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Sábado, 21 Octubre 2017

Sustitución, no erradicación, se pactó en el Acuerdo de La Habana

Por Sania Salazar

Así lo aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, donde han asesinado campesinos en medio de confrontaciones por la erradicación.

“Si hay un proceso de paz en el que dice que debe ser sustitución mas no erradicación, entonces como campesinos reclamamos que el Gobierno cumpla lo que pactó en La Habana”, aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, en entrevista con Blu Radio.

Elier hablaba del asesinato, en ese vereda el pasado 5 de octubre, de seis campesinos que trataban de impedir que la Policía erradicara cultivos de coca. Las autoridades investigan el hecho, pues pobladores de la zona señalan a los policías como los responsables de los disparos.

El asesinato de los campesinos es un hecho intolerable, pero debemos señalar que Martínez se equivoca en su afirmación, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación, por lo que calificamos la afirmación como falsa, aunque hay que anotar que los testimonios recogidos indican que la erradicación no se estaría haciendo en los términos acordados en La Habana.

Aunque el líder se refiere al Acuerdo Final, lo llamamos en varias oportunidades para corroborar la fuente en la que basó su afirmación, pero no logramos comunicarnos.

Si bien el Acuerdo basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o un situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Tumaco, una situación compleja

Hay que recordar que Tumaco es el municipio colombiano con mayor número de hectáreas de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, el año pasado había 23.148 hectáreas, que representan el 16% de los cultivos de coca que hay en el país.

Mario Lima, secretario de Gobierno (encargado) de Nariño, le explicó a Colombiacheck que en Tumaco se suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con algunas organizaciones y productores. Acordaron que las autoridades no erradicarían forzosamente los cultivos de quienes se habían comprometido voluntariamente a cambiar de cultivo ni las plantaciones de menos de 3,8 hectáreas, pues se considera que de ahí en adelante son cultivos industriales ligados al narcotráfico.

Según Lima, el grupo de erradicadores empezó a arrancar las matas de los grandes cultivos, pero hay campesinos que tienen sus sembrados en medio de los industriales, una razón por la que campesinos bloquearon la labor de los erradicadores. Quienes no han firmado la intención de acogerse a los programas de sustitución también se han opuesto.

El encargado de la cartera de Gobierno explicó que la comunidad pide que las reglas y los tiempos de la erradicación sean claros. Además, reconoció que hay escepticismo entre las familias que han tenido que sembrar coca para sobrevivir porque no ven claras las garantías económicas que les permitan subsistir con otros cultivos, porque ni siquiera les han dicho qué sembrar. Lima indicó que la población no ve que el Gobierno trabaje en mejorar las vías para poder sacar los productos y comercializarlos, ni en infraestructura educativa, de salud y de agua potable.

Diana Montilla Moreno, encargada de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, coincidió con el funcionario en que la población está de acuerdo con la sustitución, pero que no ve garantías de vida digna en los planes alternativos que les ofrece el Gobierno. Además, aseguró que no se ha definido cuáles son los cultivos industriales y que el Gobierno no ha socializado la erradicación de esas áreas.

Hay que mencionar que campesinos de la zona han denunciado que narcotraficantes los amenazan de muerte si no se oponen a la erradicación.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en BluRadio que el Gobierno ofrece programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero se está demorando más de un año en entregar a cada familia las primeras ayudas económicas prometidas. Además, aseguró que les dieron el dinero solo a 1.800 familias de un total de 40.000 que deben cambiar de cultivo y que entregaron esos auxilios económicos en el sector de La Carretera, una zona distinta al sector de Alto Mira y Frontera, lugar donde se registró el homicidio de seis campesinos el 5 de octubre y donde asesinaron el pasado 17 de octubre al líder comunitario José Jair Cortés.

Miércoles, 08 Febrero 2017

Santos busca dejar ‘blindada’ la paz durante las próximas tres presidencias

Por Sania Salazar

El Gobierno busca garantizar la implementación del Acuerdo Final con las Farc mediante un artículo transitorio en la Constitución para tratar de impedir que los próximos gobiernos puedan manejar el asunto a su antojo.

¿Qué pasará con la implementación del Acuerdo Final entre Gobierno y Farc cuando el Presidente Juan Manuel Santos termine su segundo periodo?

Con la campaña presidencial calentando motores parece claro que varios de los múltiples precandidatos están dispuestos a continuar con la implementación, pero hay otros a los que el Acuerdo no les gusta ni un poquito y estarían dispuestos a hacer cualquier cosa para echarlo atrás.

Por eso ya hay quienes están buscando cómo unir fuerzas políticas para que a la presidencia llegue un presidente propaz, como se lo dijo el senador del partido de la U, Armando Benedetti, al periódico El País de Cali, pues según él “si los del Sí (refiriéndose al plebiscito) no ganan las elecciones, todo el proceso de paz se va a desbaratar y vamos a volver a 1946”.

El Gobierno Santos quiere garantizar la implementación del Acuerdo por tres periodos más, es decir, que los tres próximos presidentes del país cumplan con los compromisos adquiridos en La Habana.

En entrevista con el programa Semana en Vivo el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que para lograrlo promoverán una reforma constitucional mediante la cual introducirán un artículo transitorio en la Constitución. “Ese artículo es el que establece el compromiso del Estado colombiano de cumplir de buena fe los acuerdos, compromiso que va a partir de ahora, (por) los tres gobiernos que vengan”, precisó y añadió que presentarían el proyecto en la penúltima semana de diciembre.

“Es un acto legislativo que, básicamente, lo que hace es recoger el texto que ya está incluido en el acuerdo, es un solo artículo, que es el que reemplaza todo este debate que se hizo sobre el bloque de constitucionalidad, que se iba a incorporar todo el acuerdo a la Constitución, que algunos llegaron al despropósito de que eso se iba a hacer sin pasar por el Congreso, sin tener el control jurisdiccional de la Corte. Acá ha quedado claro un artículo transitorio donde se establece algo que es absolutamente lógico, un Estado firma un acuerdo de paz para cumplirlo”, explicó el ministro.

¿Pero es eso posible? Colombiacheck investigó y califica la afirmación de Cristo como verdadera.

Jairo Andrés Rivera, vocero en la Cámara de Representantes del movimiento ciudadano Voces de Paz, (movimiento afin, pero no militante de las Farc, que vela por el cumplimiento del Acuerdo Final en el Congreso) le confirmó a Colombiacheck que el Gobierno ya presentó el proyecto en el Congreso.

Más allá de la buena fe

María Luisa Rodríguez Peñaranda, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y doctora en Derecho Constitucional, explicó que, una de las reformas que se le hizo al primer Acuerdo fue la eliminación del bloque de constitucionalidad como mecanismo para sellarlo y que lo que quedó entonces fue una cláusula de buena fe en la que las partes se comprometen a cumplirlo, pero ¿cómo estar seguros de que el próximo Gobierno, independiente de su orientación política, lo cumpla?

“La buena fe está en el Acuerdo, pero la Constitución va a establecer que sea un compromiso de Estado, por fuera del Gobierno, no importa qué Gobierno sea, no podría hacer campaña en contra del Acuerdo, ni pretender modificar la Constitución para eliminarlo”, explicó la docente.

Rodríguez Peñaranda indicó que la fórmula no es tan exótica, pues en Colombia la Constitución tiene muchos artículos transitorios que tienen otras motivaciones. “En este caso tiene sentido establecer un artículo transitorio en la Constitución, pero en esta ocasión altera los programas de gobierno de los futuros presidentes, ellos tendrían que cumplirlo, entonces se busca ante todo que el Acuerdo no quede al vaivén de los próximos gobiernos”, precisó.

Por último, la profesora dijo que es una salida, “sin duda, constitucional”.

Más motivos

El vocero del movimiento Voces de Paz explicó que se trata de la seguridad jurídica de los acuerdos. “De los aspectos vitales de la negociación es que lo que se firma se vincule a los siguientes gobiernos porque el proceso de desarme y de transición política de una fuerza armada a una fuerza política legal implica una transición de mucho tiempo. Cuando una fuerza armada se desarma no se acaba el conflicto, el proceso de reincorporación es dificilísimo y largo, entonces cualquiera podría hacer politiquería con eso. Con la estigmatización y sin seguridad jurídica empujas a las personas de nuevo a la ilegalidad, ese es parte de los modelos de reinserción básicos en el mundo”.

Rivera aseguró, además, que es la posibilidad para que queden en la Constitución temas que son de primer orden en la agenda nacional y que “nunca han podido pasar porque ha habido una reacción de fuertes sectores. Fundamentalmente dos asuntos: reforma rural integral y reforma política, más allá de lo obvio”, resaltó.

Para Rivera, que quede en la Constitución no quiere decir, necesariamente, que se haga realidad, pero sí es una herramienta jurídica importantísima porque es un símbolo de que hay un compromiso de Estado frente a la paz y a la transición política.

La mirada de la oposición

Para Alfredo Rangel, senador del Centro Democrático, partido de oposición, el Gobierno está tratando de usar todas las triquiñuelas, legales y constitucionales posibles, para garantizar tanto la implementación como la no modificación de los efectos del acuerdo de paz.

“Una de esas triquiñuelas es tratar de impedir que en los próximos tres gobiernos haya alguna modificación dado que el Centro Democrático ha insistido en que de llegar al Gobierno hará modificaciones o revisiones de los compromisos que adquirió el Gobierno del Presidente Santos”, precisó Rangel.

El senador aseguró que en democracia “las cosas se deshacen como se hacen” y si el Senado en algún momento aprobó una ley o una reforma constitucional utilizando el mismo procedimiento la puede revisar y deshacer.

Actualización

La Comisión primera del Senado aprobó hoy el proyecto de acto legislativo que introduce el artículo transitorio en la Constitución. Ahora la discusión seguirá su curso en la plenaria del Senado.