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Sábado, 28 Octubre 2017

Ciudadela Bolonia: un experimento de reintegración en Bogotá azotado por la violencia

Por Tomás Mantilla

Víctimas, antiguos miembros de las guerrillas, los paramilitares y el Ejército habitan un aislado conjunto residencial de Usme, en medio del microtráfico, los grupos armados y una convivencia cada vez más álgida.

Cuando Rodrigo Villabón, representante de la Mesa de Víctimas de Usme, discutía con varios vecinos del conjunto residencial Ciudadela Bolonia algunas estrategias para frenar el microtráfico, un hombre con gorra y saco de capucha salió de los edificios que los rodeaban y caminó justo a su lado. Cuando se alejó, Rodrigo dijo en voz baja: “Él… es uno de los que me amenazó”.

Al igual que Rodrigo, su esposa y otros líderes de la comunidad han recibido amenazas por denunciar las estructuras de microtráfico que operan en Ciudadela Bolonia, un proyecto de vivienda de interés social en Usme, al suroriente de Bogotá. Allí, la violencia ha surgido en medio de la convivencia de excombatientes de grupos armados, víctimas, personas reubicadas que habitaban en zonas de alto riesgo y militares retirados y heridos en combate.

A pesar de que se respiraba tensión, el grupo de vecinos siguió hablando frente a los cientos de ventanas de las torres de apartamentos. Como muchos, ya se han acostumbrado al desasosiego que se vive día a día en el conjunto.

“El microtráfico y el Estado que no llega son nuestros problemas, nos dejaron a la buena de Dios”, asegura una de las personas que hablaba con Rodrigo y que pide que no publiquen su nombre. En Ciudad Bolonia no hay puestos de salud ni escuelas y las viviendas han tenido problemas desde que fueron entregadas, como reportó la revista Semana el 7 de mayo de 2015 y el 13 de mayo del mismo año.

Esto a pesar de que en la ciudadela hay 3.600 apartamentos. Para ello, la zona rural de los cultivos de arveja, moras y papa fue reemplazada por cemento y torres de vivienda multifamiliar que siguen apareciendo por doquier, en gran parte debido a la llegada de miles de desplazados a la localidad, 12.112 para 2013 según la Unidad para las Víctimas. Ellos viven con varios de los 260 desmovilizados de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc; las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC; y del Ejército de Liberación Nacional, ELN que han llegado en los últimos años a Usme como parte del programa de reinserción que implementa la Agencia Nacional de Reincorporación, ARN, según las cifras de Catalina Arciniegas, coordinadora en Bogotá de dicha institución.

La convivencia entre víctimas y excombatientes que pasaron por el proceso de Justicia y Paz hace de Ciudadela Bolonia un laboratorio en tiempo real de cómo es la reinserción. Sin embargo, no todos creen que este laboratorio sea totalmente exitoso. Un funcionario que trabaja en la zona y que pidió la reserva de su nombre, asegura que algunos de los reinsertados volvieron a tomar las armas para unirse a grupos de microtráfico y explica que se debió a la falta de acompañamiento.

“No los capacitaron para trabajar, simplemente ellos iban mensualmente a una visita con un psicólogo, tenían que estudiar en un colegio o en una fundación y eso les generaba una entrada económica. Tenían una cantidad de tiempo en el que no eran productivos y no tenían nada qué hacer, entonces empezaron a configurar esas mismas dinámicas del territorio de conflicto en Bolonia”, afirma.

A la falta de institucionalidad, se sumó el aislamiento de la ciudadela. Para llegar al conjunto residencial, que está en la cima del cerro Juan Rey, hay que tomar la vía al páramo por donde a duras penas logran subir los destartalados Chevettes ochenteros que prestan el servicio de transporte desde el Usme urbano hasta los apartamentos.

En las mañanas, decenas de estudiantes bajan la loma del cerro Juan Rey para ir a los colegios de la zona urbana de Usme. Foto: Tomás Mantilla.

Así las condiciones fueron las apropiadas para que el conjunto residencial ser convirtiera en un caldo de cultivo para las redes del microtráfico. Tanto en Ciudadela Bolonia y en Compostela 3, el barrio de invasión contiguo, grupos organizados manejan los expendios de droga que funcionan en las casas y apartamentos.

El poder de los grupos ilegales es tanto que a la entrada de Compostela 3 hay una pancarta con la foto del difunto líder de la banda, Wilfredy Gómez, alias ‘El Paisa’, empuñando dos revólveres.

Foto: Tomás Mantilla.

Al otro lado de la montaña, la banda que controla Compostela 3 se ha tomado también el control del territorio, venden lotes sin títulos de propiedad a población desplazada y maneja el expendio con aún más tranquilidad según varios miembros de la comunidad y el funcionario que pidió la reserva de su nombre.

“De allá sale la droga. Lo cierto si es que está comprobado que ahí las gentes mantienen armadas, que cuando la Policía entra se da bala con ellos”, afirma Villabón. Cuando denunció esto, y que frente a su casa operaba una ‘olla’, lo amenazaron de muerte.

Al igual que el funcionario, desmovilizados afirman que parte de los miembros de las bandas de Compostela y Ciudadela son algunos excombatientes de las AUC y reintegrados en este barrio de Bogotá.

Un reinsertado de las AUC sostiene que en la unidad residencial Rincones de Bolonia, un exparamilitar “estaba tratando de ubicar a todos los que (operan) expendios de droga y empezarlos a caciquear para que le respondan a él. Están en el proceso de organizarse, hay fichas de arriba que también las mueven para que apoyen con logística y armamento. Están buscando alianzas para hacer el grupo fuerte”.

“Hay tres exparamilitares que manejan las cosas en el barrio y andan con mini uzi. Ellos tienen más poder que los de Bolonia”, señala un excombatiente de las Farc refiriéndose al grupo armado que opera en Compostela 3.

Ante el problema de este barrio, el alcalde local de Usme, Jorge Eliécer Peña, dijo que están “coordinando unas mesas de servicios para esta población porque debe ser reubicada de este sitio. Se han venido haciendo operativos arrojando capturas masivas. En eso está trabajando la administración”.

La situación es tan delicada que en marzo de este año varios líderes fueron amenazados y los habitantes del sector ya hablaban de una recomposición de las bandas de narcotráfico, como lo reportó Pacifista.

Pero los temores vienes desde antes. La Defensoría del Pueblo ha advertido desde 2013, a través de cuatro informes de riesgo y cinco notas de seguimiento del Sistema de Alertas Tempranas SAT, que los grupos surgidos de la desmovilización de las AUC están en las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar.

“El grupo armado identificado como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) ha ampliado el control territorial en la ciudad, particularmente en aquellas zonas de la periferia urbana donde controlan los circuitos asociados al tráfico de sustancias psicoactivas”, dice la nota de seguimiento 002 de abril de 2017. Agrega que ha localizado “el accionar de las autodenominadas Águilas Negras ‘Bloque Capital’ en las tres localidades y no se desestima que tengan acuerdos con las AGC”.

Por eso, el Ministerio Público advirtió que más de la mitad de la localidad de Usme es una zona de riesgo y menciona puntualmente a Bolonia y Compostela como dos de los barrios más afectados, según la nota de seguimiento de abril de este año.

El funcionario explica que los grupos descendientes de las AUC que operan en Ciudadela Bolonia perdieron su antigua estructura “Son tercereados por grupos más grandes que los utilizan no sólo para economías ilegales sino también para ejercer control territorial e impedir que otros se apropien del territorio”, sostiene.

Para la Defensoría del Pueblo la situación de riesgo en Bogotá es tan grave, que en julio de este año el defensor del pueblo, Carlos Negret, le escribió al ministro del Interior, Guillermo Rivera, informándole que planeaba convocar la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas. Además, le remitía el Informe de riesgo 030 de julio de 2017, que estima que 50.000 civiles están en situación de riesgo en la capital y agrega que “todo lo que ocurre en Bogotá tiene trascendencia nacional”.

La comisión finalmente sí se convocó pero no emitió ninguna alerta. Esta debe recomendar al ministro si emitir o no alertas tempranas y está conformada, entre otros, por el ministro del Interior, el comandante general de las Fuerzas Militares y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien a comienzos de este año causó revuelo cuando afirmó que “en Colombia no hay paramilitarismo”.

Un funcionario estatal que pidió la reserva porque no está autorizado a hablar del tema señala que “el Ministerio del Interior no quiere que se emita una alerta temprana en Bogotá, si se emitiera les tocaría aceptar el lenguaje de la Defensoría, que en Bogotá sí hay grupos posdesmovilización de los paramilitares”.

El temor de la convivencia diaria

Una pareja sube con su hijo hacia la ciudadela Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

El lema con el que se promovió la construcción de la urbanización Rincones Bolonia, ‘Le da un nuevo nivel a tu vida’, parece que nunca se cumplió. Las discusiones entre vecinos surgen cuando alguien cocina con leña dentro de uno de los apartamentos, al no saber cómo encender la estufa, o cuando uno de los habitantes usa su apartamento para reciclar.

Además, entre víctimas y exmiembros de grupos armados, los habitantes prefieren no hablar de quiénes eran ni de dónde vienen. Ni siquiera los reintegrados se conocen entre sí, más allá de las caras familiares que recuerdan de sus épocas de guerra.

“Si dos personas aquí saben que fui ‘guerrillo’, es mucho”, cuenta un exinsurgente que teme que los exparamilitares rearmados lo asesinen por haber pertenecido a las Farc. Hay quienes opinan que está bien que sea así. Para ellos no tiene sentido decir quiénes son pues podrían llamar la atención de viejos enemigos o victimarios.

El muro de la sala de una víctima de desplazamiento que vive en los apartamentos de Rincones de Bolonia. Foto: Tomás Mantilla.

Otros prefieren utilizar su pasado para amedrentar a la gente. Miembros de la comunidad afirman que varias familias han dejado sus apartamentos tras tener discusiones con vecinos que responden “yo soy ‘paraco’”, “usted no sabe quién soy yo” o “yo mato y como del muerto”

Muchas veces, los problemas de convivencia se mezclan con la inseguridad que ha producido el microtráfico en la zona. Así le sucedió al primer administrador de uno de los edificios de Rincones de Bolonia y a dos mujeres miembros del consejo. Huyeron del barrio luego de que alguien les escribiera en las puertas de sus apartamentos ‘Muerte para los del consejo, ratas hijueputas’.

“Cuando pasó, una de ellas, me llamó preocupada. Le dejaron sangre regada frente a la puerta”, dice Yudirlandes Palechor, líder social del pueblo indígena Nasa y uno de los más de setenta indígenas que viven en la ciudadela.

Hace pocas semanas mataron a dos hombres que estaban consumiendo sustancias psicoactivas en una de las lomas de la parte trasera del conjunto. Sus familias y algunos de sus amigos se desplazaron después de los hechos.

La amenaza es tan latente que muchas veces la comunidad ni siquiera se atreve a hablar del tema, como sucedió en la última reunión entre habitantes de Ciudadela Bolonia, organismos distritales y el alcalde local. “¿Por qué cree que nadie mencionó el tema de las drogas? Porque estamos muertos del miedo con todo lo que ha pasado”, dice un líder comunitario.

‘Limpieza social’ a manos de particulares y exmilitares

Efrén Ramos, un exmilitar del Ejército Nacional cuenta que alrededor de seis militares retirados que también viven en el barrio han estado pensando en la posibilidad de crear un “comité de seguridad”.

Ellos viven en Mirador del Parque, una etapa de la ciudadela que el Ejército compró para darles vivienda a soldados heridos y retirados. Algunos de ellos fueron dados de baja de las Fuerzas Militares por problemas psicológicos.

“Dijeron que (había que) andar armados; que al que se encontrara ‘soplando’, darle piso”, cuenta Ramos. Su justificación era que no soportaban que se consumiera droga en los escasos espacios comunes del conjunto y que los expendedores se tomaran las escaleras de los edificios para vender la droga.

“En un momento, se hizo reunión con unos delegados de la Policía y ellos también decían lo mismo, ‘si ustedes quieren, háganlo. Si a nosotros nos llaman no nos aparecemos”, asegura Ramos. Incluso a él lo invitaron a hacer parte de este comité cuando era administrador de Mirador del Parque, pero se negó.

En cambio, les advirtió de la ‘limpieza’ a los jóvenes del barrio y a quienes iban a Bolonia a consumir droga. Como no volvieron a aparecer, el comité nunca se creó.


El árbol, que está frente a Rincones de Bolonia, más conocido como La Casa es uno de los “metederos” donde los jóvenes se reúnen a consumir. Foto: Tomás Mantilla.

Frente a esto el acalde local de Usme respondió que su despacho no ha recibido denuncias concretas frente al tema. Sin embargo, dijo que sí se han hecho comentarios al respecto. “La Alcaldía siempre auspicia el tratamiento del tema de la seguridad a través de la institucionalidad. Es evidente que la administración está actuando para solucionar primero los temas de convivencia y calidad de vida de esta población”, asegura Peña.

Los militares no han sido los únicos. “Si recoge 500 pesos por apartamento, le hacemos la limpieza del barrio”. Así le han dicho algunos grupos a Yasbleidi Molano, exadministradora de Rincones de Bolonia y esposa de Rodrigo. A otros líderes les dijeron que la cuota era de 200 pesos.

En medio de las ofertas, aparecieron también los panfletos amenazantes. Uno de ellos, firmado como Águilas Negras, dice “Ahora le toca el turno a los mal p… basuqueros y sidosas, vendedores de droga, ladrones, callejeros y apartamenteros, jaladores de carros, secuestradores y jóvenes consumidores… Ya los tenemos identificados”, (sic).

Es por eso que Villabón asegura que a pesar de que algunas instituciones están llegando a la zona, la situación “les cogió ventaja desde un principio”.

“Esto es una bomba de tiempo”, dice el exintegrante de las AUC. Lo repite varias veces con resignación y a la vez con la seguridad de alguien que sabe de lo que está hablando. Según él, las cosas empeorarán pronto porque han llegado más exparamilitares a Colores de Bolonia.

A veces considera unirse con los grupos que le han hecho ofertas. “Ya estoy aburrido, me quiero ir de acá”, dice y explica que desde que llegó a Bolonia ha tenido problemas para encontrar trabajo, no se acogió al programa Justicia y Paz como varios del barrio y ahora no tiene empleo ni con qué sostener a su familia. Para él, todo sería diferente en Ciudad Bolonia si el Estado le enseñara a la gente desplazada del campo a vivir en la ciudad.

Con tono frustrado, reitera que su barrio está a punto de estallar “pero es porque el Estado cree que con dar una casa es todo, y así no es. A la gente tampoco es que se les dé el pescado, pero hay que enseñarles a pescar”.

Además de ser un laboratorio vivo de cómo es la reinserción, la ciudadela es un ejemplo de las dificultades a las que se pueden enfrentar los desmovilizados de las Farc una vez se reintegren a la vida civil. Y es que, con el tiempo, este conjunto residencial se ha convertido en un reflejo de lo que vive el país. En los lugares donde hay vacíos de poder la recomposición de los grupos armados, el microtráfico y la ardua reconciliación entre víctimas, exparamilitares y exguerrilleros, son pan de cada día.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.

Sábado, 28 Octubre 2017

De inocentes a victimarios, el reto de no condenar a las personas equivocadas

Por Mónica Vecino y Paula Vásquez

Una decisión judicial o el señalamiento de un grupo armado puede catalogar a una persona como victimaria sin serlo, como lo muestran las historias de Camila y Patricia.

“Apenas llegué a la cárcel de Bellavista, me metieron a una celda mientras me asignaban patio y ahí sufrí la primera violación por parte de los guardias. En adelante, podía ser en cualquier momento del día: ocho de la mañana, una de la tarde, en la madrugada. Los mismos internos y guardias, me llamaban para que fuera a yo no sé qué y me metían en un baño entre varios para abusar de mí”.

El 4 de noviembre del 2000, a Camila Úsuga, o como aparece en su cédula, Harrison Úsuga Vásquez, la detuvieron la Policía y la Fiscalía en su pueblo natal, Dabeiba, Antioquia. Tenía 18 años. Ellos la sindicaron de ser la culpable de la muerte de dos policías, 17 soldados y de derribar un helicóptero. Para las autoridades, Camila era una comandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Yo era un falso positivo, a los policías que denunciaban que yo supuestamente era de la guerrilla, les daban vacaciones, los subían de rango, tenían una cantidad de beneficios. Pero lo que me hicieron fue por prejuicios”, afirma Camila.

Pasó 15 meses en la cárcel Bellavista, en Bello, Antioquia, donde padeció violaciones de guardias y reclusos, agresiones que ella atribuye a su condición de transexual.

“Mi hermano menor, el niño de la casa que me seguía a mí, lo desaparecieron en el 2001 y hasta el momento no hemos recibido su cuerpo. Mi hermano mayor fue asesinado en abril antes de lo mío. A sus 12 años recibió dos impactos de bala por un enfrentamiento de la guerrilla. Tengo otro hermano que está en la calle y que quedó viudo porque a su mujer la mataron”, recuerda.

Usúga ha tenido que ver durante su vida cómo es estar dentro de la guerra sin haber utilizado nunca un arma, afrontó la desaparición forzada de familiares y tuvo que huir de su pueblo natal siendo inocente.

El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) narró la historia de Camila en la investigación ‘Aniquilar la diferencia’. Para este estudio buscaron durante dos años a personas de la comunidad LGBTI afectadas por el conflicto armado colombiano.

“En enero del 2002, Camila recibió una primera notificación en que la condenaban a cuarenta años, a menos que pagara una indemnización de cien millones de pesos al Estado colombiano. El mismo mes, recibió una segunda notificación dejándola en libertad bajo la inexistencia de pruebas. Después de este hecho llegó a vivir en las calles, a consumir y vender drogas, y durante tres meses, ejerció el trabajo sexual en el centro de la ciudad”, precisa el libro del Centro de Memoria Histórica.

Estas situaciones la han llevado a intentar suicidarse en tres ocasiones. “Cierto día fui y me tiré a ese río Medellín, con esa intención, claro, [llanto], como de todos esos pensamientos, de toda esa cosa, tener una familia y no tenerla, tan mal, de estar en una ciudad que no conozco, nada, tener una vida, así como tan dura. Lo intenté una segunda vez, pero fue en el Metro, tampoco, y la tercera vez fue acá en una esquina de la Avenida Oriental, ahí por Villanueva, ahí, que ya el bus me frenó ahí encima”, relata para el CNMH.

Camila contó su historia en la Defensoría del Pueblo, por lo que la reconocieron en 2002 como víctima de desplazamiento forzado, pero la primera ayuda económica llegó en 2009 luego de que interpuso una tutela. El defensor público que la asesoró nunca le dijo que podía demandar al Estado por haberla juzgado de guerrillera y cuando se enteró ya había vencido el plazo para hacerlo.

“Una persona que es a la vez victimario y víctima puede demandar ante la justicia para su reparación. Por ejemplo, si el Estado fue el que realizó la violación, podría demandar ante el contencioso administrativo”, dice Camilo Sánchez, director de investigaciones en Justicia Transicional del centro de estudios, DeJusticia.

Camilo Fagua, abogado y asesor jurídico de la Fundación por la Defensa de los Derechos, afirma que para evitar que se puedan presentar estos casos en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se creó una Sala de Reconocimiento de Verdad, que es el primer filtro donde las personas que participaron directa o indirectamente del conflicto podrán acudir, donde tendrán la posibilidad de exponer cuál fue su participación en el conflicto armado,“esta sala podrá definir si dicha conducta es amnistiable o si debe pasar al Tribunal donde se les impondrá la sanción correspondiente”, aseguró Fagua.

La voz de Camila se quiebra al recordar lo que le pasó. Han pasado 17 años sin poder regresar a su tierra natal por miedo a que la maten, porque desde 2002 su pueblo ha estado en manos de los paramilitares y de los grupos posdesmovilización.

Actualmente vive en un asentamiento de víctimas en Bello, Antioquia, en una casa de madera, sin servicios de agua, luz o gas, sinembargo admite no cambiar su tranquilidad por nada.

“Ahora gracias al señor, yo ni fumo, ni consumo drogas. Me la paso estudiando, capacitándome con la ayuda de la Unidad de Víctimas, de la Defensoría del Pueblo, pero fue porque salí de ese hueco. Está en uno querer salir adelante”, explica. Actualmente se capacita en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA y en la Corporación Interactuar. Su propósito es enseñar a la comunidad cómo crear sus propios proyectos productivos para que no dependan del dinero del Estado y evitar que se repita lo que ella padeció.

Una líder en busca de sus derechos

Patricia Pérez* siempre caminó de botas pantaneras por La Hormiga, Putumayo. Junto a su esposo organizaba partidos de fútbol a los que invitaban a sus hermanos y a amigos del pueblo. Antes de cada juego, todos se reunían en una casa a la espera de un cuñado de Patricia, que los transportaba por grupos. “Como andábamos más hombres que mujeres y embotados (usando botas pantaneras), cuando los paramilitares llegaron decían que éramos guerrilleros”.

Además, ayudó en la liberación de dos familiares que estuvieron secuestrados. Esto fue suficiente para que los paramilitares la acusaran de ser colaboradora de la guerrilla y fue así cómo esta mujer de 44 años y su familia estuvieron encerrados en su casa durante un año.

Ellos padecían amenazas de muerte, secuestros y desplazamientos a manos de alias ‘El calvo’, cabecilla del Bloque Sur Putumayo en ese momento. En repetidas ocasiones le ordenaron a Patricia salir de su finca, pero ella decidió quedarse.

“Como no se quisieron ir, desde el momento en el que yo esté van a comer mierda”, recuerda Patricia que los amenazó ‘El calvo’. Desde ese momento, perdieron la libertad de salir de su casa.

La tienda que tenía Patricia para sobrevivir también quedó a disposición de los paramilitares. “Estos señores mataban una gallina y me decían: ‘esa la queremos, pélela’. Una, dos, tres, cuatro gallinas. Todos los días me tocaba pelar. El surtido que tenía en la tiendita se lo comieron entre todos”, asegura.

Estando tras las rejas de su finca, de donde no pudieron salir en un año, se preguntaba constantemente por qué nadie los ayudaba. Cuatro días después de que los paramilitares abandonaron la zona, familiares le contaron que ese grupo armado tenía un retén justo en la entrada de La Hormiga, donde impedían la entrada de los visitantes y la salida de la comunidad.

El hambre obligó a su esposo, Diego Montes*, a salir y buscar en las demás fincas algo para alimentarse, pero cuando intentó coger unos plátanos, un vecino lo ahuyentó con una escopeta pensando que era un ladrón. Al no tener más alternativa, Diego salió a la carretera. No sin antes prometerle a su esposa que volvería a las ocho de la mañana, contando las dos horas de ida y dos de regreso.

Pero a las 6:00 a.m., llegó una camioneta a la finca. “Por dentro decía ¡ay Dios mío bendito! Ahora que me pregunten por él, se van a dar cuenta que no está”, recuerda Patricia. Cuando salió de la casa, vio que los paramilitares tiraron un bulto afuera de la camioneta. Era su esposo golpeado. “La próxima vez lo traemos picado”, sentenció uno de los hombres.

Ser señalados como guerrilleros no solo los obligó a encerrarse. Patricia tuvo que vivir la desaparición de dos de sus cuñados. El primero fue Juan Carlos*, el menor de ocho hermanos, a quien se llevaron el 10 de marzo de 2001. “Era la una de la madrugada, me tocó sacar a mis cuñadas de la casa, porque supuestamente a todos los iban a matar”, recuerda Patricia. Los rumores decían que a varios jóvenes les pusieron en el pecho mensajes asegurando que eran guerrilleros y que por guerrilleros los mataban. Juan Carlos estuvo desaparecido nueve años. En 2010 Patricia reconoció sus restos en una fosa común en la que había varias víctimas.

El 29 de julio de 2003 llegaron por segunda vez los paramilitares a su casa en busca de Pedro*, otro cuñado. Ese día se lo llevaron. Patricia reunió el valor necesario y viajó a La Dorada, otra cabecera municipal que limita con La Hormiga, para reunirse con Jhon Edwer Hurtado, alias ‘El paisa’, comandante del Bloque Sur. “Sus hombres estaban cobrando un impuesto de 100 millones de pesos y los duros no sabían”, explica Patricia. Al enterarse, ‘El paisa’ llamó a sus hombres, los insultó y además le dijo a Patricia que no tenía nada de qué preocuparse, que a ella y a su familia no les iba a pasar nada.

Sin embargo, alias ‘El calvo’, el hombre que luego reemplazó en el mando a ‘El Paisa’, amenazó a Patricia por avisar sobre el impuesto que estaban cobrando y le dijo que debía entregarle 50 millones de pesos en ocho días para poder liberar a su cuñado. Para conseguir la cantidad exigida, Patricia y sus suegros vendieron ganado, tierras y casas al precio que fuera. “Yo fui a entregar el dinero a El Placer, me ultrajaron feo, pero me entregaron a mi cuñado”, dice. Sin embargo, en 2004, Pedro desapareció de nuevo cuando fue a buscar trabajo en Samaniego, Nariño.

Víctimas no reconocidas

Luego del sufrimiento que vivieron Patricia y su familia, decidieron pedirle a la Unidad de Víctimas ser reconocidos como afectados del conflicto armado. En 2015 declararon ante la Personería Municipal de San Miguel, en Putumayo, que sufrieron secuestro, tortura y amenaza. Después de la investigación, la Unidad determinó que, en efecto, los grupos armados ilegales violaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario en Putumayo, en la fecha en la que la familia de Patricia padeció en carne propia el conflicto.

Pero aun así, la Unidad de Víctimas les negó la solicitud. “No se encontró indicios (sic) que permitan establecer y concluir, al menos de manera sumaria, que los hechos victimizantes se enmarcan y configuran, no es posible reconocer los mismos deponente y grupo familiar, en el Registro Único de Víctimas, RUV”, dice el documento, fechado el ocho de febrero de 2017.

La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la 1448 de 2011, especifica que para que una persona entre en el registro oficial debe haber sufrido hechos cometidos a partir del 1 de enero de 1985 y tener la fecha precisa de las violaciones a los derechos. Además, las víctimas también pueden ser “el cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo y familiar en primer grado de consanguinidad, primero civil de la víctima directa, cuando a esta se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es decir, una persona es considerada víctima en Colombia por el hecho de haber sido directa o indirectamente afectada por el conflicto.

A pesar de que Patricia cumplía estos requisitos, no fue declarada oficialmente como víctima. Los argumentos de la Unidad eran que no había pruebas de tortura, como haber sido amarrada o privada de la libertad encerrada en un cuarto y que por ende no podía recibir indemnización. “Uno para qué abre la boca si no le van a colaborar en nada. Entonces, ¿qué es violencia para los demás?”, se queja Patricia.

Según el concepto de Sánchez, Patricia puede comparecer en los tribunales en busca de su reconocimiento en calidad de víctima. “Una persona que no es considerada víctima por la Unidad, podría eventualmente acudir a la justicia para que un juez así lo declare”, afirma.

Los paramilitares tildaron a Patricia y a su familia como colaboradores de la guerrilla, generalizaciones y señalamientos que son comunes, pero muy delicados, pues pueden poner en riesgo la vida de los señalados o llevarlos a enfrentar procesos judiciales en los que los pueden condenar injustamente.

Este caso, unido al de Camila, muestra cómo el ser señaladas de victimarias realmente termina convirtiendo a las personas en víctimas y en algunos casos, esta simbiosis complica aún más el tratamiento que se les debe dar legalmente. “Para la ley colombiana, una víctima es cualquier persona que haya recibido una violación a los derechos humanos, en ese sentido, si la víctima cometió otras violaciones deberá responder por ellas, pero así mismo deberá tener la protección que se requiere por ser víctima”, explica el experto de DeJusticia.

Ahora que el país inicia el proceso de justicia transicional enmarcado en el acuerdo de paz con las Farc, la JEP arranca con un catálogo de principios que rigen esta jurisdicción con el fin de identificar una verdad plena, que se haga justicia al investigar, identificar, juzgar a los responsables de los hechos. Además, de ofrecer reparación integral a la víctima, es decir, una reparación eficaz y diferenciada. Por último, aportar garantías de no repetición, garantizar a las personas medidas que eviten que estos hechos se repitan.

Para esto, Tania Bolaños, abogada, experta en procesos de justicia transicional, explica el procedimiento que realizará la JEP, frente a los casos de las víctimas que serán analizados durante el proceso de transición, “bajo los principios de la justicia transicional, la JEP tendrá que hacer una revisión detallada de los casos, teniendo en cuenta todas las pruebas que se presenten, los informes de las instituciones publicados, la participación de distintas organizaciones sociales, la experiencia internacional, cómo se ha manejado en otros países este tema, que podría constituir un aporte en la construcción y enriquecimiento de la jurisdicción”.

En Colombia la complejidad del conflicto armado facilitó que una persona tenga la doble condición de víctima y victimario, por está razón, para reparar hay que tener en cuenta el contexto de la víctima. Es difícil saber cuáles son los retos de la JEP frente a los casos de Camila y Patricia, ya que aún no se han debatido ni siquiera en el ejercicio de formulación dentro de la jurisdicción. Se pueden plantear algunos retos, pero no van a ser los definitivos.

Colombia debe aprender de los errores que se han cometido en procesos empleados dentro y fuera del país. Tania menciona algunos casos; “En Colombia debemos tomar el ejemplo de Justicia y Paz, que fue otro proceso especial para los paramilitares. A nivel internacional, en el caso de Ruanda, la ley acogía y tenía vigencia solamente para los hechos cometidos en 1944. Tomó alrededor de 15 años sancionar cerca de 100 personas. Esto representa precisamente la complejidad de los hechos. Por esta razón en Colombia se deben empezar a esclarecer los hechos desde ya”.

Bolaños asegura que la JEP tiene varios retos, empezando por la cantidad de personas que fueron actores del conflicto y tiene el reto de poder vincular y reconocer a las víctimas. Pero el país también tiene un gran desafío, el de intentar reescribir la historia que se ha vivido durante más de cinco décadas, y quizá uno de los más complejos será no condenar a inocentes.

*Estos nombres han sido modificados para proteger la identidad.

 

Investigación realizada bajo el proyecto “CdRLab Justicia Transicional” de la organización Consejo de Redacción, con el apoyo de la AGEH y la DW.