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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.

 

Miércoles, 12 Julio 2017

¿Hubo compromiso de entrega de bienes en el acuerdo con las AUC?

Por Paula Vásquez

En el caso de las AUC la entrega de bienes fue una condición que se introdujo por la vía jurídica.

Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, sostuvo un debate con la representante a la Cámara María Fernanda Cabal en la W Radio acerca de los cambios que haría el Partido Centro Democrático, al que pertenece Cabal, si ganan las elecciones presidenciales de 2018.

Los congresistas hablaban del manejo del dinero y los bienes que debe entregar las Farc y en ese momento Cepeda le dijo a Cabal: “Los gobiernos del presidente Álvaro Uribe hicieron una especie de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ¿hubo algún compromiso de entrega de bienes en ese acuerdo? la verdad es que no”.

Colombiacheck habló con el senador Cepeda quien nos dijo que su afirmación se basaba en la realidad. “En el proceso que hicieron entre 2003 y 2010 los gobiernos de Álvaro Uribe y las AUC, no hubo ningún compromiso sobre entrega de bienes, el resultado es que la reparación de las víctimas de los paramilitares ha sido totalmente insuficiente, en materia de justicia hubo muy pocas decisiones judiciales”.

“No hubo ningún pacto en el que voluntariamente entregaran bienes, el proceso de la Ley 975 (o de Justicia y Paz), no fue producto de un pacto entre el gobierno y los paramilitares, sino que fue un proceso muy accidentado que hubo en el Congreso y que modificó sensiblemente la Corte Constitucional, hay decisiones judiciales en las que se impone como castigo o sanción la reparación de las víctimas, ahora, esa reparación ha sido realmente insignificante”, precisó el senador.

Después de hablar con Cepeda, de revisar el proceso de desmovilización de las AUC y la Ley de Justicia y Paz que reglamentó dicho proceso y de comparar los dos acuerdos a los que se llegó con las Farc, Colombiacheck califica la afirmación como aproximada.

Si bien en el caso de las Autodefensas es verdad que la entrega de bienes se introdujo por vía legal. En el caso de las Farc estaba de manera muy general en el primer Acuerdo, pero en el documento final que se está implementando se debieron hacer precisiones respecto a ese compromiso y las Farc debieron comprometerse públicamente.

El proceso con las AUC

La ley tuvo tres momentos, el primero fue el proyecto de ley 180 del 2004 presentado por Luis Carlos Restrepo (Comisionado de paz del momento) en la que no se menciona el destino de los bienes de las AUC. El segundo momento es la Ley 975 aprobada por el Congreso, en la que está estipulado que tanto para la desmovilización colectiva como para la individual uno de los requisitos era la entrega de “los bienes producto de la actividad ilegal”. En esa ley basa Cepeda su afirmación.

El tercer momento es el fallo de la Corte Constitucional en 2006 por medio de la sentencia C-370 en el que se habla de una reparación obligatoria para las víctimas con bienes tanto ilícitos como lícitos.

epeda dice que la diferencia del proceso con las Farc es que el grupo guerrillero se comprometió voluntariamente a entregar dinero y bienes.

Comparamos el Acuerdo inicial con las Farc y el Acuerdo Final. Si bien en el que se firmó el 26 de septiembre en Cartagena la guerrilla se comprometía a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”, después de la negociación con los voceros de las campañas que pedían revisar y modificar el Acuerdo, se introdujeron precisiones respecto a cómo y cuándo las Farc entregaría el inventario de sus bienes.

Un día antes del plebiscito las Farc anunció expresamente que entregarían sus bienes para reparar a las víctimas.

Miradas

El especial realizado por Verdad Abierta en 2015 ¿Qué nos dejan 10 años de Justicia y Paz? indica que uno de los fracasos inminentes de esta negociación fue la entrega de bienes, pues “solo el 6% del dinero para reparar las víctimas ha sido de los paramilitares”.

Ivonne Rodríguez, periodista de ese medio, explica que el proceso de Justicia y Paz permitió la desmovilización de unos 30 mil paramilitares en todo el territorio nacional, de los cuales 3 mil fueron a la cárcel. Para no perder los beneficios de este tipo de justicia transicional, que propuso entre cinco y máximo ocho años de cárcel, los postulados a esta Ley debían cumplir con varios requisitos, entre ellos confesar los crímenes, no seguir delinquiendo y entregar todos los bienes que adquirieron en la legalidad y la ilegalidad para reparar a las víctimas del conflicto armado. Así que la entrega de bienes era una exigencia contemplada en la Ley.

Sin embargo, “lo que pasó en la aplicación de la Ley es que el Estado no fue eficiente en administrar los bienes entregados por los paramilitares. Y también faltó más investigación para saber si estaban ocultando otros, como lo ha venido descubriendo el siguiente proceso de justicia transicional, el de Restitución de Tierras”, afirma Rodríguez.

El investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, Carlos Montoya, aseguró que la desmovilización de las AUC fue un ejercicio que partió de lo que cada bloque iba entregando. Dichas entregas podían ser en especie, “hay historias como por ejemplo que Mancuso entregó unas reses que se adelgazaron y murieron, también de casas, carros, además muchos de los bienes entregados no se han podido vender para la reparación de víctimas”.

¿Es válida la comparación?

Según el senador Cepeda, sí vale la pena comparar el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc con la negociación de las AUC y con todos los procesos que ha habido en Colombia y en el mundo. Ya que “solamente a través de la comparación sabemos realmente hasta donde se están cumpliendo medidas que pueden ser satisfactorias e importantes para el país”.

Es importante aclarar que esta es la primera ley en proponer la entrega de bienes para reparar víctimas.

Álvaro Villarraga, director del programa Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), dice que aunque los procesos de las Farc y las AUC son de diferentes naturalezas, se deben tener en cuenta para evitar volver a caer en los errores que se cometieron durante el proceso de reintegración de los paramilitares.