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Jueves, 01 Octubre 2020

La cuestionable iniciativa del Gobernador del Meta contra la delincuencia

Por Mónica Ospino Orozco

La propuesta del Gobernador del Meta de prestar asesoría jurídica a los ciudadanos que respondan al ataque de un delincuente no puede ser pagada con recursos públicos. Él asegura, sin embargo, que hay abogados que le han ofrecido sus servicios gratuitamente.

Hace unos días el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró en este trino desde su cuenta de Twitter @JuanGZuluaga que “¡Los ciudadanos no están solos! Si en circunstancias específicas una persona se ve en la necesidad de proteger su vida y responder ante un ataque de delincuentes, o es testigo de algún atraco o robo, en @GobMeta le prestaremos todo el apoyo jurídico para hacer valer sus derechos”.

El anuncio lo ratificó también en una rueda de prensa en la que participaron los comandantes regionales de la Policía y el Ejército. Allí sostuvo “Si yo veo que unos delincuentes están cometiendo un delito y yo con mi carro los tumbo sin poner en riesgo mi vida y si una persona reacciona como yo reaccionaría, a esa persona le ofreceríamos apoyo y la asesoría de un equipo jurídico para que vuelva a hacer valer sus derechos”, así quedó registrado en esta nota del diario El Tiempo.

Sin embargo, verificamos que la propuesta del Gobernador no tiene sustento jurídico alguno pues, de acuerdo con la abogada, especialista en derecho administrativo y ex secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, María Ximena Román, “los recursos públicos se tienen que destinar para lo que está permitido por la ley y por los presupuestos de la entidad. Estos recursos son para inversión y funcionamiento de la entidad y no para atender asuntos de interés directo de particulares”.

La profesional del derecho asegura que esto tiene como base el decreto 111 de 1996 que compila las normas de las leyes que establecen el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es aplicable a los entes territoriales como las gobernaciones y además el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia en el que se consignan las funciones de los gobernadores.

Este artículo, detalla en su numeral 4 que el gobernador debe “presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos”.

“La primera consideración es que no se puede hacer ninguna erogación con cargo al erario que vaya destinada a pagar la defensa de un particular y después es que el destino de los recursos públicos tiene que ser direccionado a través de los proyectos que se presentan en el presupuesto que anualmente aprueba la Asamblea Departamental, en el marco del plan de desarrollo de cada departamento”, agregó Román.

Caso distinto es el de los servidores públicos “en este caso los entes territoriales pueden constituir una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual servidor público, a través de la cual, por el ejercicio de sus funciones si los servidores públicos tiene que defenderse en un proceso penal disciplinario o de responsabilidad fiscal, a través de esa póliza pagan los honorarios del abogado”, aclaró la abogada María Ximena Román.

El mismo análisis hace Alejandro Becker, profesional en Gobierno y Relaciones Públicas de la Universidad Externado con maestría en Gerencia Pública de la Universidad de Potsdam, “En caso de que la Gobernación de Meta tuviera esa función, que no creo que la tenga, habría que establecer por vía de la Asamblea Departamental, una entidad que tenga esa tarea específica de la defensa jurídica del particular. Pero lo grave de todo es que constitucionalmente está blindada la protección de la vida de los demás por encima de cualquier cosa”.

Becker, añade que “en casos en los que un ciudadano recurre a la justicia por mano propia, es únicamente cuando se demuestra que fue en defensa propia, que estaba en riesgo su vida, así que cualquier ciudadano no puede ver un delincuente en la calle y atropellarlo o cobrarle con su vida, es un principio por excelencia de las sociedades civilizadas. Esto no es una función del Gobernador consagrada en la Constitución del Gobernador. No puede haber justicia por mano propia”.

Adicionalmente, la Constitución consagra en el artículo 118 quiénes ejercen el Ministerio Público en Colombia son el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo y en el artículo 282 en el que se definen las funciones del Defensor del Pueblo, en el numeral 4 se establece que este deberá “Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley”.

“Es la Defensoría la que tiene a cargo el apoyo a la defensa jurídica de particulares cuando el particular no tiene los medios para financiarla. Entonces el señor Gobernador del Meta está usurpando funciones que le corresponden a entidades autónomas del Estado colombiano”, puntualizó Alejandro Becker.

 “No me arrepiento”

Posteriormente a las declaraciones que Zuluaga dio en la rueda de prensa ya mencionada y en su trino, en esta entrevista con el Periódico del Meta dijo no arrepentirse de su propuesta y aclaró los términos de la misma. 

“No, de ninguna manera, no me arrepiento, eso es lo que yo siento. Además le digo una cosa, yo no estoy invitando a que los ciudadanos tomen justicia por mano propia. Lo que yo he dicho es que si yo voy en mi carro y veo unos delincuentes que están atracando a una persona y tengo la posibilidad de hacer algo, si con mi carro puedo hacer caer a los delincuentes de la moto para que los capturen, yo lo haría. Y también he dicho que si las personas o alguna persona se ve involucrada en una situación de éstas y necesita acompañamiento jurídico, también le ofrecemos el acompañamiento jurídico. Porque no puede ser que los delincuentes si tengan quien los defienda y los ciudadanos no”.

Contactamos al equipo de prensa del gobernador Juan Guillermo Zuluaga que nos aseguró que aunque aún no hay avances en la propuesta, “el tema sigue vigente”. 

Asimismo su equipo nos aseguró que en las declaraciones que le dio, de nuevo al Periodico del Meta, el gobernador precisó cómo llevaría a cabo ese “acompañamiento jurídico”: Ya hay varios abogados que amablemente me han dicho ‘gratuitamente defenderíamos’ y le voy a mencionar uno, el abogado, Edgar Ardila, otro es el doctor Germán Muñoz. Me han llamado a decirme que acompañarían a esos ciudadanos. A través de mi whatsapp me han escrito de bufetes de abogados de Bogotá, expresándome que también acompañarían a la gente. Lo que debe quedar es la sensación de que los ciudadanos no están solos; los ciudadanos necesitan sentirse respaldados para entregar información y denunciar”.

Sin embargo, en detalle, Zuluaga no aclaró de qué manera llevaría a la realidad este propósito y tras este análisis concluimos que la propuesta del Gobernador del Meta es cuestionable porque no están claros los mecanismos a través de los cuales se haría el apoyo jurídico y porque además no es posible usar recursos públicos para tal propósito.

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Domingo, 16 Abril 2017

El Fiscal y Claudia López, rajados al hablar de impunidad en Colombia

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Ambas figuras públicas dicen que este flagelo alcanza cifras entre el 98% y el 99%. Colombiacheck verificó y encontró que si bien nuestro país figura en los primeros lugares del escalafón mundial, esas cifras no son exactas y fomentan que la gente no denuncie.

Se anunció la visita del papa Francisco a Colombia y ello le sirvió a varios políticos para proponer una Ley del Jubileo, idea de varios congresistas que básicamente busca reducir las penas y sacar de la cárcel a distintas personas que se encuentran en prisión por diversos delitos.

La iniciativa no cayó bien por el lado de Claudia López, senadora y precandidata presidencial por el partido Alianza Verde, quien expresó su inconformidad por la iniciativa por Twitter, red social donde es bastante prolífica.

 

 

Desde el pasado 24 de marzo Colombiacheck buscó a la senadora López para saber el origen de la cifra pero nunca pudimos conocer de dónde sacó ese dato. Su oficina de prensa y ella misma, a pesar de conocer el requerimiento de Colombiacheck, nunca contestaron nuestras solicitudes.

Colombiacheck emprendió el camino para comprobar la veracidad del dato y encontró que la misma cifra fue repetida por Néstor Humberto Martínez, nada más ni nada menos que durante su posesión como Fiscal General de la Nación en agosto de 2016, “la impunidad ronda por el 99%”, dijo en su momento (ver minuto 05:20). Es decir, nuestro chequeo ya no era solo a la congresista del partido Alianza Verde sino también a un alto funcionario del Estado, como el Fiscal General.

Entre los documentos revisados para este chequeo, encontramos un estudio académico de la actual viceministra de Defensa, Mariana Martínez Cuéllar, y de la hoy profesora en la Universidad de Miami, Elvira María Restrepo, quien además es asesora en pedagogía de paz del presidente Juan Manuel Santos.

En coautoría Martínez y Restrepo publicaron en 2004 “Impunidad Penal: Mitos y Realidades”, un estudio de tesis doctoral de la Universidad de los Andes en el que cuestionaron sin tregua la cifra de 90% a 99% de impunidad que frecuentemente se repite en la opinión pública.

Uno de los fragmentos iniciales de aquella investigación dice: “El tema de la impunidad se ha manejado tradicionalmente en Colombia a través de cifras que provienen de encuestas de percepción que sugieren niveles de impunidad del orden del 90% a 99%. Estas cifras son mitos pues como se mostrará en este documento, hoy por hoy es casi imposible saber cuál es la verdadera magnitud de este fenómeno, de ahí que sean mitos. Además son cifras peligrosas, porque en últimas generan más impunidad dado que alejan a las personas de acudir a la justicia y colaborar con ella”.

Cualquier desprevenido podría argumentar que el estudio no tiene vigencia debido a que fue realizado hace casi 13 años. Sin embargo, en su momento tanto Martínez como Restrepo señalaron los errores metodológicos que terminan haciendo llegar a la conclusión de una impunidad entre el 90% ó 99%, el método embudo, el mismo método que se sigue empleando en la actualidad.

Esta metodología consiste en que se toma en cuenta los datos de delitos cometidos que reporta el Dane y eso se compara con el número de sentencias condenatorias. Esa misma metodología la usó Martínez en su posesión como Fiscal para anunciar la cifra de impunidad cercana al 99%.

“La encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Dane en 2015, estableció que la criminalidad oculta en Colombia asciende al 76%. Es decir, los colombianos solo denuncian 24 de cada 100 delitos”, dijo el Fiscal y agregó: “Extrapolando el número de denuncias recibidas el año anterior, con base en la tasa de criminalidad negra, en el 2015 se habrían cometido en el país 3.5 millones de delitos. Las 51.000 condenas proferidas, representan escasamente el 1,4% de los mismos. Lo que quiere decir que la impunidad en Colombia ronda por el 99%”.

Embudo con salida a la impunidad

En su investigación Martínez y Restrepo demuestra la inconveniencia de tomar los delitos reportados por el Dane y compararlos con sentencias condenatorias para concluir una cifra de impunidad por varias razones.

En primer lugar porque los delitos publicados por el Dane son los denominados “cifra negra”, es decir, los delitos que se cometen pero nunca llegan al sistema penal porque no son denunciados. ¿Cómo puede la justicia responder por lo que no se denuncia?

“Es prácticamente imposible que este tipo de impunidad sea responsabilidad del sistema penal”, sostiene la página tres de la investigación doctoral y lo reafirmó la misma Elvira María Restrepo, 13 años después, en entrevista con Colombiacheck, “no se puede juzgar la impunidad por lo que no llega al sistema”.

La investigación en su página cuatro señala que “hay que diferenciar entre el crimen reportado o conocido por las autoridades, y la cifra negra o criminalidad oculta” a la hora de hablar de impunidad. Algo que palpablemente no hace el Dane, la fuente que usó el Fiscal General.

Respecto al hecho de solo tomar sentencias condenatorias para medir la impunidad, la investigación también hace un llamado a la cordura y explica que las sentencias condenatorias no son el único mecanismo indicativo para medir la impunidad.

En referencia a las sentencias condenatorias dice que “tampoco tiene en cuenta los diferentes tipos de terminación de los procesos que no siempre pueden definirse como impunidad, tales como las preclusiones por inexistencia del delito y otros aspectos”. En referencia al tema, Restrepo explicó a Colombiacheck que hay una cantidad de autos inhibitorios (terminación de procesos penales) que se dan porque las personas no aportan pruebas o simplemente dejan ‘morir’ los procesos.

Para lograr más luces frente al tema, este medio contactó a Sergio Chaparro Hernández, investigador del Colectivo Latinoamericano de Estudios de Drogas y Derecho, quien explicó cómo podría ser una adecuada medición de la impunidad que en todo caso no resulta una tarea sencilla.

Según Chaparro Hernández, lo primero que habría que hacer es tener en cuenta “el nivel de subregistro de denuncias para calcular el universo posible de delitos cometidos. Segundo, con base en eso tendría que tener en cuenta que el sistema judicial puede tener distintos tipos de cierre de los casos y que no necesariamente el hecho de tener una sentencia condenatoria significa que haya impunidad”, aclaró Chaparro, quien afirmó que esto sería solo el inicio de una extensa y compleja metodología para medir la impunidad.

El investigador fue más allá y manifestó que “lo que los políticos hacen es tomar las cifras que ven en los medios como cifras correctas y no entran a preguntarse cuál es el proceso de producción de esas cifras. Una vez que salen a medios se convierte en una especie de caja negra que los políticos dan por verdadero. Yo diría que no es producto de un estudio riguroso (la cifra del 98% y 99%) aunque sin duda los niveles de impunidad en Colombia son muy altos”.

Para tener un dato mucho más riguroso en cuanto a la impunidad, Colombiacheck tuvo acceso a Índice Global de Impunidad México 2016 de la Universidad de las Américas Puebla. La investigación hace una escala del nivel de impunidad en 59 países, explica en qué consiste el índice y también sin vacilaciones critica el método embudo.

“Es un índice compuesto y complejo. Compuesto porque incluye información de tres dimensiones distintas que construyen la cadena de impunidad: delitos no denunciados (cifra negra), así como el funcionamiento y capacidades de los sistemas de seguridad y justicia. Es un índice complejo porque es un modelo econométrico de 19 variables. Para nosotros la impunidad debe ser explicada en su complejidad y no simplemente por el cociente que resulta al dividir delitos cometidos entre sentencias condenatorias”, manifiesta la investigación en la página trece.

En su página 23 el índice de la Universidad de la Américas Puebla muestra que Colombia ocupa el deshonroso tercer lugar de países con mayor impunidad, posición que solo superan Filipinas y México. Es decir, sí es importante hacer énfasis en que el país tiene problemas de impunidad, lo que pasa es que el diagnóstico debe hacerse con mayor rigurosidad y no basado en mitos que desinforman.

En referencia a cifras de impunidad de 99% o similares, las investigadoras Martínez y Restrepo señalaron en sus 37 páginas de tesis doctoral, la inconveniencia de hablar de cifras de ese calibre, además, señalaron los diferentes tipos de impunidad que existen en el sistema judicial colombiano.

Una de las conclusiones de la investigación es que el tipo de datos obtenidos con el método del embudo sobre impunidad “podrían ser verdad o simplemente mitos peligrosos”, pero no son comprobados. Esa fue la principal alerta que las investigadoras hicieron hace 13 años pero que ni la senadora López, ni el fiscal Martínez tuvieron en cuenta para que sus trinos y discursos sobre el tema fueran exactos y, sobre todo, responsables frente a los colombianos quienes los reconocen como líderes y orientadores de la opinión pública.