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Miércoles, 19 Febrero 2020

Hay margen para cumplir con el Acuerdo Final, pero sin alterar su esencia

Por Sania Salazar

Emilio Archila asegura que el acuerdo de paz debe cumplirse “de acuerdo con la visión de cada presidente”. Si bien hay un margen de maniobra, las acciones deben respetar el espíritu de lo pactado y deben ser consensuadas entre las partes.

La revista Semana publicó una nota titulada “Rodrigo Londoño se equivoca de manera ignorante, pero de buena fe: Emilio Archila”, en la que el consejero presidencial de estabilización y consolidación asegura que el Acuerdo con la exguerrilla de las Farc se debe cumplir durante los tres periodos presidenciales posteriores a la firma, “pero que deben cumplirse de acuerdo con la visión de cada presidente que haya sido elegido”.

En la nota Archila responde a una carta enviada por Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, al Presidente Iván Duque, en la que critica la implementación del Acuerdo Final debido a los asesinatos de excombatientes que se han registrado desde la firma del mismo.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable, pues si bien la Corte Constitucional dejó claro que las autoridades gozan de un margen de apreciación para elegir los medios mediante los cuales cumplirán con el Acuerdo, también precisó que lo deben hacer de buena fe y en coherencia con el espíritu de lo pactado.

El equipo de prensa de la Consejería presidencial de estabilización y consolidación le informó a Colombiacheck que Archila hizo ese pronunciamiento durante una rueda de prensa y señalaron que este se basa en la sentencia C 630 de 2017 de la Corte Constitucional que “sostiene que el Acuerdo de Paz en principio corresponde a una política pública de Gobierno que fue adoptada constitucionalmente como política de Estado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, razón por la cual resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas. El carácter de política de Estado del Acuerdo de Paz implica que debe hacerse gradualmente y de buena fe, pero, en especial, con un gran margen de apreciación que obliga al Gobierno a seleccionar los medios más apropiados para lograr los cometidos allí previstos”. 

La Sentencia C-630/17 en la que la Corte Constitucional revisa el acto legislativo 02 de 2017 en el que se le da estabilidad jurídica al Acuerdo dice lo siguiente con respecto a lo que indican en la Consejería: “Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados con el fin de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, en el marco de lo convenido, sin que sea admisible adoptar medidas que no tengan como propósito implementar o desarrollar lo acordado”.

En la Consejería no solo le agregan al texto la palabra “gran” antes del término margen de apreciación, que originalmente no está en la sentencia de la Corte, sino que olvidan mencionar que la sentencia también dice que “la actuación de todos los órganos y autoridades del Estado debe guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Humberto De La Calle, quien lideró el equipo negociador del gobierno en La Habana, recordó que lo esencial del Acuerdo es inmodificable y aseguró que una cosa son los medios o las formas para cumplir con el Acuerdo y otra muy distinta desatender compromisos expresamente pactados. Concluyó que la visión de quienes ocupen la presidencia de Colombia no le puede quitar la esencia a lo firmado.

David Huey, representante en Colombia del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, le dijo a Colombiacheck que la importancia de cumplir con lo pactado en un acuerdo de paz es construir confianza de la sociedad en el mismo.

“El análisis comparativo internacional demuestra que hay una correlación entre implementación y disidencias, entre más se cumpla el acuerdo de paz, menos disidencias hay”, aseguró.

Además, Huey destacó que así cada gobierno tenga un margen de apreciación en la implementación, tiene que haber un planificación y las partes se deben poner mínimamente de acuerdo en la priorización, pues de no hacerlo el gobierno queda vulnerable a acusaciones de incumplimiento. Aseguró que tal vez sea imposible que las partes estén totalmente de acuerdo, pero que hay que visibilizar los disensos y que para ponerse de acuerdo por lo menos en lo fundamental está la Comisión de seguimiento, impulso, y verificación a la implementación, CSIVI, instancia creada por el Acuerdo.

Huey resaltó que cada gobierno debe priorizar porque es imposible hacerlo todo en cuatro años, pero debe justificarlo y recalcó que debe ser consensuado.

El representante del Instituto Kroc aseguró por último que el análisis del Instituto Kroc demuestra que la mejor forma de hacer desaparecer a los demás grupos armados ilegales existentes es cumplir con lo acordado.

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Martes, 18 Abril 2017

Las Farc y el narcotráfico: una verdad pendiente de ser contada

Por Sania Salazar

Aunque en el Acuerdo Final no está escrita la palabra delación, las Farc sí se comprometieron a contar la verdad sobre su participación en el narcotráfico, negocio ilícito con el que financiaron su actividad insurgente.

“Nosotros no hemos hecho un acuerdo de delación, sino de sustitución”, aseguró a Noticias Uno Seusis Pausivas Hernández, mucho más conocido como Jesús Santrich, miembro del Estado Mayor Central de las Farc y uno de los negociadores de esa guerrilla.

Colombiacheck solicitó por Twitter y por correo electrónico una entrevista con Enrique Santiago, abogado de las Farc, para pedirle precisión sobre el asunto, pero hasta la publicación de este chequeo no hemos obtenido respuesta.

En el cuarto punto del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc, titulado Solución al problema de las drogas ilícitas, se pactó la puesta en marcha de un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) en el cual la guerrilla debe contribuir.

Las Farc se comprometieron a ayudar en el proceso de sustitución de cultivos y aunque la palabra delación no aparece en este punto del Acuerdo, si se pactó que los guerrilleros aportarían información para ayudar a establecer la verdad y construir memoria sobre su participación en este negocio ilegal.

“Será compromiso de todas las personas que hayan tenido relación con conductas asociadas a cualquier eslabón de la cadena de los cultivos de uso ilícito y sus derivados, en el marco del conflicto, y que comparezcan ante la Jurisdicción Especial para la Paz, aportar ante la Sala de Reconocimiento de Verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, los elementos necesarios de los que tengan conocimiento de una manera exhaustiva y detallada, sobre las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes de las que tengan conocimiento para atribuir responsabilidades. Todo ello debe contribuir a garantizar los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”, dice textualmente el Acuerdo.

De este párrafo llama la atención la parte final, donde se refieren a que los excombatientes aporten información suficiente para “atribuir responsabilidades”, en donde podría caber la delación de otros grupos, modo de operar y rutas de trasiego de estupefacientes. Pero depende de cómo se interprete.

En un video de Acuerdos de La Habana, una iniciativa de la sociedad civil para recoger preguntas surgidas de la lectura del Acuerdo, Lucas Peña, sociólogo y magíster en conflicto, seguridad y desarrollo, asegura que “en el punto dedicado a la solución del problema del narcotráfico Las Farc se comprometen explícitamente a cooperar con el Gobierno a establecer y localizar las rutas del narcotráfico y hallazgo del mecanismo de lavado de activos fruto del narcotráfico, pero adicionalmente van a colaborar con el combate contra crimen organizado mediante la provisión de información, mediante el establecimiento de cooperación con las autoridades y otros mecanismos que deben ponerse en marcha”.

Para Jairo Estrada Álvarez, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso), la delación no está planteada explícitamente en el Acuerdo Final.

“En el Acuerdo las Farc no se asumen como una organización insurgente dedicada a la producción y al tráfico de drogas, las Farc en ese sentido manifiestan el compromiso de poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado con ese fenómeno. Si se presentó esa relación es un asunto que será tratado en su momento en la jurisdicción Especial para la paz, que evaluará cada caso”, indicó.

Estrada hizo énfasis en que no se está hablando de la justicia penal en la que se obtienen ventajas por delaciones, que la JEP no es una justicia de castigo sino una justicia transicional que se fundamenta en el ofrecimiento de verdad.

“Se tendrá que ofrecer verdad y los jueces serán quienes evalúen si la verdad ofrecida, primero, es suficiente y exhaustiva, porque la JEP obliga a un ofrecimiento de verdad exhaustivo y detallado. Hay que recordar que si no se ofrece verdad suficiente, no se verán beneficiados por la JEP, uno supone que en este caso las Farc ofrecerán la verdad que tengan sobre sus presuntos vínculos, reales o no, con el narcotráfico. Es más ofrecimiento de verdad que delación”, precisó Estrada, quien además comentó que según la investigación social en las zonas donde ha habido cultivos de uso ilícito la función de la guerrilla ha sido básicamente de cobro de impuestos y de regulación del mercado de hoja de coca.

Para Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, la frase de Santrich tiene que ver con no señalar a los campesinos cocaleros, que son el eslabón más frágil de la cadena y que en muchos casos se metieron en el negocio por el abandono estatal, pues la coca resulta más rentable y más fácil de vender que los cultivos lícitos.

El Gobierno ha resaltado esa descriminalización de los campesinos, pues es una de las estrategias para que participen voluntariamente en el programa de sustitución de cultivos.

Para Montoya, habrá que ver bajo qué condiciones están obligados a suministrar información en tanto el narcotráfico quedó como un delito conexo a la actividad política porque era la forma de sostenibilidad del grupo, “pero lo más lógico es que cuando sean llamados ante la justicia tendrán que contar esas situaciones, cuáles eran sus rutas, con quien negociaban e idealmente uno quisiera saber qué empresarios los protegían para el lavado de activos, ese sería el escenario ideal”.

La importancia de combatir el narcotráfico

“El acuerdo sobre drogas ilícitas parte de reconocer que si bien el conflicto armado antecede al narcotráfico, el narcotráfico ha alimentado, ha atravesado y financiado el conflicto armado y que por tanto es necesario una solución contundente”, explica María del Pilar Barbosa, del equipo del Acuerdo sobre drogas ilícitas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

La Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición (punto 5 del Acuerdo Final) tiene entre sus mandatos esclarecer y promover el reconocimiento de “la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas, y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico”.

Aunque en el Acuerdo Final no se utiliza la palabra delación, es claro que uno de sus objetivos principales es ofrecer a las víctimas justicia, verdad y reparación. Para establecer la verdad y para determinar las medidas que se deben tomar para garantizar la no repetición es fundamental, en este caso, que las Farc cuente cómo funciona el negocio del tráfico de drogas, una de las formas con que financiaron su lucha armada.