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Verdadero pero...

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.

 

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Miércoles, 14 Junio 2017

Rafael Nieto, enredado al hablar de la financiación del partido de las Farc

Por Paula Vásquez

Bastante imprecisas resultaron las afirmaciones lanzadas por el precandidato presidencial del Centro Democrático cuando aseveró que las Farc tendrán ventaja sobre los demás partidos políticos del país en las elecciones de 2018.

Rafael Nieto Loaiza, quien fue viceministro de Justicia de Álvaro Uribe y ahora está en la lista de precandidatos presidenciales del Centro Democrático, aprovechó su participación en la celebración del cumpleaños de Cartagena para hablar sobre la financiación del partido político que surja luego de la desmovilización de la guerrilla de las Farc.

 

 

Colombiacheck habló con Nieto, quien argumentó su trino diciendo que, “lo que dice el Acuerdo es que las Farc van a recibir financiación estatal sin haber sacado un solo voto, el promedio de lo que reciben todos los partidos políticos más un 5% adicional para su centro de pensamiento, y más un 5% adicional para la difusión de sus ideas, eso te da un 10% más. Es decir, reciben "el promedio" más un 10% adicional. De manera que las Farc van a recibir más financiación estatal que cualquiera de los partidos políticos hoy y más que varios de ellos juntos”.

La frase de Nieto tiene dos afirmaciones, la primera, que “las Farc harán política con la financiación privilegiada del Estado” y la segunda, que “las Farc harán política con dineros ilícitos”.

Luego de revisar el Acuerdo Final y de consultar varias fuentes expertas en el tema, calificamos de engañosas las afirmaciones de NIeto porque omite detalles necesarios para entender el tema y porque se aventura a pronosticar hechos que no hay cómo determinar que pasarán o no.

El primer paso en la ruta de este chequeo fue revisar el Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc, donde quedó pactado que: “con el fin de contribuir a la financiación del Centro de pensamiento y formación política (3.2.2.2), así como a la difusión y divulgación de su plataforma ideológica y programática, se le asignará una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos entre la fecha del registro y el 19 de julio de 2022”.

El Acuerdo no habla de los porcentajes a los que se refirió Nieto al explicar la fuente en la que basó su afirmación inicial.

Además, el Acuerdo aclara que esta medida obedece al objetivo de facilitar el tránsito de esa guerrilla a la actividad política legal y que lo que recibirá este grupo es “una suma equivalente al promedio que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones previas a la firma del Acuerdo Final”. En el documento se resalta también que el uso de esos recursos será acorde con las reglas que aplican a los partidos y movimientos políticos en Colombia.

Colombiacheck consultó a Álvaro Campos, del Fondo de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral, quien aclaró que el 7% del presupuesto que se entregará a las Farc sale del presupuesto general para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y que el resto de los partidos se seguirán rigiendo por la Ley 1475 del 2011, la cual señala que dependiendo de la cantidad de congresistas y senadores que logre cada partido, se le asignará una cantidad de dinero.

Elisabeth Ungar, hasta hace poco directora de Transparencia por Colombia y quien ahora estará al frente de la Misión Electoral Especial pactada en la mesa de la Habana, explicó que si bien esa financiación inicial para las Farc sí puede ser mayor, va a ser por solo dos periodos.

“Ellos nunca han hecho política, ese es el argumento que se está utilizando, numéricamente sí es mayor, pero ahí la discusión es el costo que tiene hacer el tránsito de la política con armas a la política electoral”, precisó Ungar, quien recordó que los partidos políticos también reciben unos montos importantes para su funcionamiento y que en la propuesta de reforma política que está estudiando el Congreso todos los partidos recibirán más financiación.

“El costo para el país de una guerrilla de 7.000 hombres en armas, lo que eso genera en muertos, en heridos, en destrucción física, en pérdida de legitimidad de las instituciones, porque esto no es cuantificable en términos de recursos, es infinitamente menor a lo que equivale ese 7%”, agregó Ungar.

Sobre la afirmación de Nieto que indica que las Farc harán política con dineros adquiridos ilícitamente Ungar recordó que ese debate lo inició el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, por el decreto 903 que expidió el Gobierno. “El fiscal dice que eso va a suceder, el Gobierno insiste en que no va a ser así, es decir, que la guerrilla va a entregar todos los bienes y no va a hacer política con esos recursos, es una especulación decir que eso va a suceder, no es lo que está previsto en los acuerdos no en la normatividad”, concluyó.

El Presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Alexánder Vega, dijo que en el caso de que las Farc se queden con dineros obtenidos de manera ilegal tendrán que responder ante las autoridades. “Una vez se legalicen, las Farc no podrán quedarse con ningún bien de origen ilícito para financiar su partido, porque tendrán las mismas obligaciones de los partidos legales y por lo tanto serán sometidos a sanciones si se les comprueba que han tenido ingresos ilegales”, aseguró.

Anunció que la entidad ya tiene el presupuesto para la financiación del partido político que conformen las Farc, cuando se desmovilicen. $1.866 millones para funcionamiento y $1.698 millones para financiar el Centro de Pensamiento.

Otras imprecisiones de Nieto

Al preguntarle al precandidato presidencial en qué fuente basó su afirmación, Nieto justificó su frase en otro par de argumentos que no son del todo ciertos: Uno de ellos, es que a la fuente directa del Estado se suma la posibilidad de participar activamente en la definición de los presupuestos y las obras que se ejecutarán en los programas especiales de desarrollo territorial y que además hay un conjunto de “incentivos perversos” en el Acuerdo: “como que los amnistiados puedan esconder bienes y que no habrá sanciones para quienes oculten esos dineros o bienes ilícitos”.

Nieto se refiere a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, que se pactaron entre Gobierno y Farc y que según el documento, serán el mecanismo de ejecución de los planes nacionales que se derivan del Acuerdo en las zonas priorizadas. En resumen, serán los planes que desarrollen obras de infraestructura en el campo para mejorar las condiciones de vida en zonas alejadas del país, a través de la construcción de obras como acueductos, alcantarillados, vías e infraestructura.

El Acuerdo especifica que los Pdet tendrán una participación activa de las comunidades, en conjunto con las entidades territoriales para lograr la integración de regiones abandonadas y golpeadas por el conflicto. Estos programas serán elegidos bajo los criterios de niveles de pobreza, grado afectación del conflicto, presencia de cultivos ilícitos y debilidad administrativa, entre otros criterios.

Colombiacheck no encontró ninguna fuente que apoyara la afirmación de Nieto, pues como explicamos, la elección de los lugares donde se van a realizar los Pdet tienen ciertas características, sin embargo, lo que sí explica el Acuerdo es que el seguimiento y evaluación de estos planes hará parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (Csivi), que está compuesta por tres integrantes del Gobierno y tres integrantes de las Farc.