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Martes, 22 Octubre 2019

Las universidades públicas sí tienen que pagar fallos ‘contra la Nación’ desde hace 20 años

Por José Felipe Sarmiento

La norma aprobada en el Artículo 44 del Presupuesto General de la Nación para 2020 ha estado vigente desde el año 2000, excepto en 2006. Es más antigua incluso que lo que dice el Gobierno.

En los últimos días ha habido un revuelo en redes sociales debido a un artículo (el 44) dentro del recién aprobado Presupuesto General de la Nación para 2020, en el que se dice que las universidades públicas deben pagar las sentencias en contra del Estado.

Incluso el Sistema Universitario Estatal (SUE) alcanzó a emitir un comunicado en el que calificó como “absolutamente inconveniente [...] que dichos recursos deban pagar obligaciones generales en demandas contra la Nación”.

En medio de la polémica, comenzó a circular por WhatsApp una cadena que busca mostrar que esta decisión no es nueva al listar varias leyes de años anteriores en las que se incluye el mismo texto: “en virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992”.

Cadena de WhatsApp sobre el artículo 44 del presupuesto para 2020

La cadena, que llama la atención sobre lo antigua que es la norma, es verdadera. Colombiacheck lo comprobó al revisar todos los presupuestos desde 1997.

En efecto, tal como dice el mensaje, el polémico inciso es idéntico a los artículos 48 de los presupuestos para este año y el anterior. También al 53 para la vigencia de 2017, el 50 para 2016, el 52 para 2015, el 51 para 2014 y, de nuevo, el 52 para 2012.

La cadena se salta la de 2013, pero ahí también está. Además, apareció en las de 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007. Es decir que en 2020 serán 14 años consecutivos. El último presupuesto que no incluyó esa oración fue el de 2006.

En la plenaria de la Cámara del 18 de octubre de ese año, que le dio la aprobación definitiva al texto para la vigencia de 2007, el entonces representante Pedro Obando Ordóñez intervino para pedir la eliminación de ese artículo, que calificó como “un castigo a las universidades, el castigo de demandas que se hagan contra la Nación, las tienen que pagar las universidades y son demandas que se hacen por situación pensional”.

Además, recordó que el proyecto de presupuesto de 2005 para 2006 también traía esa propuesta, pero en esa ocasión se había suprimido el artículo correspondiente en el Congreso. Colombiacheck lo encontró en la ponencia para segundo debate.

Sin embargo, también estuvo en 2005, 2004, 2003, 2002 y 2001. En el año 2000, el texto era ligeramente distinto y fue presentado idéntico en el proyecto del gobierno de Andrés Pastrana para el año siguiente, pero fue modificado en su paso por el Congreso para dar origen a la redacción actual. No había habido nada parecido en los presupuestos de 1999, 1998 ni 1997.

Es decir que el texto en su versión actual ha estado en todos los presupuestos de los últimos 20 años, con excepción de 2006. El Gobierno, por su parte, también dijo que había sido así desde 2002 en un comunicado del Ministerio de Educación, que recogía declaraciones del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en las que asumió “el compromiso de eliminar el artículo”, aunque aclaró que este se refiere a demandas contra las mismas universidades y no contra la Nación en general.

El artículo de la Ley 30 de 1992 (que es la que rige a la educación superior) al que se refiere la norma es el que define la financiación de las instituciones estatales del sector. El de la Constitución, entre tanto, es el que establece la autonomía universitaria. Por esta razón, aunque el texto del presupuesto habla de “demandas contra la Nación” en general, se refiere a las instauradas contra los entes educativos.

Entonces, el debate que llevó a la discusión en la noche del jueves no fue la introducción de una norma nueva. Lo que pasó fue que ese artículo se había hundido en la Cámara, pero luego fue aprobado en Senado. A falta de tiempo para conciliar y con el compromiso del ministro Carrasquilla de estudiar “la manera de corregir y expresar mejor la voluntad de la Cámara”, la discusión se reabrió en la plenaria de esta para darle la aprobación definitiva al artículo, como lo contó El Espectador. Por tanto, la información de la cadena es verdad.

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Miércoles, 15 Febrero 2017

Denuncian ‘conejo’ a la educación vía fast track

Por Sania Salazar

Una reforma estructural a la educación se está cocinando. El Gobierno pretende que se apruebe aprovechando los instrumentos jurídicos creados para implementar el Acuerdo Final con las Farc, mecanismo que no es el natural para este tipo de modificaciones a las leyes.

Las alarmas están encendidas en Colombia desde que se conoció la intención de modificar la ley de educación superior por medio del acto legislativo 01 de 2016, más conocido como fast track.

La alerta es justificada. A raíz de un mensaje que vimos en la cuenta de Twitter de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, consultamos varias fuentes y llegamos a la conclusión de que la modificación, que en El Espectador calificaron como golazo y otros han tildado de mico, sí se podría intentar, aunque es impreciso decir que sería por el mecanismo de fast track, por lo que calificamos el trino como aproximado.

 

 

La propuesta que proviene de los ministerios de Educación y de Trabajo, así como del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, es crear el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet), propuesta que tal como está, modificaría la forma en la que funciona la educación superior en Colombia. Lo que a muchos no les gusta porque se equipararía la educación técnica y tecnológica con la universitaria.

Aunque parece un simple asunto de lenguaje, hay que aclarar que la iniciativa para hacer dicha reforma es un decreto ley, lo que la Ministra de Educación, Yaneth Giha, deja claro en un par de trinos al respecto.

 

 

 

 

Hay que recordar que el fast track es un mecanismo que permite la reducción del número de debates requeridos en el Congreso para aprobar las leyes y reformas constitucionales necesarias para la implementación del Acuerdo Final. Es decir, la reforma educativa no se podría presentar a través de este inusual y especial modalidad porque los decretos ley no se tramitan por este medio y no se discuten en el Congreso.

 

 

Pero el acto legislativo 01 de 2016, que contiene el fast track, le da además facultades extraordinarias al presidente para “expedir los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrán por objeto facilitar y asegurar la implementación y desarrollo normativo del Acuerdo Final”.

De hecho, en la primera parte del texto del decreto ley, que ya se ha socializado en varias ciudades y que está publicado en el portal de El observatorio de la universidad colombiana, se hace referencia a esas facultades extraordinarias conferidas al presidente.

Lo que se pretende entonces no es enviar la reforma al Congreso para su discusión y aprobación vía fast track, sino aprovechar las facultades extraordinarias que tiene el presidente para que apruebe la reforma sin someterla a discusión alguna. Pero en Colombia una ley solo puede modificarse con otra ley, no con un decreto ley, explicó Diana Güiza, investigadora de Dejusticia.

“El esquema de educación superior no se discutió en La Habana. Por fast track se tramita lo que se acordó específicamente en la mesa de negociaciones. El acuerdo habla sobre educación rural, pero pensando en los programas que deben llegar a aquellos territorios donde el Estado no ha llegado por el conflicto armado. Es muy diferente a decir que eso implica reformar toda la educación superior, lo que se debe hacer por las vías ordinarias de la democracia”, resaltó la investigadora.

“Actualmente no existe ninguna iniciativa relacionada con el Sistema Nacional de Educación Terciaria (Snet) radicada por esta entidad ante el Congreso de la República, ni se ha presentado para trámite ante ninguna otra instancia”, informó en un comunicado del pasado 31 de enero el Ministerio de Educación, que además aseguró que “no se hará hasta que exista consenso con los sectores interesados en el mismo”.

Jairo Andrés Rivera, vocero del movimiento político Voces de Paz (movimiento afín, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) confirmó que no hay ningún proyecto relacionado con ese tema radicado en el Congreso.

Un antiguo intento de reforma que no ha calado

Según explicó María Alejandra Rojas, Secretaria general de la FEU, quien se ha pronunciado en contra de la propuesta, el Ministerio de Educación, desde la anterior administración, de Ginna Parody, ha planteado la conformación de ese sistema de educación terciaria. “Es la posibilidad de integrar lo que implica educación para el trabajo, educación técnica y tecnológica y educación universitaria en un mismo sistema articulado”, precisó.

Rojas indicó que hace unos dos años la propuesta se puso a consideración del Congreso para tramitarla por vía ordinaria, “pero no han logrado construir las correlaciones de fuerzas ni con los rectores de instituciones técnicas y tecnológicas, ni con los rectores de las universidades, tanto públicas como privadas, y tampoco se ha conseguido la favorabilidad de este proyecto en el Congreso”, aseguró.

Por eso la secretaria de la FEU calificó al Ministerio de Educación de oportunista al tratar de que la iniciativa sea aprobada, pero esta vez por medio del acto legislativo que es para la paz, en una jugada que para algunos se trataría de un ‘conejo’ a los grupos interesados y a la opinión pública pues no tendría el suficiente debate.

Rojas aclaró que en la FEU están de acuerdo con una reforma a la educación superior, pero consideran que se debe hacer mediante un debate amplio donde pueda participar la comunidad educativa para definir los cambios.

Según la nota de El Espectador, en el Ministerio de Educación aseguraron que el fast track “sí es el mecanismo más pertinente, porque asegura que la oferta educativa que se requiere y las posibilidades de movilidad laboral para las víctimas del conflicto lleguen en un tiempo oportuno, priorizando la educación y la formación de calidad como elemento para la consolidación de la paz”.

 

 

Entre quienes han rechazado esa posibilidad está el rector de la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, quien publicó en su cuenta de Twitter la carta que envió al Congreso en la que alerta sobre el peligro de la iniciativa, que según dice, se conoció en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, (Cesu), realizada el 26 de enero de 2017 y liderada por la ministra de Giha.

 

 

En la carta Mantilla recuerda la movilización que se produjo en 2011 “a raíz del proyecto inconsulto de reforma la ley 30 (por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior)”.

Aunque no hay información detallada sobre cómo piensan sacar adelante la reforma, los autores de la misma no niegan la existencia de la iniciativa. La pregunta entonces es: ¿quién va a rematar la jugada para meter este ‘gol’?