Durante las marchas del pasado 8 de marzo por el Día de la Mujer en Bogotá, en redes sociales reinó la confusión mezclada con denuncias de abusos de la fuerza pública contra las manifestantes, así como con acusaciones de “feminazis” por parte de cuentas desinformadoras.
El punto crítico se alcanzó en la Plaza Bolívar, donde la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), anteriormente conocida como ESMAD, disparó bombas lacrimógenas contra las manifestantes. A raíz de esto, se difundieron videos en plataformas como X, mostrando el caos en el lugar.
Los colectivos feministas reportaron un uso desproporcionado de la fuerza y acusaron al alcalde Carlos Fernando Galán de incumplir los protocolos de protección a la manifestación pública y de enviar a que las “gasearan”. En contraparte, la Alcaldía se defendió argumentando que durante la movilización se vandalizaron mobiliarios arquitectónicos que hacen parte activa del patrimonio de la ciudad tales como esculturas, paraderos de buses y de transmilenio.
Pero, ¿en realidad qué ocurrió? ¿En efecto la respuesta policial fue excesiva? ¿Cuál es el protocolo en este tipo de movilizaciones? ¿En qué cambia la acción del UNDMO a la del extinto ESMAD? ¿Cómo se movió la conversación en redes contra el movimiento feminista? Estas son partes de las interrogantes que buscamos responder en este explicador.
Desde aproximadamente las 2:00 p.m., varios colectivos se concentraron en la plazoleta de Policarpa Salavarrieta ‘La Pola’, en el centro de Bogotá, para preparar las pancartas que usarían en la marcha. En el lugar se presentaron confrontaciones verbales por parte de feministas radicales en contra de colectivos de personas trans.
Hoy estamos en la movilización de #8M #DiaDeLaMujer convocada por distintas organizaciones feministas. En estos momentos estamos en la Pola en donde se defiende este espacio como transincluyente 📍 pic.twitter.com/fYTVz41Ko8
— 070 (@cerosetenta) March 8, 2024
Luego, este grupo marchó por la carrera Séptima hasta el Ministerio de Trabajo, cerca del Museo Nacional, para sumarse a la concentración desde donde partió la movilización oficial rumbo a la Plaza de Bolívar alrededor de las 5:00 p.m.
Durante el trayecto, que abarcó las carreras 13 y 10, hubo reportes de un fuerte contingente de seguridad conformado por Policía Nacional y miembros de la UNDMO (antes el ESMAD) en la movilización. A la altura de la estación de transmilenio San Diego se produjo la primera acción policial por daños en la infraestructura de la estación.
Desde ese momento, manifestantes denunciaron que los efectivos impedían su paso y amenazaban a algunas activistas. Por su parte, la Secretaría Distrital de Seguridad informó al día siguiente que durante la actividad fueron afectados paraderos del SITP, estaciones de transmilenio y hasta motos de los policías.
Cuando finalmente la manifestación llegó a la Plaza Bolívar, la UNDMO lanzó bombas lacrimógenas para prevenir daños a la Catedral Primada de Bogotá y tras algunos ataques contra su integridad, según las autoridades (1). No obstante, los organizaciones feministas denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales, así como el cierre de las vías de emergencia durante la intervención y el incumplimiento al protocolo de diálogo.
En este mapa podrá ver en detalle cómo se desarrolló la marcha y en qué puntos hubo confrontaciones, denuncias hostigamientos o abuso policial:
Mariana Escobar Bernoske, periodista del canal Las Igualadas, de El Espectador, señaló a este medio que en general la marcha al principio se desarrolló con normalidad. Ya sobre las 5:00 p.m., cuando seguía por la Carrera 10, cerca de la estación de transmilenio de San Diego, empezó la tensión.
Luego de que las fuerzas policiales actuaran contra algunas manifestantes que estaban grafiteando la estación, llegaron más policías motorizados y los participantes de la marcha comenzaron a interpelarlos. “El ambiente estaba muy tenso. Ya había presencia de motorizados y eso genera angustia”, dijo.
Recordó que en la plaza de Bolívar, tal como han denunciado colectivos feministas, se encontraba a oscuras y las salidas por las carreras 7 y 8 estaban bloqueadas por efectivos del UNDMO. Esto dificultó la evacuación de las personas cuando las fuerzas de seguridad lanzaron de nuevo bombas lacrimógenas.
“En ese momento todo se volvió muy tenso y caótico. A mí me costaba respirar por los gases ya que sufro de asma”, recordó Escobar.
La concejala de Bogotá por el Pacto Histórico, Heidy Sánchez, explicó vía telefónica que la movilización fue organizada desde el espacio Somos un rostro colectivo desde semanas antes.
Apuntó, no obstante, que los hechos de confrontación que se presentaron entre manifestantes y las fuerzas de seguridad fueron “aislados”, pero, pese a ello, en todo momento la movilización estuvo custodiada por la UNDMO (antiguo ESMAD), aun cuando no había ocurrido nada.
Integrantes de organizaciones de derechos humanos, políticas y ciudadanas que participaron en la marcha del 8M expresaron en la red social X, en un espacio llamado "Mujeres en el Espacio Público: Protesta y Represión", su preocupación por el accionar de los antidisturbios.
Además, denunciaron la intimidación a mujeres que abandonaron la marcha, la retención de documentos y el intento de inmovilización del vehículo utilizado como tarima, junto con la imposición de un comparendo al conductor. Estos, según la denuncia, son ejemplos concretos del incumplimiento de acuerdos previos para el desarrollo pacífico de la marcha.
Por otro lado, el alcalde Galán defendió la actuación policial, asegurando que todo se realizó dentro del marco legal de proporcionalidad, pero que ante las denuncias se llevaría a cabo una investigación al respecto.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos, tales como Temblores, consideran insuficiente esta respuesta, y cuestionaron por qué el gobierno distrital no previno las irregularidades denunciadas, por qué se coordinó un operativo de fuerza pública tan desproporcionado y por qué fue necesario que agentes del ESMAD confrontaran a las manifestantes.
El secretario de gobierno, Gustavo Quintero, también abordó los acontecimientos al día siguiente de la marcha y dijo que adelantarían la Mesa establecida en el Decreto 053. “Arrancaremos con la Mesa Distrital de Concertación y Seguimiento (Decreto 053/23) y continuaremos con colectivas de mujeres, organizaciones y actores sociales. Este episodio debe ser visto como una oportunidad de aprendizaje para mejorar continuamente con la colaboración de todos y cada uno”, declaró.
Antes de cada movilización en el distrito, las entidades gubernamentales y las organizaciones civiles se reúnen para acordar un protocolo específico. Primero, los organizadores deben notificar a la Secretaría de Gobierno de Bogotá con al menos 5 días hábiles de antelación y proporcionar detalles como la fecha, hora, lugar, recorrido previsto, el número esperado de participantes, así como los responsables de la organización.
Luego, se lleva a cabo una reunión preparatoria entre la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana de Bogotá, los organizadores y otras entidades del distrito. En esta reunión se establecen el dispositivo de seguridad, el plan de manejo de tráfico, los puntos de encuentro y cierre de vías, la logística médica y de emergencias, así como los protocolos de comunicación y coordinación entre las entidades y las organizaciones civiles.
Después, se difunde información sobre la movilización a través de diversos canales como medios de comunicación y redes sociales con detalles sobre la fecha, hora, lugar, recorrido previsto, recomendaciones para los participantes y restricciones de tráfico.
Durante la movilización, la Secretaría de Gobierno y la Policía Metropolitana de Bogotá acompañan el evento a una distancia prudente para garantizar su desarrollo pacífico. En caso de alteraciones del orden público, se activan los protocolos correspondientes de diálogo, intervención y control.
Una vez finalizada la movilización, se lleva a cabo un proceso de evaluación en el que participan las entidades del distrito y los organizadores. Se analiza el desarrollo del evento, se identifican aspectos positivos y negativos, y se extraen lecciones aprendidas para mejorar la organización y el acompañamiento en futuras movilizaciones.
Las entidades participantes en el protocolo incluyen a la Alcaldía, la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Personería de Bogotá, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Distrital de Salud, la Secretaría de Movilidad, TransMilenio, los Bomberos de Bogotá, la Cruz Roja Colombiana, así como organizaciones sociales y de derechos humanos, y líderes y representantes de la comunidad.
Desde el 10 de febrero de 2023, Bogotá implementa un Protocolo Distrital para la garantía y protección de los derechos a la reunión, manifestación pública y la protesta social pacífica. Este marco normativo surge de la colaboración entre la administración distrital y diversas organizaciones civiles, incluyendo colectivos de mujeres y defensores de derechos humanos.
El protocolo tiene como objetivo principal orientar las acciones de las autoridades locales para asegurar el ejercicio del derecho fundamental a la protesta. Para ello, establece cinco objetivos específicos: mejorar la comunicación y coordinación, crear un entorno propicio para la protesta, fortalecer el papel de las autoridades, prevenir violaciones de derechos humanos y reconocer la relevancia de la protesta pacífica.
El protocolo establece una serie de principios y lineamientos para que el Estado, la administración distrital y la Policía respeten y garanticen el derecho fundamental a la manifestación pública y pacífica en cualquiera de sus formas.
El protocolo distrital establece el desarrollo de una mesa de coordinación y seguimiento con el objetivo de adelantar labores de coordinación y seguimiento al respeto. También busca garantizar del derecho fundamental a la reunión y manifestación pública y pacífica y de los derechos de quienes no participan en ella, de manera previa, concomitante y posterior.
La Mesa Distrital de Coordinación y Seguimiento tiene como objetivo principal garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica en Bogotá.
El protocolo incluye una subcomisión enfocada en los derechos de las mujeres, diversidades y disidencias de género y sexuales, con el propósito de promover una vida libre de violencia durante las manifestaciones y protestas públicas.
Esta subcomisión tiene como objetivos específicos implementar un enfoque de género en la protección del derecho a la protesta y movilización social, monitorear su aplicación, dar seguimiento a casos de violencia durante las manifestaciones, desarrollar estrategias para prevenir y eliminar las Violencias Basadas en Género (VBG), y fortalecer la coordinación entre instituciones gubernamentales, policiales y organizaciones civiles.
El Puesto de Mando Unificado (PMU) es una instancia temporal que coordina y toma medidas para salvaguardar los derechos ciudadanos durante las manifestaciones públicas, antes, durante y después de estas, asegurando tanto los derechos de los manifestantes como los de quienes no participan.
Sus funciones incluyen establecer comunicación en tiempo real con terceros afectados por la protesta y representantes de gremios productivos, así como informar sobre las afectaciones a la movilidad. Además, el PMU anuncia las decisiones tomadas respecto a la atención de la manifestació.
La Secretaría Distrital de Gobierno, representada por la Dirección de Derechos Humanos, desempeñará el papel de secretaría técnica del PMU. Esta dirección será responsable de convocar al PMU, elaborar las actas de las sesiones y publicarlas.
1.No se respetaron los principios y enfoques del protocolo
La antropóloga y consultora en enfoque de género y derechos humanos, Laura Vásquez, afirma que el distrito incumplió el decreto 053 (anteriormente Mesa 563), lo que se evidencia en la falta de aplicación del protocolo. Según Vásquez, durante la reciente marcha, no se respetaron cuatro principios fundamentales del protocolo: el diálogo, la proporcionalidad en el uso de la fuerza, la igualdad y el enfoque de género, y la no estigmatización.
Además, identificó otros agravantes, como la presencia excesiva de agentes antidisturbios, la falta de cooperación en el manejo del tráfico, la ausencia de iluminación en la Plaza de Bolívar y la carencia de salidas de emergencia señalizadas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Bogotá, junto con otras seis organizaciones, denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la UNDMO durante la movilización del 8 de marzo. Se destacó la ausencia de delegados de esta unidad policial en la reunión preparatoria y las intervenciones sin consideración de rutas de evacuación ni personas vulnerables. La organización resaltó que todas esas acciones contravienen a los principios del decreto 053 del 2023.
2. No se dio un tratamiento diferencial y el enfoque de género
La abogada y defensora de derechos humanos, Isabel Fajardo Pulido, expuso que el protocolo de atención y garantía del derecho a la protesta en la capital fue diseñado para proteger la vida e integridad de los manifestantes. Sin embargo, criticó el uso desproporcionado de la fuerza policial durante la marcha del 8 de marzo, que incluyó mujeres, menores de edad y adultos mayores.
Fajardo subrayó que el distrito permitió un despliegue policial inadecuado, poniendo en riesgo a los asistentes y a las personas en áreas cercanas, a pesar de las reuniones previas para garantizar el cumplimiento del protocolo.
Además, destacó que la movilización de la oposición recibió un trato diferencial en comparación con la marcha del 8M del movimiento de mujeres, que enfrentó un despliegue excesivo y hostil de la fuerza pública. A juicio de la abogada, el accionar de la fuerza antidisturbios no cumplió con los principios establecidos en el Manual para la atención a la reunión y manifestación pública pacífica y control de disturbios de la Policía Nacional de Colombia.
Insistió en que el tratamiento de la protesta en el distrito debe priorizar el diálogo y reducir el militarismo, por lo que propuso una transformación en las fuerzas de control para volver a una naturaleza policial civil y evitar la percepción de la sociedad civil como enemigo interno.
La organización Esquema Feminista de Derechos Humanos, una plataforma de organizaciones con enfoque de género, también denunció el incumplimiento del Decreto 053, diseñado para prevenir y sancionar violencias en la protesta social. En este sentido, criticó que el decreto falle en proteger a mujeres y personas diversas de género, además de estigmatizarlas después de la marcha.
La plataforma destacó los desafíos persistentes para la movilización de mujeres y disidencias de género, como la discriminación por parte de la policía y la UNDMO durante las marchas. Igualmente, señaló el hostigamiento a defensoras de derechos humanos y las agresiones y empadronamientos injustificados por parte de la UNDMO.
La organización Temblores ONG, encargada de investigar y monitorear casos de excesos de la Fuerza Pública en la capital, remarcó cuatro puntos críticos que resaltan la urgencia de un enfoque distinto en estas movilizaciones:
- Excesiva y hostigante presencia policial, incluyendo unidades como la UNDMO, fuerza disponible y Policía Metropolitana de Bogotá. Se reportaron amenazas con dispositivos de control eléctrico ("teiser") hacia manifestantes pacíficas y defensoras de derechos humanos, así como golpes de escudos contra el suelo cerca de las manifestantes.
- Intervención violenta y no diferenciada por parte de la Policía, con el uso indiscriminado de granadas aturdidoras a corta distancia y la falta de agotamiento del diálogo previo a la intervención. Además, no se consideraron adecuadamente a las poblaciones vulnerables durante el uso de armas menos letales, resultando en la expulsión del espacio público de niños, niñas, madres, y abuelas.
- Limitada comprensión y abordaje institucional sobre la manifestación, evidenciada por la falta de iluminación y rutas de evacuación en la Plaza de Bolívar, así como una respuesta institucional insuficiente para solucionar las fallas logísticas y garantizar la seguridad de las manifestantes. Además, se han dado declaraciones por parte de la Secretaría de Seguridad que ignoran el derecho a la protesta y desestiman las particularidades de las manifestaciones feministas.
- Declaraciones estigmatizantes sobre la protesta social, como el perfilamiento de mujeres señaladas de vandalismo por parte de autoridades locales y la descalificación de la directora de la Defensoría del Espacio Público, Lucía Bastidas. Estas declaraciones contradicen las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Temblores ONG destacó la necesidad urgente de un cambio en la relación del distrito con las mujeres que protestan, lo cual incuya el reconocimiento del derecho a la protesta social como fundamental y la garantía de condiciones seguras para su ejercicio. Se debe evitar además la estigmatización y criminalización de estas mujeres.
La marcha del 8M en Bogotá fue marcada por la respuesta policial con gases lacrimógenos y aturdidoras en la Plaza de Bolívar, lo que generó críticas por la desproporcionalidad en el uso de la fuerza. A pesar de las promesas del gobierno de Gustavo Petro de reformar la policía tras las protestas de 2021, donde hubo un saldo de 87 muertos, la reforma aún no se ha materializado.
La Mesa por la Reforma Policial, creada en marzo de 2022, ha establecido un pliego de peticiones que abarca cambios en la doctrina policial, la estructura institucional, el uso de armas menos letales,los ascensos, las funciones policiales, el uso de la fuerza (priorizando armas menos letales), el desmantelamiento del ESMAD, la creación de rutas para las víctimas de violencia policial, así como un enfoque de género y étnico-racial.
La Mesa por la Reforma Policial critica las limitaciones del componente de diálogo en la nueva UNDMO, pues según afirman la inclusión de equipos de diálogo es insuficiente. Entre las deficiencias identificadas por ellos se encuentran: la falta de claridad en los procedimientos y el uso de armas por parte de estos equipos, la desproporción entre el número de agentes policiales y los integrantes de los equipos de diálogo, la subordinación de los policías dialogantes al comandante de los dispositivos, la ineficacia del enfoque de construcción de confianza debido a la carencia de canales de facilitación más amplios y la ausencia de integración y representación de organizaciones y veedurías civiles.
Las organizaciones de derechos humanos que participan en la mesa consideran que los cambios propuestos hasta ahora no son suficientes y sostienen que la reforma debe ser más profunda. Debe abordar además la transformación de la doctrina y los objetivos de la policía, así como la inclusión de una participación más amplia de la sociedad civil.
Luego los sucesos en la marcha del 8 de marzo, la cuenta Reacción Nacional (@RNacional_News), que se presenta como un medio de comunicación, publicó varios trinos hablando de los acontecimientos, pero con un tono de descalificación en contra de las manifestantes a quienes tildó de “feminazis” (1, 2, 3).
Señaló que las mujeres habían recibido sus “dosis de igualdad” por parte de la UNDMO cuando les lanzó bombas lacrimógenas por primera vez a la altura de la estación de transmilenio de San Diego, en la carrera 10. Además, afirmó que en la Plaza Bolívar “varias feminazis” pretendían vandalizar bienes públicos y destruir el Museo de la Interdependencia (la Casa del Florero).
Sus trinos recibieron más de 300.000 visualizaciones y casi 2.000 retuits, mientras que en los comentarios, otros usuarios se adherían al discurso de odio contra las mujeres de la actividad: “Bandidas! Dementes! A la cárcel con ellas!” (sic), “Piojosas las caremachos” (sic), “Mano de sarnosas ......no representan una mujer” (sic)
Al perfil Reacción Nacional ya lo hemos chequeado por desinformador. Por ejemplo, contribuyó a impulsar una narrativa estigmatizante contra la guardia indígena, mintió sobre el supuesto desabastecimiento de agua en Cartagena por culpa del gobierno Petro, y ha publicado otras desinformaciones (1, 2)
Otro perfil que también se presenta como un medio llamado Impacto 24/7 (@Impacto24_7) también promovió un discurso de odio en contra de las manifestantes. Sobre los sucesos en la Plaza Bolívar indicó que se trataba de una “asonada feminista” (1,2). “Las acostumbradas marchas del 8 de marzo se radicalizan cada vez más por parte de feministas al servicio del marxismo (machista) y que le son funcionales a las narcoguerrillas”, escribió.
Esta es otra cuenta que hemos identificado como desinformadora, principalmente por difundir falsedades contra el petrismo (1, 2). De hecho, estuvo involucrada en impulsar una desinformación sensible sobre el supuesto rescate de los magistrados de la Corte Suprema durante una protesta en los alrededores del Palacio de Justicia de Bogotá para exigir la elección de la nueva fiscal.
Otros perfiles también con potencial desinformador se sumaron a impulsar este discurso de odio mediante estos trinos (1, 2, 3):
De estas cuentas, a Guillo (@codiguillos), quien se presenta como periodista y estratega político, también lo hemos verificado en varias oportunidades (1, 2, 3).
Igualmente sobre la marcha del 8 de marzo, En Colombiacheck analizamos otras publicaciones que circularon con videos e imágenes, que en realidad pertenecían a otros países o eran viejas (1, 2, 3).
Gabriela Forero, politóloga, analista de redes sociales y directora de la organización feminista La Oficina, señaló que este tipo de discursos de odio y misóginos buscan reforzar la idea de que el movimiento feminista no es más que una ideología que quiere destruir al mundo y a los varones, y que está conformado por mujeres que “no son socialmente aceptadas” o “locas”.
Otro de sus fines es crear una estigmatización del movimiento y de los derechos de la mujer para deslegitimarlo.
Forero describió que detrás de estos mensajes operan principalmente grupos, perfiles y comunidades asociadas con la “manosfera”, una red abiertamente misógina dedicada a propagar discursos de odio contra las feministas, los progresistas, y que suele estar asociado con movimientos de ultraderecha y libertarios. “En Colombia está influenciado mayoritariamente por una serie de creadores de contenido que son abiertamente antifeministas y grupos conservadores”, apuntó.
A su juicio, estas estigmatizaciones y narrativas se pueden combatir con una educación crítica sobre los discursos de odio, mayor combate de la desinformación en redes y una mayor exigencia a las plataformas digitales para que endurezcan sus políticas relacionada con estos mensajes.
“La libertad de expresión no es una carta abierta a discursos de odio, porque al final termina siendo violento, y nos lleva a consecuencias que pueden ser físicas y tangentes”, concluyó.