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Viernes, 08 Noviembre 2019

Sobre cuota de pesca de tiburones, Gobierno dio explicaciones ciertas pero insuficientes

Por José Felipe Sarmiento

En general, los argumentos con los que el Ministerio de Ambiente defendió la polémica resolución del de Agricultura son verdad, pero hay cuestionamientos sobre sus bases científicas y su efectividad.

Ante la indignación que generó en redes sociales la resolución del Ministerio de Agricultura que establece las cuotas generales de pesca para 2020, en la que se incluyen especies vulnerables de tiburones, la cartera de Ambiente emitió un comunicado con aclaraciones sobre su sustento.

Colombiacheck encontró que los argumentos son ‘verdaderos pero’ porque, además de algunas aclaraciones que hacen falta, los expertos tienen dudas sobre la efectividad en el control de la medida y el sustento científico de las cifras establecidas en la norma. Estas son 125 toneladas de tiburones en el Caribe, que incluyen 5,2 de aletas de tiburón sedoso (4,16 por ciento), y 350 en el Pacífico, entre las que se cuentan 9,9 toneladas de aletas repartidas entre tres especies (2,83 por ciento).

En el Atlántico, se contempla todo el género de los peces martillo, que incluye dos especies en peligro de extinción, dos vulnerables y una cercana a ese nivel, según la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés); además, entran el tiburón sedoso y el zorro de anteojos, también vulnerables, así como el de puntas negras, el tigre y el toro que están cercanas a ser amenazadas. En el Pacífico, solo se nombran los zorros pelágicos y los de anteojos, ambos vulnerables, además de la cornuda coronada, una especie de martillo cerca de estar amenazada.

Protección internacional

El primer argumento del Gobierno es que Colombia ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) en 1981, lo que es cierto. Su Apéndice II es un listado de especies que se pueden comercializar con unas restricciones mínimas para garantizar su supervivencia. Estas se especifican en el Artículo IV y que cada Estado debe garantizar su cumplimiento.

Ahí están cobijados los tiburones sedosos, todo el género de los zorros y tres especies de martillo: el liso, que es vulnerable, y los que están en peligro de extinción, que son el común y el gigante. El otro martillo vulnerable, el dorado, está ausente.

Aunque MinAmbiente asegura que Colombia ha sido “abanderada” por la inclusión de estas especies, no aparece en el apéndice como defensor particular de ninguna de ellas. En cambio, sí es mencionada como promotora de la inclusión, por ejemplo, de las rayas (que son parientes de los tiburones).

En todo caso, este instrumento no establece medidas de presión más allá de llevar a cabo investigaciones autorizadas por el mismo país cuando se detecte falta de aplicación eficaz y hacerle recomendaciones con base en los resultados. Pero tampoco limita la posibilidad de que los firmantes impongan condiciones más estrictas en sus legislaciones internas. Estas son dos aclaraciones necesarias que omite el comunicado.

Protección nacional y aleteo

El MinAmbiente también aduce la existencia del Plan de Acción Nacional para la Conservación y el Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras de Colombia. En efecto, esa norma fue expedida en 2013 y se compiló en el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural en 2015.

El plan da lineamientos en investigación, conservación, vigilancia y control; para lo cual prioriza diferentes especies de acuerdo, entre otras variables, a su importancia comercial y a su clasificación según la IUCN. En el Pacífico, las dos especies de tiburones zorro que entran en la resolución tienen prioridad muy alta y la cornuda coronada, media. En el Caribe, el sedoso, el tigre, el martillo común y el zorro de anteojos tienen alta; mientras el toro, puntas negras y los martillos gigante y pala (de baja preocupación a nivel internacional) están clasificados en media.

El comunicado señala que el aleteo, que consiste en cortarles las aletas a los tiburones para comercializarlas y abandonar el resto del cuerpo en el mar, está prohibido por medio de otra resolución “enmarcada” dentro de ese plan de protección. Esta norma data de 2017 y su motivación sí tiene en cuenta los decretos ya citados, tal como dice el Gobierno. En el artículo 7, prohíbe de forma expresa esta práctica y ordena que las aletas deben llegar “adheridas de forma natural” al cuerpo del animal en el momento del desembarque.

Además, aunque MinAmbiente no lo dice, el artículo 2 prohíbe toda pesca industrial dirigida a tiburones y rayas, aunque admite una captura incidental de 35 por ciento (en el territorio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, baja a 5 por ciento). Es decir que estos peces pueden ser un poco más de un tercio de la carga, si han caído en faenas que buscaban otras especies. Las cuotas que tanta polémica han causado son solo para caza artesanal.

El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones clasifica como pesca ilegal, que es el artículo del Código Penal al que se refiere en seguida el Ministerio. Ese delito se castiga hasta con nueve años de cárcel y 50.000 salarios mínimos mensuales de multa, lo que hoy representa más de 41.400 millones de pesos. De nuevo, la entidad dice la verdad.

También acierta en que las cuotas de pesca de tiburones se establecen por lo menos desde 2010, pero no han sido idénticas. Para este año, por ejemplo, la resolución de 2018 puso las mismas cuotas que habrá el próximo, pero sin especificar dentro de ellas el peso de las aletas de especies particulares.

Así había sido desde que se establecieron las cifras para 2017. Sin embargo, en estos años recientes siempre se ha aclarado que se trata de pesca artesanal, anotación que no se hacía en 2012. Esto demuestra que la regulación se ha hecho cada vez más detallada. Otro detalle que omite el MinAmbiente.

Eficiencia y sustento

Según el decreto único del sector, el organismo que determina las cuotas es el Comité Ejecutivo para la Pesca creado en 1991. Este es presidido por el MinAgricultura, que es el que finalmente expide las resoluciones, pero también participan la cartera de Ambiente y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap).

Esta última emitió otro comunicado sobre la caza de tiburones para el año entrante, en el que dice que la decisión se basa en información del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar). Pero este, a su vez, señaló que el sustento son las evaluaciones poblacionales que hace la Aunap, en un comunicado que le envió a Colombiacheck como respuesta, junto con el ya citado plan de acción para proteger a estas especies y el Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, que produjo en 2017 con el Ministerio de Ambiente y académicos de diversas instituciones.

En este último las clasificaciones de algunas especies varían ligeramente con respecto a la IUCN. Los martillos común y gigante bajan de estar en peligro a ser vulnerables, mientras el tiburón zorro de anteojos lo hace desde esta categoría a la de cercano a la amenaza. El de puntas negras, en cambio, aumenta de cercano a vulnerable.

Uno de los autores de esta obra, el biólogo marino Arturo Acero Pizarro, critica la insuficiencia de datos para poder definir de manera científica que las cuotas de pesca vigentes no afectan la supervivencia de las especies mencionadas. “Habría que hacer estudios completos con estadísticas rigurosas”, dice. En esto coincide con otros expertos citados por el diario El Espectador, que incluso llegan a calificar como “chimbas” las estimaciones actuales de población sobre estos peces.

En lo que sí difiere Acero, profesor de la Universidad Nacional sede Caribe, es en afirmar que las especies vulnerables no deberían ser objeto de “ningún tipo de pesca”. Tal prohibición absoluta es considerada “imposible” por diferentes académicos, debido a la pesca incidental, como lo señala el también biólogo y docente Fabio Gómez Delgado en la revista Pesquisa de la Universidad Javeriana.

Finalmente, las voces académicas dudan de la capacidad real que tiene el Estado para hacer cumplir las regulaciones vigentes. Esta crítica, sumada a las de la falta de claridad sobre el sustento científico de que las cuotas no afectan la supervivencia de las especies de tiburón incluidas en la resolución, son el mayor ‘pero’ que tienen las explicaciones del Ministerio, a pesar de ser ciertas.

Martes, 10 Abril 2018

La confusa respuesta de Vargas Lleras sobre la contaminación del aire

Por Colombiacheck

Al candidato le preguntaron por la contaminación en el país y contestó con una cifra inflada sobre deforestación. En su campaña anunciaron que presentarán la propuesta ambiental.

Durante el debate presidencial realizado por Teleantioquia y la revista Semana se les preguntó a los candidatos qué hacer con el tema ambiental y la contaminación en las ciudades capitales.

Mientras que los demás candidatos respondieron prometiendo, por ejemplo, promover el uso de vehículos eléctricos, utilizar energías renovables o que el desarrollo tenga un enfoque ambiental, Germán Vargas Lleras aseguró que el principal enemigo del medio ambiente es la ilegalidad y mencionó el reciente derrame de petróleo, en Barrancabermeja. Para redondear su respuesta también soltó esta cifra: “200 mil hectáreas se deforestan al año en este país”.

Colombiacheck contactó a los encargados de prensa de la campaña para averiguar en qué fuente basó el candidato la cifra. Nos indicaron que la fuente es el Ideam, que según la campaña, reportó en 2017 190.00 hectáreas deforestadas.

Pero según la última medición del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, publicada en 2016, en el país se deforestaron 178.597 hectáreas. Lo que quiere decir que en su respuesta en el debate Vargas Lleras aumentó el problema en 21.403 hectáreas, por lo que calificamos su afirmación de inflada.

Es más, aunque en la última medición se registró un aumento del problema en un 44%, en los registros de los últimos tres años las cifras no se han acercado a las 200 mil hectáreas. En 2015 fueron 124.035 y en 2014 el área deforestada se calculó en 140.365 hectáreas.

Lo ambiental no aparece dentro del plan de gobierno publicado en la página web de Vargas Lleras. En la oficina de prensa del candidato aseguraron que tienen una propuesta en esa materia, pero que no la han presentado, por lo cual no aparece todavía en la página.

La respuesta de Vargas Lleras sorprende si se tiene en cuenta que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo, fue nombrado en la administración de Juan Manuel Santos como cuota de Cambio Radical, el partido que creó Vargas Lleras y que hoy lo apoya en su aspiración presidencial.

A Murillo le ha tocado enfrentar los graves problemas que tiene el país para controlar la deforestación de bosques y cumplir con la meta que se planteó el gobierno Santos de reducir la tala en la Amazonía a cero en 2020.

Recientemente el funcionario confesó, en entrevista con El Colombiano, que la deforestación era su principal dolor de cabeza, y, en otra con El Espectador, reconoció que la meta real para acabarla (en la Amazonía) no sería en 2020 sino en 2022 o 2025.

En lo que sí atinó Vargas Lleras es en que el principal enemigo del medio ambiente son los actores ilegales. Según el último reporte del IDEAM los principales motores de deforestación están relacionados con el acaparamiento de tierras, los cultivos de uso ilícito, la minería y la tala ilegal.

En el ministerio de Ambiente le explicaron a Colombiacheck.com que ese acaparamiento de tierra es, por lo general, para la agricultura y la ganadería, que representa un 45%, seguida por los cultivos de uso ilícito con un 22% y la ejecución de obras de infraestructura 10%.