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Sábado, 28 Octubre 2017

Casanare: a la sombra de los desaparecidos

Por Carol Sánchez

Durante casi tres décadas, las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC), también conocidas como ‘Los Buitragueños’, delinquieron en Casanare, Meta, Boyacá e, incluso en zonas cercanas a Bogotá como Soacha y Sumapaz, dejando miles de víctimas y crímenes de lesa humanidad a su paso. Recorra este especial multimedia y entérese de cómo van los procesos de verdad, justicia y reparación para las víctimas de Casanare.

La historia de la violencia en Casanare parece estar cubierta por el polvo y las cenizas que han dejado años de conflicto armado en la región. Bajo las tierras de estas sabanas hay cientos de historias que reposan en restos de cuerpos sin encontrar: lo que queda de los desaparecidos que, durante años, los familiares de las víctimas han buscado con insistencia.

“Si sigue molestando, aliste 11 cajones más el suyo”, le dijeron a Norida Pinto cuando empezó la búsqueda de Andrés Barrera, uno de sus 12 hijos, desaparecido por ‘Los Buitragueños’ el 16 de abril de 2004 en el puente del Río Cusiana. Trece años atrás, en 1991, el Frente 45 de las Farc se había llevado también a su esposo, Jaime Barrera, sin dejar ningún rastro de su paradero.

Norida murió en 2007 a causa de la pena moral por no poder enterrar ni a Andrés ni a Jaime, según cuenta José Barrera, otro de sus hijos y líder de la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare.

En ese departamento los grupos armados se habían dividido el territorio. “De la mitad hacia el norte había presencia de las guerrillas de las Farc y Eln. La otra mitad, lo que colinda con Boyacá y Arauca, era paramilitar”, afirma Diana Arango, directora de Equitas, organización científica y forense al servicio de la investigación de violación de derechos humanos del país.

En 2004, el año en que se llevaron a Andrés, el departamento vivía uno de los picos más altos de violencia. Según el Registro Único de Víctimas, 9.890 personas fueron afectadas por el conflicto en Casanare durante ese año. El escalamiento de la violencia comenzó en 2002 por una guerra entre dos grupos paramilitares: ‘Los Buitragueños’ y el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Se trató de una cruenta guerra por el control del territorio. “Uno no hacía lo que quería sino lo que lo dejaban hacer. Usted iba a la morgue y encontraba hasta seis muertos en un día”, cuenta José.

La historia de esta guerra se remonta a finales de la década de los 70, cuando Héctor Buitrago padre, alias ‘Tripas’, conformó un grupo paramilitar denominado las Autodefensas Campesinas del Casanare (Acc). Tiempo después las ACC quedaron a cargo de Héctor Buitrago hijo, alias ‘Martín Llanos’, y Nelson Buitrago, alias ‘Caballo’, por lo que este grupo armado empezó a ser conocido como ‘Los Buitragueños’.

En 1997 los hermanos Carlos y Vicente Castaño le ofrecieron a ‘Martín Llanos’ dinero a cambio de que su grupo pasara a ser una ‘franquicia’ de las recién creadas AUC, con el objetivo de controlar las rutas de narcotráfico que manejaban ‘Los Buitrageños’. “Eso generó la guerra, porque la posición de las AUC era ‘si no nos vende, se lo quitamos por la fuerza’”, según Carlos Guzmán Daza, alias ‘Salomón’, exintegrante del área política de las Acc. ‘Llanos’ no aceptó la propuesta.

Ante la negativa, los Castaño vendieron el Bloque Centauros al narcotraficante Miguel Arroyave y le ordenaron tomarse el Casanare en 2002. Así inició la guerra por el control de los municipios que ‘Los Buitragueños’ ocupaban: Aguazul, Maní, Monterrey, Villanueva, Recetor y Chámeza. Según el portal VerdadAbierta.com, entre 2002 y 2004, a causa de los enfrentamientos entre estos dos grupos paramilitares, en Casanare hubo más de 2.000 muertes de combatientes.

 

Para ese entonces había toque de queda en Tauramena, Maní y Aguazul, a las seis de la tarde todo el mundo tenía que estar en su casa, a riesgo de ser declarado objetivo militar por las Acc. Cuentan en esta región que aquellos pueblos eran como pueblos fantasma, que había noches en que de repente se iba la luz y luego se empezaban a escuchar disparos. Era la señal de que encontrarían un muerto.

“Unos paramilitares tenían una casa al lado de nosotros y prácticamente no podíamos dormir por la zozobra. Carros llegaban por las noches, yo digo que con gente que llevaban para matar, porque uno escuchaba los gritos. Al otro día uno pasaba y encontraba la sangre ahí en la calle”, recuerda Luz Mireya, desplazada por las Farc de la vereda Lagunitas en 1993 y hermana de Joel Caballero, desaparecido por las Acc, en Tauramena, 10 años más tarde. En la zona de influencia de ‘Los Buitragueños’ la mayoría de las familias tiene una historia de desaparición forzada por contar.

Ulianov Franco, quien hasta el año pasado fue el director y abogado de Familiares Colombia, ONG que impulsa la búsqueda de desaparecidos, cree que El Banco del Oso, una vereda de Tauramena, podría ser “la fosa común más grande del país”. El abogado presume que allí hay centenares de cuerpos de jóvenes que los paramilitares reclutaban en Soacha y Ciudad Bolívar, desaparecidos de Cundinamarca y Bogotá enterrados en Casanare.

El desmovilizado de las Acc, ‘Salomón’, dice que no sabe de estadísticas, pero que según lo que le han contado sobre esa guerra, en las sabanas de Casanare puede haber más de 3000 muertos. “No eran más que jóvenes reclutados de otras regiones del país”, dice.

Para el 2005, los índices de violencia empezaron a disminuir en Casanare. El Bloque Centauros de las Auc derrotó a las Acc y algunos de sus miembros se acogieron al proceso de desmovilización de Justicia y Paz.

‘Llanos’ y el resto de ‘Los Buitragueños’ que sobrevivieron no quisieron desmovilizarse. Argumentaron que era “un proceso para narcotraficantes” y que, si no les permitían formar un partido político, seguirían con las armas. En realidad, para ese momento, los pocos que quedaban en esa organización habían escapado hacía varios municipios del Llano y Venezuela, en un intento por controlar las pocas rutas del narcotráfico que les quedaban.

Las consecuencias de que ‘Los Buitrageños’ no se hubiesen acogido a Justicia y Paz se tradujeron en falta de verdad, justicia y reparación para las víctimas. “Si bien las audiencias de Justicia y Paz no aportaron una verdad completa, para las personas que fueron victimizadas por los bloques que no se desmovilizaron las posibilidades de encontrar a sus familiares han sido mucho más limitadas”, explica Arango.

Luego del desmantelamiento de las Acc, varios de los miembros del grupo paramilitar que fueron capturados y sentenciados por la justicia ordinaria pidieron ser admitidos en Justicia y Paz, sin embargo, sus solicitudes siempre fueron negadas. Los motivos, al día de hoy, no son claros.

En una entrevista concedida al portal VerdadAbierta.com en 2011, Miguel Samper, para la época director de la oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, afirmó que “alias ‘Martín Llanos’ no quiso participar del proceso para una desmovilización colectiva. Ahora, los exparamilitares no pueden supeditarse a Justicia y Paz, porque si realmente quieren ayudar a las víctimas en la justicia ordinaria existen mecanismos de rebaja de pena por colaboración”.

Sin embargo, para el abogado Franco no había ningún motivo para no postular a los miembros de las Acc a Justicia y Paz, y afirma que puede haber “gente poderosa detrás de que no se conozcan ciertas cosas que sucedieron en Casanare y que comprometen a poderes locales”.

Ahora que ‘Martín Llanos’, su padre y hermano están en prisión y existe un nuevo proceso de paz, la intención de los exmiembros de ‘Los Buitragueños’ de ser admitidos en un sistema de justicia transicional volvió a aparecer.

29 exparamilitares de las Acc han pedido, por medio de varias cartas dirigidas a Juan Manuel Santos, ser admitidos en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Afirman que pueden ser aproximadamente 100 excombatientes los que están dispuestos a aceptar los acuerdos que el Gobierno firmó con las Farc, sin someterse a una nueva negociación. Aún no han obtenido respuesta.

Para ‘Martín Llanos’ hay una evidente ventaja de acogerse a esta nueva jurisdicción, pues fue condenado a 37 años de cárcel, y, en el mejor de los casos, la JEP podría pagar solo 5 años de penas alternativas.

Pero no es el caso de todos, entonces ¿por qué los exparamilitares, si varios ya están a punto de salir de las cárceles, estarían dispuestos a someterse a otro sistema judicial?

Dice alias ‘Salomón’ que el interés radica en que la JEP permite unificar los testimonios y agruparlos en un solo expediente, mientras que en la justicia ordinaria los procesos judiciales de los exparamilitares están dispersos en diferentes fiscalías, lo que dificulta el esclarecimiento de la verdad. Además, cuenta que los exmiembros de los ‘Buitragueños’ buscan obtener los mismos beneficios que las Farc, lo que incluye formar un partido político, en este caso, de derecha.

Franco tiene otro punto de vista. Para el abogado, esta solicitud puede no ser del todo transparente y obedece, más bien, a que los exparamilitares buscan hacer de sus confesiones un negocio rentable. Es decir, cobrar sobornos para no inculpar a empresarios, ganaderos y gobernantes en temas de corrupción.

José está de acuerdo con que exmiembros de ‘Los Buitragueños’ sean aceptados en la JEP. Su voz no tiembla mientras dice: “A mí me hace más favor que ‘Martín Llanos’ me entregue así sea un hueso de mi hermano para enterrarlo, a que el Gobierno Nacional me reconozca 26 millones de pesos que es lo que pagan por una víctima”.

La desaparición forzada es la sombra de Casanare. Según el Registro Único de Víctimas, desde 1985, en el departamento 1.024 personas fueron desaparecidas. Sin embargo, esta cifra varía en grandes cantidades con otros centros de análisis de la guerra en Colombia. Para The Human Rights Data Analysis Group, este número asciende a 2.553, más del doble, entre 1986 y 2007. Algunas ONG hablan de más de 6.000 desaparecidos.

¿Qué se sabe sobre el paradero de estas personas? No mucho. Del total de los desaparecidos solo han sido exhumados 318 restos y entregados 115. Es decir que 203 de los cuerpos recuperados no han podido ser identificados o devueltos a las familias.

La búsqueda de la verdad en Casanare no ha sido una tarea sencilla. A falta de confesiones oficiales en la justicia ordinaria, las víctimas han tenido que recurrir a mecanismos propios para conocer la verdad. Esto incluye ir a las cárceles, pedirle al exparamilitar que aclare los hechos y dé coordenadas de las fosas para ir a buscarlas ellos mismos.

En este proceso, están a merced de la voluntad del condenado, de que decida dar o no la información. La situación es más compleja aún, debido al paso del tiempo, es muy posible que el exparamilitar no recuerde los hechos sobre los que se le pregunta, lo que minimiza la posibilidad de determinar el crimen y el paradero del cuerpo.

A Lyda Quevedo las Acc le desaparecieron a su hermano, Yovanny Quevedo, el 25 de noviembre de 1999. Se lo llevaron de su casa, a tres cuadras de la estación de Policía de Aguazul, y nunca lo volvieron a ver. Ella ha tenido que impulsar por sí misma la búsqueda de los restos de su hermano. En 2009 creó la fundación Yovanny Quevedo, para ayudar a familias que, como la suya, han invertido años y recursos tratando de conocer la verdad.

El caso de Lyda da cuenta de cómo la falta de confesiones oficiales ha afectado los procesos de verdad de las víctimas de Casanare. Ella ha tenido que recorrer varias cárceles del país tratando de obtener la pista definitiva que le permita encontrar a su hermano y a tantos otros desaparecidos. Cuando su fundación logra conseguir información suficiente sobre la ubicación de fosas, ellos mismos van con pica y pala a excavar en medio de las inmensas sabanas de Casanare en busca de los que les faltan.

“Nosotros vamos al sitio, buscamos, miramos, marcamos y pasamos un reporte a la Fiscalía. Nosotros lo hacemos por iniciativa propia, por si recibimos la información y eso nos va ayudando”, cuenta Lyda.

Un trabajo similar hace Equitas, que desde 2011 adelanta la búsqueda en los municipios de Recetor y Chámeza. “Nosotros podemos irlos a buscar, pero no los podemos exhumar, desafortunadamente la Fiscalía no acepta cadena de custodia cuando tú intervienes la fosa. Lo que hacemos es marcar el sitio, proteger la fosa y llamar a la Fiscalía para que ellos vengan y exhumen”, detalla Arango. Agrega que la llegada de la Fiscalía a la zona generalmente toma, al menos, un año.

Diana Arango, directora de Equitas

Al drama que viven las víctimas al tener un familiar desaparecido se le suma el estancamiento institucional. De acuerdo con los relatos, las familias no solo han tenido que buscar a sus seres queridos por sus propios medios, sino que además deben esperar, incluso años, a que les sean devueltos para darles sepultura. Casanare no cuenta cuenta con una sede propia de la Fiscalía, las más cercanas están en Villavicencio y Santa Rosa de Viterbo, lo que complejiza mucho más los procesos judiciales.

¿En qué podría ayudar a este proceso un sistema de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz? Para Franco, la justicia ordinaria no ha sido capaz de solventar, en su totalidad, las necesidades de las víctimas en Casanare. Explica que los recursos de la Fiscalía no son suficientes para llegar a las regiones y adelantar los procesos de búsqueda de desaparecidos y que, además, al limitarse a la expedición de penas, no cuenta con mecanismos de reparación, como sí lo hace la transicional.

La esperanza es que, si los exmiembros de las Acc son aceptados en la JEP, Casanare empezará, por fin, a acercarse a un proceso de verdad y reparación.

Según Lyda, el ingreso a la JEP de ‘Llanos’ podría aportar información sobre procesos de ‘parapolítica’, pero sería muy poco lo que sus testimonios servirían a la búsqueda de los desaparecidos o al esclarecimiento de la verdad en crímenes de lesa humanidad.

Hay que recordar que en 2011 seis exalcaldes del departamentos fueron condenados por firmar el llamado ‘Pacto del Casanare’ con ‘Martín Llanos’, documento con el que se comprometían a entregar a las Acc la mitad del presupuesto municipal y el 10% del dinero de los contratos firmados por las alcaldías.

Exparamilitares de este grupo han afirmado que altos gobernantes y políticos del país estuvieron involucrados con ‘Los Buitragueños’. Durante años, han hablado, incluso, de supuestos vínculos entre Germán Vargas Lleras y ‘Martín Llanos’. En julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al respecto, sin embargo, menos de un año después fue archivada.

Estas acusaciones salieron nuevamente a la luz pública en el debate sobre la corrupción en Colombia citado por los senadores Jorge Enrique Robledo y Claudia López. En él, Robledo pidió a la Corte reabrir la investigación a Vargas Lleras, argumentando que entre los magistrados que lo absolvieron se encuentran varios vinculados al llamado ‘Cartel de la Toga’.

Si bien aclarar los nexos entre políticos y ‘paras’ resulta fundamental para comprender el conflicto en Casanare, no es el principal motivo de quienes piden la inclusión de ‘Los Buitragueños’ a la JEP. Lo importante, tanto para Lyda como para Luz Mireya y otras víctimas, es que los paramilitares rasos, los que asesinaron, cavaron las fosas y enterraron a los desaparecidos, sean quienes ingresen.

Pero este no es el único camino para encontrar los desaparecidos, para Arango, se debe partir del fortalecimiento de la Fiscalía para agilizar los procesos de búsqueda y verdad. En este sentido, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas deben ser lo primordial en el caso de Casanare.

Sin importar el hecho de que los exmiembros de las Acc sean o no admitidos en la JEP, el Estado debe reconocer que tiene una deuda histórica con Casanare y la labor de limpiar ‘el polvo’ que impide encontrar a los desaparecidos. En el departamento se habla de una complicidad entre los ‘paras’ y la fuerza pública en las desapariciones.

En otros lugares del país se ha demostrado y documentado la participación de la fuerza pública en violaciones de derechos humanos. Tal es el caso de la masacre de Mapiripán, de la cual ‘Martín Llanos’ también aceptó responsabilidad. En el caso de Casanare, la relación entre grupos paramilitares y fuerza pública aún está por esclarecerse. En este punto, las confesiones de los ex ‘Buitragueños’ tendrían un importante rol.

Por ahora, el sentimiento de abandono en el departamento es generalizado. “Parece que Casanare no hiciera parte de Colombia”, dijeron tanto José como Lyda. Las víctimas conviven lado a lado con los victimarios. Pues, al no haberse desmovilizado, muchos de los paramilitares se quedaron en el territorio, lo que ha obligado a una reintegración forzada, sin los procesos debidos.

A Casanare se le ha obligado a reconciliarse con sus victimarios, no ha visto otra salida. Y mientras espera a que, en algún momento, el gobierno reconozca la intensidad del conflicto en su departamento, se aferra a las pocas versiones que tiene y a las llamadas telefónicas que desde la cárcel hacen los paramilitares cuando se acuerdan de alguno de sus crímenes.

“Yo quiero decirles que nosotros nunca vamos a olvidar, porque es que nuestro familiar no cogió una maleta y se fue de la casa. A nuestro familiar nos lo arrebataron de nuestro hogar, de nuestros brazos y se lo llevaron. Por tanto lo que para ustedes son unos huesos mohosos, para nosotros son la ilusión y la esperanza de cientos de años y años y años de esperar. Porque para lo que ustedes es un año con un familiar fallecido, para nosotros son cien años con un familiar desaparecido”, concluye Lyda.

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.

Sábado, 28 Octubre 2017

Guerrilleros emberá: entre la justicia indígena y la JEP

Por María Eugenia Velásquez

Los indígenas de Pueblo Rico, en Risaralda, recibirán a exguerrilleros de las Farc, pero antes tendrán que resolver la tensión entre su justicia y la que crea el acuerdo de paz. Además, ya tienen una experiencia que no ha funcionado como debería.

Como buena Emberá Chamí, Marta Lucía Guazuruma tiene 5 hijos y 30 nietos. En su juventud cumplió con la misión que la comunidad les encomienda a las mujeres de procrear para que la raza no desaparezca. Sus rasgos indígenas riñen un poco con su atuendo: en vez del tradicional vestido de colores vivos, collares y botas pantaneras, luce ropa ‘moderna’ y como pocas de su edad, habla español y se expresa con fluidez.

En el resguardo unificado San Juan en Pueblo Rico, Risaralda, Marta Lucía está aprendiendo a cultivar cacao y a fabricar los collares de chaquiras emblemáticos de los chamís. Pero más que aprender está reaprendiendo pues a sus 57 años ya olvidó lo que aprendió de niña, especialmente cuando cambió su cultura indígena por un fusil que le dio el Ejército de Liberación Nacional, ELN cuando la reclutó.

Como Marta Lucía, hay 53 exguerrilleros indígenas que están en el proceso de la reincorporación en ese resguardo y son un ejemplo de lo que podría ser el futuro de los indígenas que hicieron parte de las Farc. Algunos de estos últimos, volverían a su territorio en medio del proceso de justicia transicional que se está dando en el país, sin saber si responderán ante la Jurisdicción Especial de Paz, (JEP) o la Jurisdicción Indígena.

Los indígenas reincorporados de las Farc enfrentarán también el reto de las autoridades de su resguardo, encargadas de darle el ‘visto bueno’ a su retorno, que aún no ponen en práctica las tradiciones ancestrales para quienes han cometido lo que ellos llaman “actos de desarmonía”, como es haber pertenecido a grupos armados ilegales. Esto es algo por lo que Marta Lucía ya pasó.

En el año 2000, cuando ella entró a las filas de los ‘elenos’, esta guerrilla estaba en todo su apogeo en el occidente de Risaralda con el frente Cacique Calarcá. Como en pocas partes del país, este grupo armado compartía territorio con el Ejército Revolucionario Guevarista (ERG), nacido en las entrañas de esta tierra selvática limítrofe con el Chocó; y también con las Farc, que posteriormente se desplazaron desde Antioquia.

Eran tantos los grupos armados que se repartían el poder entre ellos mismos hasta el punto de que en la vía que comunica Pueblo Rico con Guarato (Chocó) se turnaban los retenes extorsivos entre ellos para no cansar al transportador e incluso emitían un paz y salvo para confirmar el pago de la ‘vacuna’, como explica Eisenhower Zapata, miembro de la Mesa Nacional de Víctimas.

El dominio territorial que las guerrillas comenzaron a tener con más fuerza hacia finales de los noventa, se ratificó con la expulsión de la Fuerza Pública en la toma al corregimiento de Santa Cecilia el 17 de marzo del 2000 a manos de las Farc. Allí, fue secuestrado el cabo de la policía José Norberto Pérez, uno de los casos más reconocidos nacional e internacionalmente pues su hijo, enfermo terminal de cáncer, suplicó ver a su padre antes de morir. El menor murió pocos meses antes de que mataran a su papá en cautiverio.

Mapa de resguardos indígenas en Risaralda

Tierras indígenas codiciadas por la guerra

Lo que a simple vista parecía una bendición de la naturaleza, se convirtió en el karma de los pueblos indígenas. Esta zona selvática de Risaralda, donde están sus resguardos, es rica en madera y las guerrillas aprovechan esto para cobrar una especie de ‘kilogramaje’ a cambio de permitir la explotación, agregó Zapata.

A esto se suma que los indígenas perdieron varios de sus territorios a causa de la minería. Dicha extracción se realizaba de forma artesanal hasta 1996, pero a partir de ese año la maquinaria y los agentes foráneos llegaron a territorios indígenas.

“No hicieron respetar su gobierno propio, su autonomía territorial y la confianza que tenían con las autoridades se perdió en gran medida. Así, fue inevitable que muchos indígenas empezaran a cambiar sus costumbres por la plata, el poder y muchos fueron reclutados por los grupos armados”, dice Zapata.

Mónica Gómez, directora de la oficina de Derechos Humanos de la Gobernación de Risaralda, hace una análisis distinto: “Los guerrilleros invadieron los territorios étnicos, reclutaron y utilizaron a los indígenas para transportar elementos ilegales. Por su parte, el Ejército estigmatizó a las comunidades al poner bajo sospecha su voluntad de no involucramiento en el conflicto armado”, declara.

La mezcla entre minería y explotación maderera facilitó el arraigo de los grupos armados en este territorio y con su presencia llegaron las amenazas a los líderes indígenas Emberá Chamí y Katíos. Incluso, algunos fueron asesinados. A Hugo González, gobernador indígena del resguardo de Mistrató, lo mataron tres encapuchados el 25 de julio de 2008. Y este no es el único caso.

Según el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional sobre la situación del pueblo indígena Embera Chamí ante el conflicto armado, en 2002 en Pueblo Rico mataron a Leonardo Caizales y a Lucelly Osorio en Villa Claret; y el 3 de agosto de 2007 fue asesinado Virgilio Guatiui, líder y miembro de la comunidad de Kundumi, en el Resguardo Unificado. Por su parte, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (Crir) reporta además el asesinato de Fabián Esteban Queragama, Salvador Siagama, Álvaro Charicha Suzana y Javier Arce Queragama.

Si bien no existe una cifra exacta de cuántos indígenas se pusieron el camuflado de las Farc en Pueblo Rico y Mistrató, los registros del Batallón San Mateo del Ejército Nacional revelan que varios indígenas murieron en enfrentamientos, otros fueron capturados y 35 se desmovilizaron ante esa unidad militar. Ellos ahora forman parte de los beneficiados con los planes de reintegración del Gobierno (ver gráfica).

Indígenas desmovilizados ante el batallón San Mateo de Pereira (2007-2016)

(Desplázate con la flecha azul > abajo del mapa y haz clic en el chinche para ver el sitio de entrega)

Específicamente en Pueblo Rico, son 53 indígenas quienes decidieron volver a sus territorios tras una desvinculación individual de los diferentes grupos armados que hicieron presencia en la zona. Es por eso que mientras Marta Lucía recuerda cómo trabajar con chaquiras, Julio César Natura Restrepo labra su parcela de una hectárea para cultivar cacao. A él le asignaron este lote en el resguardo Unificado San Juan, cerca de su familia, tras concluir el proceso de desmovilización.

Volviendo al resguardo

A Julio César le ha costado volver al trabajo del campo después de ‘patonear’ el monte al lado del ERG, del frente Aurelio Rodríguez de las Farc y del ELN.

“Al principio fue muy difícil. El gobernador decía que no quería problemas, la familia sí me recibió bien. Ahora me siento muy alegre, con ganas de sembrar, tengo 200 palos de cacao y ya están dando productos. También voy adelante con mis estudios, estoy en noveno”, dice.

Algunos de los obstáculos que tuvo que enfrentar es que a su regreso, en 2015, encontró una comunidad con el mismo retraso que vivía cuando se fue en el 2002. Y es que para llegar al resguardo unificado hay que atravesar durante dos horas y media la vía destapada que va de Pueblo Rico a Puente la Unión, sorteando los derrumbes que amenazan en todo el trayecto. Luego, otros 15 minutos por una trocha a orillas del río San Juan.

En el resguardo, el punto de encuentro es una caseta comunal construida en guadua, tratando de conservar el estilo campesino para no reñir con el panorama. También hay una escuela con unos cuantos pupitres y algunos profesores que enseñan en la lengua nativa. No hay centro de salud ni mercado. La tienda más cercana está en el caserío de los afrodescendientes cerca a Puente La Unión. Y para que Marta Lucía y Julio César lleguen a sus casas, tienen que ir monte adentro a pie o a lomo de mula.

“Hemos tomado la decisión de recibirlos, pero deben asumir el mandato indígena, todo el reglamento, todo el estatuto, para que lleven un proceso de igualdad con nosotros. Desde que ellos estén dispuestos a volver a la vida normal, son bienvenidos a la comunidad”, afirma Martín Siágama, gobernador indígena del resguardo unificado San Juan.

Él explica que el temor es que los reincorporados lleguen a cambiar “la mentalidad” de los jóvenes que nunca han salido del resguardo. “Ellos tienen otra mirada, otra visión y la sociedad es diferente cuando se está armado. Así que la guardia indígena estará dispuesta a sancionarlos ante cualquier error que cometan”, sentencia.

Siágama explica además que como parte de su tradición de sanar la tierra y a las personas, el médico tradicional con apoyo de la naturaleza les hace una “una armonización” para sacarles “los malos espíritus que ellos traigan”. Se trata de una descontaminación espiritual mediante un ritual para que vuelva a relacionarse de forma armónica con la naturaleza.

Aunque dicha armonización es mandato del Crir, todavía no se ha hecho ningún acto de sanación, según Marta Lucía y Julio César. Al respecto, Siágama admite que no lo han hecho pues los 53 reincorporados provenientes de diferentes grupos armados “llegaron de un momento a otro, pero la comunidad sí lo está exigiendo”.

Este antecedente deja ver que no tienen muy definido qué comportamiento asumir ante esta realidad que se avecina.

Esto contrasta con la reinserción de guerrilleros indígenas que están practicando en otros resguardos. Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del tejido de defensa a la vida y derechos humanos de Çxhab Wala Kiwe de la asociación de cabildos indígenas del Norte del Cauca dice que en su territorio ya hay comuneros que recibieron un ejercicio de justicia indígena. “No hemos juzgado ni guerrilleros ni militares, lo que hemos juzgado son comuneros indígenas y actos de desarmonía, por lo tanto la justicia indígena se seguirá aplicando en términos de posacuerdo. Lo que se le ha pedido a la Justicia Especial de Paz (JEP) es que respete ese ejercicio de justicia que han hecho las comunidades”, señala.

Indígenas capturados por el batallón San Mateo de Pereira

(Haz clic en las esposas para ver detalles de la captura)

Retos a futuro

Para las Farc y el Gobierno quedó claro en los acuerdos que los excombatientes nacidos en el seno del pueblo indígena no serán excluidos de la JEP por su condición étnica, aunque en el Acto Legislativo 01 de 2017 se aclaró que serán creadas salas para dirimir conflictos de competencia entre la JEP y cualquier jurisdicción, como podría ser el caso de la justicia indígena. En el Artículo 9 se indica que esta sala estará conformada por dos magistrados de las salas o secciones de la JEP y dos autoridades tradicionales del pueblo indígena.

“Hay un debate a nivel de la JEI (Jurisdicción Especial Indígena) y JEP. Creemos que el derecho de hacer justicia, de ejercer ese proceso de armonización en el territorio por este tipo de hechos debe mantenerse. La justicia indígena ha sido más oportuna y eficaz y ha dado mejores resultados que la ordinaria”, agrega Capaz.

En este sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia T-921 de 2013 reconoce los límites de la jurisdicción indígena, pero también apoya con su jurisprudencia a las comunidades al afirmar que “en todo proceso penal debe tenerse en cuenta la condición de indígena en el momento de determinar el lugar y las condiciones especiales de privación de su libertad, independientemente de que no se aplique el fuero penal indígena, pues si esta no se tiene en cuenta, se afecta su derecho a la identidad cultural y su dignidad humana”.

Además de este debate interno entre las dos jurisdicciones, otro elemento que hace dudar sobre cómo será la reintegración de los indígenas guerrilleros es que las Farc piensan en un proceso colectivo que involucre a sus 14.178 integrantes, entre guerrilleros, milicianos y personas privadas de la libertad. Actualmente, la mayoría de ellos está trabajando en proyectos comunitarios en los hoy llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que antes eran las 26 zonas veredales.

El plan de las Farc es seguir en la colectividad, aunque cada exguerrillero que no sea merecedor del indulto, debe someterse de forma individual a la Jurisdicción Especial de Paz, que está en proceso de reglamentación en el Congreso.

En cuanto a los indígenas, Pedro Baracutado, jefe del Espacio Territorial de Vigía del Fuerte, en Antioquia, asegura que la mayoría de estos excombatientes serán indultados o amnistiados e incluso abre la puerta para que cada uno tome la decisión personal frente al tipo de reinserción que prefiera.

“La antigua fuerza insurgente nunca hizo diferencias de razas al interior de la organización, todos fuimos tratados con los mismos deberes y derechos y el partido continuará con esta misma línea, solo que ya en esta etapa los integrantes del partido podrán decidir en qué lugar realizan la reincorporación: si en los Espacios Territoriales o si por el contrario deciden hacerlo en sus comunidades”, aclara Baracutado.

Un concepto similar emite Néstor Raúl Correa, secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial de Paz, quien explica que los indígenas que fueron victimarios deberán ser procesados en igualdad de circunstancias que los demás miembros de la guerrilla. Sin embargo, aclara que “se espera que, como algo diferencial, al final ellos regresen a su pueblos y no a las zonas veredales. Se está preparando a las comunidades para una reculturización”, sostiene.

Sobre la prevalencia de la Jurisdicción Especial Indígena, Correa estima que el juzgamiento que hacen dichas autoridades tradicionales es un principio fundamental de la Constitución colombiana. “Si bien la JEP es prevalente, no se trata de que arrase la otra justicia, debe haber una articulación que todavía es un modelo por armar”, añade.

Sin duda falta que empiece a funcionar la JEP para saber cómo serán solucionadas las dudas o inquietudes con relación al juzgamiento de los actores involucrados en el conflicto. Algunas luces se están viendo en el proyecto de Ley Estatutaria que se está discutiendo en el Congreso para regular este modelo de justicia transicional.

“El proyecto de Ley estatutaria contempla unos mecanismos especiales para el cumplimiento de las penas que se puedan imponer en las zonas indígenas en virtud de la JEP. Por ejemplo, en aquellos casos donde no haya lugar a la detención intramural, podrán cumplir unas penas que podríamos llamar propias en sus territorios, pero hay que esperar qué aprueba el Congreso”, conceptúa Jorge Octavio Ramírez Ramírez, presidente del Consejo de Estado.

Procesados por la JEP o no, los Emberá Chamí esperan que con los reintegrados lleguen también los proyectos productivos que beneficien a todos en el resguardo. “Hemos evaluado proyectos de la Unidad de Víctimas que han generado una discusión interna porque el Estado reconoce solo a las personas que resultaron afectadas pero no programas para la colectividad”, dice el gobernador Martín Siágama.

Ante esta solicitud Emberá, la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), que acompaña el retorno de los 53 indígenas al resguardo, cree que la persona tiene que beneficiar a su comunidad de alguna manera. “Nosotros no les llevamos los proyectos y plata, los construimos con ellos y de esta forma se dinamiza la ruta de reintegración. En Pueblo Rico también fortalecemos el tema de género pues apoyamos mujeres emberás de los dos resguardos en empoderamiento de gobernanza”, dice Carlos Soto, coordinador de la ARN Risaralda.

De forma concreta, en Pueblo Rico se adelanta el proyecto IUJA en coordinación con la Gobernación de Risaralda, la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y la Fundación para el Desarrollo del Risaralda (Funderis). Este plan beneficia directamente a 140 personas con proyectos de panela, cacao, artesanías hechas por mujeres y gobernanza de las comunidades.

Con esta forma de intervención “se ha logrado no solo que acepten al desmovilizado sino que lo protejan porque hace parte de su comunidad”, según Soto.

El proyecto ya permite que el cacao sea vendido directamente por la asociación de cacaoteros a Casa Lúker sin intermediarios y busca mejores precios para las artesanías elaboradas por las mujeres.

El proceso apenas empieza y es mínimo para las necesidades de esta comunidad de 5.000 integrantes que esperan la llegada de más inversiones, ser tratados como víctimas y acciones concretas para evitar la presencia de nuevos actores armados aún no determinados. Pues al reto de la reintegración de los miembros que llegan, se suman las condiciones actuales del conflicto que ya ocasionaron el desplazamiento de 559 indígenas a Santa Cecilia el 29 de abril de este año y 736 que mendigan en la capital del país.

Ante este panorama, los indígenas exguerrilleros que pueden llegar de las Farc a los resguardos están en un limbo porque no saben cuántos van a pasar por la JEP o cuántos serán sometidos a la Jurisdicción Especial Indígena. A esto se suma que la experiencia de los 53 excombatientes que ya pasaron por el proceso de reintegración es una muestra de que no siempre se realiza la armonización que su tradición ancestral exige.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.