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Lunes, 07 Marzo 2022

¿Cuáles son las posibles amenazas digitales sobre las elecciones que alertó el presidente Duque?

Por Jeanfreddy Gutierrez

La denuncia de Iván Duque y Victoria Nuland sobre interferencias extranjeras a las elecciones de 2022 por medio de la posverdad llevó a interpretaciones erradas o ambiguas sobre las amenazas de la desinformación en línea. Acá le explicamos.

El pasado 15 de febrero de 2022, el presidente Iván Duque denunció ante el Parlamento Europeo una posible amenaza sobre las elecciones en Colombia. Dijo textualmente: “Tenemos que ser capaces de rechazar cualquier intento de afuera que quiera llevar a nuestro sistema electoral a un experimento de hackers entrenados para movilizar y detonar odios”.

Hacía referencia al uso de algoritmos. Al mismo tiempo advirtió que la polarización, la posverdad y el populismo eran amenazas a la democracia en todo el mundo. 

El presidente estaba secundando así a una advertencia hecha por la Subsecretaria para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, sobre la intervención de “actores externos” sobre las elecciones de Colombia de 2022. Tras reunirse en la Casa de Nariño el 9 de febrero de 2022, la funcionaria dijo que “Colombia igual que Estados Unidos y otros países del mundo enfrentan amenazas de actores externos contra sus redes públicas y privadas y también en el mundo de la desinformación”. Por su parte, Duque anunció que trabajarían, por tanto, en temas de ciberseguridad, así como compartiendo información de inteligencia y seguridad nacional para combatir estas amenazas foráneas.

Aún así, a pesar de las referencias del presidente a narrativas digitales, la posverdad y los algoritmos, Colombiacheck encontró que algunos titulares de medios de comunicación tomaron la palabra “hacker” por encima de la advertencia sobre la desinformación en redes sociales, enfocando que las elecciones sufrían el peligro de ser manipuladas (1, 2, 3, 4).

Esto podría dejar a la interpretación y posibles desinformaciones, basadas en que Duque estaría haciendo referencia a una posible manipulación del sistema electoral. Ante estos vacíos de información que pueden generar desinformación, la organización First Draft recomienda los pre-bunking, o chequeos preventivos, como los explicadores que publica Colombiacheck, que permitan dar contexto antes de que se viralice la desinformación.

Esta advertencia realizada por ambos funcionarios tiene antecedentes por los ataques cibernéticos de Rusia en Estados Unidos, que llevaron a la filtración de correos de la candidata demócrata Hillary Clinton. Esta, según analistas, le habría dado ventaja a Donald Trump para conquistar la elección.

Así lo recuerda la Fundación Karisma, que el 16 de febrero de 2022 publicó un comunicado titulado “Paradójicamente, la alerta de desinformación en elecciones está causando desinformación”. En el texto declaran sobre lo dicho por Duque en el Parlamento Europeo: “Él habla de desinformación, no de infraestructuras tecnológicas en el proceso electoral”.

Sin embargo, la ONG apunta que estos temas, tanto el cuidado de las plataformas tecnológicas como el combate a la desinformación, pueden traer “riesgos al ejercicio de los derechos humanos a la libertad de expresión, al acceso a la información pública y también puede afectar el derecho al voto informado y a la seguridad digital”. 

Por tanto, finalizan con 10 exhortos que incluyen que el gobierno explique en detalle los peligros del “phishing” (robo de datos por medio de engaños electrónicos) para funcionarios y candidatos, que se diga de forma más clara que se refería a desinformación y que el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional continúen teniendo la responsabilidad de enfrentar “posibles incidentes de seguridad digital y por eso deberían estar garantizando controles y seguimientos de la ciudadanía con el propósito de construir confianza”.

El 2 de marzo de 2022, el presidente Duque brindó unas declaraciones en que dijo que el sistema electoral está listo para las elecciones del 13 de marzo, aludiendo esta vez con claridad a la seguridad digital. Esto después de inspeccionar las bodegas de almacenamiento de kits electorales de la Registraduría. 

En conversación con Colombiacheck, Juan Pablo Parra, investigador de Participación Cívica, y Pilar Sáenz, coordinadora del Laboratorio de Seguridad Digital y Privacidad K+LAB, ambos de la Fundación Karisma, nos explicaron que al escuchar el discurso completo del presidente, puede entenderse que se refiere a bots, granjas o bodegas para generar desinformación, no a hackeos, pero conceden que, por lo complejo del tema y la ambigüedad de las afirmaciones, hubo malentendidos que terminaron en los principales medios de comunicación. Para estos expertos, cuando la Presidencia no aclaró, se produjo desinformación.

La peligrosidad de la desinformación

La desinformación sí puede alterar e interferir en procesos políticos y electorales. Verificadores de la International Fact Checking Network (IFCN) y académicos han documentado su impacto en EE.UU, México, Brasil o España. La han señalado incluso como una amenaza sobre la democracia como sistema político. 

En Colombia aún se recuerdan las declaraciones de Juan Carlos Vélez, director de la Campaña del No por el Centro Democrático en el plebiscito sobre los Acuerdo de Paz de La Habana, en que admitió que se produjeron y difundieron contenidos engañosos que causaron indignación. Esto al “descubrir el poder de las redes sociales”, después de que una mentira que le escuchó a un concejal tuvo 130.000 compartidos cuando la transcribió en su Facebook.

Estos mensajes además fueron segmentados por estratos con contenidos distintos y especialmente por redes sociales, pero también se usó la radio. Apelaron también a emociones como el miedo, alejándose de discutir los argumentos sobre el contenido de los acuerdos. “Estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca”, le dijo entonces al diario La República.

Otro ejemplo de esta micro-segmentación de contenidos electorales que apela a lo emocional -posverdad- para manipular votantes se conoció en el documental The Great Hack (Nada es privado) de Netflix. En este, una exempleada de la agencia de marketing Cambridge Analytics reveló que Facebook les entregó información privada de millones de usuarios de esta red social sobre sus ‘me gusta’ y páginas que seguían, lo que les permitió perfilar a los distintos grupos demográficos para producir contenidos específicos para inclinar preferencias en el plebiscito por el Brexit en Reino Unido y las elecciones presidenciales de EE.UU de 2016, en las que Donald Trump resultó ganador.

La desinformación no se queda en línea. En Estados Unidos, llevó a un hombre a asaltar una pizzería con un arma larga por creer en la teoría de conspiración “Pizzagate”. Desde Rusia, pudieron crearse eventos públicos en Facebook que enfrentaron a grupos racistas y anti-racistas el mismo día y la misma hora al otro lado del océano, sin que nadie notara que provenían de la misma fuente.

En Colombia, lo que sucede en internet también tiene consecuencias fuera de la red. En el artículo “Desprecio por la verdad para ganar elecciones” de Johnathan Bock, entonces asesor y actual director de la Fundación para la Libertad de Prensa, mostraba cómo, a semanas de las elecciones de 2018, el odio expresado en redes llevó a insultos o atentados contra Álvaro Uribe, Gustavo Petro o Rodrigo Londoño.

Durante la cobertura de esos comicios presidenciales, Colombiacheck, en alianza con Facebook, encontró la creación de grupos de Facebook y páginas para publicar desinformación y ataques personales contra los candidatos presidenciales que apoyaban la implementación del acuerdo de paz.

“Se metieron al conjunto de al lado”

En los dos paros recientes, de 2019 y 2021, la desinformación jugó un papel importante en el pánico colectivo. En Colombiacheck en los especiales ‘Lo verdadero y lo falso del Paro Nacional 2019’ y ‘Mentiras y verdades de la Reforma y el Paro 2021’, en los que se evidenció el alto número de desinformaciones.

En el informe ‘Persiguiendo fantasmas: el toque de queda de noviembre’, realizado por  Cifras y Conceptos junto al concejal de Bogotá, Diego Cancino, se analizó lo ocurrido el 22 de noviembre de 2019 en Bogotá (igual a lo que ocurrió el 21N en Cali) cuando se generó un pánico colectivo. “En redes sociales se difundió que grupos de “vándalos” estarían intentado ingresar a viviendas y conjuntos. En varios casos se propagó el mismo contenido (fotos o vídeos) señalando que ocurría en distintos puntos de la ciudad. Muchos de estos videos (...) aparecían como si fueran de Bogotá cuando realmente habían sido promovidos la noche anterior en Cali. Nos preguntamos si las redes sociales orquestaron intencionalmente pánico bajo hechos construidos y falsos”, señala el documento.

Ese año, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez alertó que “países como Venezuela y Rusia estarían detrás de los mensajes que se han compartido a través de las redes sociales para convocar a las movilizaciones”. Pero este caso hace referencia a manipulaciones en las redes y no a ‘hackers’.

Algoritmos tóxicos

Otro documental, también de Netflix, reveló el papel invasivo y peligroso de los algoritmos, a los que se refirió Duque. En el caso de El Dilema de Las Redes Sociales (The Social Dilemma) se revela cómo el modelo de negocio de las redes sociales, sin pago por parte de los usuarios, lleva a una política de promoción de contenidos que generan muchas visitas, pero al mismo tiempo aumenta el tiempo frente a la pantalla y el “engagement” (es decir, la vinculación fuerte) con cierto tipo de contenidos.

Media docena de exejecutivos de las grandes plataformas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter e incluso Pinterest cuentan cómo los algoritmos de recomendación de las redes sociales aprenden mediante inteligencia artificial de los hábitos, gustos y formas de consumo de cada usuario, incluyendo el tiempo que dura viendo una foto sin hacer ninguna otra acción, para encontrar cómo mantener conectadas a las personas por el mayor tiempo posible. Es el llamado “tiempo en pantalla” que ha manipulado a usuarios en Tik Tok.

Y la indignación de estos expertos entrevistados para el documental nació en haber sido desoídos cuando advirtieron que el algoritmo era muy eficiente, pero porque no tenía consideraciones éticas para  promocionar grupos de teorías de conspiración, extremistas, violentos o desinformación, con tal de enganchar más tiempo a la gente y exponerla a más publicidad.

En el artículo “¿Cómo se viralizan las noticias falsas?” de Pablo Haya, director de Social Business Analytics del Instituto de Ingeniería del Conocimiento de España, se explica el uso de bots (robots que ejecutan tareas programadas) para aprovechar el funcionamiento de los algoritmos de redes sociales y lograr la promoción de estos contenidos engañosos.

Muchos de los grupos de Facebook impulsados por los algoritmos a pesar de desinformar estaban relacionados con QAnon. Esta es una comunidad alrededor de una teoría de conspiración que aseguraba que Trump luchaba contra el “Estado Profundo” y una secta satánica pedófila de políticos del Partido Demócrata. Sus seguidores están íntimamente relacionados con el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021.

Parra y Sáenz añaden que la desinformación “desvía la atención a temas poco relevantes o porque promueve narrativas alarmistas que pueden poner en duda la confianza en las instituciones y el proceso electoral, así como para manipular la opinión pública y la intención de voto”.

¿Y la posverdad?

Duque también denunció los peligros de la posverdad sobre las elecciones. El profesor de la Universidad Nacional de Educación Abierta de España, Miguel del Fresno, autor del artículo “Desórdenes informativos: Sobreexpuestos e infrainformados en la era de la posverdad”, define este término como “la priorización de las emociones sobre los hechos a la hora de comprender la realidad y decidir el comportamiento”. 

En su artículo, Del Fresno señala que políticos populistas presentan narrativas emocionales que reinterpretan la historia para presentarla de forma novedosa, aunque falsa, con intenciones político-electorales. Y esto, mediante lo que llamó “voluntad de supremacía ideológica”, lo que no deja de contrastar las propuestas propias como mejores o superiores a las de los adversarios electorales sino que las presenta como guerras culturales: todo o nada, conmigo o contra mí.

Hackers experimentados

El uso de este término fue un eje en la confusión para entender lo dicho por Duque. De acuerdo con la empresa española de seguridad digital “Malwarebites” cuando hablamos de hackeo, hacker o hacking, se relaciona a “actividades que buscan comprometer los dispositivos digitales, como ordenadores, teléfonos inteligentes, tabletas e incluso redes enteras”, que es realizada por personas con alto conocimiento, entusiasmo y habilidades informáticas. 

El término no se relaciona, por tanto, con la promoción de narrativas de odio, estigmatizantes, desinformación o teorías de conspiración. Al contrario, el profesor Del Fresno apunta a la gratuidad, sencillez y facilidad de publicar información en redes sociales sin la necesidad de la intervención de periodistas y medios como una de las causas de la emergencia de las “fake news”, dando como ejemplo la contratación de adolescentes en Macedonia para difundir noticias políticas inventadas en EEUU.

En resumen, sí, la desinformación, la posverdad y la polarización pueden intervenir, afectar y alterar los resultados de las elecciones, la confianza en las instituciones e incluso a la democracia. Ya ha sucedido antes en Colombia y el resto del mundo. La advertencia del presidente Iván Duque se alinea con la de investigadores y verificadores, incluyendo la de seguridad digital, pero no se refirió a eso en el Parlamento Europeo a pesar de usar la palabra hacker.

Infografía Duque amenazas digitales elecciones

Martes, 14 Junio 2022

¿Fraude en las elecciones? Las claves de las narrativas de desinformación electoral

Por Juan Sebastián Lozada

Los errores de la Registraduría en las elecciones legislativas causaron la aparición de nuevas narrativas de desinformación electoral. ¿Por qué ocurrió esto y cuáles son? En este explicador le contamos.

La Registraduría pasó por su peor momento en décadas después de la jornada de las elecciones legislativas del 13 de marzo de 2022: la institución estatal perdió la confianza de los votantes y la de los partidos políticos que buscan ser elegidos en el proceso.

La suspicacia empezó con reclamos que hicieron figuras políticas como la senadora Maria Fernanda Cabal o el expresidente Andrés Pastrana, quien ya estaba hablando de fraude desde comienzos de marzo y aprovechó las coyunturas para forzar su propia teoría conspirativa que incluía la invasión rusa en Ucrania, una amenaza de un hackeo desde Venezuela y Rusia, y una reunión secreta que no fue del candidato Gustavo Petro con Indra, una de las compañías proveedoras del software de escrutinio en elecciones.

El descrédito de la Registraduría aumentó cuando el candidato presidencial de la coalición Pacto Histórico, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de Twitter, el día después de las elecciones, que a su agrupación política no se le contabilizaron votos en 29.425 mesas. “El intento de ocultar votos es gigantesco y sistemático”, alegó en esa ocasión. Rápidamente otras figuras afines a Petro como el senador Gustavo Bolívar e influenciadores de redes sociales calificaron los hechos como fraude electoral.

“Las autoridades del Estado deberían leer la angustia popular por las inconsistencias de los conteos de votos en sus diferentes etapas”, manifestó también, por su cuenta de Twitter, el expresidente Álvaro Uribe. Los problemas distaban del fraude y radican, más bien, en las inconsistencias entre los procesos de preconteo y escrutinio que se realizan luego de la jornada de votación. Lo anterior lo responderemos en detalle más adelante.

Como explica el profesor de derecho Manuel Restrepo Medina en un artículo para Razón Pública, la figura de preconteo “funcionó hasta antes de las elecciones del 13 de marzo, porque las diferencias entre el conteo rápido y el escrutinio no superaban el 0,5 %”. Sin embargo, la Registraduría entregó una auditoría que muestra diferencias entre los dos sistemas de 5,87% (1'024.634 votos) para Senado y 2,91% (522.901 votos) para Cámara.

La Registraduría ofreció en el mismo informe una lista de errores que, según la institución, causaron la diferencia entre los votos transmitidos y los votos escrutados, como el mal diligenciamiento de los jurados de votación y la omisión en la transmisión de resultados de los partidos no preferentes “por la ubicación en el diseño del (formulario E-14)”. Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), estas razones son insuficientes para explicar una diferencia de votos tan grande en las legislativas.

Con esto, la sospecha sobre un supuesto fraude quedó sembrada así como se incrementó, también, la desconfianza en la Registraduría. En la primera vuelta de la elección presidencial la entidad tuvo la oportunidad de recuperar la confianza, y lo hizo, como manifestó Javi López, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), quien le dijo a El Espectador que el balance de la jornada del 29 de mayo había sido positivo gracias a las reformas que introdujo la entidad para esa fecha de votaciones.

En Colombiacheck hemos recibido pedidos de nuestros lectores para verificar desinformación electoral y también hemos encontrado que se siguen moviendo narrativas de desinformación. Por eso en este explicador responderemos preguntas como: ¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quienes las promueven? ¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas? Y ¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

¿Qué narrativas siguen circulando sobre un posible fraude electoral y quiénes las promueven?

Como lo anticipamos en la introducción de este texto, en primer lugar circula una narrativa que desinforma sobre los software de escrutinio electoral y sobre sus empresas proveedoras contratadas por la Registraduría.

Pilar Sáenz, coordinadora del K+LAB de la Fundación Karisma, explica en un informe que, aunque no es posible asegurar que el sistema de escrutinio de las elecciones es robusto, tampoco se debe caer fácilmente en la narrativa del fraude pues hay mucho más que entender sobre ellos.

Las desinformaciones señalaron, particularmente, a la compañía española Indra, de la cual se dijo que era de propiedad del “gobierno socialista español” y que podría influir en las elecciones en Colombia, algo que chequeamos en los primeros días de mayo y también verificaron los colegas de Newtral: concluimos que eran afirmaciones falsas. Así como tampoco es cierto que Gustavo Petro se reunió en España con esta compañía, como dijo el expresidente Pastrana; esta declaración también fue verificada por La Silla Vacía.

Por otro lado, una publicación de Facebook del 27 de mayo de la página ‘Fraudehistorico’ recoge datos sin contexto, como el costo de las contrataciones con las compañías proveedoras de software, y lo mezcla con comunicados públicos como el de la senadora Cabal, del Centro Democrático, quien criticó en redes sociales a Datasys, una compañía que se iba a contratar para auditar los software electorales. El video de Facebook afirma que esta fue “contratada por la Registraduría”, pero esta contratación nunca se dio.

Este video aprovecha los errores de las elecciones del 13 de marzo que cometió la Registraduría y obtiene popularidad y reproducciones a costa de la desconfianza de los votantes. La narrativa de esta publicación busca mezclar denuncias ciudadanas y notas de prensa sobre las inconsistencias en los resultados electorales junto con hechos ciertos sin contexto.

Por ejemplo, la descripción del video comienza con el monto de los contratos de las empresas encargadas del proceso electoral, un dato cierto de acuerdo con los contratos que están en la plataforma SECOP (Sistema Electrónico para la Contratación Pública) de Disproel e Indra. Pero, según Marlon Pabón, coordinador de Administración pública y Transparencia de la MOE, el contrato de Disproel tiene diferentes elementos que explican el costo, como se ve aquí:


En el mismo video también se asegura lo siguiente: “Qué casualidad que cojan a Piedad Córdoba con millones de dólares en Honduras después de que el registrador contratara a una empresa hondureña para auditar las elecciones en Colombia”. La frase, si no se examina con cuidado, presenta un argumento para el pánico: una noticia cierta reciente. Pero la adorna con datos falsos o cuestionables. Porque aunque Córdoba sí fue retenida en ese país con miles de dólares que no declaró, la compañía Datasys finalmente no recibió ningún contrato y su origen no es hondureño sino costarricense.

El registrador nacional, Alexander Vega, también ha sido objeto de desinformación en semanas anteriores. Es el caso de una cadena de fotos de WhatsApp que sugería que Vega había estado en “el foro de Sao Paulo” con los expresidentes Rafael Correa (Ecuador) y José Mujica (Uruguay), pero, cuando lo verificamos, pudimos constatar que las fotos se habían tomado en la víspera de las elecciones presidenciales de Ecuador del 2017, en las que Vega participó como coordinador de la misión de observación electoral de la Unasur.

La narrativa del video en cuestión también incluye hechos por los que se cuestiona al registrador y a su familia. Por ejemplo, se refiere a un episodio del funcionario cuando trabajó como litigante en pleitos electorales en 2010; según La Silla Vacía, Vega, como mensajero de Marco Emilio Hincapié, entonces magistrado del Consejo Nacional Electoral, le pidió 1.200 millones de pesos a Andrés Guerra Hoyos, hoy senador electo del Centro Democrático, a cambio de revisar un escrutinio para recuperar una curul en el Senado. Sin embargo, aunque el video presenta esto como una prueba, el hecho nunca fue investigado.

¿Por qué se generó desconfianza en las elecciones legislativas?

Linterna Verde, una organización independiente que investiga cómo se construye opinión pública en redes sociales, publicó recientemente su informe “Desinformación electoral: ¿cómo ha afectado la confianza en el sistema y cómo hacerle frente desde la sociedad civil?”, en el que exploran cómo llegamos a la crisis electoral de las elecciones legislativas que, a su vez, fomenta las narrativas de desinformación.

Linterna enumera en su informe una serie de ‘engranajes’ que ayudaron a que la conversación pública sobre fraude ‘tomara tracción’ en redes sociales. Una de ellas está relacionada con un explicador que escribimos en Colombiacheck en marzo de este año sobre cómo el presidente Duque, al tratar de advertir posibles riesgos en la manipulación de la opinión pública, mezcló conceptos y ensanchó las dudas sobre las elecciones.

La génesis del problema se dio, según el informe, desde las elecciones presidenciales del 2018, pues la ciudadanía tuvo acceso a los formularios digitales E-14 en los que señaló inconsistencias. Asimismo, Gustavo Petro, el candidato perdedor de esa contienda, puso en duda los resultados electorales que favorecieron al presidente Iván Duque. Dudas que se incrementaron en la opinión pública en las elecciones locales y regionales de 2019.

La narrativa del fraude cobró fuerza en el 2022 desde sectores de la derecha, con figuras que ya nombramos como la senadora Cabal o el expresidente Pastrana, pero otros sectores, como el Pacto Histórico, se sumaron a la narrativa del fraude un mes después: el día de las elecciones legislativas.

El informe de Linterna señala una particularidad sobre el reclamo de la coalición: “Pese a hablar continuamente sobre un gran fraude electoral, el Pacto Histórico aumentó 4 curules en el Senado”, esto se evidencia en este trino del senador Gustavo Bolívar.

Sobre esto se pueden constatar dos cosas: la primera es que esta coalición tuvo una duda legítima sobre la transparencia del sistema electoral y, a través de sus testigos acreditados para acompañar las comisiones escrutadoras, encontraron verdaderas inconsistencias entre los resultados del preconteo, netamente informativos, y los resultados del escrutinio, es decir, las cifras definitivas.

La segunda es que, como afirma Diego Rubiano, subcoordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, no podemos hablar de fraude electoral sobre los resultados del preconteo. Estos no tienen validez jurídica y su finalidad es informar de manera temprana los resultados de las elecciones.

¿Cómo se cuentan los votos en Colombia?

De acuerdo con el artículo 111 del Código Electoral colombiano, las votaciones se realizan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una vez termina la jornada, en el recinto solo quedan los jurados de mesa, delegados de la Registraduría, testigos electorales, observadores y Fuerza Pública, según explica Diego Rubiano en un video.

Allí uno de los miembros del jurado lee en voz alta el número de personas que se acercaron a votar. Este número es “el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes”, se lee en el artículo 134. El dato debe corresponder con el que está registrado en el formulario E-11, en el que los jurados de mesa escriben los nombres y apellidos de los votantes y se les pide que dejen su firma y huella digital.

Luego se abren las urnas y comienza el proceso formal de conteo de votos, uno de los jurados cuenta los votos uno por uno (art. 135). Si la cantidad de tarjetones es mayor al número de personas que sufragaron, estos se vuelven a introducir en la urna y se revuelven con el fin de sacar el número de sobrantes al azar e incinerarlos. Si ocurre así, esto se hace constar en el acta de escrutinio.

Aunque los testigos y observadores acompañan el proceso, solo los jurados pueden manipular y organizar el material electoral cuando se esté realizando el conteo de votos.

Los resultados se consignan en las actas de escrutinio de los jurados de votación, conocidos como formularios E-14. “Para el registro de los votos en cada mesa se llenan 3 formularios idénticos”, explica Danilo Sepúlveda, subcoordinador del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. Aunque tienen la misma información, cada uno de estos tres ejemplares se usa para una finalidad distinta, un ejemplar es el de “claveros”, otro el de los “delegados”, y otro el de “transmisión”.


Una vez se firman los tres formularios, los jurados permiten que los testigos tomen fotos de estos para entregarlos según corresponda.

El formulario de transmisión se entrega a los delegados del puesto de votación, “funcionarios de la firma contratista de la Registraduría”, como detalla Rubiano, quienes tienen la función de informar los datos del documento a un centro de procesamiento vía telefónica, así es como termina el proceso de preconteo. Las organizaciones políticas, los medios de comunicación y los ciudadanos tienen acceso a esta información a través de los boletines de preconteo que carga la Registraduría en su portal de internet.

El formulario de delegados tiene el fin de dar a conocer el resultado del puesto de votación. Antes de la era del internet, estos formularios se fijaban en unas carteleras afuera de los puestos de votación para que los votantes pudieran conocer los resultados en sus mesas. Ahora se digitalizan y son cargados a la página de la entidad para consulta ciudadana.

La copia más importante de los E-14 es la de claveros, la cual se deposita en un sobre con otros documentos: el formulario E-11, el formulario E-10 (la lista de sufragantes), un sobre con los votos debidamente sellado, y reclamaciones de los testigos electorales, si los hay. Este sobre se entrega a un delegado de la Registraduría para introducirse en un arca triclave, así comienza el proceso de custodia de los votos. El arca triclave es un “depósito, caja o recinto” en donde se guardan los sobres, “el cual está provisto de tres (3) cerraduras o candados (con diferente llave), correspondiéndole a tres (3) ciudadanos denominados claveros la posesión y custodia de una de ellas”, según explica el instructivo de escrutinio de la Registraduría.

Este material lo reciben luego las comisiones escrutadoras y es el que tiene validez jurídica en los resultados electorales, contrario al preconteo. Es decir, el preconteo es un procedimiento que está relacionado solamente con la transmisión de resultados el mismo día de la elección, cuyo propósito es informativo. Por el contrario, el escrutinio determina los resultados definitivos de las elecciones.

Las comisiones escrutadoras están conformadas por notarios y jueces de la República, quienes están acompañados por testigos de las distintas organizaciones políticas y observadores. Los notarios y jueces observan los formularios y, si cuentan con enmendaduras o tachones deben realizar un reconteo; si no, registran la información del formulario E-14 en el software de escrutinio que cada comisión tiene a su disposición.

“El conteo de las comisiones escrutadoras fue de nivel municipal para municipios pequeños como Cumaribo, en Vichada, o Titiribí, en Antioquia, y de nivel zonal para municipios mucho más grandes como Bogotá, Cali y Medellín, en este procedimiento estuvieron involucrados más de 6.000 jueces y notarios de la República”, describe Rubiano sobre el proceso específico de las elecciones legislativas del 13 de marzo.

Este conteo se consigna en un formulario E-24 en el que se suman los resultados de todos los formularios E-14 a nivel zonal o municipal. Luego, en un segundo nivel, comisiones escrutadoras conformadas por aproximadamente 800 jueces de tribunales vinculados a la Rama Judicial, suman estos resultados en nuevos formularios E-24 departamentales o distritales.

Por último, en un tercer nivel, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realiza un reconteo final de todos los documentos producidos en las etapas anteriores para consolidar la votación que viene desde el escrutinio general.

¿Qué son los software de escrutinio y cómo funcionan?

Los software deben entenderse, como apunta el Informe de Observación Electoral de la primera vuelta presidencial de la Fundación Karisma, no solamente como programas que se ejecutan sino también como un sistema que soporta este programa computacional, en el que se incluyen “servidores, red, archivos, bases de datos y finalmente el programa con su código fuente”.

En el caso de los software de escrutinio, se habla específicamente de programas ejecutables que sirven para el proceso de escrutinio, o de consolidación de resultados y conteo de votos, como afirma Pilar Sáenz, de Karisma.

En el proceso electoral colombiano, la Registraduría tiene dos contratistas operativos para atender los procesos tecnológicos y logísticos de las elecciones legislativas y presidenciales del 2022. El informe llama la atención sobre cómo “la organización y el desarrollo de los comicios se han tercerizado a empresas privadas desde hace más de 20 años”, lo que ha impedido que la Registraduría y el CNE desplieguen la capacidad técnica necesaria para que sean las mismas entidades las que se encarguen de las votaciones.

La unión temporal Disproel, uno de los dos contratistas, ofrece la mayoría de las soluciones tecnológicas y logísticas, entre las cuales están el preconteo, la selección de los jurados, el desarrollo de las aplicaciones de delegados y testigos electorales, la logística de los días de elecciones y el software que se utiliza para el escrutinio de primer y segundo nivel.

La firma española Indra, la otra contratista, ofrece un software que se utiliza únicamente en el tercer nivel del proceso de escrutinio, es decir, aquel que está a cargo del CNE y en el que se consolidan los resultados de las votaciones que recogieron las demás comisiones escrutadoras.

El software de Disproel, dice Sáenz, se instala en cada computador de las comisiones escrutadoras de nivel zonal, municipal, auxiliar y departamental, “que son 2.700 computadores”, agrega.

Allí se ingresan los datos para ser totalizados. Una vez terminado el proceso, la comisión escrutadora genera un CD en donde se almacena la información y luego se entrega a la comisión escrutadora del siguiente nivel, “así se sube la información de nivel a nivel, a través de CD; además de eso, el computador se conecta con un sistema de seguimiento y control de la Registraduría para poder tener un registro de los resultados que genera la comisión escrutadora, pero lo que es oficial es la información que sube a través de los CD”.

En el caso del escrutinio del CNE, en el que ya se dijo que se utiliza otro software de escrutinio, el de la firma española Indra, llegan 34 CD con la información de los otros niveles para que esta pueda ser totalizada: “uno por cada uno de los departamentos, uno de consulados, y uno de distrito, el de Bogotá”, aclara Sáenz. El sistema de software de este nivel no está instalado en los computadores sino que funciona en la red de Indra, según Karisma, esto es una aplicación en internet a la que se conectan los 9 magistrados del CNE “desde unos computadores especiales que se encuentra en Corferias, donde sesiona la comisión”.

Esta interrelación se puede ver en este modelo piramidal desarrollado por la Fundación Karisma:


El informe también hace un esfuerzo por explorar cuáles empresas son subcontratistas de Disproel e Indra. El propósito de visibilizar las compañías encargadas de distintos procedimientos técnicos es, en últimas, entender las tecnologías que utilizan en el proceso electoral, como dice el texto frente a esta misión, “también debemos empezar a desentrañar de forma detallada cómo y hasta qué nivel funciona la contratación y subcontratación respecto a las elecciones”.

Karisma aclara que este no es un mapeo completo de las compañías subcontratadas y presenta unos esquemas de elaboración propia para Disproel:


Y para Indra:


Además de las grandes contratistas para proveer las soluciones del proceso electoral, la Registraduría también contrató a la compañía JAHV McGregor para la auditoría del proceso. Esta auditoría busca que se cumpla todo lo que contrató la unión temporal Disproel, así que va más allá de una revisión técnica de los software, también tiene que examinar los procesos logísticos, como que se imprimieran y enviaran los kits de elecciones.

Sin embargo, uno de los inconvenientes de esta auditoría, advierte el informe de Karisma, es que, si bien son independientes, pues es de una empresa que no controla Indra ni Disproel, no es pública: “en ambos casos, toda la información de las auditorías está resguardada por cláusulas de confidencialidad que aplican a JAHV McGregor SAS.

Además, la RNEC [Registraduría Nacional del Estado Civil] se ha mostrado renuente a publicarlas o entregarlas”, se cuestiona en el texto.

Sáenz advierte que, si bien existen críticas sobre los usos de los software y las auditorías de los comicios, eso no significa que se desconfíe completamente de los resultados electorales. “Nuestro sistema deja huellas en papel y en estas actas a las que se les puede hacer un seguimiento, es lo que hacen los partidos políticos para hacer sus reclamaciones”, explica.

Concluye diciendo que estos vacíos son aprovechados para las narrativas de fraude, pero las entidades nunca han hablado desde estos términos. Por el contrario, desde 2014, cuando el partido MIRA perdió sus curules debido a manipulación de resultados, se ha tenido un mejoramiento del sistema.