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Martes, 02 Agosto 2022

Son falsas las omisiones sobre crímenes de las FARC que le atribuyen a la Comisión de la Verdad

Por Isabel Caballero Samper

En redes sociales circula un tuit de un teniente coronel retirado del Ejército dice que el informe final no habla de los delitos sexuales, el reclutamiento de menores de edad y las victimizaciones a miembros de la Fuerza Pública, pero todos estos hechos sí aparecen allí.

El teniente coronel retirado Gustavo Roa Cuervo, autor del libro autobiográfico “La Colombia que recorrí” sobre su vida en el Ejército, publicó un trino, que fue compartido por usuarios de Facebook, acusando al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, de haber omitido delitos sexuales, reclutamiento de menores de edad y las victimizaciones de miembros de la Fuerza Pública. Colombiacheck encontró que esto es falso y que todos estos crímenes sí aparecen mencionados en el informe.

 Colombiacheck no hace chequeos sobre opiniones, entonces los calificativos “vil apología” y “artero” y la acusación de que el informe “justifica el terrorismo y genocidio” no son verificadas. Solo revisamos si es verdad que el informe de la entidad “omite delitos sexuales”, “omite (...) reclutamiento contra menores” y “desconoce el dolor de nuestros militares y policías”.

 El día que Roa publicó el trino, el 2 de julio, sólo habían sido presentados los capítulos de “Hallazgos y recomendaciones” y el proyecto transmedia “Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia”, o capítulo testimonial, que fueron presentados el 28 de junio. Por eso solo incluimos estos en el chequeo.

En el capítulo de “Hallazgos y recomendaciones” encontramos que en la sección “3. VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO” de la parte de “I. Hallazgos” aparecen los tres tipos de delitos mencionados por Roa, y en los tres casos se hace atribución de estos a las antiguas FARC-EP .

 La subsección “3.12 Violencias sexuales” dice:

 “En el caso de las FARC-EP, se dieron especialmente violencias reproductivas, entre las que están la anticoncepción forzada, la esterilización forzada y el aborto forzado. Aunque las FARC-EP penalizaron en sus filas la violación sexual, incluso con «ajusticiamientos», la Comisión también recogió testimonios de violencias sexuales intrafilas y testimonios de mujeres víctimas civiles que sufrieron violaciones sexuales por miembros de este grupo” (p. 174).

Además, en la subsección 3.8 sobre el secuestro se dice que el 22 por ciento de las mujeres víctimas de este crimen sufrieron violencias sexuales durante su cautiverio y que las FARC-EP fue el actor que más secuestros hizo.

 La subsección “3.14. Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y trabajo forzoso” calcula:

“Según datos del Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, el grupo que más niñas, niños y adolescentes reclutó entre 1990 y 2017 fueron las FARC-EP con 12.038 víctimas (75 % del total), seguido de los paramilitares con 2.038 víctimas (13 %) y el ELN con 1.391 víctimas (9 %). Según el Proyecto conjunto JEP-CEV-HRDAG, 4 de 10 víctimas de reclutamiento eran menores de 15 años (43 %)” (p. 183).

Por otro lado, aunque no hay una sección dedicada a las víctimas de la Fuerza Pública, ellas sí son mencionadas a lo largo del capítulo. Por ejemplo, la subsección “3.16. La violencia indiscriminada: los ataques indiscriminados” describe infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) —como por ejemplo la instalación de minas antipersonal y tomas armadas de poblaciones en las que se emplearon armas con efectos indiscriminados como bombas y artefactos explosivos improvisados— en las que miembros de la Fuerza Pública fueron victimizados. Solo en estos casos, cuando la contraparte no cumple con las reglas de la guerra limpia o humanizada que dicta el DIH, es que se considera que un combatiente es una víctima del conflicto.

“De acuerdo con el Registro MAP MUSE de la Acción Integral Contra Minas Antipersonal (AICMA) entre 1990 y 2022(...) se han registrado 7.286 víctimas de la fuerza pública con 5.832 heridos y 1.454 muertos por la explosión de minas antipersona. Es decir, del conjunto de víctimas por el uso de estos artefactos, tanto en muertos como heridos, alrededor del 40 % de las víctimas fueron civiles y el 60 % miembros de la fuerza pública.” (p. 189).

 En esta subsección, la Comisión cita el relato de un soldado entrevistado en cumplimiento de su mandato, lo cual muestra qué sí tuvo en cuenta “el dolor de nuestros militares y policías”:

“Un relato de un militar que cayó en un campo minado instalado por el Frente 14 de las FARC-EP en La Unión Peneya, Montañita (Caquetá), el 2 de septiembre de 2004, muestra el impacto en varias víctimas, con mutilaciones y discapacidad posterior durante toda su vida.

«Ahí resultó el soldado Gato, herido, perdió su pierna izquierda. Yo, inicialmente, perdí mi pierna izquierda también, a la altura de la rodilla; la derecha quedó con múltiples fracturas. Y atrás quedó El Flaco Arenas, el perdió todo el maxilar inferior, todo esto se lo voló la mina; y el cabo que iba atrás, él quedó con perforaciones en su cuerpo, eso después le causó la pérdida de un pulmón, un riñón y que sus intestinos fueran reemplazados por mangueras»”, (p. 190).

 Y en la subsección “3.21 Responsabilidades en las violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH en el conflicto armado” el informe dice que las guerrillas “cometieron graves infracciones del DIH y abusos de derechos humanos de forma extensiva” y que entre estas: “resalta la política implementada por las FARC-EP a partir del año 1997 de secuestrar a policías y militares para presionar un canje por guerrilleros recluidos en las cárceles del país y también de secuestrar y/o asesinar a líderes políticos, congresistas, gobernadores, alcaldes, y miembros de asambleas departamentales y concejos municipales. La vida, la libertad, y la dignidad humana fueron subordinadas a la guerra.”, (p. 209).

Después, en la sección “II. Recomendaciones” se menciona específicamente la necesidad de reparar a las víctimas de la Fuerza Pública en la sección “2. PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN INTEGRAL, LA CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA, LA REHABILITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS Y DE RESPONSABILIDADES”.

 También, en el archivo en PDF del proyecto transmedia “Cuando los pájaros no cantaban: historias del conflicto armado en Colombia” incluye las voces de cientos de víctimas, muchas de las cuales cuentan historias que muestran que no es verdad que la Comisión omitiera crímenes sexuales cometidos por las antiguas FARC-EP, ni reclutamientos de niños ni historias de dolor de miembros de la Fuerza Pública. Estas son algunas de esas historias con las sinopsis que aparecen en el capítulo testimonial:

 

·  «Dolor en el ombligo». Un dolor en el ombligo fue el indicio para que la madre de un militar entendiera que algo le había sucedido a su hijo.

·  «Yo tuve esta pesadilla». Una mujer narra, junto a sus dos hijas, cómo tras una pesadilla comienza la búsqueda de su hijo, quien estaba en el Ejército.

·  «Mamá, yo no voy a volver». Una lideresa, madre de un militar, recuerda la forma en que su hijo se despidió de ella.

·  «Estrujón». Un exintegrante de la Fuerza Pública habla de la sensación que lo atravesó antes de pisar una mina.

·  «Usted está amarradito a mi vida». Una mujer retirada de la Policía, viuda de un suboficial miembro del Comando Jungla que murió por un explosivo que lanzó la guerrilla a su campamento, dice que sintió la muerte de su esposo cuando un enjambre de abejas entró al pasillo del batallón donde lo esperaba.

·  «Semana de gracia». Una lideresa ambiental narra la única despedida de su esposo militar, quien tenía la costumbre de no despedirse porque daba por sentado que iba a volver.

·  «Alminda». Una indígena kankuama ingresó a las FARC a una edad muy temprana, lo cual le permitió formarse dentro de la organización.

·  «Inés». Una joven fue regalada por su madre.

·  «Andrés». Un joven del Tolima ingresó desde temprana edad a la guerrilla.

·  «Huellas». Un exsoldado profesional habla de las heridas sobre su cuerpo y el territorio que dejó la explosión de una mina antipersonal.

·  «Me dejaron botado». Un exmiembro del Ejército habla con orgullo de ser militar y de lo que significó haber sido herido en combate, pero abandonado por la institución.

·  «¿Cuándo viene mi papá?». Una mujer narra el secuestro, con fines extorsivos y violencia sexual, del que fue víctima a sus quince años por parte de la guerrilla.

·  «Arias». Dos jóvenes kankuamas explican que ingresaron a las FARC porque los paramilitares estaban matando de manera sistemática a todos los que tuvieran su apellido.

·  «Un peón más del ajedrez». Un suboficial relata que fue secuestrado después de que su tropa perdiera un enfrentamiento con las FARC.

·  «Voy a experimentar una vida, la que me salga». Una exintegrante de las FARC cuenta qué la llevó a unirse a este grupo armado cuando era una niña.

·  «Mi mayor tesoro». Un joven recuerda la ilusión que tenía de conocer a su padre, un policía que había sido secuestrado por las FARC mientras él estaba en el vientre de su madre.

·  «Quinceañera». Una mujer que ingresó a los diez años a la guerrilla recuerda que no pudo celebrar sus quince años como su padre se lo había prometido.

 

Pero además es claro que el Informe de la Verdad dedicó capítulos enteros a las violencias contra menores de edad y a las violencias sexuales y basadas en género a través de los capítulos “No es un mal menor: Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado”, publicado el 5 de julio, y “Mi cuerpo es la verdad: Experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado”, publicado en la plataforma de la Comisión el 22 de julio.

De esta manera, concluimos que no es verdad lo que dice el teniente coronel retirado del Ejército Gustavo Roa Cuervo (y que ha sido compartido una y otra vez por diferentes redes sociales) de que el padre De Roux, como cabeza de la Comisión de la Verdad, “omite delitos sexuales”, “omite (...) reclutamiento contra menores” y “desconoce el dolor de nuestros militares y policías”.

 

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Domingo, 28 Agosto 2016

“A las Farc no se les va exigir el dinero del narcotráfico para reparar a las víctimas”, Zuluaga

Por Óscar Felipe Agudelo B.

Una cascada de desafortunadas inexactitudes dejó grabadas en vídeo Óscar Iván Zuluaga, excandidato a la presidencia por el Centro Democrático, partido que se opone al proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en Colombia.

Son varias las imprecisiones en que incurrió el líder opositor Óscar Iván Zuluaga en los dos minutos y diez segundos que dura un vídeo divulgado a través de su cuenta de Twitter, sobre las diez de la noche del pasado miércoles 24 de agosto, día en que se anunció el cierre de la negociación entre el Gobierno y las Farc.

 

 

Humberto de La Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, ha explicado ampliamente que la reparación a las víctimas será material. De La Calle aclaró en la rueda de prensa (ver minuto 22) al día siguiente de la conclusión de las negociaciones que “el Estado no ha renunciado a perseguir los bienes de las Farc” y agregó que en el Acuerdo Final “no se han tocado los instrumentos que el Estado tiene para recuperar los bienes adquiridos ilegalmente” (ver desde el minuto 22).

A la par con las declaraciones del jefe del equipo negociador se pronunciaron Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El jefe del ente investigativo explicó que “la Fiscalía perseguirá los patrimonios ilegales surgidos del narcotráfico, surgidos del secuestro, surgidos de la extorsión y de la minería ilegal”. En la misma línea estuvo Cristo, quien en la emisión central del noticiero CM& del jueves 25 de agosto, explicó que “el Estado colombiano seguirá persiguiendo los recursos de las Farc”.

Más allá del buen número de declaraciones y promesas es necesario mencionar que el Acuerdo Final señala, en cuanto a los bienes de las Farc, en el apartado 5.1.3.7. que esta guerrilla, como organización insurgente, se compromete a “contribuir a la reparación material de las víctimas y en general a su reparación integral”.

Además, si algún integrante de las Farc no dice la verdad, por ejemplo ocultando el dinero proveniente de actividades ilícitas, el Acuerdo Final tiene dispuesto la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz donde se van a resolver los casos en los que el reconocimiento de verdad y responsabilidad no se cumplan.