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Martes, 30 Agosto 2016

Memes para promover el sí y el no al plebiscito causan confusión

Por Sania Salazar

Algunas de las imágenes que las campañas a favor y en contra del plebiscito difunden por redes sociales son confusas o engañosas. La sociedad debe exigir una campaña basada en verdades.

Una imagen con el título Cómo votar el plebiscito y con 10 preguntas relacionadas con el fin del conflicto en Colombia a las que se puede responder sí o no se está difundiendo por redes sociales. Colombiacheck se dio cuenta de que varias personas preguntaron si esa era la papeleta que se marcará en el plebiscito.

 

 

Debido a la confusión que detectamos porque en la publicación no se aclara que lo que se pretende con la imagen es promover el voto positivo, Colombiacheck califica la imagen como engañosa. Más aún cuando hoy el Presidente Juan Manuel Santos dio a conocer la pregunta que los colombianos deberemos contestar en esta consulta:

¿Apoya usted el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera?

Una de las personas que publicó la imagen fue Martín Santos, hijo del Presidente y director de la Fundación Buen Gobierno. Por eso, Colombiacheck solicitó una entrevista con él a su oficina de prensa, pero no la otorgaron.

¿Por qué una pregunta?

La sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional explica por qué es una sola pregunta:

“El Acuerdo Final, en tanto decisión política, debe ser entendido como un todo, integrado por asuntos transversales, no separables. De allí que resulte justificado que la integralidad del Acuerdo Final y no sus componentes particulares, sean sometidos al escrutinio del Pueblo. Si se aceptara que la votación pudiese hacerse de manera seccionada, entonces ello generaría irresolubles problemas, debido a que si el Acuerdo Final es parcialmente aprobado, no solo generaría su desarticulación, sino también obligaría a una renegociación del mismo, a pesar que la competencia exclusiva para ello la tiene el Presidente”.

Debido a que es al pueblo a quien le corresponde aprobar o desaprobar el acuerdo al que el Gobierno llegue con las Farc, la sentencia puntualiza: “si el elector está parcialmente en desacuerdo con la agenda de acción política fruto de la negociación del Gobierno, deberá ponderar dicho desacuerdo frente a una visión integral sobre los contenidos del Acuerdo Final, a fin de decidir si opta por apoyarlo o rechazarlo”.

Además, la sentencia deja claro que la pregunta debe estar redactada de forma clara y debe contestarse con un “sí” o “no”.

Diana Isabel Güiza Gómez, investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, recordó, precisamente, que “la Corte fue enfática en aclarar que no se someterá a votación el contenido ni alcance del derecho a la paz, sino el Acuerdo entre Gobierno y Farc, una expresión de ese derecho. En ese sentido, la pregunta del plebiscito debe apuntar a ello, esto es, a validar el Acuerdo resultado del proceso de negociación con la guerrilla”.

La oposición también tiene su campaña

Los opositores del Acuerdo de paz con las Farc no se quedan atrás. El expresidente y ahora senador por el Centro Democrático, Álvaro Uribe, lidera la campaña #YoNoMeTragoEsteSapo.

La iniciativa llama la atención sobre puntos del Acuerdo Final que los opositores consideran demasiada concesión de parte del Gobierno a las Farc y es por eso que piden una renegociación.

A través de redes sociales Uribe y sus partidarios divulgan mensajes que en su mayoría Colombiacheck ya verificó y que no son precisamente verdaderas.

 

 

 

 

Piezas promocionales por Sí y No

El fallo de la Corte hace también una distinción sobre las nociones de divulgación y promoción del Acuerdo en las que queda claro que la pieza divulgadas tanto por Martín Santos como por Uribe, son promociones del voto por el sí y por el no, respectivamente.

Según la Corte, por divulgación debe comprenderse la información a los ciudadanos, de manera objetiva e imparcial, de los contenidos del Acuerdo Final, actividad que está unívocamente dirigida a permitir que las personas se ilustren sobre la materia y de manera libre decidan qué postura van a asumir en la votación.

“La promoción, en cambio, es un ejercicio que pretende convencer a los electores para que asuman una postura particular, esto es, a favor del sí o del no”, señala la Corte.

Juan Andrés Sampedro, decano de la Facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Javeriana, indicó que si bien las preguntas de la imagen publicada por Martín Santos, no son la del plebiscito, sirven para hacerse un autoexamen y definir el voto.

“Esto es la opinión de una persona en concreto tratando expresar su criterio de qué es lo que nos debemos preguntar para entender cómo votar un plebiscito como el que vamos a tener. No me parece mal, es una guía para hacer una serie de reflexiones alrededor de algunos temas que son importantes de valorar a la hora de tomar una decisión”, comentó.

Sampedro calificó como legítima la opción de las partes de promover el voto positivo o el negativo, pero señaló que para que el plebiscito se desarrolle de manera correcta las campañas deberían ser más explícitas sobre la clase de voto que promueven porque se corre el riesgo de confundir al elector. Además, hizo un llamado para que sea la sociedad la que exija una campaña basada en verdades.

Más allá de las campañas por el sí o por el no, algunas de las cuales ofrecen visiones sesgadas del acuerdo, el Estado tiene la obligación de informar de manera neutral y amplia los alcances de la negociación lograda con las Farc. Una responsabilidad que es compartida con los ciudadanos, quienes deben buscar suficiente información para votar responsablemente.

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.