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Sábado, 21 Octubre 2017

Sustitución, no erradicación, se pactó en el Acuerdo de La Habana

Por Sania Salazar

Así lo aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, donde han asesinado campesinos en medio de confrontaciones por la erradicación.

“Si hay un proceso de paz en el que dice que debe ser sustitución mas no erradicación, entonces como campesinos reclamamos que el Gobierno cumpla lo que pactó en La Habana”, aseguró Elier Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tandil, de Tumaco, en entrevista con Blu Radio.

Elier hablaba del asesinato, en ese vereda el pasado 5 de octubre, de seis campesinos que trataban de impedir que la Policía erradicara cultivos de coca. Las autoridades investigan el hecho, pues pobladores de la zona señalan a los policías como los responsables de los disparos.

El asesinato de los campesinos es un hecho intolerable, pero debemos señalar que Martínez se equivoca en su afirmación, pues en el Acuerdo Final sí está contemplada la erradicación, por lo que calificamos la afirmación como falsa, aunque hay que anotar que los testimonios recogidos indican que la erradicación no se estaría haciendo en los términos acordados en La Habana.

Aunque el líder se refiere al Acuerdo Final, lo llamamos en varias oportunidades para corroborar la fuente en la que basó su afirmación, pero no logramos comunicarnos.

Si bien el Acuerdo basa la solución de los cultivos ilícitos en la sustitución, es decir, en la voluntad de las comunidades y en la concertación del proceso con ellas para cambiar esa actividad por el cultivo de productos legales, plantea la erradicación en dos casos: cuando los campesinos no lo hagan voluntariamente o cuando, ya firmado el convenio de sustitución, las familias incumplan los compromisos sin que haya una razón de fuerza mayor o un situación fortuita. Está previsto que en esos casos se erradicará manualmente, no sin antes socializar e informar a la comunidad.

“En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir. El Gobierno, de no ser posible la sustitución, no renuncia a los instrumentos que crea más efectivos, incluyendo la aspersión, para garantizar la erradicación de los cultivos de uso ilícito”, precisa el Acuerdo.

Tumaco, una situación compleja

Hay que recordar que Tumaco es el municipio colombiano con mayor número de hectáreas de coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, el año pasado había 23.148 hectáreas, que representan el 16% de los cultivos de coca que hay en el país.

Mario Lima, secretario de Gobierno (encargado) de Nariño, le explicó a Colombiacheck que en Tumaco se suscribieron acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos con algunas organizaciones y productores. Acordaron que las autoridades no erradicarían forzosamente los cultivos de quienes se habían comprometido voluntariamente a cambiar de cultivo ni las plantaciones de menos de 3,8 hectáreas, pues se considera que de ahí en adelante son cultivos industriales ligados al narcotráfico.

Según Lima, el grupo de erradicadores empezó a arrancar las matas de los grandes cultivos, pero hay campesinos que tienen sus sembrados en medio de los industriales, una razón por la que campesinos bloquearon la labor de los erradicadores. Quienes no han firmado la intención de acogerse a los programas de sustitución también se han opuesto.

El encargado de la cartera de Gobierno explicó que la comunidad pide que las reglas y los tiempos de la erradicación sean claros. Además, reconoció que hay escepticismo entre las familias que han tenido que sembrar coca para sobrevivir porque no ven claras las garantías económicas que les permitan subsistir con otros cultivos, porque ni siquiera les han dicho qué sembrar. Lima indicó que la población no ve que el Gobierno trabaje en mejorar las vías para poder sacar los productos y comercializarlos, ni en infraestructura educativa, de salud y de agua potable.

Diana Montilla Moreno, encargada de derechos humanos de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuma, coincidió con el funcionario en que la población está de acuerdo con la sustitución, pero que no ve garantías de vida digna en los planes alternativos que les ofrece el Gobierno. Además, aseguró que no se ha definido cuáles son los cultivos industriales y que el Gobierno no ha socializado la erradicación de esas áreas.

Hay que mencionar que campesinos de la zona han denunciado que narcotraficantes los amenazan de muerte si no se oponen a la erradicación.

El gobernador de Nariño, Camilo Romero, criticó en BluRadio que el Gobierno ofrece programas de sustitución de cultivos ilícitos, pero se está demorando más de un año en entregar a cada familia las primeras ayudas económicas prometidas. Además, aseguró que les dieron el dinero solo a 1.800 familias de un total de 40.000 que deben cambiar de cultivo y que entregaron esos auxilios económicos en el sector de La Carretera, una zona distinta al sector de Alto Mira y Frontera, lugar donde se registró el homicidio de seis campesinos el 5 de octubre y donde asesinaron el pasado 17 de octubre al líder comunitario José Jair Cortés.

Martes, 16 Julio 2019

La JEP se concentrará en máximos responsables, pero eso no ha sido un secreto

Por Sania Salazar

La JEP aplicará un criterio de selección de los máximos responsables, pero también procesará a otros exguerrilleros que tengan información sobre el modus operandi de la organización y a quienes hayan cometido crímenes sistemáticos.

En el programa Semana en Vivo, el abogado y analista político Rafael González aseguró que “la JEP, que ese es otro engaño que han montado aquí, solamente está hecha para los grandes responsables, no para los guerrilleros rasos”.  

Colombiacheck califica la frase como “verdadera, pero”, pues aunque es cierto que la JEP aplicará un criterio de selección por el cual se concentrará en los máximos responsables, también procesará a quienes puedan dar cuenta del modus operandi y de las prácticas o patrones criminales, a quienes hayan participado en hechos sistemáticos y quienes hayan sido protagonistas de los delitos que son competencia de la JEP, entre otros. Además, el criterio de selección de los máximos responsables se conoce desde la mesa de negociación.

El abogado le dijo a Colombiacheck que la JEP está diseñada para sancionar solamente a los máximos responsables en los crímenes que sean de extrema gravedad, pero que los voceros o defensores de esa justicia han manejado un doble discurso al respecto, pues también han dicho que la JEP va a juzgar a todos los integrantes de las Farc, por lo que han creado confusión sobre el asunto.

“Esas imprecisiones hacen parte de una política de manipulación de la información para generar confusión con respecto al alcance de la JEP, al ámbito de sus competencias y a la verdadera cobertura de la misma”, explicó González, quien indicó que los exguerrilleros rasos no tienen problema, porque no van a recibir sanción, mientras no se demuestre que hayan cometido delitos atroces se les va a mantener la amnistía.

González dice que no pide que los condenen a todos, porque lo considera una utopía, pero cree que además de máximos responsables se debería sancionar a aquellos que sin ser grandes responsables cometieron grandes infracciones y delitos atroces. 

Primero es importante recordar que en el Acuerdo Final quedó claro que luego de la finalización de los hostilidades y de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Estado colombiano podía otorgar la amnistía “más amplia posible” a los exguerrilleros de las Farc. Pero el documento también advierte que conceder esas amnistías o indultos no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad ni extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

“Se aplicará el artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: ‘A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado’”, indica el Acuerdo.

Según el artículo 19 de la Ley estatutaria de la JEP, “se aplicarán criterios para concentrar el ejercicio de la acción penal en quienes tuvieron participación determinante en los hechos más graves y representativos”.

En dicho artículo están los criterios de selección: 

Gravedad de los hechos: Grado de afectación de derechos fundamentales individuales y colectivos; modalidad de la comisión de los hechos en términos de violencia y sistematicidad. 

Representatividad: Efectos de la investigación y judicialización de los hechos: capacidad de ilustración del modus operandi y/o prácticas o patrones o criminales de los hechos. 

Características diferenciales de las víctimas: Condiciones de vulnerabilidad y/o necesidad de adoptar medidas diferenciales de protección derivadas de patrones históricos, sociales y culturales de discriminación que se han identificado a partir de aspectos como: el origen étnico, el género, la edad, la condición de discapacidad, la orientación sexual y la identidad de género y/o rol social de la víctima. 

Características de los responsables: Participación activa o determinante en la comisión de los crímenes de competencia de esta jurisdicción y/o la prueba de su autoría y participación en los hechos concretos.

Disponibilidad probatoria: Calidad y cantidad de las pruebas disponibles, las requeridas para probar el hecho y su dificultad para conseguirlas. 

El artículo aclara que la justicia podrá renunciar a perseguir a las personas que no hayan sido seleccionadas por los criterios anteriores solo sí contribuyen a la verdad, si cumplen con los compromisos adquiridos ante la JEP y si firmaron el compromiso de no repetición y de no incurrir en nuevos delitos.

Una explicación clara sobre por qué la justicia transicional se concentrará en los máximos responsables está en la intervención de Dejusticia en el proceso de control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de la JEP:

“Es claro que ante masivas violaciones de derechos es fácticamente imposible perseguir penalmente a todos y cada uno de los responsables y por todas y cada una de las atrocidades cometidas por la guerra. De ahí que el derecho internacional admita un margen de maniobra de los Estados para escoger estrategias de persecución penal ajustadas al contexto de la transición”, indica el documento, que señala que una de esas estrategias de persecución es la selección.

En la intervención ante la Corte Constitucional Dejusticia explica que por lo anterior es que “se ha venido reconociendo y validando la posibilidad de establecer un orden de prioridad para que el Estado centre su atención primero en aquellas conductas que requieran una investigación, juzgamiento y sanción más oportuna o inmediata. Pero también se ha permitido que el Estado pueda seleccionar algunos casos para que concentre el ejercicio de su acción punitiva sobre los máximos responsables de las violaciones más graves y representativas de aquellas cometidas durante el conflicto armado que se quiere superar y, a su vez, pueda renunciar a ejercer la acción penal respecto de los otros casos no seleccionados”.

El libro Los debates de la Habana: una mirada desde adentro, recuerda que esa fue la posición del gobierno colombiano durante la negociación: “es que no es posible investigar, juzgar y sancionar individualmente todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país. Pero que, concentrándose en los máximos responsables y en los crímenes internacionales más graves y representativos —en el marco de un sistema integral de justicia transicional—, es posible terminar el conflicto, cumplir con la obligación jurídica del Estado, satisfacer los derechos de las víctimas y evitar que el sistema judicial colapse”.