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Cuestionable

Lunes, 10 Agosto 2020

Fondo de tierras no tendría hectáreas para repartir porque la mayoría ya tienen dueño

Por Sania Salazar

El presidente Iván Duque asegura que durante su gobierno se ha triplicado el número de hectáreas de este Fondo, pero hay dudas sobre la verdadera disponibilidad de tierra para entregar a quienes no tienen, como se pactó en La Habana.

El presidente Iván Duque aseguró en entrevista con El Espectador que “hemos cuadriplicado las hectáreas en el Banco de Tierras”. Ya en el discurso del 20 de julio había dicho que en lo que lleva de su gobierno había triplicado los indicadores heredados al incorporar más de 770.000 hectáreas al banco de tierras, ¿al fin qué?

Colombiacheck califica la frase de Duque como cuestionable, porque aunque las cifras oficiales permitirían asegurar que triplicó las hectáreas disponibles en el Fondo de Tierras, la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo de paz llamó la atención sobre la verdadera disponibilidad de esas tierras, pues la mayoría están ocupadas y por lo tanto no podrían ser asignadas a nuevos dueños sin tierra, que es el objetivo para el que fue creado ese Fondo en el Acuerdo Final entre el Gobierno y las antigua guerrilla de las Farc.

Le preguntamos en repetidas ocasiones al equipo de prensa de la Presidencia cuál era la fuente de la cifra citada por el presidente, pero hasta la publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

La Agencia Nacional de Tierras, ANT, informó el pasado 6 de agosto que el gobierno de Iván Duque ha ingresado 778.989 hectáreas al Fondo de tierras. Según esa entidad, el gobierno de Juan Manuel Santos aportó 226.830 hectáreas al Fondo, para un total de 1’005.820 hectáreas.

“Hasta la fecha (30/06/2020) se han entregado 30.360 hectáreas a través del Fondo de tierras, de las cuales el actual gobierno ha entregado 27.118 hectáreas”, le informó la ANT a Colombiacheck.

El cuarto informe sobre el estado de la implementación del Acuerdo Final del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, indica que durante el periodo de estudio, (diciembre de 2018 a noviembre de 2019)  cerca de 700.000 hectáreas fueron ingresadas al Fondo de Tierras, para un total de casi 925.000 hectáreas, lo que coincide más o menos con las cifras de la ANT, pero el Instituto Kroc aclara que a la fecha del informe no tenía información sobre adjudicaciones de las tierras provenientes del Fondo.

Precisamente sobre la adjudicación de esas tierras llamó la atención la Representante a la Cámara por el Partido Verde, Juanita Goebertus, luego del discurso de Duque el 20 de julio.

Goebertus ya había llamado la atención sobre el asunto en un informe sobre la implementación (actualizado a 31 de diciembre de 2019): 

“Con respecto al Fondo de Tierras, la Consejería para la Estabilización y la Consolidación reporta que desde la firma del Acuerdo, en total se han ingresado 926.202 hectáreas al Fondo de Tierras, lo que representa un 30,8% respecto a la meta del Acuerdo. Estas hectáreas sólo hacen referencia a aquellas ingresadas al Fondo, sin embargo, a la fecha no se cuenta con un reporte del Gobierno de las hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras a nivel nacional, como debería hacerse de acuerdo a los indicadores del Plan Marco de Implementación”.

Sobre la verdadera disponibilidad de la tierra de ese Fondo se pronunció también la Procuradora Delegada para el Seguimiento de los Acuerdos de Paz, Elena Ambrosi, en la ‘Audiencia Pública por la Tierra, el Territorio y el Campesinado’ convocada por la Procuraduría General de la Nación y realizada el pasado 31 de julio. Ambrosi lamentó que solo un millón de hectáreas hayan sido ingresadas al Fondo de Tierras, frente a la meta establecida de siete millones por formalizar y tres millones por adjudicar.

“El avance de un millón de hectáreas en el fondo de tierras es importante, pero a juicio de la Procuraduría esto no constituye un avance del 30% de la meta establecida en el acuerdo, pues las hectáreas que hay en el fondo, según la propia caracterización que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras, son hectáreas que están casi todas ocupadas. Luego, sobre ellas procedería la formalización y no la adjudicación", indicó la procuradora.

La formalización es la entrega de los títulos de propiedad de la tierra a quienes ya la tienen, mientras que la adjudicación es la entrega de tierra a quienes carecen de ella.

La creación del Fondo de tierras se pactó en el punto uno del Acuerdo Final, el de reforma rural integral, que pretende solucionar el problema de la concentración y la propiedad de la tierra en Colombia para cambiar las condiciones que han facilitado el conflicto armado en el país.

Este Fondo de tierras para la reforma rural integral se creó para “democratizar el acceso a la tierra en beneficio de los campesinos y de manera especial las campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y de las comunidades rurales más afectadas por la miseria, el abandono y el conflicto, regularizando los derechos de propiedad y en consecuencia desconcentrando y promoviendo una distribución equitativa de la tierra”, dice el Acuerdo Final. 

El Fondo, que tiene un carácter permanente, repartirá tierra gratuitamente y se espera que en los primeros 12 años de creación disponga de tres millones de hectáreas. 

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Miércoles, 25 Enero 2017

Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía

Por Sania Salazar

Por ahora solo se podrían beneficiar los guerrilleros acusados de rebelión y delitos conexos, pues los demás casos los resolverá la JEP, que aún no existe. Pero falta que esté listo el acta de compromiso que deben firmar los guerrilleros para que la amnistía quede en firme.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento Voces de Paz en la Cámara de Representantes, publicó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de enero que ya se podía solicitar la aplicación de la Ley de Amnistía porque no se necesitaba el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

 

 

Después de consultar varias fuentes Colombiacheck califica la frase como aproximada, pues aunque la ley está vigente, falta un documento que los beneficiarios de la misma deben firmar para que la amnistía se materialice.

La frase genera confusiones, primero porque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, había explicado que se necesitaba la existencia de la JEP para aplicar la amnistía y el debate sobre la creación de la JEP apenas empezó el 18 de enero en la Cámara de Representantes, donde le dieron un primer visto bueno en la Comisión Primera.

“Es la ley que va a determinar todo el marco en el cual debe trabajar la Justicia Especial para la Paz, en su sala de amnistía, para de alguna manera avanzar en todo el proceso de aplicación de la justicia transicional. Necesitamos crear la justicia transicional para aplicar la ley de amnistía”, aclaró Cristo en entrevista publicada por el periódico El Universal, de Cartagena.

Colombiacheck habló con Rivera quien aclaró que “ya se puede solicitar para los delitos de iure (los que son reconocidos por la ley), como los conexos con el delito político, todo lo demás tiene que esperar a la JEP, pero esos trámites ya se pueden desarrollar porque la ley de amnistía es clara en que hay unas personas que pueden salir porque los delitos por los que los sindican son delitos de carácter político”.

Hay que aclarar, primero, que la amnistía de iure (que se usa como contrario a de facto y significa por virtud o ministerio de la ley, según explica la Real Academia de la Lengua Española) es la que se aplicará a los guerrilleros rasos, “a quienes serían responsables por acciones propias de pertenecer a una guerrilla que se alzó en armas contra el Estado, tales como porte ilegal de armas o uso de uniformes privativos de la Fuerza Pública”, explica Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

Según la ley 1820 del 30 de diciembre de 2016, mejor conocida como Ley de Amnistía e Indulto, en el artículo 17, la amnistía “se aplicará a partir del día de entrada en vigor de la misma”, eso quiere decir que entró en vigencia desde el pasado 30 de diciembre, cuando el Presidente Santos la sancionó.

“Hay puntos específicos en los que no es posible aplicar la amnistía o indulto si no están en funcionamiento las salas y secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se trata de aquellos casos en los que no resulta claro, a primera vista, si se trata de delito de rebelión o conexos o puede catalogarse como un crimen internacional que no sería objeto de amnistía ni indulto”, precisó la investigadora.

“Para quienes están en zonas de normalización la ley tendrá efectos reales cuando termine el calendario de la dejación de armas. Si es alguien investigado penalmente, tendrá efectos cuando el fiscal conozca que esa persona fue beneficiada por la amnistía y no continúe con la investigación penal. Si es condenado, cuando le levanten la condena y lo dejen libre”, explicó Güiza.

Pero falta un papel

Catalina Díaz, Directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, indicó que hay jueces que le han preguntado por el acta de compromiso que deben firmar los beneficiados con la amnistía, pues ya han recibido solicitudes para aplicar esa ley.

“Está pendiente el acta de compromiso que tienen que firmar todas las personas para salir en libertad, los beneficiados con la amnistía de Iure, que se comprometen a no volver a la lucha armada, y los que salen con libertad condicional, que se comprometen a acudir ante la JEP en caso de ser llamados, a no salir del país sin autorización y a reportarse periódicamente ante las autoridades judiciales. La Secretaría Ejecutiva de la JEP está poniendo en marcha el procedimiento para suscribir el acta, se está discutiendo un borrador para que los distintos involucrados estén de acuerdo en su contenido, luego ya se pasa a lo operativo de la suscripción de las actas. Es el paso que falta para hacer efectiva la amnistía”, aclaró Díaz.

La funcionaria agregó que las Farc debe entregar una lista con los nombres de los guerrilleros que se beneficiarán con la amnistía, lista que servirá para corroborar que quienes pasen por las Zonas Veredales Transitorias de Normalización pertenezcan efectivamente a las Farc. Aclaró que en el caso de guerrilleros presos, condenados o con un proceso judicial en curso, será el juez respectivo el que otorgue la libertad basado en la relación con esa guerrilla, comprobada en la sentencia o en el proceso, y que cumpla con los demás requisitos necesarios para beneficiarse de esa ley.

Díaz dijo que esperan que el acta esté lista en pocos días.

Otro debate

La investigadora de Dejusticia indicó que hay otro debate que tiene que ver con la revisión que la Corte Constitucional debe hacer a la ley de amnistía. Güiza recordó que, según el acto administrativo 1 de 2016, más conocido como fast track, “Los proyectos de ley y de acto legislativo tramitados mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz tendrán control automático y único de constitucionalidad, posterior a su entrada en vigencia”, lo que quiere decir que la Corte las revisará sin necesidad de que sean demandadas, como ocurre ordinariamente con el resto de las leyes, sin embargo esa revisión no suspende los efectos jurídicos de la ley de amnistía, pues esta tiene vigencia desde el momento en que el Presidente la sancionó.