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Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.

 

Lunes, 25 Junio 2018

“Corte Penal Internacional puede intervenir si JEP no arranca”:Congresista Penagos

Por Sania Salazar

Como lo dice el representante a la Cámara del partido de la U, es cierto que la Corte Penal Internacional puede intervenir en Colombia, pero no hay señales de que esa situación sea inminente, pues esa corte lo haría en el caso extremo de falta de justicia. Además, no hay términos de tiempo establecidos para dicha intervención internacional.

El Representante a la Cámara por Caldas, Hernán Penagos, llamó la atención en la W Radio sobre que una consecuencia de que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, no empiece a funcionar pronto sería que la Corte Penal Internacional, CPI, inicie las investigaciones judiciales.

 

 

 

Colombiacheck califica la afirmación como Inflada, pues hay que aclarar que si bien es cierto que la CPI tiene la competencia para intervenir en Colombia, la conclusión de la verificación que hicimos es que no hay motivos para pensar que esto sea inminente, pues esa corte actúa en casos extremos en los que pruebe que los Estados no tienen ni la capacidad ni la voluntad de impartir justicia, caso que todavía no es el de Colombia. Esta intervención no tiene términos de tiempo, es decir, no se sabe cuándo podría suceder. Además, de que la estrategia de la actual fiscal de la CPI en el caso de Colombia ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que impartan justicia, antes que actuar.

Penagos, quien habló del asunto en un debate sobre los problemas que se han dado en el Senado para aprobar la reglamentación de la JEP y por lo cual el Presidente Santos citó a sesiones extras, le dijo a Colombiacheck que no tiene claridad sobre cuándo podría intervenir la Corte Penal Internacional. El Representante recordó que hace varios meses la fiscal de ese organismo advirtió que si no se juzgaba a quienes habían cometido delitos relacionados con el conflicto se podía activar esa institución.

“Hoy lo que está ocurriendo es que la justicia ordinaria no puede investigar a nadie que haya cometido delitos relacionados con el conflicto llámese militares (entre quienes hay investigados por falsos positivos), guerrilleros o particulares porque esta competencia le fue asignada a la JEP. Si la Jurisdicción Especial para la Paz no se reglamenta y no inicia sus tareas, nos vamos a quedar sin juez para esas personas, lo que podría dar lugar a esa activación (de la CPI)”, explicó.

Penagos indicó que si la CPI interviene dejaría un claro mensaje al Estado colombiano de que no tiene la suficiente estructura jurídica para investigar y juzgar a sus ciudadanos, lo que, advirtió el representante, dejaría muy mal parado al país.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (tribunal de justicia internacional), en 2002, que entró en vigencia ese año para crímenes de lesa humanidad y genocidio.

En la mira por ejecuciones extrajudiciales

Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional, indicó que el riesgo más inminente de que la CPI haga una investigación en Colombia surge entorno a los casos de ejecuciones extrajudiciales, más conocidos como falsos positivos, algunos de los cuales podrán llegar a la JEP.

La Fiscalía de la Corte concluyó en 2012 que se habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad en Colombia en el contexto del conflicto armado, entre ellos, las ejecuciones extrajudiciales, recordó Vargas Niño.

El artículo 15 del Estatuto de Roma dice que la Fiscalía de la CPI puede iniciar una investigación de oficio basada en información sobre crímenes de competencia de esa Corte y que si encuentra fundamento, puede pedir un estudio a la Sala de Cuestiones Preliminares, que, finalmente, autoriza una investigación formal para definir si la Corte admite el caso para administrar justicia.

En Colombia no se ha abierto la investigación formal. Vargas Niño precisó que la etapa en la que se encuentra el examen preliminar en Colombia es, precisamente, en la que la CPI define si debe intervenir debido a que el Estado no tiene ni la voluntad ni la capacidad de impartir justicia.

“Sino se reglamentan rápido las normas de procedimiento de la JEP y si los militares deciden no someterse a este procedimiento especial la CPI bien podría determinar que no se están adelantando investigaciones a nivel nacional y por lo tanto admitiría el caso para investigarlo”, aseguró.

Vargas Niño aclaró que Colombia está en examen preliminar desde el 2004, pero que en 14 años no se ha decidido abrir una investigación formal, “por lo que es difícil determinar qué podría suceder en términos de una investigación de la CPI en caso de que la reglamentación de la JEP no sea adoptada con prontitud”.

Además, indicó que en Colombia lo que ha intentado hacer la fiscalía de la CPI antes que realizar ella misma las investigaciones que puedan conducir en un juicio en La Haya ha sido fortalecer las instituciones nacionales para que actúen, por lo que cree que la fiscal, Fatou Bensouda, continúe en esa lógica.

“En este momento la CPI está pasando por un situación muy difícil porque hay una enorme demanda de justicia en muchas situaciones en el mundo e iniciar una investigación en Colombia sería gastar recursos que la Fiscalía necesita ahora en otras partes en situaciones que tal vez son más urgentes en la medida en que los sistemas jurídicos de otros países no son tan maduros como el colombiano y que no podrían hacer las investigaciones y juicios que solicita la fiscalía bajo el Estatuto de Roma”, indicó Vargas Niño.

Aunque son casos muy distintos al colombiano, hay ejemplos como el de Georgia, que quiso investigar por su cuenta crímenes sucedidos en 2008, pero en 2016 se dio cuenta de la imposibilidad de acceder a testigos que estaban en Osetia del Sur, que en ese entonces, (y ahora), estaba bajo ocupación militar rusa. Por eso pidió la intervención de la CPI. En el caso de Kenia, las ONG locales y la comunidad internacional pidieron la intervención de la CPI, organismo que concluyó que en ausencia de investigaciones penales contra los seis individuos que tenían la mayor responsabilidad por crímenes de lesa humanidad decidió intervenir. La investigación formal inició dos años después de la solicitud. Vargas Niño resaltó que estos son solo casos de referencia, pues la situación colombiana debe entenderse en su contexto y no se parece en nada a las demás situaciones bajo examen preliminar o investigación formal de la CPI.

Para Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia, el temor del representante Penagos no es infundado en la medida en la que la Fiscalía de la CPI ha estado demasiado atenta a la situación de Colombia, pero, según ella esa intervención ocurriría en el caso de que la JEP no esté impartiendo justicia ni el Estado muestre voluntad de hacerlo. “La Fiscalía de la Corte interviene, en la última instancia, cuando el Estado no investiga ni demuestra voluntad para hacerlo, se ha agotado todo el chance en el caso interno y no hay ninguna muestra de que se atenderán los casos con seriedad”, indicó.

Güiza Gómez resaltó que demorar el funcionamiento de la JEP no solo le enviaría un mensaje a la CPI, si no también a la comunidad internacional pues la confianza para establecer relaciones internacionales con Colombia aumentó con el proceso de paz y si esa comunidad internacional evidencia que se deshonra la palabra empañada en el acuerdo de paz eso tendrá serias consecuencias en las relaciones internacionales del Estado y, en especial en materia inversionista, una de las políticas a las que más le ha dado trascendencia el presidente electo Iván Duque.

Para Vargas Niño, en todo caso, la mínima garantía para que la CPI no intervenga en Colombia es que la JEP funcione.

Conozca la ruta del chequeo
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    Frase: “Si la Jurisdicción Especial para la Paz no arranca su tarea de investigación y juzgamiento de quienes han cometido delitos relacionados con el conflicto tenemos un grave problema, que se puede activar la Corte Penal Internacional”.

    Autor de la frase: Hernán Penagos, representante a la Cámara del partido de la U

    Fuentes: Estatuto de Roma. Hernán Penagos. Santiago Vargas Niño, abogado, politólogo, experto en derecho penal internacional y exoficial legal asistente de la fiscal de la Corte Penal Internacional. Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora de Dejusticia.

    Calificación: Inflada