Pasar al contenido principal

Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable Cuestionable

Cuestionable

Jueves, 01 Octubre 2020

La cuestionable iniciativa del Gobernador del Meta contra la delincuencia

Por Mónica Ospino Orozco

La propuesta del Gobernador del Meta de prestar asesoría jurídica a los ciudadanos que respondan al ataque de un delincuente no puede ser pagada con recursos públicos. Él asegura, sin embargo, que hay abogados que le han ofrecido sus servicios gratuitamente.

Hace unos días el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, aseguró en este trino desde su cuenta de Twitter @JuanGZuluaga que “¡Los ciudadanos no están solos! Si en circunstancias específicas una persona se ve en la necesidad de proteger su vida y responder ante un ataque de delincuentes, o es testigo de algún atraco o robo, en @GobMeta le prestaremos todo el apoyo jurídico para hacer valer sus derechos”.

El anuncio lo ratificó también en una rueda de prensa en la que participaron los comandantes regionales de la Policía y el Ejército. Allí sostuvo “Si yo veo que unos delincuentes están cometiendo un delito y yo con mi carro los tumbo sin poner en riesgo mi vida y si una persona reacciona como yo reaccionaría, a esa persona le ofreceríamos apoyo y la asesoría de un equipo jurídico para que vuelva a hacer valer sus derechos”, así quedó registrado en esta nota del diario El Tiempo.

Sin embargo, verificamos que la propuesta del Gobernador no tiene sustento jurídico alguno pues, de acuerdo con la abogada, especialista en derecho administrativo y ex secretaria de Seguridad y Justicia de Cali, María Ximena Román, “los recursos públicos se tienen que destinar para lo que está permitido por la ley y por los presupuestos de la entidad. Estos recursos son para inversión y funcionamiento de la entidad y no para atender asuntos de interés directo de particulares”.

La profesional del derecho asegura que esto tiene como base el decreto 111 de 1996 que compila las normas de las leyes que establecen el Estatuto Orgánico de Presupuesto, que es aplicable a los entes territoriales como las gobernaciones y además el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia en el que se consignan las funciones de los gobernadores.

Este artículo, detalla en su numeral 4 que el gobernador debe “presentar oportunamente a la asamblea departamental los proyectos de ordenanza sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual de rentas y gastos”.

“La primera consideración es que no se puede hacer ninguna erogación con cargo al erario que vaya destinada a pagar la defensa de un particular y después es que el destino de los recursos públicos tiene que ser direccionado a través de los proyectos que se presentan en el presupuesto que anualmente aprueba la Asamblea Departamental, en el marco del plan de desarrollo de cada departamento”, agregó Román.

Caso distinto es el de los servidores públicos “en este caso los entes territoriales pueden constituir una póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual servidor público, a través de la cual, por el ejercicio de sus funciones si los servidores públicos tiene que defenderse en un proceso penal disciplinario o de responsabilidad fiscal, a través de esa póliza pagan los honorarios del abogado”, aclaró la abogada María Ximena Román.

El mismo análisis hace Alejandro Becker, profesional en Gobierno y Relaciones Públicas de la Universidad Externado con maestría en Gerencia Pública de la Universidad de Potsdam, “En caso de que la Gobernación de Meta tuviera esa función, que no creo que la tenga, habría que establecer por vía de la Asamblea Departamental, una entidad que tenga esa tarea específica de la defensa jurídica del particular. Pero lo grave de todo es que constitucionalmente está blindada la protección de la vida de los demás por encima de cualquier cosa”.

Becker, añade que “en casos en los que un ciudadano recurre a la justicia por mano propia, es únicamente cuando se demuestra que fue en defensa propia, que estaba en riesgo su vida, así que cualquier ciudadano no puede ver un delincuente en la calle y atropellarlo o cobrarle con su vida, es un principio por excelencia de las sociedades civilizadas. Esto no es una función del Gobernador consagrada en la Constitución del Gobernador. No puede haber justicia por mano propia”.

Adicionalmente, la Constitución consagra en el artículo 118 quiénes ejercen el Ministerio Público en Colombia son el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo y en el artículo 282 en el que se definen las funciones del Defensor del Pueblo, en el numeral 4 se establece que este deberá “Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley”.

“Es la Defensoría la que tiene a cargo el apoyo a la defensa jurídica de particulares cuando el particular no tiene los medios para financiarla. Entonces el señor Gobernador del Meta está usurpando funciones que le corresponden a entidades autónomas del Estado colombiano”, puntualizó Alejandro Becker.

 “No me arrepiento”

Posteriormente a las declaraciones que Zuluaga dio en la rueda de prensa ya mencionada y en su trino, en esta entrevista con el Periódico del Meta dijo no arrepentirse de su propuesta y aclaró los términos de la misma. 

“No, de ninguna manera, no me arrepiento, eso es lo que yo siento. Además le digo una cosa, yo no estoy invitando a que los ciudadanos tomen justicia por mano propia. Lo que yo he dicho es que si yo voy en mi carro y veo unos delincuentes que están atracando a una persona y tengo la posibilidad de hacer algo, si con mi carro puedo hacer caer a los delincuentes de la moto para que los capturen, yo lo haría. Y también he dicho que si las personas o alguna persona se ve involucrada en una situación de éstas y necesita acompañamiento jurídico, también le ofrecemos el acompañamiento jurídico. Porque no puede ser que los delincuentes si tengan quien los defienda y los ciudadanos no”.

Contactamos al equipo de prensa del gobernador Juan Guillermo Zuluaga que nos aseguró que aunque aún no hay avances en la propuesta, “el tema sigue vigente”. 

Asimismo su equipo nos aseguró que en las declaraciones que le dio, de nuevo al Periodico del Meta, el gobernador precisó cómo llevaría a cabo ese “acompañamiento jurídico”: Ya hay varios abogados que amablemente me han dicho ‘gratuitamente defenderíamos’ y le voy a mencionar uno, el abogado, Edgar Ardila, otro es el doctor Germán Muñoz. Me han llamado a decirme que acompañarían a esos ciudadanos. A través de mi whatsapp me han escrito de bufetes de abogados de Bogotá, expresándome que también acompañarían a la gente. Lo que debe quedar es la sensación de que los ciudadanos no están solos; los ciudadanos necesitan sentirse respaldados para entregar información y denunciar”.

Sin embargo, en detalle, Zuluaga no aclaró de qué manera llevaría a la realidad este propósito y tras este análisis concluimos que la propuesta del Gobernador del Meta es cuestionable porque no están claros los mecanismos a través de los cuales se haría el apoyo jurídico y porque además no es posible usar recursos públicos para tal propósito.

Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero... Verdadero pero...

Verdadero pero...

Domingo, 05 Marzo 2017

“Lo acordado con las Farc permite que muchos casos ya fallados sean considerados por la JEP”

Por Sania Salazar

La frase de Diego Palacio, exministro de Protección social de Álvaro Uribe es cierta, lo que hay que aclarar es que esa revisión se limita solo a casos relacionados con el conflicto. En el caso de los fallos de la Corte Suprema de Justicia, como el de Palacio, hay una restricción adicional.

El exministro de Protección social, Diego Palacio Betancourt, condenado por el delito de cohecho en el famoso caso conocido como la Yidispolítica, aseguró que si veía garantías se acogería a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hay voces que dicen que podría hacerlo y otras que critican la intención porque dicen que es forzado relacionar su caso directamente con el conflicto armado.

¿Pero el Acuerdo Final entre Gobierno y Farc permite que la JEP revise casos resueltos?

“Jurídicamente, lo acordado con las Farc permite que muchos de los casos ya fallados sean considerados por la JEP”, le dijo Palacio Betancourt a la Revista Semana en una entrevista.

Después de revisar documentos y contrastar fuentes Colombiacheck califica la afirmación como aproximada, porque es cierto que habrá una sección de revisión de sentencias, pero hay restricciones, es decir, revisarán casos muy puntuales relacionados con el conflicto armado.

Colombiacheck revisó el Acuerdo Final y encontró que el Tribunal para la Paz tendrá una “sección de revisión de sentencias, con la función de revisar las proferidas por la justicia, de conformidad con lo establecido en el numeral 58. A petición del sancionado, recibirá los casos ya juzgados por órganos jurisdiccionales o sancionados por la Procuraduría o la Contraloría, siempre que no vayan a ser objeto de amnistía o indulto”.

Pero en el numeral 58, literal C, dice que “la Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta la definición de quiénes son combatientes según el DIH, podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Palacio cumple una condena de seis años de cárcel ratificada, precisamente, por la Corte Suprema de Justicia por ofrecerles dádivas a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño, en ese entonces congresistas, para que votaran a favor de la reelección presidencial. Esa reforma constitucional la impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe, quien buscaba la posibilidad de su reelección. Finalmente la reforma se aprobó y Uribe fue elegido por segunda vez consecutiva como Presidente.

Sería entonces la Corte Suprema la encargada de revisar el fallo, pero es claro que a Palacio no lo condenaron por un delito relacionado con la calidad de combatiente, así que esa precisión del numeral 58 sería un obstáculo para las pretensiones del exministro.

En la entrevista Palacio argumenta que la relación de su caso con el conflicto armado es la justificación de la reelección de Álvaro Uribe. “Lo que se reeligió con él fue la seguridad democrática, que fue concebida como una política de Estado para acabar con las Farc. Ese argumento de partida demuestra que en mi caso entrar a la JEP es posible”, aseguró.

 

Opiniones

Enrique Santiago, asesor jurídico de las Farc, en conversación con RCN Radio, dijo que si los hechos por los que condenaron a Palacio y a otros interesados en someterse a la JEP están relacionados con el conflicto, la jurisdicción sería competente, “por el contrario, si estos hechos no tienen relación directa o indirecta con el conflicto, la jurisdicción no será competente, quién va a decidir esto, pues la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, los jueces de esta jurisdicción, cuando esté funcionando, examinarán las solicitudes de comparecencia”.

Santiago resaltó que le parece sumamente interesante que estas personas tengan una voluntad de ofrecer una verdad detallada, completa y exhaustiva, que es el requisito esencial para comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero añadió: “también les digo que la Jurisdicción está diseñada para que aquel que no ofrezca esa verdad completa y exhaustiva no pueda optar a las sanciones que se contemplan. “Si alguien tuviera en la cabeza simplemente acudir a la JEP para intentar obtener una rebaja de condena que le hubiera puesto la jurisdicción ordinaria, francamente, tendría muy poco éxito”, sentenció.

El Acuerdo Final es claro en que una de las funciones de la sección de revisión del Tribunal para la Paz es “a petición del condenado, revisar las sentencias proferidas por la justicia por: variación de la calificación jurídica conforme a lo establecido en el numeral 19; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas con ocasión del conflicto y en relación con este, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema”.

Quienes cumplan algunas de estas características podrán aspirar a que revisen su caso, la pregunta que queda es si Palacio logrará que la JEP revise su caso y cuáles serán las consecuencias para el proceso si eso pasa, pues sería un precedente para que bajo argucias legales muchos otros quieran beneficiarse.