El mandatario ya había dicho una frase similar en su discurso de posesión, el 7 de agosto de 2022, con relación a los gases de efecto invernadero (GEI). En ese entonces dijo: “No somos nosotros los que emitimos los gases de efecto invernadero. Son los ricos del mundo quienes lo hacen”, lo cual verificamos en ese momento y encontramos que, de acuerdo con la evidencia científica, es verdadero.

Lo primero que hay que aclarar es que el dióxido de carbono (CO2) es el principal gas de efecto invernadero que se emite a raíz de las actividades humanas, sobre todo de la combustión de combustibles fósiles (carbón, gas natural y petróleo) para generar energías y con fines de transporte.

La respuesta de Presidencia indica que el soporte de la afirmación de Petro se puede encontrar en datos como los de las series de tiempo de la propia Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Ahí, los primeros lugares en cantidad de emisiones son ocupados por Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Japón y Alemania.

Sin embargo, el documento del Gobierno reconoce que “no aparecen algunos países que son grandes emisores pero que no han reportado sus datos de emisiones aún o no los han actualizado en esta base de datos, pero que tienen un poder económico importante y son próximas potencias, es el caso de China e India”. Por eso, también aporta los gráficos en un artículo publicado por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, en inglés) en 2021 como una “perspectiva más amplia”, donde esos dos países se incorporan al escalafón en el primer y cuarto lugar, respectivamente, con los demás en el mismo orden.

Colombiacheck ya había considerado otras fuentes que coinciden en la información.

En este sentido, según estimaciones de la Base de Datos de Emisiones para la Investigación Atmosférica Global (Edgar, por sus siglas en inglés), iniciativa de la Comisión Europea de Liderazgo Político, los países con mayores emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el planeta en 2022 fueron China con 12.667,43 millones de toneladas, Estados Unidos con 4.853,78 millones, la Unión Europea con 2.804,81 millones, India con 2.693,03 millones, Rusia con 1.909,04 millones y Japón con 1.082,65 millones. En contraste, según esta medición, Colombia emitió 88,47 millones de toneladas de CO2.

Los datos anteriores coinciden con los principales países emisores de gases de efecto invernadero en 2022. En los primeros cinco lugares están China (30,2%), Estados Unidos (13,5%), India (7,3%), Rusia (5,1%), y Japón (2,8%)., según el informe del Energy Institute.

Cruzamos estos datos con los de los 20 países con mayor producto interno bruto (PIB) del mundo, según las estimaciones del Foro Económico Mundial y encontramos que los que registran más emisiones de dióxido de carbono también están en los primeros lugares en cuanto al tamaño de sus economías. La respuesta de Presidencia se basó en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el mismo propósito e igual resultado.

En Estados Unidos, el país más rico del mundo, se estimó un PIB de 26,9 billones de dólares para 2023, seguido por China con 19,3 billones de dólares, Japón con 4,4 billones de dólares, Alemania con 4,3 billones de dólares e India con 3,7 billones de dólares. Por lo tanto, la afirmación de Petro sobre que los ricos son los que más emiten CO2 es verdadera.

Como lo contamos en el citado chequeo de la posesión, si el presidente al hablar de “ricos” se hubiera referido a personas naturales, también estaría en lo cierto. El informe “Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono”, publicado en 2020 por Oxfam International en alianza con el Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo (SEI), expone que la responsabilidad de emisiones de GEI del 1% de la población mundial con mayor poder adquisitivo es el doble que la de más de 3.000 millones de personas que, aproximadamente, conforman el 50% más pobre.

Con estas evidencias, en Colombiacheck calificamos como verdadera la afirmación de Petro sobre que “los ricos son los que más emiten CO2”, porque al revisar los datos de los países que generan más emisiones en el mundo y cruzarlos con los que tienen mayores recursos económicos es cierto lo que dice el mandatario. Lo mismo sucede al revisar por los datos con relación al poder económico individual de las personas.

De acuerdo con los datos tanto de las emisiones globales de CO2 procedentes de la actividad industrial y los combustibles fósiles como de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, ambas han venido en aumento desde 2010 hasta 2022.

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En 2010, se emitieron 33.360 millones de toneladas métricas de CO2 y en 2022 este valor pasó a 40.600 millones de toneladas, representando un incremento del 21,7%, según datos de Global Carbon Project. Por lo tanto, es cierto que desde 2010 hasta la fecha las emisiones globales de CO2 han venido en aumento.

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Igualmente, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera en 2010 era de 390,1 millones de toneladas y en el 2022 fue de 418, 56 millones de toneladas, es decir, que aumentó el 7,3%, según datos de los Laboratorios de Investigación del Sistema Terrestre de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA/ESRL, en inglés).

El aumento del 12% de las emisiones de CO2 que menciona Petro en su discurso coincide con lo revelado por el informe del Grupo de Trabajo III del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), difundido en abril de 2022, y efectivamente esta es la fuente citada en la respuesta de Presidencia a Colombiacheck. Según el reporte, “las emisiones anuales promedio de GEI durante 2010-2019 fueron las más altas que en cualquier década anterior: en 2019 alcanzaron las 59 gigatoneladas de CO2 (GtCO2), un 12% más que en 2010 y un 54% más que en 1990”.

En ese entonces, Jim Skea, copresidente del grupo, dijo: “Si queremos limitar el calentamiento global a 1.5ºC, este es el momento. Es ahora o nunca; sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones, en todos los sectores, será imposible”.

Los expertos de Camino Hacia Carbono Neutral (CHCN), iniciativa dedicada al impulso de alternativas para la reducción de las emisiones de GEI, le explicaron a Colombiacheck cuáles son las razones del aumento de las emisiones de CO2:

“La razón nos la da la misma serie de datos de emisiones mostrando cómo, solo en 2020, en plena pandemia [de covid-19] se registró un descenso en las emisiones. Sin embargo, la crisis de gas en Europa occidental, ocasionada por la guerra rusoucraniana, más la necesidad mundial de reactivar las economías post pandemia, aumentó el consumo de fósiles y en consecuencia se aumentaron las emisiones para el 2021 y el 2022. La única manera de lograr disminuciones drásticas apreciables en periodos anuales es deteniendo drásticamente el consumo de fósiles. Los esfuerzos globales por reducir emisiones solo serán apreciables en períodos más largos cuando sean efectivos los esfuerzos realizados en la actualidad”.

En conclusión, calificamos como “verdadero pero...” la afirmación de Petro sobre que hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en 2010 porque es cierto que tanto las emisiones globales de CO2 como las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera han venido en aumento desde esa fecha, pero el porcentaje mencionado por el mandatario es de 2019. Si lo comparamos con el 2022, el aumento de las emisiones se calcula que es incluso mayor de 21,7%.

Desde la firma de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, se estableció la financiación climática internacional como una vía para combatir el aumento en la temperatura global. Entre varios principios, parte de considerar que los países desarrollados han conseguido, a niveles histórico y actual, buena parte de sus riquezas a partir de procesos de producción contaminantes. En ese sentido, el financiamiento climático busca trasladar a los países en vías de desarrollo infraestructuras, capacidades económicas y conocimientos para que no se repliquen modelos con altas emisiones de gases de efecto invernadero.

Así lo explica la experta en financiación climática Diana Cárdenas Monar:

“El tema de responsabilidad histórica y responsabilidades comunes, pero diferenciadas, es un principio que estaba en todos los instrumentos relacionados con cambio climático y, sobre todo, estuvo bien reflejado en el Protocolo de Kioto, en que se dividió a los países entre Anexo 1 y Anexo 2. Claramente los países desarrollados, que estaban en uno de los anexos, eran los que estaban señalados como los que tenían mayor responsabilidad sobre el problema del cambio climático [...] Bajo ese mismo principio y bajo esa misma lógica se definieron que se definió que los pues los países desarrollados tenían también que eh, apoyar a los países de desarrollo con financiamiento; apoyo también para el desarrollo de capacidades y para transferencia de tecnología”.

Según el presidente, “los sectores más ricos de la humanidad” han incumplido acuerdos de convenciones anteriores como reducir las emisiones de dióxido de carbono y, en este contexto, apoyar la financiación climática. Según el mandatario, “no se financió el fondo del clima como se prometió para proteger a las poblaciones no emisoras de CO2; es decir, las poblaciones pobres”.

La respuesta de Presidencia dice que la base de esta afirmación está en el sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, en inglés) y enlaza a su resumen ejecutivo. El documento afirma, en una de sus ideas principales: “La financiación insuficiente y la falta de marcos políticos e incentivos para la financiación son las principales causas de las deficiencias en la aplicación tanto de la mitigación como de la adaptación” (p. 28).

Dicho esto, no existe un único “fondo del clima”. Existen numerosos fondos encaminados a financiar diferentes aspectos (mitigación, adaptación, preservación, etc.)  a diferentes escalas y en diferentes regiones. Varios de ellos podrían catalogarse, más general o particularmente, con el objetivo de “proteger a las poblaciones no emisoras de CO2”. Así lo evidencia la pestaña “Fund sizes” (tamaños de los fondos) de la visualización elaborada por la iniciativa Climate Funds Update, con datos actualizados a diciembre de 2022.

Esos datos evidencian que, recientemente, los fondos más grandes en términos de financiación climática son el Clean Technology Fund (CTF), que apoya procesos de inversión en energías limpias, y el Green Climate Fund (GCF). Como nos informaron los expertos del proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, precisamente durante la COP28 este fondo anunció que se alcanzó un nuevo récord en el financiamiento.

Además, durante esta reciente conferencia, se aprobó también el lanzamiento de un nuevo Fondo de Pérdidas y Daños, dirigido a países que han sufrido ya los impactos del cambio climático en sus territorios.

Al margen del recuento de los fondos existentes y sus presupuestos actuales, cabe anotar que en el contexto de la financiación climática sí se comenta un gran incumplimiento de las metas en general, reportado en el Informe Paralelo de 2023 sobre Financiación Climática elaborado por Oxfam. Durante la COP15, en 2009, se estableció la voluntad de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de dólares anuales, como máximo, a partir de 2020. Esto con el fin de impulsar acciones de mitigación del cambio climático. La ONG señala que durante los tres últimos años no se llegó a esa cifra.

Además, de los 83.300 millones declarados para 2020, el valor real calculado por Oxfam fue de entre 21.000 y 24.500 millones. La organización señaló que la mayor parte de estos recursos corresponde a préstamos y créditos, en lugar de subvenciones, lo que podría terminar perjudicando a las comunidades beneficiarias.

Necesidades de los países en desarrollo en concepto de financiación climática pública de cara a 2030 (anual). Comprometida (verde); Valor real (amarillo); Adaptación (azul); Pérdidas y daños (morado); Mitigación (anaranjado). Tomado de Oxfam.

Cárdenas explica, finalmente, que hasta ahora los objetivos de financiación climática no son vinculantes y que hay debates en la misma cuantificación de los recursos aportados a día de hoy para la meta de 100.000 millones: 

“Estamos asumiendo que [este año] podrá haberse cumplido. Apenas son especulaciones y no tenemos todavía los datos para verificar que así ha sido. Además es muy contestable la forma en que la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos] está haciendo la cuantificación; en general, la forma en que se hace la cuantificación, porque no hay acuerdo sobre qué es lo que debe considerarse, lo que no… Ha sido un tema la nueva meta de financiamiento climático, que debe definirse hasta 2025, entonces es un proceso que está todavía en marcha”.

Así pues, la afirmación de Petro es cuestionable, dado que no especifica a qué fondo se refiere. Además, aunque hay rezagos en las metas contempladas en 2009 de cara a 2020, esto no implica que el apoyo de los países desarrollados, establecido en la CMNUCC, no se haya adelantado como se inicialmente se comprometió.

Otra de las afirmaciones del presidente fue: “Aún hay países que, a punto de hundirse, como las islas de Vanuatu y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono”.

Esta frase tiene varios elementos que llevan a relacionar la riqueza de los países y su consumo contaminante de combustibles fósiles con su posición en el ajedrez político alrededor del conflicto palestino-israelí, donde la excepción serían algunas islas. Para analizar su veracidad, entonces, hay que ir por partes.

Ejemplo mal escogido

En efecto, Vanuatu hace parte de los 38 miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) clasificados como pequeños estados insulares en vías de desarrollo (SIDS, en inglés), los cuales son particularmente vulnerables a la crisis climática. “Algunos de ellos literalmente se están hundiendo. O, más exactamente, las aguas que los rodean están subiendo poco a poco, amenazando con tragárselos”, advierte el organismo multilateral. Este archipiélago de Oceanía es, justamente, uno de los afectados por ese aumento del nivel del mar.

Sin embargo, no es cierto que este país, ubicado en Pacífico Sur, haya estado en contra de los llamamientos a detener la ofensiva de Israel sobre Gaza, que ha afectado mayoritaria y masivamente a la población civil palestina a pesar de haber sido desatada como respuesta al ataque terrorista que el grupo islamista Hamás cometió en el sur del Estado judío el 7 de octubre de 2023. Por tanto, Petro le atribuyó una posición que no corresponde con sus votaciones.

La Asamblea General de la ONU ha aprobado dos resoluciones desde que estalló esta nueva escalada en el antiguo conflicto. En la primera, el 27 de octubre, llamó a una tregua entre las partes. En la segunda, el 12 de diciembre, pidió un cese al fuego.

Vanuatu se abstuvo en la primera ocasión. Esto es diferente a no votar, pues está contemplado en el sistema de Naciones Unidas y se le considera una posición neutral.

🔴 URGENTE La Asamblea General adopta una resolución que "pide una tregua humanitaria inmediata, duradera y sostenida que conduzca al cese de las hostilidades" en #Gaza por 120 votos a favor, 14 en contra y 45 abstenciones pic.twitter.com/ykUhwFxhZF

— Noticias ONU (@NoticiasONU) October 27, 2023

En la segunda, en cambio, votó a favor, contrario a lo afirmado por Petro.

🔴 URGENTE. La Asamblea General de la ONU adopta un proyecto de resolución que exige un alto al fuego humanitario inmediato en #Gaza.

A favor: 153
En contra: 10
Abstenciones: 23 pic.twitter.com/bCVYdqdNUk

— Noticias ONU (@NoticiasONU) December 12, 2023

También cabe aclarar que las resoluciones de la Asamblea General no son vinculantes. “La aplicación de las recomendaciones de políticas que aparecen en las resoluciones y las decisiones, son responsabilidad de cada Estado miembro”, explica la Guía Práctica de esta instancia de las Naciones Unidas.

Además, Vanuatu nunca ha sido miembro del Consejo de Seguridad, que sí produce resoluciones de carácter obligatorio.

El voto de “otras islas”

Petro también aludió en general a que “otras islas” han votado “contra Palestina”, así que revisamos también las votaciones de los otros 37 SIDS frente a los mismos llamamientos a tregua y cese al fuego en Gaza. Si bien hubo casos en los que eso sucedió, fueron minoritarios incluso si se tienen en cuenta las abstenciones y las ausencias.

El 27 de octubre, seis de estos estados votaron en contra: Fiyi, Islas Marshall, Micronesia, Nauru, Papúa Nueva Guinea y Tonga. Otros cinco se abstuvieron: Cabo Verde, Haití, Kiribati, Palau y Tuvalu. Además, Sao Tomé y Príncipe, Seychelles, Jamaica y Samoa no votaron. Los 22 restantes se pronunciaron a favor, incluida Fiyi, que se había opuesto a primera resolución.

Para el 12 de diciembre, el apoyo fue incluso mayor. En contra, solo quedaron Micronesia, Nauru y Papúa Nueva Guinea. Entre tanto, las Islas Marshall y Tonga se movieron hacia la abstención, al lado de Cabo Verde y Palau; mientras que Haití y Kiribati ya no hicieron esta manifestación explícita sino que se ausentaron igual que Sao Tomé. Así, quedaron 27 apoyos más el de Vanuatu.

La posición de los “pueblos pobres”

En este caso, podemos decir que Petro acertó. Al contrastar la clasificación de países elaborada por el Banco Mundial con las votaciones de las mismas dos resoluciones de la ONU, sí es clara la tendencia favorable de la gran mayoría de los 26 que están en la categoría de bajos ingresos.

La primera resolución no recibió la oposición de ninguno de estos estados. Además, solo se abstuvieron Etiopía y Sudán del Sur. Si bien Burkina Faso, Liberia, Ruanda y Togo no votaron, los otros 20 fueron favorables a la decisión.

Al igual que en el caso de las islas, entre los países más pobres también aumentó el apoyo cuando se llamó al cese, pues hubo 21 de estos países a favor, aunque con varios movimientos. Se sumaron Burundi y Ruanda, antes ausentes; así como el de Etiopía, que se abstuvo en octubre. Sin embargo, Malawi hizo el movimiento opuesto y pasó de la aprobación a la abstención.

Sudán del Sur repitió su posición abstencionista y Togo, que antes no había votado, también la tomó. Solo Burkina Faso tuvo ausencia doble, mientras que el único país de ingresos bajos que se opuso al cese fue Liberia, que no había participado en octubre.

“Los grandes consumidores de carbono”

Los mayores consumidores de combustibles fósiles son, por consecuencia, también los grandes emisores de gases de efecto invernadero y, como verificamos en otra frase anterior de este mismo discurso, son los países con mayores economías. Petro, en su discurso, los limitó a Europa y Norteamérica para cuestionar que, según su tesis, son los mismos que han votado contra estas resoluciones.

Sin embargo, solo tres países de estas dos regiones, que suman más de medio centenar de estados miembros de la ONU en total, votaron en contra de ambas: Estados Unidos, Austria y Chequia. Otros dos votaron primero en contra y se abstuvieron después: Canadá y Hungría. Incluso Croacia se opuso a la de octubre, pero apoyó la de diciembre.

En cambio, los otros votos negativos dobles en realidad son de Israel y cinco países que no son ricos y tampoco grandes consumidores de combustibles fósiles contaminantes: tres de los SIDS (Micronesia, Nauru y Papúa Nueva Guinea) y dos latinoamericanos (Guatemala y Paraguay). Estos dos últimos, además, dejan sin piso la mención de las islas como única excepción a la regla.

Pero hay más, porque el país que más consume estos combustibles en la actualidad y, por tanto, más genera emisiones es China. No obstante, contrario a la tesis del mandatario, votó a favor de ambas resoluciones. Lo mismo que otros grandes consumidores y emisores de carbono: Rusia, Irán y Arabia Saudí.

Además, India, Japón y Corea del Sur también deberían estar en el grupo señalado por Petro. Si bien se abstuvieron en octubre, en diciembre votaron a favor de llamar al cese.

Presidencia evade argumentar

La respuesta de Presidencia sobre el sustento de esta afirmación se limitó a declarar que las palabras del presidente “se realizaron en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión” y citar la Constitución y jurisprudencia al respecto. Según esto, “fue la expresión de pensamientos, expresiones y opiniones propias y personales por tanto no es posible suministrar la información al nivel de detalle solicitado por usted en la petición”.

Aunque agrega que “se procurará, en la medida de lo posible [...], que las opiniones personales del primer mandatario (por esta misma condición) se ajusten en dichos espacios a la neutralidad propia del cargo que ejerce”, no da ninguna explicación sobre el sustento de la acusación contra Vanuatu o los otros datos incluidos en la declaración. Así, el gobierno de Petro escuda como opinión unos hechos concretos que son verificables, una estrategia que ya ha usado al ser consultado para otro chequeo.

De manera que la declaración del presidente es cuestionable porque mezcla información cierta, como el efecto del cambio climático en Vanuatu y otros estados insulares o el apoyo mayoritario de los países más pobres a las resoluciones que llaman a detener los ataques israelíes en Gaza, con otra que no lo es, como la posición particular del archipiélago que tomó como ejemplo o las de Europa y Norteamérica como si fueran los únicos “grandes consumidores de carbono”, para sustentar de manera engañosa su tesis que relaciona estos dos asuntos.

Durante su discurso en la COP28, Petro también se refirió a una transición energética como una realidad económica necesaria para los países del mundo y aseguró que “Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas”. Además, repitió esta afirmación en medio de la presentación del Portafolio para la Acción Climática y la Transición Socioecológica y Energía Justa en Colombia.

En cuanto a los contratos vigentes de exploración de petróleo y gas, según el ‘Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa’ del Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), al mes de noviembre de 2022 había un total de 381 contratos (331 suscritos a la ANH y 49 a Ecopetrol). De estos, 207 cuentan con áreas de exploración y 115 con áreas en etapa de producción.

De acuerdo con los registros históricos de la Agencia, el último contrato para la exploración y producción de hidrocarburos fue firmado en julio de 2022, aún bajo el gobierno de Iván Duque, con la empresa petrolera Mansarovar Energy Colombia Ltd. Anterior a este, todos los contratos firmados durante el primer semestre del 2022 fueron celebrados el 18 de enero de ese año.

En términos de reservas de gas y petróleo, el informe de la ANH, con corte diciembre de 2022, indica que para petróleo se tiene reservas probadas para 7,5 años y para gas natural de 7,2 años. Como aclaramos en este explicador, las reservas son las cantidades de petróleo o gas que han sido descubiertas y pueden ser recuperables comercialmente a partir de una fecha dada con base en los proyectos de desarrollo implementados. 

Las reservas se catalogan, según el nivel de certeza asociado a los estimativos, en probadas (P1), probables (P2) y posibles (P3). Las reservas probadas son las que, por el análisis de los datos de geociencia e ingeniería, tienen un 90% de probabilidad de ser extraídas del subsuelo y convertidas en gas que pueda ser usado. Las probables son las que tienen por lo menos un 50% de probabilidad y las posibles son las que tienen por lo menos un 10%.

La decisión de no firmar más contratos de exploración de hidrocarburos proviene de una promesa de campaña de Petro. De hecho, en octubre de 2022, la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, lo ratificó, diciendo que se respetarían los contratos ya existentes de exploración y producción de hidrocarburos. 

Este año, la exministra volvió a asegurar, durante su intervención en el Foro Económico Mundial, que en Colombia no se concederían nuevos contratos de gas y petróleo, así como tampoco concesiones para la exploración y extracción de carbón a cielo abierto.

#NoticiaW | La ministra de Minas, Irene Vélez, confirma que el Gobierno del presidente Gustavo Petro (@petrogustavo), no va a conceder nuevos contratos de exploración de gas y petróleo en Colombia pic.twitter.com/oLLYhuHuGN

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) January 19, 2023

Julio César Vera Díaz, presidente de la Fundación XUA Energy y experto en el sector petrolero, le dijo a Colombiacheck que, en efecto, los últimos contratos de exploración de petróleo y gas se firmaron en el primer semestre del 2022, antes de la llegada de Petro a la Presidencia. Sin embargo, advirtió que el hecho de no suscribir nuevos contratos puede llevar a que Colombia se vea afectada en su seguridad y soberanía energética y a la pérdida de su autosuficiencia en materia de petróleo y gas.

“Si un país como Colombia llegara a perder su autosuficiencia en materia de hidrocarburos, tanto de petróleo como de gas, se ve afectada directamente su soberanía energética porque no tiene la capacidad de atender con producción interna las necesidades que tiene de abastecimiento, entonces empieza a depender de importaciones que realice de países vecinos”, afirmó.

Vera también señaló que, en materia de gas natural, lo más sencillo sería que los hogares colombianos pasaran a usar energía eléctrica, pero eso no es tan sencillo. “Desde un punto de vista económico, sería muy costoso en inversiones, en cultura ciudadana, en la racionalidad en el consumo y serían efectos no a corto, sino a mediano y largo plazo. Otra opción es depender del gas importado con las mismas características, pero si no viene de países vecinos sino de otros aliados internacionales, hay que tener en cuenta que el costo se superaría en el doble o el triple, lo que generaría un impacto económico”, detalló.

En una posición similar se encuentra Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), quien señala que la decisión de no firmar más contratos de exploración y producción significaría para Colombia dejar de recibir la inversión extranjera directa en el sector de los hidrocarburos.

Según Acosta, se debe tener en cuenta que los contratos de exploración por sí mismos no garantizan una soberanía energética para el país, pues durante la fase de exploración, en donde se aplican técnicas de análisis geológico, geofísico, y la perforación de pozos (que pueden durar en promedio 6 años), pueden aparecer resultados no favorables para la producción de petróleo o gas.

“¿Qué pasa si, al cabo de unos años, los nuevos contratos no arrojan resultados favorables y además tampoco hay nuevas áreas del subsuelo que se estén explorando? A esto, sumado que la probabilidad del éxito exploratorio en Colombia es alrededor del 13%, la soberanía energética en lo que refiera al volumen de nuevos recursos está en jaque”, afirma.

En cuanto a los contratos de exploración de carbón, recordemos que el contrato minero, es aquella figura jurídica por medio de la cual el Estado concede el derecho a explorar y explotar los recursos naturales minerales y a partir de la Ley 685 de 2001, únicamente se puede constituir, declarar y probar el derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal mediante el contrato de concesión minera.

En este sentido, en los registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM) solo figuran contratos de concesión minera celebrados hasta 2018, aunque sí se han celebrado otras concesiones para explotación de minería no carbonífera en los últimos años. En diciembre de 2022, el presidente de la entidad, Álvaro Pardo, anunció que ya no se entregarán más contratos de gran minería a cielo abierto para el sector del carbón, por disposición del gobierno de Gustavo Petro.

En agosto de este año, Pardo volvió a asegurar que no se otorgarán más contratos,  aunque aclaró que se mantendrá abierta esta posibilidad para los demás minerales claves para la reindustrialización, la transición energética y el desarrollo agrícola.

A estos anuncios se le suma el Decreto 1277 de 2023, del Ministerio del Interior, en el que se prohíbe adicionar o prorrogar contratos de concesión minera o autorizar expansiones, ampliaciones o nuevos frentes de explotación de los proyectos de minería de carbón existentes en el departamento de La Guajira, una de las zonas más explotadas para este fin en el país.

Para Luis Guillermo Acosta, la transición energética de la que habla el presidente se debe hacer desde una coexistencia sostenible. Es decir, en donde se busque el equilibrio entre las fuentes actuales fósiles (petróleo, gas y carbón) y la incorporación de energías renovables, con el fin de mitigar el principal impacto ambiental que es el relacionado con las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Existen otros recursos como el hidrógeno azul e hidrógeno blanco que pueden ser desarrollados por la industria de los hidrocarburos en la actualidad. El primero se obtiene del reformado del gas natural y el segundo, de acumulaciones naturales en el subsuelo. A estos nuevos desarrollos debe sumarse, por ejemplo, la implementación de tecnologías para explotación geotérmica para aprovechar el calor del subsuelo y generar vapor. Así pues, la transición energética debe ser en cada país, según su capacidad y demanda energética. Además, no debe hacerse de manera acelerada”, recomienda.

En su respuesta a Colombiacheck, Presidencia no aportó ningún sustento para la afirmación. Sin embargo, sí aclaró que no firmar nuevos contratos no interrumpe la actividad de otros que ya están vigentes:

“Colombia mantiene su actividad exploratoria. En materia de hidrocarburos, el esfuerzo del gobierno ha estado orientado en garantizar la eficiencia en la exploración y explotación en el país. Por lo cual, a corte de 15 de diciembre del presente año, de los 44 contratos suspendidos, 30 tienen plan de reactivación, los 14 restantes no cuentan con estrategias por ser yacimientos no convencionales (YNC) o tienen solicitud de terminación. Adicionalmente, la ANH y el Consejo Directivo adoptarán nuevos criterios de administración de los contratos y convenios de hidrocarburos, dirigidos a promover la actividad exploratoria generando inversión directa en proyectos que podrían incrementar las reservas de hidrocarburos del país en el corto, mediano y largo plazo”.

En consecuencia, calificamos como ‘verdadera pero’ la afirmación de Gustavo Petro sobre que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de petróleo, gas y carbón. Si bien los últimos contratos celebrados datan de antes del inicio de su administración, existe todavía una fuerte preocupación e incertidumbre por parte de expertos que advierten que la falta de nuevos contratos pondría en riesgo la soberanía energética del país.

Calificamos esta afirmación de Petro como “verdadero pero”, pues si bien es cierto que hoy en día la gasolina ya no goza del subsidio que le otorgaba el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el gobierno les prometió un bono a los taxistas para pagarla y todavía se subvenciona el diésel, aunque se prevé que aumente el próximo año para grandes consumidores.

Al ser consultada por Colombiacheck sobre el sustento de la frase, Presidencia solo aclaró: “Ante esta afirmación se recalca y hace referencia a la reiteración que el Gobierno del Cambio ha presentado frente al cierre de la brecha en los precios de la Gasolina, ya que dicho cierre mejorará la estabilidad fiscal del Estado, con el cierre del subsidio al precio público de este combustible”.

El mandatario ya había hecho esta aseveración en septiembre, en la Cumbre de Ambición Climática de la ONU, cuando dijo “hemos eliminado totalmente el subsidio a la gasolina, nos parece que deben eliminarse completamente los subsidios a los combustibles fósiles en el mundo”.

Lo que funciona a modo de subsidio para la gasolina y el aceite combustible para motores (ACPM) es el FEPC, el cual fue creado durante el segundo mandato de Álvaro Uribe como un mecanismo sostenible que absorbiera las variaciones del precio internacional de los combustibles para no afectar a los consumidores. Por lo tanto, los años en los hubiese una deuda por los altos precios del petróleo se compensarían con aquellos en los que podría haber un ahorro o ganancia si los precios bajaban.

En la práctica, según el “Abecé” oficial al respecto publicado por el Ministerio de Hacienda en 2022, este fondo actúa como un subsidio pues evita que los precios de los combustibles suban si hay incrementos en los precios internacionales. Solo una vez ha tenido superávit o ganancias y fue en los dos primeros años de funcionamiento (2008, 2009) y recientemente en 2020, pero de resto ha acumulado deuda.

“El fondo no estaba diseñado para subvencionar el precio de los combustibles”, aclaró Sergio Cabrales, doctor en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas de la Universidad de los Andes. “Pero terminó subsidiando casi 100 billones de pesos desde su creación, cuando su objetivo inicial era ahorrar en épocas de precios bajos y desahorrar cuando subían, estabilizando así el precio final”, agregó. 

Tal como hemos explicado en varios chequeos previos (1, 2, 3), este déficit generado en el FEPC provocó que el gobierno Petro le subiera a la tarifa de la gasolina para cerrar la deuda, que a finales del año pasado ascendía a 36,7 billones de pesos. Este endeudamiento históricamente se pagaba con títulos de deuda pública, pero el gobierno de Iván Duque, amparado en su Plan Nacional de Desarrollo, desembolsó plata del Presupuesto General de la Nación para cumplir con la deuda acumulada hasta 2019. 

Después, esa administración saldó la cuenta pendiente entre 2020 y junio de 2021, ubicada en 3,7 billones de pesos. Sin embargo, desde ese corte hasta marzo de 2022, se generó una nueva deuda de 14,2 billones de pesos, la cual se resolvió en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2022 que se debía pagar en el siguiente gobierno (el que asumió Petro). 

En el mismo documento se proyectaban incrementos en los precios de la gasolina y ACPM de 200 pesos en junio y julio de 2022, de 250 para agosto y, a partir de septiembre, otros aumentos graduales de 400 y 250 pesos mensuales, respectivamente, hasta cerrar el déficit. 

Mariana Matamoros, economista e investigadora del centro de estudios DeJusticia, recordó que en 2020, por la pandemia de covid-19, el gobierno Duque decidió disminuir los precios del combustible sin un plan para volver a incrementarlos, aún cuando luego se dio un fuerte incremento en sus precios internacionales, asociados al proceso de reactivación económica mundial y al conflicto entre Rusia y Ucrania.

Esto amplió la brecha entre el precio local y el internacional, lo que aumentó el déficit del Fondo y el problema quedó en manos del gobierno electo en 2022.

El expresidente aumentó una sola vez las tarifas de los combustibles durante su mandato, en julio de 2022, después de los comicios y cuando ya estaba de salida; por lo que Petro comenzó a subirle a la gasolina desde octubre de ese año. Hasta noviembre de 2023, el alza era de 5.384 pesos por galón. Aún se espera otro incremento más para enero del próximo año.

Hasta el momento, el gobierno no ha tocado el ACPM o diésel. Sin embargo, ya se conoció un borrador de decreto del Ministerio de Hacienda con el que se pretende que los grandes consumidores, aquellos que demandan 20.000 o más galones al mes en promedio durante el año, pasen de pagar 9.056 a 16.000 pesos en 2024.

La norma excluiría a las generadoras de energía en zonas periféricas del país, como el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina o Leticia, Amazonas, y a los sistemas de transporte masivo, como TransMilenio en Bogotá.

El titular de la cartera de Hacienda, Ricardo Bonilla, ya había anunciado que para febrero del próximo año comenzarían estos aumentos. “Cuando cerremos con el precio de la gasolina continuaremos con el diésel. La brecha (en ese combustible) es de casi 8.000 pesos, que es lo que hay que subir. No haremos el incremento de golpe, no queremos tomar por sorpresa a nadie, vamos a concertar y eso nos tomará de 18 meses a dos años para poderlo ajustar”, precisó.

Tal como también explicamos en nuestro chequeo “No es cierto que precio del diésel haya aumentado en diciembre, como afirma video de Kwai”. Tampoco encontramos variaciones del valor del diésel durante el año, según el portal Global Petrol Prices y la página de la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG).

De acuerdo con cálculos de MinHacienda, la deuda con el Fondo de Estabilización de Combustibles va a terminar este 2023 en 20 billones de pesos, lo que equivale a lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria aprobada el año pasado.

El Plan Financiero del Gobierno de este año calcula que sea para 2026 cuando se termine la presión fiscal que genera este déficit sobre las finanzas públicas. “Se proyecta que los diferenciales de precios se cierren a comienzos de 2024 para gasolina corriente, y a comienzos de 2025 para ACPM, con lo cual el Gobierno lograría que la presión de gasto asociada al FEPC desaparezca en el transcurso del cuatrienio”, especifica.

Fuente: MinHacienda.

La Contraloría de la República, por su parte, recomendó en septiembre acabar con el subsidio a los combustibles ya que, luego de un estudio, el FEPC a lo largo de su historia le ha generado un costo fiscal al país de 100 billones de pesos constantes en 2023 (incluyendo intereses por los títulos de deuda pública), lo cual obedecería a un mal diseño del mecanismo.

Advierte la institución, sin embargo, que a la luz de un análisis de la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada de Minas y Energía, con el nuevo Marco Fiscal de Mediano Plazo 2023 “queda claro” que a corto plazo “no se va a desmontar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) (…), pero sí se espera rediseñar su funcionamiento y se le dará prioridad a la extinción de déficits para que su acumulación no sea tan onerosa”.

Los expertos consultados por este medio coincidieron en que en estos momentos no se subsidia la gasolina corriente por la deuda acumulada en ese fondo, pero tampoco se ha eliminado definitivamente la subvención a los combustibles.

El profesor Cabrales asegura que con los incrementos mensuales la tarifa hoy supera el valor internacional. “En Colombia, el precio promedio de la gasolina corriente es aproximadamente de 14.800 pesos por galón, pero el precio que deberíamos pagar la gasolina debería ser de 12.600, lo que implica que se está pagando a precios internacionales. Esto indica que estamos pagando 2.400 pesos de más por galón de gasolina, los cuales se destinan a subsidiar el ACPM”, señaló Cabrales.

Esto coincide con el precio de la gasolina en Estados Unidos, principal importador de este combustible para Colombia, que es de 3,1 dólares por galón, equivalente a 12.396 pesos (tasa representativa del mercado, TRM). Mientras que el galón nacional cuesta en promedio 14.564 pesos. No obstante, el portal Global Petrol Prices, apunta que el valor promedio de la gasolina en el mundo es de 4,90 dólares, equivalentes a 19.551 pesos.

En octubre, Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), había dicho que calculaba que el diferencial entre el precio regulado y el precio internacional de referencia era de aproximadamente 600 pesos. Y luego, el Gobierno en noviembre autorizó un ajuste por el mismo valor y apuntó que falta todavía otro en enero (aunque había dicho a principios de diciembre que restaban dos).

Julio César Vera, director de la Fundación Xua Energy, también reiteró que hoy no tenemos subsidio de gasolina, sino que se está corrigiendo el déficit anterior del FECP. No obstante, advirtió que se mantiene el subsidio del ACPM que, de acuerdo con sus cálculos, costará más de 1 billón de pesos para este diciembre. 

“En el caso del diésel, la situación desde el punto de vista fiscal sigue siendo preocupante, dado que el diferencial actual con el precio internacional es de 6.270 pesos por galón aproximadamente, incluyendo el IVA, lo que significará solo para el mes de diciembre un subsidio de cerca de 1,11 billones de pesos”, precisó.

Matamoros, de DeJusticia, señaló que a su juicio el “subsidio implícito” a los combustibles no se ha “desmantelado del todo”, pues falta el ACPM. “La meta con los incrementos de la gasolina era encontrar la paridad del precio internacional y que Colombia maneje los precios internacionales para no continuar aumentando el déficit que ya existe. Ahora la estrategia es buscar que el FEPC maneje un déficit de cero, pagando la deuda de años anteriores. Es por eso que ahora, para 2024, el precio aumentará para el ACPM”, explicó.

“En resumen, hasta que este gobierno no termine de saldar el déficit del FPEC (deuda por subsidios implícitos que brindaron los gobiernos durante años), e incluso que reestructure los objetivos del fondo y sea usado como un mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles con tendencia al equilibrio, no podemos hablar de que se acabó el subsidio”, subrayó la experta.

Cabrales sostiene que no ve posible un desmonte rápido del subsidio al ACPM por sus implicaciones en el aumento de fletes de carga y su efecto en la inflación; una opinión que comparte Vera, quien recordó que el Banco de la República estima que un alza del 10% en la tarifa del diésel (800 pesos por galón), puede tener un efecto de 0,3 puntos en la inflación.

Petro prometió un subsidio a los taxistas para la gasolina

En agosto de este año, el Gobierno nacional les ofreció a los taxistas un bono de compensación para precisamente reducir el impacto de las alzas en el combustible, luego de que este gremio se quejara.

El viceministro de Transporte, Carlos Eduardo Caicedo, comunicó que sería un pago de forma directa y que en un primer momento al beneficiado se le pagaría entre 90.000 y 100.000 pesos, pero al mes siguiente subiría la compensación por el incremento del precio de la gasolina que hubiese.

Para acceder a esta subvención, los taxistas debían inscribirse en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), por lo que se esperaba el registro de 190.000 en todo el país (aunque a octubre iban menos de 50.000), lo cual acarrearía un gasto de entre 23.000 y 25.000 millones de pesos para las finanzas públicas.

Hasta la fecha, sin embargo, los conductores no han recibido tal bono y el Ministerio de Transporte dijo que iba presentar el borrador del proyecto a mediados de noviembre, pero hasta ahora se desconoce el avance de tal medida.

En su discurso, Petro sacó pecho de cómo Colombia se ha propuesto superar la crisis climática, afirmando que el país “ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia”. Según la respuesta de Presidencia a Colombiacheck, “la afirmación del presidente hace referencia a la matriz eléctrica, que este año el país alcanzó una capacidad instalada de 19.9 GW, de los cuales el 70% corresponde a fuentes renovables (hidráulica, solar, eólica y biomasa)”, pero no explica el origen del dato.

En primer lugar hay que aclarar que las energías limpias son consideradas aquellos sistemas capaces de producir energía sin generar contaminación ambiental, principalmente por la no producción de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Las más utilizadas en todo el mundo son la solar, la geotérmica, la eólica y la hidráulica.

Por su parte, una matriz energética es la combinación de fuentes de energía primaria (como el petróleo, el gas natural, el carbón, la nuclear y las ya mencionadas, entre otras) que se utilizan en una zona geográfica específica. Se calcula mediante la recopilación de datos sobre el consumo de cada una de ellas para determinar el porcentaje de participación en la generación de energía total.

En este sentido, en Colombia se producen energías limpias, principalmente a partir de fuentes renovables, como la hidráulica, la cual corresponde a más del 60% de la capacidad instalada con la que cuenta el país. Esto se debe en parte al potencial hídrico de la geografía colombiana.

Según el informe ‘Perspectiva Sectorial Energía’ de la inversionista Corficolombiana, publicado en febrero de 2023, durante 2022 aumentó la participación de la generación de energía hidráulica en el país, principalmente por la presencia del fenómeno de la Niña, que influyó en el aumento del caudal de los ríos y el nivel de los embalses. El documento señala que se generaron 76.905 GWh (gigavatios-hora), de los cuales la energía hidráulica y la térmica tuvieron un 83,66% y un 14,60% de participación, respectivamente.

Sin embargo, los investigadores también detallan que las fuentes no convencionales de energía, como la eólica y la solar, no son relevantes actualmente. En promedio, su participación en la generación total de energía en 2022 fue apenas de 0,6% para la solar y de 0,1% para la eólica.

Pero Colombia ha superado el 70% en matriz energética limpia desde años anteriores. De acuerdo con el reporte integral de sostenibilidad, operación y mercado 2021 de XM (operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia), durante ese año el porcentaje de participación de la generación de energía con fuentes renovables en fue del 83%, mientras que la de fuentes no renovables fue del 17%.

Según el reporte, para ese año la mayor participación se dió con la generación de energía hidráulica (81,82%), seguida de la biomasa (1,07%) y la energía solar (0,44%). 

Al menos desde 2016, la participación de las energías renovables ha superado el 70% que dijo Petro en su discurso, especialmente en 2018, cuando estas fuentes alcanzaron el 87% de la participación.

Sobre la generación de energías renovables en Colombia, el portal Datos Macro señala que el porcentaje de este tipo de energía desde 1980 hasta 2021 ha sido, generalmente, superior al 70%. Además, en una comparativa entre los países del mundo, líderes en generación de energía con fuentes renovables, este mismo portal posiciona a Colombia en el puesto 31.

De acuerdo con el ranking de generación de energía eléctrica renovable de julio de 2022, elaborado por la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), a nivel mundial Colombia se encuentra en la posición 9, con un 82% de participación con fuentes no contaminantes. 

Por otra parte, el Índice de Transición Energética (ETI, por sus siglas en inglés) del Foro Económico Mundial ubicó a Colombia en 2021 como el tercer país con mayor energía limpia en América Latina y el Caribe. El ETI es un escalafón publicado como parte del informe en el que se compara el desempeño actual de los sistemas energéticos de 115 países, teniendo en cuenta tres dimensiones principales: desarrollo económico, sostenibilidad ambiental e indicadores de acceso a la energía y seguridad energética.

Todo lo anterior nos permite concluir que la afirmación de Petro sobre que Colombia ha alcanzado el 70% de la matriz energética limpia es verdadera pero… Si bien es cierto que la participación de energías renovables alcanza y supera el 70% esa cifra, incluso de lejos, esto se ha registrado desde años e incluso décadas anteriores a su gobierno.

Después de la importante reducción de la deforestación anunciada a mediados de este año por el Gobierno Nacional, Petro afirmó en su discurso de la COP28 que “Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos”.

La disminución de la deforestación en 2022 fue del 29,1%, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Mientras tanto, durante su discurso en la COP28, el presidente no precisó a qué periodo corresponde su afirmación que ubica el logro en 70%.

Sin embargo, encontramos que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, repitió el dato en el panel intergubernamental ‘Innovación de Instrumentos Financieros’. Este dato se cimenta en la comparación de los datos ofrecidos en los tres primeros trimestres de 2022 y 2023 por el Sistema de Alerta Temprana de Deforestación (SAT) del Ideam.

La primera vez que la ministra presentó estas cifras públicamente fue el pasado 7 de noviembre, durante una rueda de prensa, que es justamente la fuente que cita Presidencia en su respuesta a Colombiacheck. “Esta información hará parte del tercer boletín de alertas tempranas de deforestación que aún no se ha publicado, con lo que se demuestra el esfuerzo permanente del gobierno para mantener la tendencia de reducción de la deforestación”, agrega el documento.

En la mencionada conferencia, la funcionaria advirtió que se trata de datos preliminares, pues “hay una diferencia entre las alertas tempranas y la cifra consolidada. Seguramente cuando saquemos la cifra consolidada del año 2023, que será durante el primer semestre del 2024, pues la cifra va a cambiar. ¿Por qué? Porque las alertas tempranas van mirando simplemente la foto satelital trimestre a trimestre pero solo hasta final de año podemos tener toda la información”.

Cabe anotar que la nota de prensa del Ministerio de Ambiente, titulada “Ministra de Ambiente revela alertas tempranas que muestran reducción del 70% de la deforestación”, especificó que se trata del indicio de una tendencia y no de un dato oficial. Esta precisión se omitió en el comunicado de la Presidencia de la República, titulado “Deforestación en la Amazonía se ha reducido 70 por ciento en 2023”.

Sumado a esto, no pudimos consultar durante la realización de este artículo el boletín #36 de alertas tempranas del IDEAM, correspondiente al tercer trimestre de 2023, pues no se hallaba disponible para consulta. Sin embargo, a partir de boletines de alertas tempranas de los trimestres I, II y III de 2022, y de los trimestres I y II de 2023, evidenciamos una reducción sensible de las hectáreas aproximadas que se deforestaron.

Para Laura Santacoloma, directora de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, no basta con señalar qué datos se usaron para calcular la tendencia de disminución de deforestación, pues la transparencia institucional exige responder otras preguntas: “¿Cuáles son las actividades y cuáles son las acciones? ¿Qué es lo que ha permitido que la deforestación baje en un 70%? ¿A qué se le atribuye? Porque dice Petro que es con recursos propios, pero hay grandes inversiones de cooperación internacional en la Amazonía”.

A propósito, recordamos un apunte de Ricardo Carrillo, excoordinador de instrumentos públicos del proyecto Camino Hacia Carbono Neutral, publicado en el chequeo “Gobierno Petro exagera en video sobre lo que ha hecho ‘para cambiar el país en menos de un año’”. En ese momento, Carrillo señaló sobre la reducción de deforestación en 2022 que “el cambio de tendencia es la primera señal de respuesta, tanto a las políticas del gobierno anterior, como de la actual administración, así como del interés mundial y de la cooperación internacional por la Amazonía colombiana, por implementar acciones concretas de deforestación evitada y de adaptación al cambio climático”.

Basados en esa premisa, consideramos que incluso los reportes regionales de los boletines  trimestrales de alertas tempranas avisan de entrada que el monitoreo se financia “con recursos de cooperación internacional, a través del programa REM - Visión Amazonía y la iniciativa GEF Corazón de la Amazonía”.

Visión Amazonía, cimentada principalmente en recursos de Noruega, Alemania y Reino Unido, registró acciones hasta, al menos, junio de 2023. En septiembre, cooperantes del programa visitaron las zonas impactadas. GEF Corazón de la Amazonía , por su parte, está financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment Facility, GEF), que reúne a 183 países y es implementado por el Banco Mundial. Tiene apoyo de organizaciones internacionales como WWF y Tropenbos, entre otras.

En diciembre de 2022, por otra parte, el Ministerio de Ambiente anunció el recibo de recursos de cooperación internacional por valor de 25 millones de dólares, procedentes de los gobiernos de Alemania y Noruega. Informó que el presupuesto se destinaría a implementar acciones dentro de la “Estrategia de Contención de la Deforestación del Gobierno del Cambio”.

Al consultar el Informe de Rendición de Cuentas 2022 - 2023 de la misma entidad, encontramos que se resaltó una participación importante de la cooperación internacional en distintos rubros destinados a la región de la Amazonía (las negrillas en las citas son añadidas por Colombiacheck):

“Mediante el apoyo de la Cooperación del Reino Unido con el Programa Territorios Forestales Sostenibles (TEFOS), en 2023 se inicia el diseño participativo de una metodología para el ejercicio del control social ambiental adaptada a la Amazonía y se realizará el fortalecimiento al acceso a los datos medioambientales para el control social con el fin de contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de este derecho en dicho territorio” (pág. 17).

“Minambiente (CONALDEF) realizó la mesa temática de deforestación y delitos ambientales en Leticia con la participación de siete (7) países amazónicos, expertos académicos e institucionales y con el apoyo de cooperación internacional” (pág. 73).

“El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para avanzar en la construcción del PICD [Plan Integral de Contención de la Deforestación] realizó el 19 y 20 de abril de 2023 taller de estructuración conceptual y metodológica para la de la promoción del desarrollo forestal y de la biodiversidad a partir del Manejo Sostenible con comunidades en núcleos de desarrollo forestal y biodiversidad (NDFYB) con énfasis en la Amazonia [...] Este taller se realizó con el apoyo del Proyecto Probosques de la Cooperación Alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusamme- narbeit - GIZ” (pág. 187).

“El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam, a través del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono –SMByC, presenta las cifras oficializadas al país sobre el estado y la dinámica de los bosques, respondiendo a preguntas como: ¿Cuánto bosque hay? ¿Cuánto bosque se perdió por deforestación? ¿Dónde se concentran estas áreas? e identifica las principales causas y agentes de la deforestación en Colombia a diferentes niveles. La operación del SMByC se realiza gracias al apoyo financiero del Programa REM Visión Amazonia, la Iniciativa GEF 'Corazón de la Amazonia' y el Proyecto del Fondo BioCarbono” (pág. 189).

Finalmente, entre las páginas 356 y 363, se citan convenios y recursos de cooperación internacional operados por el Ministerio provenientes de China, Unión Europea, FAO, Dinamarca, GEF, Estados Unidos, Iniciativa Internacional del Clima (IKI), Reino Unido, Alemania y Noruega.

El profesor Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Medio Ambiente, apuntó que la mayoría de los recursos destinados a la Amazonía provienen de cooperación internacional. Sin embargo, resaltó una medida del Gobierno Petro enteramente concebida con recursos propios: “lo que es muy valioso de este gobierno, y hay que reconocerlo, es que tiene un proyecto de restauración de bosques a nivel nacional en el cual la Amazonía está incorporada. Asciende a 750.000 hectáreas, que es una meta muy ambiciosa. Y esa meta sí es completamente con recursos nacionales; con un Fondo que se creó en el Plan Nacional de Desarrollo, que es alimentado hoy en día principalmente con el impuesto al carbono”.

Así pues, el dato afirmado por el presidente de la República muestra una tendencia, pero no representa una cifra oficial de reducción, en tanto no se trata del acumulado final. La información se afirmó en rueda de prensa, pero no hay un informe público con la comparación ni se pueden consultar a día de hoy todos los datos. Además, numerosas acciones dentro de la estrategia para reducir la deforestación en la Amazonía cuentan con apoyo de cooperación internacional, por lo cual no es acertado señalar que es un logro alcanzado con los “propios recursos” de Colombia. Así pues, calificamos esta frase como cuestionable.