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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.

 

Viernes, 31 Mayo 2019

Cadena de Whatsapp desinforma sobre cumplimiento de las partes en acuerdo de paz

Por Sania Salazar

No es cierto que el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, que le hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, le otorgue porcentajes de cumplimiento a cada una de las partes firmantes del mismo.

Circula una cadena de Whatsapp que asegura: “el informe de cumplimiento de acuerdos: El Gobierno incumplió el 90% de los acuerdos, las Farc cumplieron al 90%. Universidad de Notre Dame”.

Cadena de Whatsapp

Después de revisar varias fuentes, Colombiacheck califica la afirmación como falsa, pues el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, EE.UU., que efectivamente hace seguimiento a la implementación del Acuerdo Final en Colombia, no otorga porcentajes al cumplimiento de las partes firmantes del Acuerdo. Lo que hace es evaluar el avance de los compromisos pactados.

Hay que recordar que en el Punto 6 del Acuerdo Final firmado en La Habana por el Gobierno y la exguerrilla de las Farc se pactó la creación de un mecanismo de verificación con un componente internacional para comprobar el estado y avances de la implementación del Acuerdo, que además debe “identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación”.

El Instituto Kroc hace parte de ese mecanismo, en el que le quedaron encargadas las tareas de diseñar la metodología para identificar los avances de los acuerdos “que permita medir el cumplimiento de los acuerdos, lo suficientemente preciso y que permita en tiempo real, la toma de decisiones y los ajustes, todo ello en el marco de una lógica de mejoramiento continuo de las capacidades de ejecución en la construcción de la paz”.

David Huey, representante del Instituto Kroc en Colombia, le explicó a Colombiacheck que la metodología consiste en asignarle categorías de cumplimiento a cada punto pactado en el Acuerdo, “cero” para lo que no ha arrancado, “uno” para lo que está en marcha y “tres” para lo completado. “Eso es generalmente objetivo, pero hay algo de subjetividad de los analistas en Estados Unidos de cuando una disposición ha pasado de una categoría a otra, pero hay toda una metodología rigurosa y justificada cuando una disposición se gradúa de una categoría a otra”.  

Huey indicó que se trata de un ejercicio técnico y académico que no evalúa las partes, porque no les parece constructivo y porque polarizaría el debate alrededor de la implementación, lo que evalúan es si los acuerdos se implementan o no.

“Lo que nos interesa es, de manera muy objetiva, tener una metodología en la cual todo el mundo pueda confiar, aunque nada es ciento por ciento perfecto, pero la rigurosidad académica es lo que genera la garantía de la objetividad del ejercicio, por ende nunca haríamos ese tipo de calificación al que se refiere la cadena de Whatsapp”, indicó Huey.

El representante del Instituto Kroc en Colombia concluyó que es demasiado simplista sacar conclusiones como las del mensaje de Whatsapp porque un acuerdo de paz tiene fases, responsabilidades mutuas porque un actor puede cumplir rápidamente muchas disposiciones porque le compete en esa fase del proceso y otro tiene la responsabilidad a largo plazo.

El Instituto saca un informe anual sobre el estado de la implementación en el que presenta porcentajes que muestran el nivel de avance de los compromisos. En el más reciente se puede ver cómo presentan los resultados. Según ese informe, al 30 de noviembre de 2018, de las 578 disposiciones a las que le hacen seguimiento, 391 (68%) están en algún nivel de implementación.

Instituto Kroc


Este gráfico presenta el estado de la implementación a noviembre de 2018. “El 23% de los compromisos se han implementado completamente, el 12% tiene un nivel de avance intermedio, y un 33% tiene un nivel de avance mínimo. En síntesis, el 68% de los compromisos del Acuerdo Final se encuentran en algún nivel de implementación—mínima, intermedia o completa”, indica el informe.

Instituto Kroc

En este gráfico muestran el estado de la implementación según cada punto del Acuerdo. Según Kroc, desde diciembre de 2016 los mayores avances en términos de implementación completa se continúan observando en el Punto 3 (Fin del Conflicto) y el Punto 6 (Implementación, Verificación y Refrendación). Los niveles más bajos de implementación completa se evidencian en el Punto 1 (Reforma Rural Integral) y el Punto 4 (Solución al problema de las drogas ilícitas). Así mismo, los niveles más altos de implementación no iniciada, es decir, compromisos que a la fecha no han iniciado su implementación, se encuentran en el Punto 2 (Participación Política) y el Punto 5 (Acuerdo sobre las víctimas del conflicto).

En el Instituto Kroc resaltaron que si bien son la instancia acordada por las partes como componente técnico de verificación de la implementación son totalmente independientes.

*Foto tomada del Facebook de la Oficina del Alto Comisionado para la paz.