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Miércoles, 19 Febrero 2020

Hay margen para cumplir con el Acuerdo Final, pero sin alterar su esencia

Por Sania Salazar

Emilio Archila asegura que el acuerdo de paz debe cumplirse “de acuerdo con la visión de cada presidente”. Si bien hay un margen de maniobra, las acciones deben respetar el espíritu de lo pactado y deben ser consensuadas entre las partes.

La revista Semana publicó una nota titulada “Rodrigo Londoño se equivoca de manera ignorante, pero de buena fe: Emilio Archila”, en la que el consejero presidencial de estabilización y consolidación asegura que el Acuerdo con la exguerrilla de las Farc se debe cumplir durante los tres periodos presidenciales posteriores a la firma, “pero que deben cumplirse de acuerdo con la visión de cada presidente que haya sido elegido”.

En la nota Archila responde a una carta enviada por Rodrigo Londoño, líder del partido Farc, al Presidente Iván Duque, en la que critica la implementación del Acuerdo Final debido a los asesinatos de excombatientes que se han registrado desde la firma del mismo.

Colombiacheck califica la afirmación como cuestionable, pues si bien la Corte Constitucional dejó claro que las autoridades gozan de un margen de apreciación para elegir los medios mediante los cuales cumplirán con el Acuerdo, también precisó que lo deben hacer de buena fe y en coherencia con el espíritu de lo pactado.

El equipo de prensa de la Consejería presidencial de estabilización y consolidación le informó a Colombiacheck que Archila hizo ese pronunciamiento durante una rueda de prensa y señalaron que este se basa en la sentencia C 630 de 2017 de la Corte Constitucional que “sostiene que el Acuerdo de Paz en principio corresponde a una política pública de Gobierno que fue adoptada constitucionalmente como política de Estado mediante el Acto Legislativo 02 de 2017, razón por la cual resulta vinculante para todas las instituciones y autoridades públicas. El carácter de política de Estado del Acuerdo de Paz implica que debe hacerse gradualmente y de buena fe, pero, en especial, con un gran margen de apreciación que obliga al Gobierno a seleccionar los medios más apropiados para lograr los cometidos allí previstos”. 

La Sentencia C-630/17 en la que la Corte Constitucional revisa el acto legislativo 02 de 2017 en el que se le da estabilidad jurídica al Acuerdo dice lo siguiente con respecto a lo que indican en la Consejería: “Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, gozan de un margen de apreciación para elegir los medios más apropiados con el fin de cumplir de buena fe con los contenidos y finalidades del Acuerdo Final, en el marco de lo convenido, sin que sea admisible adoptar medidas que no tengan como propósito implementar o desarrollar lo acordado”.

En la Consejería no solo le agregan al texto la palabra “gran” antes del término margen de apreciación, que originalmente no está en la sentencia de la Corte, sino que olvidan mencionar que la sentencia también dice que “la actuación de todos los órganos y autoridades del Estado debe guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”.

Humberto De La Calle, quien lideró el equipo negociador del gobierno en La Habana, recordó que lo esencial del Acuerdo es inmodificable y aseguró que una cosa son los medios o las formas para cumplir con el Acuerdo y otra muy distinta desatender compromisos expresamente pactados. Concluyó que la visión de quienes ocupen la presidencia de Colombia no le puede quitar la esencia a lo firmado.

David Huey, representante en Colombia del Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final, le dijo a Colombiacheck que la importancia de cumplir con lo pactado en un acuerdo de paz es construir confianza de la sociedad en el mismo.

“El análisis comparativo internacional demuestra que hay una correlación entre implementación y disidencias, entre más se cumpla el acuerdo de paz, menos disidencias hay”, aseguró.

Además, Huey destacó que así cada gobierno tenga un margen de apreciación en la implementación, tiene que haber un planificación y las partes se deben poner mínimamente de acuerdo en la priorización, pues de no hacerlo el gobierno queda vulnerable a acusaciones de incumplimiento. Aseguró que tal vez sea imposible que las partes estén totalmente de acuerdo, pero que hay que visibilizar los disensos y que para ponerse de acuerdo por lo menos en lo fundamental está la Comisión de seguimiento, impulso, y verificación a la implementación, CSIVI, instancia creada por el Acuerdo.

Huey resaltó que cada gobierno debe priorizar porque es imposible hacerlo todo en cuatro años, pero debe justificarlo y recalcó que debe ser consensuado.

El representante del Instituto Kroc aseguró por último que el análisis del Instituto Kroc demuestra que la mejor forma de hacer desaparecer a los demás grupos armados ilegales existentes es cumplir con lo acordado.

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Martes, 14 Marzo 2017

Por “decreto” se suspenden investigaciones a las Farc

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Con esa contundencia, bajo el calificativo de insólito, trinó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, sobre un decreto presidencial que lleva a “suspender investigaciones sobre atrocidades”. Vivanco también señaló que la decisión “ni siquiera respeta el acuerdo de paz”, dos críticas verdaderas.

En las últimas semanas han sido varios los decretos presidenciales polémicos en lo referente a la implementación del Acuerdo Final pactado en La Habana, por ejemplo, unos de ellos fue sobre los $1.8 millones para hasta 1.2000 integrantes de las Farc que se convertirían en escoltas.

Dentro de las voces de inconformidad por los decretos presidenciales sonó una más, esta vez de carácter internacional y de incuestionable trascendencia. Fue el 18 de febrero, la del director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

 

 

El alto funcionario señaló, con documentos como evidencia, que el decreto presidencial 277 de 2017 suspende las investigaciones sobre atrocidades, lo que ocasiona un irrespeto al Acuerdo de Paz. Algo que Colombiacheck pudo establecer como verdadero gracias a la claridad de las pruebas presentadas por Vivanco y también por un informe que realizó Noticias RCN sobre el tema.

Para comprender el tema lo primero que hicimos fue conocer qué se entiende por crímenes atroces.

Al respecto Naciones Unidas publicó en su informe de 2014 Marco de Análisis para Crímenes Atroces que “el término crímenes atroces se refiere a tres crímenes internacionales definidos jurídicamente: genocidio, que es el exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos; crímenes de lesa humanidad, que es todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales, y finalmente, crímenes de guerra, los malos tratos a prisioneros de guerra y civiles y los genocidios”.

Ya teniendo claro a qué nos referimos, verificamos los documentos que presentó Vivanco y encontramos que es verdadero el hecho de que el decreto presidencial mencionado va en contravía del Acuerdo Final. Lo anterior porque lo pactado en La Habana le daba alas a la Fiscalía para seguir su labor investigativa hasta que entre en vigencia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y en contravía, el decreto presidencial le quita de tajo esas alas y lo hace de manera inmediata.

“Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn, de que tratan la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz”, sentenció el decreto 277 de 2017.

Por su parte, la página 156 del Acuerdo Final, en lo referente a las funciones de la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, estableció en el numeral J que:

“La Fiscalía General de la Nación o el órgano investigador de cualquier otra jurisdicción que opere en Colombia, continuarán adelantando las investigaciones hasta el día en que la Sala… anuncie públicamente que en tres meses presentará al Tribunal para la Paz su resolución de conclusiones, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate, deberán remitir a la Sala la totalidad de investigaciones que tenga sobre dichos hechos y conductas, momento en el cual la Fiscalía o el órgano investigador de que se trate perderá competencias para continuar investigando hechos o conductas competencia de la Jurisdicción Especial de Paz”.

Es claro entonces que el Acuerdo Final permitía que la Fiscalía continúe con su labor investigativa hasta que la JEP anuncie públicamente la resolución de sus conclusiones en cada caso estudiado por ella. A partir de ese momento, la Fiscalía perdería todas sus competencias en las investigaciones con ocasión al conflicto y con posterioridad al 1 de diciembre de 2016, y entonces debería pasarle todas las investigaciones a la JEP.

Así está planteado en el Acuerdo Final, pero pasando por encima de lo acordado el Gobierno por medio del decreto 277 señaló que en cuanto a los procesos de los integrantes de las Farc “quedarán suspendidos hasta” la entrada en vigencia de la JEP.

Quedan suspendidos todos los procesos sin diferencia alguna, sin importar si son crímenes atroces o amnistiables. “Todos son todos”, y en eso también tiene razón José Miguel Vivanco.

 

¿Una “metida de pata” del abogado de las Farc?

Un hombre conocedor de leyes y cercano a las Farc, Enrique Santiago, abogado del grupo guerrillero, contestó el trino de José Miguel Vivanco y manifestó que la suspensión de procesos no impedía el trabajo investigativo de las autoridades judiciales.

De inmediato y como si se tratará de Colombiacheck el propio Vivanco corrigió a Enrique Santiago por su falta de actualización sobre la legislación colombiana.

 

 

Respecto a la “metida de pata” el abogado de las Farc no respondió nada pero sí le contra argumentó a Vivanco que los que investigan en Colombia son la Fiscalía y la Policía, no los jueces. Aunque claro, Enrique Santiago no perdió la oportunidad para solicitarle a Vivanco que no alimentará al uribismo. Luego, Vivanco no continuó con la conversación tuitera.

 

 

Al margen de cualquier argumentación jurídica para Colombiacheck el decreto 277 fue claro. Todos los procesos “quedarán suspendidos hasta” que entre en vigencia la JEP. Todos son todos. El decreto no discriminó entre qué tipo de procesos y el ente investigador encargado de dichos procesos. Solo manifestó que la medida será para los que se les haya “otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las Zvtn”.

 

¿Mientras tanto quién investigará?

¿Si con el decreto presidencial la Fiscalía pierde sus competencias entonces quién investiga mientras entra en vigencia la JEP? ¿Es clara la fecha de reinicio de las investigaciones?

Sobre el primer interrogante Colombiacheck consultó a Mario Hernán López, doctor en resolución de conflictos de la Universidad de Caldas, quien sostuvo que si bien puede haber un vacío jurídico momentáneo, estas son situaciones excepcionales que debe vivir el país en el marco de una justicia transicional. “Seguramente habrán situaciones similares a estas”, señaló López.

Frente al mismo tema, el abogado penalista Francisco Bernate, explicó que si el decreto dice que “quedarán suspendidos” todos los procesos la única exclusión que se podría hacer a esa literalidad es la referida a investigaciones sobre conductas con posterioridad a la firma del Acuerdo Final. Bernate añadió que no sería viable que graves conductas contra la humanidad como crímenes de lesa humanidad sean paradas en sus investigaciones.

El reinicio de las investigaciones es algo que no tiene fecha clara porque según el decreto presidencial éstas quedan suspendidas hasta la entrada en vigencia de la JEP, un tema bien espinoso porque tampoco hay fechas específicas para que entre en vigencia y porque para el Gobierno solo arrancará la JEP hasta que todas todas las salas estén en funcionamiento, así lo comprobó Colombiacheck en “La JEP funcionará hasta por diez años, un engaño del presidente Santos”.

Lo lógico sería que las investigaciones vuelvan a ser retomadas cuando entre en funciones la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, pero habrá que esperar, por ahora no hay información precisa sobre cuándo será esto.

Colombiacheck le consultó a la Fiscalía si a raíz del decreto presidencial suspendieron los procesos de investigación contra los integrantes de las Farc a quienes acoge esta medida pero no tuvo respuesta del ente investigador.