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Lunes, 08 Julio 2019

Romaña sí escribió un libro, pero no es verdad que con él ‘responderá ante la JEP’

Por Sania Salazar

Romaña sí escribió un libro, pero no es verdad que con él ‘responderá ante la JEP’

Un portal asegura que el exjefe de las Farc responderá ante la JEP con un libro. Aunque el libro sí existe, la JEP exige que la verdad sea aportada dentro de procesos judiciales.

Sin hacer mención a la fuente de la información el portal web El Nodo aseguró en una nota que Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, exjefe de las Farc “responderá ante la JEP con un libro”.

En efecto Romaña escribió un libro sobre su participación en el conflicto armado. Sin embargo, entre las condiciones de la JEP a quienes se someten a ella está aportar verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado, pero no a través de libros, sino en audiencias propias de un proceso judicial, por lo que calificamos como “Verdadero, pero” la información difundida por El Nodo.

Pantallazo

Sandra Ramírez, senadora del Partido Farc, le confirmó a Colombiacheck la existencia del libro y el equipo de prensa de Santrich envió la foto de la portada.

En la JEP informaron que no han recibido el libro y recordaron que la comparecencia personal de los convocados ante esa jurisdicción es obligatoria.

Hay que recordar que el paradero de Romaña se desconoce desde agosto de 2018, cuando devolvió el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que tenía asignado. Por tal motivo es difícil establecer si es verdad que busca responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con ese libro.

Según el Acuerdo Final, para acceder al tratamiento especial previsto por la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. “Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Las sanciones acordadas para los exguerrilleros que se sometan a la JEP dependerán del grado de verdad aportada y del momento de revelarla, así:

Sanciones propias: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento (es decir, en la primera etapa del proceso), respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.

Sanciones alternativas: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de cinco a ocho años.

Sanciones ordinarias: es decir, de la justicia ordinaria, se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad,  en todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves.

“Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”, advierte el Acuerdo.

Pero como la JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento a Romaña para establecer si "está cumpliendo las condiciones del sistema y persiste en su permanencia dentro del proceso de paz, y darle la oportunidad para ejercer su defensa ante los hechos que indican el incumplimiento de sus obligaciones" habrá que esperar el resultado de ese proceso de verificación para saber si Romaña continúa o no en la JEP.

Romaña incumplió una cita en la JEP y postergó otra, en ambas debía responder por el Caso 001 (secuestro) ante esa jurisdicción. Según la JEP, Romaña no ha aportado las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales ni ha permitido hacer el estudio de riesgo que comprobaría su situación de seguridad.

En conclusión, el libro puede ayudar a establecer verdades y al proceso construcción de memoria, pero las exigencias judiciales de la JEP a los comparecientes son más amplias y strictas, por lo que no es posible que un exguerrillero pueda saldar sus cuentas con esa justicia transicional con un libro.

Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso Falso

Falso

Sábado, 21 Octubre 2017

Sustitución, no erradicación, se pactó en el Acuerdo de La Habana

Por Sania Salazar

Así lo aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, donde han asesinado campesinos en medio de confrontaciones por la erradicación.

“Si hay un proceso de paz en el que dice que debe ser sustitución mas no erradicación, entonces como campesinos reclamamos que el Gobierno cumpla lo que pactó en La Habana”, aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, en entrevista con Blu Radio.

Elier hablaba del asesinato, en ese vereda el pasado 5 de octubre, de seis campesinos que trataban de impedir que la Policía erradicara cultivos de coca. Las autoridades investigan el hecho, pues pobladores de la zona señalan a los policías como los responsables de los disparos.

El asesinato de los campesinos es un hecho intolerable, pero debemos señalar que Martínez se equivoca en su afirmación, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación, por lo que calificamos la afirmación como falsa, aunque hay que anotar que los testimonios recogidos indican que la erradicación no se estaría haciendo en los términos acordados en La Habana.

Aunque el líder se refiere al Acuerdo Final, lo llamamos en varias oportunidades para corroborar la fuente en la que basó su afirmación, pero no logramos comunicarnos.

Si bien el Acuerdo basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o un situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Tumaco, una situación compleja

Hay que recordar que Tumaco es el municipio colombiano con mayor número de hectáreas de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, el año pasado había 23.148 hectáreas, que representan el 16% de los cultivos de coca que hay en el país.

Mario Lima, secretario de Gobierno (encargado) de Nariño, le explicó a Colombiacheck que en Tumaco se suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con algunas organizaciones y productores. Acordaron que las autoridades no erradicarían forzosamente los cultivos de quienes se habían comprometido voluntariamente a cambiar de cultivo ni las plantaciones de menos de 3,8 hectáreas, pues se considera que de ahí en adelante son cultivos industriales ligados al narcotráfico.

Según Lima, el grupo de erradicadores empezó a arrancar las matas de los grandes cultivos, pero hay campesinos que tienen sus sembrados en medio de los industriales, una razón por la que campesinos bloquearon la labor de los erradicadores. Quienes no han firmado la intención de acogerse a los programas de sustitución también se han opuesto.

El encargado de la cartera de Gobierno explicó que la comunidad pide que las reglas y los tiempos de la erradicación sean claros. Además, reconoció que hay escepticismo entre las familias que han tenido que sembrar coca para sobrevivir porque no ven claras las garantías económicas que les permitan subsistir con otros cultivos, porque ni siquiera les han dicho qué sembrar. Lima indicó que la población no ve que el Gobierno trabaje en mejorar las vías para poder sacar los productos y comercializarlos, ni en infraestructura educativa, de salud y de agua potable.

Diana Montilla Moreno, encargada de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, coincidió con el funcionario en que la población está de acuerdo con la sustitución, pero que no ve garantías de vida digna en los planes alternativos que les ofrece el Gobierno. Además, aseguró que no se ha definido cuáles son los cultivos industriales y que el Gobierno no ha socializado la erradicación de esas áreas.

Hay que mencionar que campesinos de la zona han denunciado que narcotraficantes los amenazan de muerte si no se oponen a la erradicación.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en BluRadio que el Gobierno ofrece programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero se está demorando más de un año en entregar a cada familia las primeras ayudas económicas prometidas. Además, aseguró que les dieron el dinero solo a 1.800 familias de un total de 40.000 que deben cambiar de cultivo y que entregaron esos auxilios económicos en el sector de La Carretera, una zona distinta al sector de Alto Mira y Frontera, lugar donde se registró el homicidio de seis campesinos el 5 de octubre y donde asesinaron el pasado 17 de octubre al líder comunitario José Jair Cortés.