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Lunes, 05 Diciembre 2016

Lizcano defendió legitimidad del Congreso con cifra engañosa de votaciones

Por Sania Salazar

El Presidente del Congreso defendió la legitimidad de esa corporación para refrendar el acuerdo de paz con las Farc usando cifras totales de votación y aseguró que fueron mayores a las del plebiscito, lo que no es cierto.

El Congreso refrendó el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, decisión que no estuvo exenta de polémica pues hubo quienes pusieron en duda la legitimidad del legislativo para hacerlo. Mauricio Lizcano, su presidente, defendió la idoneidad de esta corporación para la refrendación argumentando que “para el Congreso hubo más votos que para el Plebiscito”.

 

 

 

 

Los argumentos de Lizcano están claros en estos dos trinos que fueron publicados tanto en su cuenta personal de Twitter como en la de RCN Radio.

Colombiacheck llamó a Lizcano y le dejó un mensaje en WhatsApp solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hemos recibido respuesta. Entonces para saber qué tan cierto es su argumento, revisamos las cifras de ambas votaciones.

Los 14 millones de votos de los que habla Lizcano son el total de sufragios depositados en las elecciones de 2014 para el Senado, que incluyen los nulos y los no marcados. Pero, siendo estrictos, los votos que sirvieron para elegir a los actuales senadores fueron apenas 10.925.592.

En el plebiscito, los votos válidos (los marcados con alguna de las dos opciones posibles, sí o no) fueron 12.808.858. Es decir: la votación por el plebiscito superó a la del Senado por 1.883.266 sufragios, al contrario de lo que dice el senador.

Si comparamos también los votos por la Cámara, encontramos que el total de tarjetones que sirvieron para elegir a los actuales representantes fueron 11.129.722 (sumados votos departamentales, indígenas y afrodescendientes). Son 1.679.136 menos que los sufragios por el plebiscito.

Hay que aclarar que los votos por Senado y Cámara se analizan por separado porque se trata de dos circunscripciones diferentes, la del primero es nacional y la de la segunda es territorial.

Después de comparar ambas cifras y basados solo en números, en Colombiacheck calificamos las frases del Presidente del Congreso como engañosas, pues aunque parten de datos ciertos anuncian una conclusión insostenible.

Ahora bien, ¿la legitimidad del Congreso para refrendar el acuerdo de paz se mide solo en votos?

La encuesta Colombia Opina, realizada por Ipsos Napoleón Franco en marzo de este año, encontró que el 82% de los 1.008 consultados en 13 ciudades del país desconfía del Congreso.

Para Felipe Botero, codirector del observatorio Congreso Visible, la discusión sobre si el Congreso es representativo viene, precisamente, de la decisión de llevar los acuerdos allá para refrendarlos e implementarlos, “la oposición dice que el Congreso no es representativo y por lo tanto tenemos que hacerlo en otro lado o revocarle el mandato. Eso es problemático porque es cuestionar una institución simplemente porque en este momento no nos gusta que sea la que esté tomando esa decisión”.

Botero indica que la historia colombiana ha demostrado que las instituciones son sólidas y que el país tiene una larga trayectoria de elecciones que se consideran, en su mayoría, libres, transparentes y justas.

“La democracia colombiana tiene problemas en su funcionamiento, los partidos son históricamente clientelistas y están alejados del sentir nacional, pero no por ello cuestionamos que el Congreso sea la piedra angular de la democracia; las elecciones se hacen frecuentemente y la gente acude a las urnas a votar de forma libre para elegir un Congreso y un Presidente y eso le da una legitimidad especial al Congreso de la República”, argumenta Botero.

El codirector de Congreso Visible recuerda que en el país ha habido “congresos como el de la parapolítica, que tal vez fue la crisis reciente más aguda de una institución política en el país y en ese momento no nos hicimos la pregunta sobre su representatividad”.

Visto bueno del Consejo de Estado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptuó que el Congreso puede refrendar el nuevo “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, suscrito por el Gobierno y las Farc el 24 de noviembre luego de que el primer acuerdo no pasó en el plebiscito realizado el 2 de octubre.

“De acuerdo con el artículo 133 C.P. –que consagra la representación popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de elección directa– y en ejercicio de la función constitucional de control político, la refrendación por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la política al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la acción pública y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimación democrática posible, producto de la seria discusión y deliberación acerca de los problemas cuya solución reclama con insistencia la sociedad, por manera que las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base sólida de estabilidad política”, indica el concepto.

¿El del Congreso es un respaldo político?

Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, se debe partir de que estamos frente a un acuerdo distinto al que se sometió al plebiscito, como lo han dicho Gobierno y Farc, que establece otros mecanismos de refrendación.

“El Congreso tiene la absoluta legitimidad para hacer un debate y aprobar una moción en la que reconoce ese acuerdo como legítimo, lo refrenda y le da vida política”, asegura, y resalta que ese respaldo político del Congreso no tiene ningún otro efecto.

“Los ciudadanos delegamos en el Congreso nuestra representación, si creemos que no es legítimo porque son unos vagos, unos bandidos, el que no puede lo menos no puede lo más, y lo menos, la verdad, es una moción, si no es legítimo para eso, mucho menos es legítimo para hacer actividades legislativas, que es su labor”, concluye Barrios.

Lunes, 27 Febrero 2017

¿Un ‘orangután’ para favorecer a militares se está colando en JEP?

Por Sania Salazar

Integrante de Voces de Paz, movimiento político de las Farc que acompaña la implementación del Acuerdo Final, asegura que en el proyecto de acto legislativo sobre la JEP que estudia el Congreso, hay una modificación a la regulación de responsabilidad de mando que no debería estar allí. Se une a otras voces que señalan fallas en dicho proyecto.

En la cuenta de Twitter del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, @movicecol destacaron hace un par de semanas una frase de Judith Maldonado, vocera del movimiento político Voces de Paz en el Senado, sobre la responsabilidad de mando.

Se trata de un aspecto algo técnico, pero relevante, de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ha causado polémica.

Maldonado criticó que en el proyecto de acto legislativo que crea la JEP se hubiera incluido un capítulo sobre responsabilidad de mando.

 

 

Después de revisar documentos y consultar a expertos Colombiacheck califica la afirmación como ligera, pues técnicamente el capítulo se puede incluir.

Pese a esta calificación, es importante esta denuncia y la atención la avalancha de críticas sobre la orientación que se le está dando a esta regulación que, según expertos consultados, buscaría favorecer a los militares y, de rebote, podría abrir la puerta para que la Corte Penal Internacional inicie investigaciones en Colombia sobre la implementación del Acuerdo Final.

¿Por dónde se está colando ese ‘mico’?

Llamamos a Maldonado y nos explicó que se refiere, específicamente, al capítulo 7, artículos 21, 22 y 23, del acto legislativo sobre la JEP que están discutiendo actualmente en el Congreso.

“En la página 279 del Acuerdo Final dice que Gobierno y Farc concertaron diez puntos que debe llevar el acto legislativo de la Jurisdicción Especial para la Paz y ahí no se encuentra ninguna mención a que se resuelva la responsabilidad de mando, en cambio a esta se hace mención en el acto legislativo que ya está en discusión en el Congreso”, especificó Maldonado.

Para comprender mejor el asunto hay que entender, primero, qué es responsabilidad de mando.

¿Eso con qué se come?

Rodrigo Uprimny, investigador de Dejusticia, explica así el concepto en una columna publicada en El Espectador: “es una figura del derecho internacional que existe desde hace décadas y que establece cuándo un comandante militar debe responder por las atrocidades cometidas por sus subalternos. La tesis central es que, incluso si el comandante no ordenó las atrocidades ni participó en ellas, debe responder por los actos cometidos por sus subalternos si, pudiendo hacerlo, no evitó que éstas ocurrieran o se abstuvo de sancionar a los responsables”.

“El rechazo a este capítulo se debe a que no está incluido en el punto 5 del Acuerdo Final y tampoco en el acuerdo específico de lo que debe contener el acto legislativo y a nosotros eso nos parece un abuso”, detalló Maldonado.

Diana Güiza, investigadora de Dejusticia, explicó que aunque el Acuerdo no establece que el tratamiento a Fuerza Pública debe incorporarse a la reforma constitucional que cree la JEP “eso no es obstáculo para que esa reforma constitucional lo incluya. No hay motivo”.

Un acto legislativo, como lo explica la Misión de Observación Electoral, MOE, es “una norma expedida por el Congreso de la República que tiene por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales”.

Colombiacheck revisó la página 279 del Acuerdo Final firmado por el Gobierno y las Farc, allí no encontró menciones específicas a la responsabilidad de mando, como lo asegura Maldonado.

El siguiente paso fue mirar el texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la Cámara y, efectivamente, en el capítulo 7, artículo transitorio 23, se determinan cuatro situaciones para aplicar la responsabilidad de mando. Ese texto se está discutiendo también en el Senado, donde pasó a último debate.

“El capítulo siete que nos quieren meter ahí es por cuestión, me imagino, de los intereses de los militares, del Ministerio de Defensa. El debate candente está, sobre todo, en la responsabilidad de mando, porque ellos quieren que esta se haga efectiva cuando ocurran simultáneamente cuatro condiciones que no están en el derecho penal internacional, la responsabilidad de mando está en el artículo 28 del Estatuto de Roma y es todo lo contrario”, precisó Maldonado.

Hay que mencionar que Colombia firmó el Estatuto de Roma en 2002, lo que quiere decir que el país se debe regir por este.

Maldonado criticó además el hecho de que inicialmente, la responsabilidad de mando estaba redactada de manera exacta tanto para las Farc como para miembros de la Fuerza Pública en el Acuerdo entre Gobierno y Farc, "ambas remitían al contenido del artículo 28 del Estatuto de Roma, pero un día antes de la firma de dicho Acuerdo en el Teatro Colón, el Gobierno modificó unilateralmente el texto sobre la remisión al artículo 28 para militares", aseguró.

Unos a favor, otros en contra

“Es verdad que no hay ninguna referencia expresa al Estatuto de Roma, entre otras cosas, porque no hay ninguna obligación de aplicarlo directamente”, explicó el exministro de Justicia, Yesid Reyes, en el programa Semana en Vivo y añadió que lo que se debe hacer es respetar los estándares internacionales.

“Los requisitos del artículo 28 del Estatuto de Roma están perfectamente contenidos en la Jurisdicción Especial para la Paz con términos distintos”, sentenció.

En la orilla opuesta está Dejusticia, Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad que ha llamado la atención sobre tres inconsistencias en la regulación de la responsabilidad de mando que explican en el video que está en el siguiente trino:

https://twitter.com/Dejusticia/status/832585810998345730

“El problema que tiene la regulación con relación a los miembros de la Fuerza Pública es que se establecen cuatro criterios, como por ejemplo tener mando formal sobre el territorio, como tener la posibilidad formal y material de dar órdenes, son criterios razonables, pero el error es que dicen que para comprobar la responsabilidad de mando tienen que concurrir simultáneamente los cuatro criterios, pero eso no es lo que dice el derecho internacional, eso es contrario al derecho internacional”, indicó Uprimny.

El investigador advirtió que la responsabilidad de mando es un deber que existe en el derecho internacional y que si no se reconoce en la reforma constitucional y no se regula adecuadamente, esto es, conforme al derecho internacional, habrá una debilidad del proceso de justicia transicional en Colombia y se abre el camino para que la Corte Penal Internacional intervenga en el país.

Se está tratando de legislar en contra los acuerdos de paz y contra las obligaciones internacionales del Estado colombiano, creo que ha habido una presión indebida de parte de los militares activos”, aseguró Alirio Uribe, Representante a la Cámara por el Polo Democrático, en el programa Semana en Vivo antes mencionado.

La senadora Claudia López, del Partido Alianza Verde, también ha criticado que el texto que se discute en el Congreso no va acorde con lo que dispone el derecho internacional sobre responsabilidad de mando.

 

 

¿Por qué es importante la responsabilidad de mando?

Uprimny lo explica en la misma columna antes mencionada: “Que la JEP aplique adecuadamente esta responsabilidad del mando, tanto frente a la guerrilla como frente a agentes estatales, es fundamental no sólo para evitar la impunidad de quienes incurrieron en esta responsabilidad, sino además para dar solidez jurídica al proceso de paz”.