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Cuestionable

Miércoles, 26 Agosto 2020

JEP sí proporciona abogados a las víctimas, pero algunas organizaciones de ellas no confían en los elegidos

Por Sania Salazar

Una representante a la Cámara del Centro Democrático publicó en Twitter una frase del Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, que asegura que la JEP no les ha designado abogados para representar a sus víctimas, lo cual es cuestionable, pues lo que hay de fondo es que no confían en los abogados disponibles

La representante a la Cámara del Centro Democrático, Margarita Restrepo, publicó en su cuenta de Twitter un video en el que Sebastián Velásquez, Representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, Fevcol, dice: “para nosotros hay un desequilibrio total en el manejo que la Justicia Especial para la Paz le brinda a los victimarios frente a las víctimas que al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos”.

Al preguntarle a la senadora por la fuente de esa información, nos mandó el teléfono de Velásquez, quien le dijo a Colombiacheck que por informaciones periodísticas se enteró de la ejecución del contrato 342 de 2020, del que le mandaron el pantallazo de algunas páginas, que él ha publicado en Twitter, y aclaró que no ha visto el contrato completo.

Aunque el mensaje de Twitter de Velásquez asegura que la contratación de 93 abogados para la defensa de exguerrilleros de Farc costó 4.930 millones de pesos, él le admitió a Colombiacheck que “contratan varios ítems, no solamente abogados, mal haría yo en dividir 4.930 en 93, ahí hay otros ítems” y aseguró que la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, no ha negado la existencia del contrato.

Colombiacheck califica la información como cuestionable porque tiene varias imprecisiones sobre el contrato del que se habla y porque el representante de Fevcol no aclara que cuando asegura que "las víctimas al día de hoy no tienen aprobado ni un solo abogado para llevar sus casos" se refiere solo a las que hacen parte de su organización. Pero también porque hay pruebas de que la JEP sí ha contratado abogados para las víctimas en general, pero Velásquez duda de que esos profesionales trabajen en favor de ellas. Además, porque la JEP asegura que se reunieron con Fevcol para socializar las propuestas de representación y defensa de las víctimas, proceso al que los invitaron a participar, pero en el que ellos no han presentado la documentación necesaria.

Velázquez aseguró que, para presentar sus casos ante la JEP, las víctimas de Fevcol han tenido que recurrir a abogados que donan su trabajo, pues no han contado con la ayuda de los de la JEP para documentar los casos y acreditar a las víctimas ante esa jurisdicción.

El representante legal de Fevcol reconoce que la JEP le informó a una de las fundadoras de la Federación que tienen abogados para ofrecer asesoría y representación judicial a las víctimas, pero aseguró que “en el caso tal de que fuera a acceder a un abogado los brindarían ellos y no tenemos ninguna garantía de que ese abogado trabaje en favor de las víctimas”.

En la página web de la JEP, Colombiacheck encontró en la contratación realizada entre enero y junio de 2020 varios contratos de asesoría jurídica y defensa judicial “a las personas que comparezcan ante las salas y secciones de la JEP, teniendo en cuenta los enfoques diferenciales”.

La JEP aseguró que, al 30 de junio de 2020, ha prestado servicios de asesoría a 3.337 víctimas, ha asumido la representación común de 1.909 víctimas individuales y 260 sujetos colectivos que representan y agrupan a más de 574.732 mil víctimas individuales acreditadas, pertenecientes en su mayoría a comunidades étnicas (afrocolombianos e indígenas), acreditadas en los macrocasos.

La JEP le aclaró a Colombiacheck que esa jurisdicción cuenta con el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), un mecanismo gratuito dirigido para las víctimas y comparecientes que demuestren carecer de recursos suficientes para una representación y una defensa idónea, respecto a los trámites y actuaciones previstas ante ese tribunal.

También aclaró la JEP que no se contratan abogados a título personal, sino organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de las víctimas.

“En el acercamiento a dichas organizaciones se ha incluido a la organización FEVCOL a la cual se le ha invitado, en reiteradas oportunidades mediante comunicaciones electrónicas y reuniones presenciales, a remitir al SAAD la documentación que exige la Resolución 862 de 2019 que reglamenta el Registro de Abogados, con el fin de incluirla como organización acreditada para adelantar labores de asesoría y representación de víctimas, sin que a la fecha la organización FEVCOL haya remitido la información requerida para la correspondiente evaluación de capacidades”, resaltó la JEP en un comunicado escrito que le envió a Colombiacheck.

El tribunal explicó en el mismo comunicado que los requisitos y condiciones de elegibilidad de los abogados que deben prestar servicios de orientación, asesoría y asistencia legal (representación judicial a las víctimas y defensa técnica a los comparecientes) están regulados constitucional y legalmente.

“Según lo establece la Ley de Procedimiento de la JEP, las víctimas cuentan con cinco (5) opciones para participar en las diferentes instancias y momentos procesales en la JEP, así: (i) por sí mismas, es decir de manera personal y directa sin necesidad de un apoderado; (ii) por medio de un apoderado(a) de confianza; (iii) por un apoderado designado por la organización de víctimas; (iv) por intermedio de una representante común otorgado por el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa administrado por la Secretaría Ejecutiva de la JEP o, (v) de manera subsidiaria a las anteriores, mediante apoderado que designe el sistema de defensa pública”, precisaron en la JEP.

En el Tribunal indicaron, además, que el parágrafo segundo de esa Ley de Procedimiento de la JEP señala que cuando haya más de una víctima se  podrá disponer que todas o ciertos grupos de ellas nombren uno o más abogados comunes para que defiendan de forma colectiva sus derechos, esto, principalmente en los macrocasos que ha abierto la jurisdicción. Así que debido a que la norma indica que se deben asignar representantes comunes y no apoderados judiciales individuales, la Secretaría Ejecutiva adelanta los procesos de asignación de los representantes comunes de víctimas.

La JEP indicó que, cuando las víctimas no tienen los recursos para contratar un abogado de confianza, el SAAD les provee abogados con “conocimientos y experiencia comprobadas” en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y representación de víctimas, “contratados con el estricto cumplimiento de los requisitos correspondientes”. 

En el Tribunal aseguraron que desde 2018 la Secretaría Ejecutiva de la entidad ha trabajado en identificar al mayor número de organizaciones de la sociedad civil que tengan la experiencia y capacidad para desarrollar labores de asesoría y representación de víctimas.

El contrato 

Como ya lo dijimos, Velásquez se refiere al contrato 342 de 2020, que  aparece en la sección de transparencia de la página web de la JEP y en el Secop II firmado el 17 de abril de 2020 y con vigencia hasta el 31 de diciembre del mismo año. Su objetivo es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y de cooperación con la Secretaria Ejecutiva de la JEP en la implementación del Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD), gestionando el equipo que garantizará el derecho de defensa  y debido proceso a través de labores de asesoría y defensa judicial integral a los comparecientes exintegrantes FARC en el marco de las actuaciones de la JEP, teniendo en cuenta el enfoque diferencial, territorial y de género”.

Como le reconoció Velásquez a Colombiacheck, el objetivo del contrato no es solo la contratación de abogados, sino de otros profesionales para desarrollar el proyecto base del contrato como el equipo administrativo y técnico.

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Falso

Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.