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Verdadero pero...

Lunes, 08 Julio 2019

Romaña sí escribió un libro, pero no es verdad que con él ‘responderá ante la JEP’

Por Sania Salazar

Romaña sí escribió un libro, pero no es verdad que con él ‘responderá ante la JEP’

Un portal asegura que el exjefe de las Farc responderá ante la JEP con un libro. Aunque el libro sí existe, la JEP exige que la verdad sea aportada dentro de procesos judiciales.

Sin hacer mención a la fuente de la información el portal web El Nodo aseguró en una nota que Henry Castellanos Garzón, alias Romaña, exjefe de las Farc “responderá ante la JEP con un libro”.

En efecto Romaña escribió un libro sobre su participación en el conflicto armado. Sin embargo, entre las condiciones de la JEP a quienes se someten a ella está aportar verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado, pero no a través de libros, sino en audiencias propias de un proceso judicial, por lo que calificamos como “Verdadero, pero” la información difundida por El Nodo.

Pantallazo

Sandra Ramírez, senadora del Partido Farc, le confirmó a Colombiacheck la existencia del libro y el equipo de prensa de Santrich envió la foto de la portada.

En la JEP informaron que no han recibido el libro y recordaron que la comparecencia personal de los convocados ante esa jurisdicción es obligatoria.

Hay que recordar que el paradero de Romaña se desconoce desde agosto de 2018, cuando devolvió el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, que tenía asignado. Por tal motivo es difícil establecer si es verdad que busca responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, con ese libro.

Según el Acuerdo Final, para acceder al tratamiento especial previsto por la JEP es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. “Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Las sanciones acordadas para los exguerrilleros que se sometan a la JEP dependerán del grado de verdad aportada y del momento de revelarla, así:

Sanciones propias: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sala de Reconocimiento (es decir, en la primera etapa del proceso), respecto a determinadas infracciones muy graves, tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de las funciones reparadoras y restauradoras de la sanción de cinco años y un máximo de ocho años. Comprenderán restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento, que sean necesarias para su ejecución, y además deberán garantizar la no repetición.

Sanciones alternativas: se impondrán a quienes reconozcan verdad y responsabilidad ante la Sección de enjuiciamiento, antes de Sentencia, tendrán una función esencialmente retributiva de pena privativa de la libertad de cinco a ocho años.

Sanciones ordinarias: es decir, de la justicia ordinaria, se impondrán cuando no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad,  en todo caso la privación efectiva de libertad no será inferior a 15 años ni superior a 20 en el caso de conductas muy graves.

“Las denominadas sanciones alternativas y ordinarias, sí incluirán privaciones efectivas de la libertad como cárcel o prisión y/o cualquier medida de aseguramiento”, advierte el Acuerdo.

Pero como la JEP abrió un incidente de verificación de cumplimiento a Romaña para establecer si "está cumpliendo las condiciones del sistema y persiste en su permanencia dentro del proceso de paz, y darle la oportunidad para ejercer su defensa ante los hechos que indican el incumplimiento de sus obligaciones" habrá que esperar el resultado de ese proceso de verificación para saber si Romaña continúa o no en la JEP.

Romaña incumplió una cita en la JEP y postergó otra, en ambas debía responder por el Caso 001 (secuestro) ante esa jurisdicción. Según la JEP, Romaña no ha aportado las pruebas que justifiquen su desacato a las órdenes judiciales ni ha permitido hacer el estudio de riesgo que comprobaría su situación de seguridad.

En conclusión, el libro puede ayudar a establecer verdades y al proceso construcción de memoria, pero las exigencias judiciales de la JEP a los comparecientes son más amplias y strictas, por lo que no es posible que un exguerrillero pueda saldar sus cuentas con esa justicia transicional con un libro.

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Falso

Miércoles, 01 Junio 2016

Santos: dos de tres frente a De Klerk

Por Miriam Forero

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc en los que, según dice, somos pioneros. Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y solo una es cierta.

Durante la conferencia ‘El futuro de un país en paz’, que organizaron la Universidad del Rosario y El Tiempo el pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo una conversación con el expresidente de Sudáfrica y Nobel de Paz, Frederik de Klerk.

Además de escuchar las experiencias de ese país sobre los diálogos de paz que sostuvieron en 1993 para acabar con la opresión hacia la comunidad negra, y de aprovechar para pedirle consejos sobre cómo ganar el plebiscito, Santos se mostró muy orgulloso por varios aspectos del proceso de paz que adelanta con las Farc, en los que según dice, somos pioneros.

Colombiacheck revisó tres de sus afirmaciones y encontró que dos faltan a la verdad y una es cierta. Acá nuestro chequeo:
 

“El proceso colombiano va a ser la primera vez que un grupo insurgente entrega las armas y se somete a un proceso judicial”.

FALSA. En esta afirmación, con la que abrió su primera intervención, el presidente no aclaró si se refería a que el proceso con las Farc es pionero en el país o en el mundo. De todos modos, en cualquiera de los dos escenarios, ya ha habido historias de desarme y sometimiento a la justicia en el pasado.

En el ámbito nacional, en 1994, miembros de la Corriente de Renovación Socialista, una línea política del ELN que luego se convirtió en la base del Polo y de la Corporación Nuevo Arco Iris, dejó las armas tras una negociación con el gobierno de César Gaviria. Según cuenta Semana, de los 865 excombatientes y miembros de la CRS que se involucraron en el proceso, 268 no recibieron amnistía por sus delitos; de hecho, quince años después, 25 seguían aún pagando condenas en cárceles del país.

El caso más reciente de juzgamiento de delitos de guerra en el país, aunque no se trata de un grupo insurgente sino de extrema derecha, es la desmovilización los paramilitares. Luego del acuerdo al que llegó este grupo armado con el gobierno de Álvaro Uribe en 2003, el congreso tramitó la Ley de Justicia y Paz, que la Corte Constitucional revisó en 2006.

La versión final de la norma establece una pena de no más de ocho años de prisión para los desmovilizados que no volvieran a delinquir, contaran la verdad y repararan a sus víctimas. Varios dirigentes paramilitares están cumpliendo condenas de ocho años basadas en esa ley; de hecho, el primero en terminar de pagar ese tiempo en la cárcel, Freddy Rendón alias 'El alemán', salió en julio del año pasado.

En el ámbito internacional, un caso que desmiente la afirmación del presidente es el de Sierra Leona, en el que el grupo rebelde Frente Revolucionario Unido -RUF, por su sigla en inglés- entregó las armas en 2002, luego de un proceso de más de ocho años, entre altibajos, rupturas e inclumplimientos.

En ese país africano no se declaró amnistía general, sino que se creó el Tribunal Especial para Sierra Leona -Scsl, por su sigla en inglés- con el fin de juzgar a los responsables de los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil. En su última decisión, antes de cerrar en 2013, esta Corte ratificó la condena de 50 años contra el expresidente liberiano Charles Taylor, quien apoyó al RUF. Actualmente permanece un Tribunal Residual Especial que vigila la continuidad de los procesos que llevó adelante el Scsl, en asuntos como protección a testigos, supervisión de penas de prisión y manejo de archivos.

Aunque la mayoría de los procesos de paz terminan con la dejación de armas y una declaración de amnistía -como el M19 (1989) y el EPL (1991) en Colombia, o El Salvador (1992), Liberia (2003) e Indonesia (2005), para mencionar algunos ejemplos internacionales-, no es cierto que el proceso con las Farc será la primera vez que un grupo insurgente dejará las armas y se someterá a la justicia transicional.

 

“Es el primer caso en el mundo en el que se pone a las víctimas en el centro de la solución del conflicto y el respeto por sus derechos”.

ENGAÑOSA. Aunque la agenda de la mesa de conversaciones incluye la búsqueda de la verdad y la defensa de los derechos de las víctimas, hay otros procesos en el mundo que les han dado prioridad. Es el caso de Sudáfrica, expuesto por el interlocutor del presidente Santos durante el foro en el que hizo esta afirmación.

Allí, De Klerk explicó que en el caso de su país las víctimas representaban más del 90% de la población, pues se trataba de la comunidad negra sometida durante años a la opresión y la desigualdad en derechos civiles, por razones de racismo. De este modo, el proceso de paz que se llevó a cabo en ese país tuvo como eje central acabar con esa distinción y concederle al partido de los negros, el Congreso Nacional Africano (ACN), igualdad de acceso al poder.

Por su parte, la directora para Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional - Ictj-, María Camila Moreno, expone otros ejemplos en su análisis sobre esta frase del presidente: “En el mundo procesos como el de Mindanao en Filipinas, han incluido en los acuerdos de paz el respeto y garantías de los derechos de las víctimas. En muchos acuerdos de paz se ha incluido la creación de comisiones de la verdad (Guatemala, El Salvador, Kenia, Suráfrica, entre otros) y programas de reparación (Nepal, Sudáfrica, Guatemala, etc.).

Tanto ella como Francisco Rey Marcos, coordinador del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria de España, coinciden en aclarar que lo importante no es si la retórica del proceso dice que los acuerdos se centrarán en las víctimas, sino en cómo la implementación demuestre esa relevancia que deben tener y garantice la realización de sus derechos.

Rey, incluso, va más allá en su crítica a la coordinación entre palabras y hechos: “conviene decir que no ha existido acuerdo humanitario; las partes tardaron más de dos años en reconocer su participación como victimarios y pedir, poco a poco, perdón. Las visitas de las víctimas a La Habana fueron muy importantes pero con un carácter más simbólico que real”.

 

“Es la primera vez en la historia del mundo que las dos partes (de un proceso de paz) se ponen de acuerdo (en la justicia transicional que se aplicará). Generalmente es un tercero, como Naciones Unidas, el que impone un sistema de justicia; en este caso, las dos partes se pusieron de acuerdo para crear un tribunal y un sistema en donde los máximos responsables serán investigados, juzgados, condenados y sancionados”.

VERDADERA. Al conocer el acuerdo de justicia, anunciado en septiembre del año pasado y revelado en diciembre, el director de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, Vicenç Fisas, llamó la atención en un comunicado sobre la particularidad de ese tema pues, según él, es “algo que raramente aparece desarrollado en los procesos de paz, en los que prima la simple amnistía para todos los actores”.

Moreno, la directora del Ictj, también consideró cierta la afirmación. “Los tribunales internacionales no han sido decisión de las partes que suscriben un acuerdo de paz. En algunos casos, luego de la firma del acuerdo, por presión de las víctimas y de la comunidad internacional se han establecido tribunales internacionales o híbridos para juzgar a los responsables de crímenes internacionales. Este es el caso del Tribunal para la Antigua Yugoslavia y del Tribunal para Ruanda. El caso de Colombia es excepcional porque las mismas partes de la negociación acuerdan un sistema de rendición de cuentas que incluye la creación de una jurisdicción especial para perseguir penalmente a todos los responsables de los delitos cometidos durante y en relación con el conflicto armado interno”.

A manera de conclusión...

Tras examinar los matices de las afirmaciones de Santos, es claro que si el presidente no llevara al extremo sus ‘sacadas de pecho’, no cometería la imprecisión de llamar al proceso con las Farc pionero en tantos aspectos en los que no necesariamente lo es.

Podría, para mayor claridad, llamar la atención sobre algunos puntos del proceso colombiano, que lo hacen particular con respecto a los que se han dado a lo largo de la historia en otros lugares del mundo, como el acuerdo en términos de justicia transicional.

En el mencionado comunicado de la Escuela de Cultura de Paz, el académico Fisas se aventuró, incluso, a decir que lo que va adelantado entre el gobierno y las Farc hace que este proceso “pueda considerarse como uno de los más avanzados e innovadores de todos los procesos de paz firmados hasta el presente en el mundo”.

Sin embargo, también es claro que no se puede hablar de gran innovación o de un caso ejemplarizante para el mundo hasta que no se dé la implementación, pues muchos países han visto enormes incumplimientos, fracasos, rearmes e impunidad tras la firma de históricos acuerdos.