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Verdadero pero...

Miércoles, 28 Junio 2017

¿La amnistía garantizaba la libertad de los presos de las Farc en 10 días?

Por Sania Salazar

En la entrega final de armas de las Farc, el comandante de esa organización, Rodrigo Londoño, se quejó porque aún hay guerrilleros presos cuando la Ley de amnistía prometía libertad en 10 días.

En la ceremonia en la que se dio por terminado el proceso de dejación de armas individuales de las Farc el comandante de ese grupo, Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, aprovechó para recriminar al Gobierno por lo que considera como incumplimientos de lo pactado en el Acuerdo Final.

“Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas permanezcan en prisión a seis meses de la expedida una Ley de amnistía e indulto que les garantizaba libertad en 10 días”, fue uno de sus reclamos.

La Ley de Amnistía e Indulto entró en vigencia el 30 de diciembre de 2016, cuando el Presidente Santos la sancionó. Efectivamente, el próximo 30 de junio se cumplen seis meses. Hay que recordar que esta ley aplica solo para delitos políticos y conexos, no para quienes hayan cometidos delitos graves y de lesa humanidad.

Colombiacheck revisó el decreto que detalla la manera como se debe aplicar esta ley. Ese documento deja claro que en el caso de guerrilleros privados de la libertad, con procesos en curso o condenados, el trámite no debe demorar más de 10 días “contados a partir del momento en que se presente la solicitud de amnistía o de que inicie el trámite de oficio”.

Además la Ley de amnistía precisa que “respecto de los integrantes de las Farc que por estar encarcelados no se encuentran en posesión de armas, la amnistía se aplicará individualmente a cada uno de ellos cuando el destinatario haya suscrito un acta de compromiso comprometiéndose a no volver a utilizar armas para atacar al régimen constitucional y legal vigente”.

Esto precisamente es lo que al parecer no tiene claro ‘Timochenko’: Que los procesos son individuales, así que ese término de 10 días se vence en diferentes fechas según cada caso, que son jueces de ejecución de penas los que tienen en sus manos el análisis de esos casos, aparte de los demás procesos que ya tenían pendientes cuando se aprobó esta ley y que, según las Farc, son 3.400 los prisioneros de esa organización que esperan que se estudien, lo que requiere tiempo.

Si se trata de lo que dice literalmente el papel, Londoño tiene razón, pero consideramos que desconocer el contexto de la aplicación de la ley da para mal interpretar el espíritu del decreto, por lo que Colombiacheck califica la afirmación de Londoño como aproximada.

Del papel a la realidad

A la hora de aplicar la Ley de amnistía hubo inconvenientes, como en otros aspectos de la implementación del Acuerdo Final, escollos que han tenido ambas partes del proceso, y por las que se han acusado mutuamente de incumplir.

“No creo, honestamente, que esto sea un incumplimiento del Acuerdo. Las Farc y el Gobierno llegaron a un acuerdo político, el Gobierno hace todo lo que está en sus manos para cumplir con lo pactado. La Ley de amnistía se adoptó en tiempo récord, esa ley enfrentó dificultades en su aplicación por algunas interpretaciones de los jueces, el Gobierno inmediatamente se puso a la tarea de expedir un decreto reglamentario que explica varias cosas. Luego está en manos de los jueces la aplicación de la amnistía”, argumentó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.

Díaz resaltó que se trata de decisiones judiciales que no están en manos del ejecutivo, ni del Gobierno, ni en manos del Alto Comisionado para la Paz, sino de los jueces. Recordó además, que quienes toman estas decisiones son jueces de ejecución de penas con una carga de trabajo alta que están revisando en detalle cada solicitud, lo cual, enfatizó, le da mucha seriedad y legitimidad a las decisiones.

La directora de Justicia Transicional del Minjusticia aseguró que el Gobierno ha hecho todo lo que está en sus manos en el marco de la independencia de la rama judicial para que se garantice lo acordado, incluso talleres con los jueces para explicarles en detalle el funcionamiento de la ley.

Díaz recordó que para acelerar el proceso en el Minjusticia indultaron alrededor de 221 miembros de las Farc privados de la libertad (por delitos amnistiables e indultables) con la ley 418, la ley vigente antes de la Amnistía pactada en el Acuerdo Final. “Eso también muestra el compromiso”, concluyó.

En un chequeo titulado Solo falta un ‘papel’ para que las Farc se beneficien de la ley de amnistía contamos el pasado 25 de enero que el proceso estaba sufriendo demoras debido a que se estaba sometiendo a consenso de las partes involucradas un documento que deben firmar los beneficiados con la amnistía y que bautizaron como acta de compromiso.

Precisamente, antes del acto de cierre de la entrega de armas de las Farc, se conoció que Seusis Pausivas Hernández, cuyo alias es Jesús Santrich, se declaró en huelga de hambre en solidaridad con los presos de las Farc que no han sido beneficiados todavía con la ley de amnistía e indulto. Según explicó, la ley solo ha beneficiado a 832 de los 3.400 prisioneros reconocidos por la que hasta ayer fue la guerrilla de las Farc.

Según cifras del Ministerio de Justicia, hasta el pasado 23 de junio se habían concedido 295 libertades condicionales, beneficio que se otorga a guerrilleros con investigación o condena por delitos no amnistiables siempre y cuando lleven cinco años privados de la libertad y hayan firmado el acto de compromiso ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En este caso la libertad se obtiene bajo ciertos compromisos y obligaciones.

Hasta la misma fecha se habían trasladado a Zonas Veredales Transitorias de Normalización a 226 exguerrilleros. En este caso se trata de personas con investigaciones o condenas por delitos no amnistiables con menos de cinco años privadas de la libertad a los que se traslada a las zonas veredales para que continúen allí su detención.

 

 

 

 

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Jueves, 23 Febrero 2017

Alto Consejero para el Posconflicto, impreciso sobre presencia de Farc

Por Sania Salazar

“Las Farc estuvieron en un poco más de 100 municipios”, Rafael Pardo. Aunque la frase la dijo el Alto Consejero para el Posconflicto, varios estudios indican que esta guerrilla delinquió en muchos más.

“Son un poco más de 100 municipios en los que estuvieron las Farc”, le aseguró Rafael Pardo, Alto Consejero para el Posconflicto, a la periodista Claudia Palacios, de Canal Capital, en una entrevista.

Estudios de varias organizaciones indican que esa guerrilla delinquió en muchos más municipios, por lo que Colombiacheck califica la afirmación como engañosa.

Colombiacheck consultó en la oficina de comunicaciones de la Alta Consejería para el Posconflicto sobre el origen de la cifra mencionada por Pardo. Respondieron que tomaron la cifra del Ministerio de Defensa.

El viceministro de esa cartera, Aníbal Fernández, indicó que de acuerdo con distintas fuentes de información, apreciaciones de inteligencia y factores históricos, “el número de municipios donde estuvo las Farc oscila en 100 más o menos”.

Cálculos muy distintos

La Fundación Paz y Reconciliación, en el informe: Lo que hemos ganado, publicado en noviembre de 2015, calculó que las Farc se ubicaban en 242 municipios de Colombia. “Estos 242 municipios se agrupan en 14 regiones del país, donde vive algo más de 12% de la población colombiana”, precisa la investigación.

El documento indica además, que en 112 de esos municipios “hay una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social”.

Carlos Montoya, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, explicó que una de las variables que usaron para medir la presencia de grupos armados ilegales era el componente militar. “Identificar en qué territorios del país había confrontaciones armadas, con hostigamientos, minas, había una serie de variables que nos permitían saber que existía una actividad armada y por lo tanto que las Farc se estaban disputando el territorio en zonas determinadas o que el Ejército estaba adelantando acciones para sacarlos de la zona”.

Montoya explicó que había zonas en las que las Farc eran factores hegemónicos y, por tanto, su presencia no era relativa al accionar armado, porque esa hegemonía hacía que no tuviera quien le disputara el territorio.

El investigador relató que también utilizaban los partes de guerra que la guerrilla y la Fuerza Pública emiten permanentemente.

“A las Farc le interesaba que la gente supiera dónde estaban, si ponían un petardo o hacían un hostigamiento, las Farc lo reportaba porque eso daba cuenta de su capacidad y del lugar en el que estaban en el territorio. Estaban peleándose la legitimidad en algunos sitios y por ende era muy importante que se supiera que ahí estaba”, señaló Montoya.

“Creemos que nuestro diagnóstico sobre la presencia de las Farc es muy acertado y muestra de ello es que ni Gobierno ni Farc han desmentido el informe, que ambos conocieron”, concluyó el investigador.

El resultado del estudio de Pares es fruto de una investigación de, mínimo, 10 años.

Otros cálculos

Según Eduardo Álvarez, Coordinador del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz, FIP, indicó que las Farc alcanzó a hacer presencia en más de 300 municipios del país. Según la base de datos del conflicto de la FIP, las Farc pasó de hacer presencia en 312 municipios en el 2002 a 64 a finales del 2016”.

“No podemos olvidar, por ejemplo, que el Bloque Oriental de las FARC venía creciendo desde los años ochenta, posicionándose y ocupando la cordillera Central y el suroriente con el objetivo de consolidar una retaguardia estratégica que cerrara el cerco sobre Bogotá. Es más, la imagen que se tenía de las Farc hace 15 años era la de un grupo armado con capacidad para concentrar hasta 500 combatientes, que venía de propinar contundentes golpes a las fuerzas militares (Miraflores, Las Delicias, Patascoy, El Billar, Mitú), que superó la iniciativa militar del Estado en 1998 y que en 2002 llegó a tener 62 frentes y 20.000 integrantes desplegados en poco más de 300 municipios del país”, precisó Álvarez.

El informe Basta Ya, del Centro de Memoria Histórica, en el capítulo dos, dice que en 2002 las Farc estaba en 622 municipios “equivalentes a un 60% del total de municipios del país”.

En junio del 2016 El Espectador publicó un informe sobre la presencia de las Farc en Colombia en el que desglosa la división de la organización y muestra cómo está conformado cada bloque, cuáles son los comandantes y cuáles son los departamentos y municipios donde ejercía mayor influencia.

“Las Farc hoy operan en 25 de los 32 departamentos de Colombia, con una presencia fuerte en la región de los Llanos Orientales y la orinoquía del país, cerca de la frontera con Venezuela; en los departamentos de Cauca, Caquetá, Putumayo, Valle y Nariño, en el suroeste del país. También mantienen presencia en varios municipios de los departamentos occidentales de Chocó y Antioquia”, indica el informe.

Según la radiografía del Diario, las Farc tenían en ese momento fuerte influencia en 146 municipios.

Aunque la frase del ministro Pardo es muy imprecisa porque “un poco más de 100” puede ser una cifra más cercana a 100 que a 200, o viceversa, es evidente que los estudios de las demás organizaciones concuerdan en contradecir al Alto Consejero del Posconflicto. Esto llama la atención, por decir lo menos, pues con las Farc concentradas en las Zonas Veredales las Fuerzas Armadas y el Estado deben copar esos territorios para evitar que nuevos grupos armados se apoderen de ellos.

El viceministro de Defensa informó que realizaron un estudio en conjunto con la Alta Consejería para el Posconflicto en el que priorizaron 160 municipios para intervenirlos en el posacuerdo con despliegue de fuerza armada y con presencia integral del Estado. Fernández aclaró que no son solamente aquellas localidades donde estuvieron las Farc, sino donde confluyen factores de inestabilidad que van desde presencia de un grupo armado ilegal, cultivos ilícitos y minas antipersona hasta necesidades básicas insatisfechas, las cuales deben atender para materializar las aspiraciones del posconflicto.