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Domingo, 26 Febrero 2017

Fernando Londoño muestra preocupación engañosa por "los traficantes de la coca"

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Una nueva pifia del exministro y director del partido Centro Democrático, que hace oposición al Acuerdo de Paz, esta vez cuando criticó las medidas del Gobierno para desmontar los cultivos ilícitos.

Colombiacheck volvió a coger en una mentira al exministro Fernando Londoño. En una primera ocasión lo agarró en una exageración cuando al invitar a marchar en contra del presidente Juan Manuel Santos manifestó que en el país no se había abierto ni una sola fábrica durante los últimos cinco años.

En esta ocasión, a finales de enero, Londoño apuntó su artillería de nuevo contra el primer mandatario de los colombianos pero ahora se refirió a una supuesta carencia de planes de sustitución de cultivos que aseguren “a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”.

La frase completa apareció en una columna de opinión publicada en Las 2 Orillas con su firma y bajo el título de “Milagros de Trump en Colombia”.

Colombiacheck consultó sobre el tema y encontró que la aseveración es engañosa porque el Gobierno sí tiene un plan muy concreto para garantizarle a estas familias un ingreso si deciden dejar los cultivos ilícitos. Es tan así que una de las altas consejerías de Presidencia (Alta Consejería para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad) tiene un director para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas, Eduardo Díaz Uribe.

Lo que sí no tiene el Gobierno, ni se planteó en los acuerdos negociados en La Habana, son ayudas para los traficantes de coca como lo mencionó Londoño.

En cuanto a las ayudas para las familias que tienen cultivos de uso ilícito (cultivadores y raspachines) Díaz habló con Colombiacheck y sostuvo que más allá de entrar en una confrontación con el exministro Londoño lo más importante es exponer los hechos.

Según él, desde el 27 de enero el Gobierno Nacional y las Farc iniciaron el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en el que se fijaron montos específicos de dinero con los que se va a garantizar el ingreso a los cultivadores y raspachines que dejen la ilegalidad. Todo en relación con el punto cuarto del Acuerdo Final denominado Solución al Problema de las Drogas Ilícitas.

Este programa es preciso en su oferta: Las familias que dejen los cultivos ilícitos y se acojan a los planes de implementación del Gobierno tendrán incentivos económicos. Claro está, el beneficio solo aplica para aquellas familias que hayan sembrado antes del 10 de julio de 2016. ¿Cómo establecer cuándo se sembró?, es una pregunta difícil de responder según reveló el portal Razón Pública.

Las familias que ingresen al programa recibirán un beneficio económico durante el primer año de $1 millón mensual, suma que será entregada hasta por 12 meses. Durante ese mismo primer año y por una sola vez, podrían recibir $1.8 millones por familia para un proyecto que garantice la “seguridad alimentaria de manera inmediata”. También durante el primer año podrán acceder a $9 millones más para un proyecto de ingreso rápido. En plata blanca, y obviamente cumpliendo todos los requisitos para acceder al programa, las familias que siembren o raspen coca podrían recibir ese primer año un monto máximo de $22.8 millones.

El segundo año el plan del Gobierno se enfoca en seguir apoyando el regreso a la legalidad de las familias de cultivadores o raspachines de coca. El acuerdo ofrece $10 millones de pesos más para un proyecto productivo y la posibilidad de una línea de crédito especial. Adicional, podrían tener acceso a un programa de alimentación escolar, otro para la tercera edad y, un bonus extra: la posibilidad de formalizar sus tierras.

Si cada familia campesina cumple con los requisitos del Programa podrían obtener ingresos de parte del Estado por valor de $32.8 millones durante dos años, es decir, tendrían ingresos de $15 dólares diarios en promedio, cifra mucho mayor que la que conseguían los campesinos vinculados a las siembras ilícitas en julio de 2016, el cual se situaba en $1.2 dólares diarios en promedio, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

En síntesis, Londoño falta a la verdad al manifestar que nadie ha dicho “cómo se garantizará a los cultivadores, raspachines y traficantes de la coca, un ingreso siquiera remotamente parecido al que hoy tienen”. Ya alguien dijo y mostró el cómo y el cuánto de los planes de sustitución.

Además, Rafael Pardo, alto consejero para el Posconflicto, anunció que el presupuesto inicial del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, será de un billón de pesos. Eduardo Díaz aclaró a Colombiacheck que desde el 27 de enero empezó a andar el plan, es decir, fue de público conocimiento tres días antes de la columna de Fernando Londoño.

La frase de Londoño no es del todo falsa porque aunque sí hay planes para beneficiar a cultivadores y raspachines no hay planes para beneficiar a traficantes de coca como él lo plantea. Colombiacheck buscó al exministro para saber de dónde sacó ese dato y por qué considera que se le deben garantizar ingresos a los traficantes de coca, pero no fue posible comunicarse con él.

La existencia del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, no asegura en sí mismo el éxito de esta política que tantas veces se ha intentado en Colombia, echando mano a varios modelos. Es necesario esperar a ver cómo funciona y qué tantos ajustes será necesario hacerle en el terreno.

Por el momento dos pesos pesados del tema de los cultivos ilícitos, Juan Carlos Garzón Vergara y Julián Wilches, han formulado serias dudas en cuanto al funcionamiento del proyecto del plan de sustitución de cultivos.

Los investigadores por medio del artículo publicado en Razón Pública: “Dudas y retos de la sustitución de cultivos después del Acuerdo”, sostienen que no es práctico haber dicho que los beneficios solo serán para los que sembraron antes del 10 de julio de 2016 porque “es imposible” establecer cuando las familias sembraron la coca, queda a criterio de esas familias, dicen los investigadores.

Otros de los problemas que señalan es que habrían zonas en que se terminaría solo favoreciendo a familias que sembraron el cultivo de uso ilícito por encima de las que se abstuvieron, criticaron el cómo y por qué el Gobierno llegó una meta de 50.000 hectáreas para sustituir, si el tiempo es suficiente (180 días), entre otros cuestionamientos.

Es cierto que hay un plan concreto para sustituir cultivos de uso ilícito. Pero el meollo del asunto está en ver si después de múltiples intentos fallidos por parte del Estado colombiano, esta vez sí se logran resultados positivos y constantes en el tiempo.

Por ahora ya empezaron los problemas. En Putumayo, el segundo departamento con más cultivos de coca en el país, un buen número de organizaciones sociales no se sometieron a lo pactado en el Acuerdo.

Martes, 26 Septiembre 2017

En Zonas Veredales y Circunscripciones Especiales está el 91% de la coca

Por Óscar Felipe Agudelo B.

La afirmación de Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, es imprecisa porque en realidad en estos territorios hay sembrada más coca, en total se trata del 94.5% de los cultivos ilícitos basados en esta planta.

Tres de los cuatro debates necesarios en el Congreso de la República ya superó el proyecto de Acto Legislativo que podría dar 16 curules adicionales en la Cámara de Representantes a igual número de circunscripciones especiales conformadas por municipios que han vivido de distintas maneras el conflicto armado en Colombia. Los puestos en el Congreso serían por los próximos dos periodos legislativos y en cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Precisamente, el tercero de los debates fue aprobado este lunes 25 de septiembre en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y ahora solo le falta superar el último escollo que será en plenaria de dicha corporación, es decir, con todos los representantes.

El mencionado Acto Legislativo, que fue aprobado primero por el Senado, sufrió una modificación “de especial relevancia”, según la ponencia que se presentó en la Cámara de Representantes (en el debate de Comisión Primera). El texto aprobado finalmente en esta Comisión tuvo algunas reformas frente a la ponencia pero no sustanciales. Sólo se excluyeron cabeceras de más de 25.000 en censo electoral, Colombiacheck se compromete a publicar el texto aprobado por la Comisión Primera una vez lo obtenga.

Para la elección de las 16 curules adicionales “se excluirán las cabeceras municipales de todos los municipios por lo que únicamente se habilitarán puestos de votación y el censo electoral de las zonas rurales de estos”, algo que no estaba contemplado en el texto aprobado por el Senado. En relación a las causas de esa exclusión la Silla Vacía sostuvo que el cambio fue por un “cálculo político”.

El tema de las circunscripciones especiales de paz ha sido un asunto polémico desde el día que se empezó a debatir en el Congreso y por ello Colombiacheck le puso el ojo.

Solo un día después que se aprobó y pasó en sus respectivos dos debates en el Senado (hace dos meses) el congresista Alfredo Rangel publicó un trino en el que expresó su inconformidad por esa iniciativa, un trino que Colombiacheck decidió verificar.

 

 

El proyecto presentado por el Ministerio del Interior, cuando Juan Fernando Cristo era la cabeza de la cartera, simplemente tramitó lo que se pactó y está plasmado en la página 54 del Acuerdo Final.

“En el marco del conflicto y con el objetivo de garantizar una mejor integración de zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional, y una mayor inclusión y representación política de estas poblaciones y de sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y también como una medida de reparación y de construcción de la paz, el Gobierno Nacional se compromete a crear en estas zonas un total de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la elección de un total de 16 representantes a la Cámara, de manera temporal y por dos periodos electorales”.

Dos períodos que, según pudo corroborar Colombiacheck en el documento radicado por Mininterior, serán los que comprenda las vigencias de 2018 a 2022 y de 2022 hasta 2026, es decir, a partir de la próxima legislatura que se elige el año que viene y durante los ocho años siguientes.

En el acuerdo negociado en La Habana quedó claro que serían 16 curules adicionales que se le darían a “zonas” o municipios “especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, sin embargo, lo que no quedó claro fue el nombre y la cantidad específica de aquellas “zonas” que tendrían derecho a las 16 curules adicionales.

Meses después del acuerdo se conoció el listado de esos municipios, un total de 167, (ó 164 leer nota aclaratoria) que se ubican en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Valle. La lista de los 167 municipios, que hace parte integral del proyecto radicado por Mininterior, fue confirmada a este medio por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Colombiacheck contactó a Rangel para verificar de dónde sacó la información en la que basa su trino. El congresista explicó que la obtuvo al “dividir la suma del número de hectáreas de coca presente en los municipios pertenecientes a las Circunscripciones de Paz entre el número total de hectáreas de coca de todo el país. En particular, la cifra del 91% se refiere a la información de los cultivos de coca en el año 2015”. El congresista añadió que el número de hectáreas de coca las obtuvo de acuerdo al Observatorio de Drogas de Colombia, ODC.

Para corroborar lo expuesto por Rangel realizamos nuestra propia base de datos, aunque previamente ya este medio había establecido con el chequeo “La mayoría de las Zvtn están cerca de cultivos de coca” que en efecto las Zvtn estaban cerca a estos cultivos ilícitos. Ahora lo nuevo era establecer si la coca también estaba en las circunscripciones especiales de paz, algo que hicimos tomando cifras de 2016 y no de 2015, como lo hizo el senador del Centro Democrático.

Para armar nuestra propia base de datos, en primera instancia recurrimos al ODC, entidad adscrita al Ministerio de Justicia y la cual colabora con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, Simci.

Esta base de datos del ODC además de reportar el número de hectáreas de coca que se detectaron en el país también discrimina la información por departamentos y municipios.

A esa base de datos le adicionamos las 19 Zvtn (y como bonus extra los seis Puntos Transitorios de Normalización, PTN, que en ciertos casos también son conocidos como zonas veredales) y también el listado de los 167 municipios seleccionados como circunscripciones especiales de paz. Cruzamos los datos y el resultado fue que los cálculos del senador Rangel son aproximados a la realidad, pero se quedaron cortos pues hay más coca de la que él estimó.

Específicamente juntando las Zvtn, los PTN y los 167 municipios de circunscripciones especiales de paz se obtiene el 94.5% de la coca del país. Es decir, de las 146.140 hectáreas de coca que se detectaron en el país, 138.174 están en los lugares mencionados.

Estos datos permiten calificar la afirmación de Rangel como aproximada debido a que estos lugares no tienen el 91% de la coca del país sino el 94.5%, aunque es fundamental reiterar que el senador hizo sus cálculos con información de 2015 y este medio con la información más reciente, es decir, la de 2016.

En relación a las Zvtn es importante recordar que desde agosto dichas zonas perdieron su estatus jurídico de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y pasaron a ser Espacios Territoriales de Reincorporación, la diferencia no es semántica sino práctica. Antes el ingreso a esas zonas estaba vedado, ahora no, cualquiera puede entrar a dichos territorios en los que los guerrilleros de las Farc están haciendo su proceso de reincorporación a la vida civil.

Respecto a los municipios con más presencia de cultivos de coca, Colombiacheck consultó el estudio “Monitorio de de Territorios Afectados por Cultivos Ilícitos 2016” y el panorama se aclara aún más. Los 10 municipios con más coca en el país, que suman el 48% del total nacional, son todos circunscripciones especiales de paz. Además, los tres primeros municipios que concentran el 30% de la coca, son a la vez zonas en los que se ubica una Zvtn. En Tumaco, Nariño, está una Zvtn en la vereda La Variante, en Tibú, Norte de Santander, está una Zvtn en la vereda Caño El Indio y en Puerto Asís, Putumayo, está otra Zvtn ubicada en la vereda La Pradera.

Con relación a los 167 municipios catalogados como circunscripciones especiales de paz, Colombiacheck pudo establecer, por medio del Simci, que en 117 de ellos hay cultivos de coca. En esas 117 zonas, funcionan 14 de las 19 Zvtn y cinco de las siete PTN.

 

¿Quiénes y cómo escogieron los 167 municipios?

La inquietud se la trasladamos a Mario Puerta, quien se ha desempeñado como asesor de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Oacp. De acuerdo con su testimonio, para la selección de los 167 municipios se tuvieron en cuenta “una serie de indicadores que reposan con el gobierno, específicamente en el Departamento Nacional de Planeación”.

Según explicó “al cruzar todas esas variables se generan una serie de municipios y con base en ese rango de municipios es que se hacen las circunscripciones”.

Sin embargo, a lo largo de la entrevista Puerta manifestó que algunas de las variables fueron abandono estatal, alta afectación por el conflicto, presencia de cultivos ilícitos, entre otras.

Respecto a una posible incidencia de las Farc en la selección de los 167 municipios el asesor explicó que el grupo en proceso de reincorporación a la vida civil sí participó en las discusiones como ocurrió en todo el proceso de la mesa de conversaciones. “Todo debía provenir directamente del Acuerdo Final”, añadió Puerta.

Finalmente respecto a la posibilidad que los partidos tradicionales o las mismas Farc acaparen estas curules que fueron creadas exclusivamente para habitantes de “zonas especialmente afectadas por el conflicto, el abandono y la débil presencia institucional”, según el Acuerdo Final, Puerta explicó que se ha creado un blindaje normativo para que esto no ocurra y que tanto en el Acuerdo como en el Acto Legislativo quedó explícito que los partidos tradicionales ni las Farc podrán acceder a estas curules.

Puerta añadió que lo que se espera es que nadie procure hacerle trampa al Acuerdo Final y que las Farc así como los partidos tradicionales respeten la normatividad que no permite que puedan acceder a dichas curules.

 

Criterios para seleccionar los 167 municipios

Colombiacheck indagó los criterios empleados para seleccionar los 167 municipios y encontró la ponencia radicada en Senado que contiene en su página tres los criterios o metodología de dicha selección.

El documento aborda cuatro criterios principales: 1) Grado de afectación derivado del conflicto, 2) Niveles de pobreza, 3) Debilidad de la institucionalidad administrativa y capacidad de gestión y 4) Cultivos de uso ilícito y otras economías ilegales.

Este medio buscó una explicación más detallada del origen de cada una de estas variables pero solo pudo establecer que para la concerniente a los cultivos de uso ilícito se fundamentaron en el ODC. De las demás variables Colombiacheck no pudo conocer de dónde provinieron los datos. Hicimos la solicitud en la Oficina del Alto Comisionado y el Ministerio del Interior (con derechos de petición) pero hasta el momento no hemos recibido una respuesta que aclare las inquietudes.

De los cuatro criterios está claro que el relacionado con cultivos de uso ilícito tuvo gran ponderación, algo que corrobora este chequeo al confirmar que en los 167 municipios seleccionados, en las Zvtn y PTN se encuentra sembrado el 94.5% de la coca del país.

Frente al tema el representante a la Cámara Alirio Uribe le explicó a Colombiacheck que la alta presencia de coca en los municipios seleccionados resulta apenas lógica si se tiene en cuenta que el fenómeno es una característica de los municipios afectados por el conflicto armado.

Colombiacheck también habló con Camilo Vargas y Germán Robayo, de la Misión Observación Electoral, MOE, y ellos explicaron que “era un hecho extraño solo haber incluido a cuatro municipios de Arauca y ninguno de los departamentos de Boyacá y Casanare. Además, también llamaron la atención sobre cuál fue la razón para no incluir la cuenca del Río Baudó del departamento del Chocó en los municipios seleccionados para las circunscripciones de paz”.

Tanto Vargas como Robayo sostuvieron que aunque el Acto Legislativo mencionó tales criterios de selección lo que podrían indicar los datos es que el criterio de la presencia de coca sería el que más peso tuvo y este se usó para excluir ciertos municipios como por ejemplo los de Casanare, Arauca, Boyacá y los de la cuenca del Río Baudó. Estos departamentos, entre otros, aunque no tienen alta tanta presencia de coca, sí han tenido un grado de afectación del conflicto, tienen altos niveles de pobreza y debilidad institucionalidad, señalaron los expertos de la MOE.


 

Nota aclaratoria:

El texto que se debatió en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes menciona 164 municipios, sin embargo, al hacer el conteo de los municipios establecidos en dicho texto aparecen 167. Colombiacheck decidió trabajar con la cifra de 167 municipios porque fue este número que se abordó en los dos debates aprobados en Senado, una cifra que en todo caso no se aleja de la abordada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.