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Sábado, 21 Octubre 2017

Sustitución, no erradicación, se pactó en el Acuerdo de La Habana

Por Sania Salazar

Así lo aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, donde han asesinado campesinos en medio de confrontaciones por la erradicación.

“Si hay un proceso de paz en el que dice que debe ser sustitución mas no erradicación, entonces como campesinos reclamamos que el Gobierno cumpla lo que pactó en La Habana”, aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, en entrevista con Blu Radio.

Elier hablaba del asesinato, en ese vereda el pasado 5 de octubre, de seis campesinos que trataban de impedir que la Policía erradicara cultivos de coca. Las autoridades investigan el hecho, pues pobladores de la zona señalan a los policías como los responsables de los disparos.

El asesinato de los campesinos es un hecho intolerable, pero debemos señalar que Martínez se equivoca en su afirmación, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación, por lo que calificamos la afirmación como falsa, aunque hay que anotar que los testimonios recogidos indican que la erradicación no se estaría haciendo en los términos acordados en La Habana.

Aunque el líder se refiere al Acuerdo Final, lo llamamos en varias oportunidades para corroborar la fuente en la que basó su afirmación, pero no logramos comunicarnos.

Si bien el Acuerdo basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o un situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Tumaco, una situación compleja

Hay que recordar que Tumaco es el municipio colombiano con mayor número de hectáreas de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, el año pasado había 23.148 hectáreas, que representan el 16% de los cultivos de coca que hay en el país.

Mario Lima, secretario de Gobierno (encargado) de Nariño, le explicó a Colombiacheck que en Tumaco se suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con algunas organizaciones y productores. Acordaron que las autoridades no erradicarían forzosamente los cultivos de quienes se habían comprometido voluntariamente a cambiar de cultivo ni las plantaciones de menos de 3,8 hectáreas, pues se considera que de ahí en adelante son cultivos industriales ligados al narcotráfico.

Según Lima, el grupo de erradicadores empezó a arrancar las matas de los grandes cultivos, pero hay campesinos que tienen sus sembrados en medio de los industriales, una razón por la que campesinos bloquearon la labor de los erradicadores. Quienes no han firmado la intención de acogerse a los programas de sustitución también se han opuesto.

El encargado de la cartera de Gobierno explicó que la comunidad pide que las reglas y los tiempos de la erradicación sean claros. Además, reconoció que hay escepticismo entre las familias que han tenido que sembrar coca para sobrevivir porque no ven claras las garantías económicas que les permitan subsistir con otros cultivos, porque ni siquiera les han dicho qué sembrar. Lima indicó que la población no ve que el Gobierno trabaje en mejorar las vías para poder sacar los productos y comercializarlos, ni en infraestructura educativa, de salud y de agua potable.

Diana Montilla Moreno, encargada de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, coincidió con el funcionario en que la población está de acuerdo con la sustitución, pero que no ve garantías de vida digna en los planes alternativos que les ofrece el Gobierno. Además, aseguró que no se ha definido cuáles son los cultivos industriales y que el Gobierno no ha socializado la erradicación de esas áreas.

Hay que mencionar que campesinos de la zona han denunciado que narcotraficantes los amenazan de muerte si no se oponen a la erradicación.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en BluRadio que el Gobierno ofrece programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero se está demorando más de un año en entregar a cada familia las primeras ayudas económicas prometidas. Además, aseguró que les dieron el dinero solo a 1.800 familias de un total de 40.000 que deben cambiar de cultivo y que entregaron esos auxilios económicos en el sector de La Carretera, una zona distinta al sector de Alto Mira y Frontera, lugar donde se registró el homicidio de seis campesinos el 5 de octubre y donde asesinaron el pasado 17 de octubre al líder comunitario José Jair Cortés.

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Viernes, 07 Diciembre 2018

No es verdad que a líderes de Farc les hayan perdonado delitos de narcotráfico

Por Sania Salazar

Quienes hayan cometido ese delito para lucro personal serán juzgados por la justicia ordinaria. A quienes se les compruebe que lo hicieron para financiar el funcionamiento de la guerrilla podrían ser indultados, pero en todo caso, deberán aportar verdad, reparación y garantías de no repetición.

“Hay personas que comandaban las Farc que ejercían un liderazgo en el narcotráfico en algunas regiones y hoy se les han perdonado esos delitos”, aseguró el Representante a la Cámara por el Centro Democrático, Edward Rodríguez, en el programa Semana en Vivo.

Colombiacheck le preguntó a Rodríguez en qué se basaba para afirmar tal cosa y a qué comandantes se le habían perdonado delitos de narcotráfico, pero hasta la publicación de esta nota no hemos recibido respuesta.

Lo que dice Rodríguez es falso porque en el Acuerdo Final firmado entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc no hay contempladas amnistías ni indultos generales para quienes hayan cometido el delito de narcotráfico. Se evaluará cada caso en particular. Además, los exintegrantes de las Farc deberán responder por los delitos que hayan cometido ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que ya empezó a llamar a actores del conflicto a comparecer a sus salas.

La Ley 1820 de 2016 dice que en ningún caso serán objeto de amnistía e indulto “los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, es decir aquellos que no hayan sido cometidos en contexto y en razón de la rebelión durante el conflicto armado o cuya motivación haya sido obtener beneficio personal, propio o de un tercero”.

Juan Carlos Henao, exasesor del Gobierno para la Justicia Transicional y exmagistrado de la Corte Constitucional, lo explica en palabras simples: “Hay una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dice que cuando el narcotráfico ha sido utilizado para fines personales, obviamente que es un delito común que no tiene ninguna posibilidad de ser amnistiado, pero cuando ha sido para una lucha política podría tenerse como un elemento conexo”.

Es decir, si  la JEP, órgano judicial encargado de investigar y juzgar los delitos relacionados con el conflicto armado, comprueba que un comandante o cualquier miembro de esa exguerrilla cometió el delito de narcotráfico para su enriquecimiento personal será sancionado, pero por la justicia ordinaria y no recibirá ni amnistía ni el trato penal especial que contempla la JEP.

Será la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP la que determinará en cada caso si los procesados por narcotráfico cometieron ese delito para conseguir dinero que financiara el funcionamiento de la guerrilla, en esos casos sí existe la posibilidad de que las personas sean amnistiadas e indultadas.

Quienes respondan ante la JEP por estas conductas deberán aportar verdad, reparar a sus víctimas y garantizar que no volverán a cometer los delitos de los que sean responsables.