londoño, el equipo de prensa del Secretario informó a Colombiacheck que esta fue tomada en el marco de las novenas navideñas que realizó el Partido Comunes para los hijos e hijas de los excombatientes en diciembre del año pasado, en la Casa del Común, en Medellín. 

La Alcaldía de la ciudad apoyó el evento con regalos para los niños y niñas y realizaron acompañamiento logístico. “El proyecto de Paz y Reconciliación proyecta trabajar con firmantes de la paz (reincorporados) y por ello se llevan a cabo estas actividades, las cuales a futuro se seguirán realizando con este partido y con otros individuos y grupos que se comprometan a la protección de la vida y la construcción de paz”, nos respondieron desde el equipo de prensa de la Secretaría.

La imagen había sido publicada en la cuenta de Twitter de Upegui el pasado 20 de diciembre.

Sin embargo, esta foto no prueba las afirmaciones del post de que el partido Farc gobierna en Medellín.

Entre tanto, el mensaje mezcla datos falsos con informaciones no probadas para decir que las Farc gobiernen en Medellín y pedir la revocatoria del alcalde Daniel Quintero Calle.  

En ese sentido, el partido político Farc, ahora llamado Comunes, es un partido reconocido y que tras el acuerdo de paz tiene asiento en el Congreso. 

“El partido político tiene presencia en Medellín y debe ser contemplado dentro de la agenda de la Alcaldía, y está en todas las agendas de alcaldías y gobernaciones de Colombia, porque estos procesos de paz y reintegración tienen presencia territorial. No nos ha de extrañar que una secretaría de la No-Violencia hable con estos actores”, le explicó a Colombiacheck Andrés Felipe Lopera Becerra, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. 

Lopera agrega que existe un cruce de actores en la cadena criminal del Valle de Aburrá, algunos son de alcance nacional como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), pero otros de alcance regional como Los Caparros, Los Pachelly y la Oficina de Envigado. 

“Hay una multiplicidad de actores para la articulación criminal, pero existe una diferencia fundamental entre un partido político que antes era un grupo subversivo, se desmovilizó e hizo un acuerdo de paz; y las disidencias y los grupos residuales”, asegura el investigador en Seguridad. 

En Antioquia, por ejemplo, existen disidencias principalmente en los municipios de Ituango y Peque, del frente 18 Román Ruiz, y grupos residuales del frente 36 y Los Cabuyos, que de acuerdo con el experto, han tenido relación profunda con actores de municipios más urbanos como Bello (con Los Pachelly), pero también tienen presencia en Briceño, San Andrés de Cuerquia, Toledo, Ituango, Peque, Yarumal. “Ellos sí han estado articulados a las lógicas de la confrontación con la criminalidad en el Valle de Aburrá”, precisó Lopera. 

Para el docente investigador sería un error la asociación de las agendas políticas dentro de un partido que está en pos de terminar su proceso de reinserción a la sociedad civil con la criminalidad de Medellín.

“No hemos conocido hasta ahora un acuerdo del gobierno de Quintero con la criminalidad. Tampoco se han esclarecido los rumores de administraciones anteriores donde se haya dicho que existió un pacto de fusil”, afirma el docente Andrés Felipe Lopera. “Sin embargo, hay que recordar que muchas de las lógicas del crimen organizado son Estadocéntricas, es decir, se aproximan al obrar del Estado para que se omitan acciones o presionar para subir o bajar indicadores”, explicó. 

De acuerdo con el investigador de la Universidad de Antioquia, tendría que existir un caso penal para probar los nexos con actores específicos, como fue el caso del primer secretario de Seguridad de la administración de Federico Gutiérrez, Gustavo Alberto Villegas Restrepo, inhabilitado por la Personería de Medellín para ejercer cargos públicos por 16 años y condenado a 33 meses de prisión por los delitos de abuso de autoridad, por omisión de denuncia y abuso de función pública, por una presunta relación con la Oficina de Envigado y no denunciar una extorsión de la que habría sido víctima su familia. 

Por otra parte, de acuerdo con el equipo de prensa de la Alcaldía de Medellín, si bien es cierto que la Secretaría de la No-Violencia desarrolla procesos en el marco del proyecto de Paz y Reconciliación con población reincorporada, entre ellos, exguerrilleros miembros del partido Comunes; también incluye dentro de este proyecto a excombatientes de otros grupos ilegales extintos o vigentes. Además, a víctimas del conflicto armado, y población privada de la libertad, pospenada y en riesgo, y con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

“En este proyecto estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, para todo lo relacionado con autonomía económica. Claro está que con el Partido Comunes hacemos principalmente procesos y actividades en el marco de la Paz y la Reconciliación”, declaró la Secretaría de la No-Violencia. 

Todas las secretarias trabajando para el partido Farc

Para verificar esta afirmación consultamos al magíster en Ciencia Política Juan Carlos Escobar Escobar, también investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien opinó que el peso político del partido Comunes en general es muy pequeño tanto en el país como en Medellín. 

“Tuvieron 2.476 votos en las elecciones pasadas, no les dio el umbral para alcanzar curules, son una fuerza política minoritaria en la ciudad y hasta cierto punto despreciada por los partidos de corte independiente o de izquierda que vieron con malos ojos una coalición”, afirmó el docente. “No creo que tenga alguna injerencia en ninguna secretaría, es equívoca esa afirmación en una ciudad como Medellín donde ha habido un desprecio muy grande por lo que fue esta guerrilla. Pese a que el alcalde tiene nexos con políticos del orden nacional o departamental, el partido Comunes no hizo parte de la coalición que lo llevó al poder”. 

Por otra parte, de acuerdo con un informe del periódico El Colombiano del 13 de septiembre de 2020, algunos de los secretarios de despacho tienen nexos lazos políticos con partidos tradicionales, como el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, con el Partido Liberal; la secretaria Privada, María Camila Villamizar, con Cambio Radical (por su relación con David Luna, exministro de las TIC) y el secretario de Gestión y Control Territorial Carlos Mario Montoya, con el partido Conservador. 

Asimismo, el nombramiento del propio Juan Carlos Upegui en la nueva Secretaría de la No Violencia, creada por la administración de Quintero, no ha sido relacionado en ningún momento con el partido Comunes. Al contrario, las críticas de diversos sectores han sido por nepotismo, pues se trata del primo de la gestora social y esposa del alcalde, Diana Osorio Vanegas, como se ha publicado en medios de comunicación como El Tiempo y La Silla Vacía, entre otros.

Así que, más que las secretarías estén trabajando para el “partido Farc”, como señala la publicación de Facebook, se evidencia que el ajedrez político de Medellín se divide entre los familiares de la gestora social y esposa de Quintero Calle y otros partidos tradicionales.

En cuanto a la afirmación de que los miembros del partido Comunes (antes Farc) no serán extraditados y fueron destinados como gestores de paz, es la Jurisdicción Especial para la Paz, creada en materia de justicia por el Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc-EP, firmado el 26 de septiembre de 2016; y no ningún ente ejecutivo local, la que establece que no habrá extradición para excombatientes de la extinta guerrilla que se sometieron a partir de ese año al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.  

Por su parte, el Plan de Desarrollo municipal Medellín Futuro 2020-2023 no contempla la figura de gestor de paz en ninguno de sus programas y proyectos, como sí lo hizo su antecesor Medellín Cuenta con Vos 2016-2019 de la Alcaldía de Federico Gutiérrez Zuluaga. 

Por tal motivo, calificamos de falsa la publicación compartida en redes sociales.

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Viernes, 07 Julio 2017

¿El impuesto al uso de bolsas plásticas financiará la política de las Farc?

Por Sania Salazar

La teoría es del diputado del Magdalena Alex Velásquez Alzamora, quien la hizo pública en su cuenta de Twitter y tuvo eco en varios medios de comunicación nacionales. Verificamos y resultó totalmente falsa.

Críticas, exigencia de pruebas y hasta burlas han sido las respuestas que el diputado conservador del Magdalena, Alex Velásquez Alzamora, ha recibido a un trino en el que asegura que el impuesto al uso de bolsas plásticas que se empezó a cobrar en Colombia es para financiar la participación en política de las Farc.

 

 

Después de revisar la Ley que reglamenta el impuesto al uso de bolsas plásticas, el decreto donde se definen los gastos del Presupuesto General de la Nación para 2017 y de contrastar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación de Velásquez Alzamora como falsa.

Colombiacheck habló con el diputado. “Es un tributo que está colocando el Congreso de la República y los tributos o impuestos no tienen destinación específica, van al Presupuesto General de la Nación, los recursos que está destinando ese presupuesto son para la implementación de los acuerdos”, aseguró.

El diputado fue enfático al afirmar que “toda” la política nacional está destinada a la implementación del Acuerdo Final, “no existe otra destinación, así de sencillo, es mi criterio”, y añadió que se basó en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015) y en la destinación de los rubros del presupuesto.

La paradoja del impuesto a las bolsas plásticas

A diferencia de otros tributos, este es un impuesto que no busca recaudar mucho dinero sino desestimular el uso de las bolsas plásticas para disminuir la contaminación ambiental. Dicho concepto o espíritu de la norma fue confirmado por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo a la W Radio que ese impuesto tiene la “única vocación de que la gente no lo pague, es decir, que no compren bolsas plásticas”, e indicó que es una medida que Colombia estaba en mora de implementar porque existe en muchos países.

En el ABC del impuesto, que se puede descargar de la página del Ministerio de Ambiente, indican también que el objetivo es “desestimular el uso de la bolsa plástica en los puntos de pago”.

En la oficina de prensa del Minhacienda explicaron que, efectivamente, el dinero del impuesto irá al Presupuesto General de la Nación, pero que no hay un cálculo exacto de lo que se pueda recoger, porque, enfatizaron, la idea es que la gente no lo pague, que usen bolsas de papel, tela u otros elementos. Además, aseguraron que el impuesto puede ir a cualquier programa del Gobierno.

El diputado tiene razón en que el impuesto no tiene destinación específica, pero por la misma razón que plantea, no se puede afirmar que vaya a ser utilizado puntualmente para la implementación del Acuerdo Final y mucho menos, que vaya a financiar la participación en política del partido que saldrá de la desmovilización de las Farc.

Revisamos también el Presupuesto General de la Nación, pero en ese documento no hay ninguna destinación específica para la participación política de las Farc. Allí se detallan inversiones relacionadas con la terminación del conflicto como atención a víctimas y reintegración de personas y grupos alzados en armas o justicia transicional, pero también hay destinaciones en sectores tan variados como la soberanía territorial y desarrollo fronterizo, hasta la calidad y fomento de la educación superior.

En septiembre de 2016, cuando se aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2017, el ministro Cárdenas resaltó que con ese dinero se debían cubrir, entre otros, gastos del posconflicto.

“Este impuesto no tiene destinación específica, sino que entra a una bolsa general del Gobierno y ninguna parte de esa plata está atada a un gasto en particular. En el presupuesto general hay un porcentaje que va para la implementación del acuerdo de paz, pero hay otra parte para muchas más cosas. Como el diputado lo está diciendo, entonces cualquier impuesto es para eso, desde el IVA, el predial, hasta el impuesto a la renta”, concluyó Andrés Castro, investigador del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad, Dejusticia.

Hay que recordar que la financiación de la actividad política de las Farc ha causado polémica en las últimas semanas, por lo que Colombiacheck publicó recientemente dos chequeos sobre el asunto, pero en el Acuerdo Final quedó establecido que el movimiento político que resulte de esa guerrilla, ya desmovilizada, recibirá una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”, indica el Acuerdo Final. Ese dinero contribuirá a la financiación del Centro de pensamiento y formación política así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, explica el texto.