Pasar al contenido principal
Miércoles, 23 Junio 2021

Dos noches dentro de un camión: el terror policial durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las distintas cifras sobre desaparición forzada durante el paro nacional esconden relatos de jóvenes cuyo paradero fue desconocido durante horas o días, mientras eran torturados. Muchos callan por temor, acosados por las secuelas psicológicas que, según dicen, les dejaron los maltratos de la fuerza pública.

“Era sábado. Fui casi de noche al Portal de las Américas para entregar donaciones a los muchachos de la primera línea. Cuando llegué, me encontré con un pelao que estaba herido y me acerqué a ayudarlo. En ese momento me cogieron. No me di cuenta ni cómo fue. Solo que el muchacho arrancó a correr y a mí me jalaron por la capota del buzo. Eran unos manes del Esmad”. 

Lo cuenta un estudiante bogotano de 25 años que prefiere proteger su identidad. Lo llamaremos M. Hace un par de semanas recibió una llamada y escuchó una voz masculina que mencionó su nombre. Le dijo ‘sapo’. Le dijo que debía retirar la acusación en contra de la Policía. Le dijo que va a matarlo si no lo hace.   

Se convirtió en un infierno: una y otra vez revive las imágenes de lo que sufrió, dice, en los casi tres días que estuvo desaparecido, a bordo de un camión, con otros diez muchachos maltratados.  

“Yo pensé: ‘Me van a dar una pela, me van a cascar y pa’ la casa. Pero nos metieron en un camión sin insignias de la Policía, y nos tuvieron rodando desde el sábado por la noche y todo el domingo. Nos soltaron el lunes en la tarde. Nunca había pasado tanto miedo. Me mentalicé con la idea de que me iba a morir”, cuenta con la voz entrecortada.

La niebla y la duda

Desde el pasado 28 de abril, cuando empezó uno de los más prolongados y feroces paros que se recuerden en el país, los casos sobre desaparición forzada, junto a los homicidios, se volvieron los más escabrosos de estas jornadas. Un manto de niebla y duda se ha posado sobre este capítulo. La vicefiscal general Martha Mancera llegó a afirmar en una entrevista para el diario El Tiempo que “no hay información” que permita hablar de desaparición forzada.

Cuatro circunstancias, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, de la ONU, deben confluir para que se constate este delito. Uno, privar a una persona de la libertad y que esa privación sea llevada a cabo por un agente estatal o por particulares que actúen con la aquiescencia del Estado o su complicidad. Dos, que se oculte a la víctima. Tres, que se niegue la privación de la libertad, así como información de su paradero. Y cuatro, que se sustraiga a la persona del amparo de la ley; es decir, que no tenga posibilidad de defensa.

La Constitución colombiana también contempla entre los derechos fundamentales que “nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (MDTDF) de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que agrupa a varias organizaciones de derechos humanos, ha dicho que esos cuatro elementos figuran en las historias de una buena cantidad de víctimas registradas en sus listas desde que comenzaron las protestas.  

“Que la persona quede en libertad después de una hora o dos, o de uno o dos días, no quiere decir que no se haya consumado el delito de desaparición forzada”, explica Camila Galindo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

La situación es tan grave, dice Galindo, que desde la Mesa han añadido el término “transitorias” a los casos de desaparición forzada que han investigado, pues no todas las desapariciones terminan en homicidios. También se usan como mecanismos de desaliento y terror. Un perverso modus operandi al que nadie ha logrado ponerle freno y que se topa con el miedo de las víctimas para denunciar.

“¿Qué hemos encontrado? Jóvenes que son trasladados por el Ejército, la Policía, el Esmad o por particulares; que los suben a carros conducidos por civiles, que se niega su paradero. Después, cuando han quedado en libertad, nos han contado que los tenían en CAIs o en camiones de la Policía”, señala Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, una ONG de Medellín dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos. “No importa el tiempo transcurrido desde la detención, sino que se cumplan los criterios para hablar de desaparición forzada”, explica Arboleda.

M cuenta que fueron sus compañeros de clase los que dieron la voz de alarma sobre su desaparición. Nadie supo nunca dónde estaba. Pilar Murillo, su abogada, dice que buscó en la lista de personas retenidas y el de M no figuraba.

“Cuando me subieron al camión ya había algunos muchachos. Después de mí entraron otros tres. Enseguida los policías comenzaron a decirnos que éramos guerrilleros, que nos iban a matar”, continúa el relato de M.

“El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”. 

“El domingo ya estábamos ‘muertos’. Sin agua, sin comida, sin ir al baño. Los tipos se intercambiaban, subían unos y bajaban otros, eran grupos de seis a ocho y nos atacaban. Cuando me daban con la cadena sentía como si el cuero de la espalda se me desprendiera”, narra M. 

“Los tipos hacían relevos. Siempre con uniformes de policías. Entregaban el camión a otras personas, luego a otras y otras y así nos tuvieron. El domingo por la noche traté de dormir, pero era imposible. Ya para entonces estábamos muy asustados. Había mucha presión emocional. Entré en shock. Estaba seguro de que me iba a morir”. 

“Nos soltaron el lunes como a las tres de la tarde. Pero antes subió al camión un tipo que parecía de los que mandaba, y dijo: ‘A estos toca desaparecerlos. Hay que llevarlos para Soacha’. Y todo el mundo se asustó más. Entonces el camión empezó a andar y en ese momento yo ya me sentía muerto”.

“Nos dejaron en una olla de Patio Bonito. Bajamos y nos dijeron que, si mirábamos atrás, nos mataban. Que corriéramos por nuestras vidas. Recuerdo que había varias patrullas ahí. Yo di como tres pasos, pero estaba débil y me caí. Un man me levantó de un patadón y me dijo: ‘Corra, marica, que lo voy a matar’. Y ahí corrí y corrí. Me temblaba todo el cuerpo”.

“Los están amenazando” 

Las organizaciones de derechos humanos reunidas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada acusan tanto a la Defensoría como a la Fiscalía de utilizar eufemismos para “negar” las desapariciones, con el agravante de que ello ocurre en un país con antecedentes dramáticos, donde se calculan 80.000 desapariciones forzadas entre 1970 y 2018 en el marco del conflicto armado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Aquí todavía miles de familias buscan a sus familiares en una espera eterna.

Las cifras de lo ocurrido en el paro nacional varían según la fuente, pero revelan la distancia que hay entre las ONG y los entes de control. La Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada registró entre el 28 de abril y el 27 de mayo 775 personas desaparecidas, de las cuales faltan 327 por encontrar.

En el informe que Temblores ONG, Indepaz y PAIIS entregaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Colombia figuran 346 personas reportadas como desaparecidas directamente a estas entidades entre el 28 de abril y el 31 de mayo. Muy lejos de las cifras que maneja la Mesa Interinstitucional de la Defensoría y la Fiscalía.

En un reporte que entregó la Fiscalía a La Liga se habla de una base de “personas no localizadas”, el nuevo término con el que se refiere a los desaparecidos. Según este organismo, hasta el pasado 10 de junio habían sido halladas 328 personas de los 572 registros iniciales que suministró la Defensoría. De esos, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos, entre otros. Quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84. Sobre esos casos se mantiene activo el Mecanismo de Búsqueda Urgente, una herramienta judicial preventiva que se pone en marcha desde el momento en el que se presupone que una persona está desaparecida, aunque ello no significa que se esté abriendo un proceso penal.

El mismo informe de la Fiscalía asegura que hasta el 10 de junio solo habían recibido cuatro denuncias formales por el delito de desaparición forzada. Los hechos habrían ocurrido el 4 de mayo en Zaragoza (Antioquia), el 18 en Caldas (Antioquia), el 20 en Yumbo (Valle del Cauca) y el 3 de junio en Cali.  

Que solo existan cuatro denuncias oficiales ante la Fiscalía no solamente no desvirtúa los informes de las organizaciones de derechos humanos, sino que se explica, según Luz Marina Monzón, por el miedo que se ha instalado entre las víctimas y sus familiares. Monzón es la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto del conflicto armado (UBPD), una entidad del Estado surgida de los acuerdos de paz con las Farc.  

“La gente está aterrorizada, los están siguiendo, los están amenazando. No tienen garantías. Entonces, ¿cómo van a presentar una denuncia?”, se pregunta Monzón. Las diferencias entre las organizaciones y la Fiscalía, explica, también se deben a la falta de líneas comunes a la hora de abordar la desaparición forzada. “Si como institución no se asume que esas personas están desaparecidas, sino que no están localizadas, las cifras nunca van a coincidir”, estima.

“El negacionismo frente a lo que está ocurriendo también se ha enfrentado en el pasado y eso hace que el Estado no actúe de manera rápida. En este momento es indispensable que pensemos en las garantías de no repetición para no someter a las personas a la incertidumbre sobre la suerte de sus hijos”, añade Monzón.

Amedrentamiento y represión 

En el Valle del Cauca, uno de los centros neurálgicos de las movilizaciones, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes tiene un reporte de 179 personas desaparecidas desde que empezó el paro. De esas, 75 siguen sin aparecer.

Según Darnelly Rodríguez, coordinadora regional de esta organización, más de una veintena de las personas halladas habían sido trasladadas a estaciones de Policía y retenidas sin derecho a comunicarse con sus familiares. Algunas presentaban heridas por arma de fuego, arma cortopunzante y signos de tortura. Hasta el 11 de junio algunas seguían hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones.

En todas se repite el miedo. Rodríguez menciona el caso de Daniel Stiven Sánchez, ocurrido el 28 de mayo, un joven de 16 años cuyo cadáver apareció incinerado en medio de un incendio en el local Dollarcity de Siloé, al suroccidente de Cali. “Varios videos muestran cuando al joven lo cogen, se lo lleva la fuerza pública y aparece incinerado en un lugar distinto al de su detención. La familia denunció y ya tocó sacarla de su vivienda porque los amenazaron”, dice Rodríguez. 

Otro caso es el de una joven de 17 años, también detenida en Siloé, desaparecida entre el 4 y el 7 de mayo. Según su testimonio, recogido por la Red Francisco Isaías Cifuentes, los policías la llevaron a una estación en Yumbo, la mantuvieron incomunicada, la golpearon y en la noche del 7 de mayo la dejaron ir con amenazas. 

En Medellín, Adriana Arboleda, de la Corporación Justicia y Libertad recuerda el caso de un chico que estuvo retenido durante tres días. “Lo golpearon, lo volvieron nada y después le dijeron que se fuera. Él alcanzó a caminar dos cuadras y lo volvieron a capturar. Lo subieron a un camión donde estaban, según su relato, otras treinta personas. Ahí los tuvieron 24 horas. Inicialmente este joven nos dio su testimonio y nos pidió ayuda para seguir el proceso de la denuncia. Pues hoy dice que no quiere saber nada, que es mejor dejar las cosas así”, cuenta Arboleda. 

Las organizaciones insisten en que las “desapariciones forzadas transitorias” están logrando su cometido de “amedrentamiento y represión de la protesta social”. También se quejan de los puentes rotos con la Defensoría y la Fiscalía, y acusan a esta última por no actuar de oficio en un contexto tan convulso.

Según Camila Galindo, de la MDTDF, las ONG’s han recibido los reportes que les llegan de forma directa o a través de redes sociales, pero no tienen la capacidad de hacer seguimiento a todos los casos. Admiten que algunas personas pudieron no estar desaparecidas, pero su función es recibir la información e inscribirlas en sus listados hasta que se aclare su situación. “Insistimos en que como organizaciones estamos cumpliendo funciones que les competen al Ministerio Público. Este registro lo debería estar impulsando tanto la Defensoría como la Procuraduría con todo lo que ello implica: estar en las calles y registrar quiénes son las personas detenidas, pero resulta que esos datos no los publican a menos que se les exija”, dice Galindo.   

Luz Marina Monzón cree que hay que ir más allá del debate sobre las cifras de desaparecidos mientras no haya información clara. Lo urgente, insiste, es que la Fiscalía explique en detalle dónde fueron localizadas las personas que figuraban como desaparecidas, en qué circunstancias y cuál es su situación actual. Una información que, asegura, no se está suministrando.   

La Defensoría no respondió las preguntas de La Liga. La Fiscalía desoyó la solicitud de hablar con un portavoz y la Policía remitió un documento que da cuenta de 198 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias entre el 28 de abril y el 13 de junio, distribuidas así: 96 por abuso de autoridad, 14 por homicidio, 37 agresiones físicas, 21 lesiones personales y 30 en el apartado de “otras conductas”.

En el mismo documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos. Este procedimiento, que debe ser informado, permite que los agentes trasladen a alguien cuya vida está en peligro o que ponga en riesgo la de alguien más.  

M asegura que al detenerlo nunca le dijeron de qué se le acusaba. Cuando terminó su pesadilla logró llegar a casa, se tumbó en la cama, perdió la conciencia y tuvieron que llevarlo a un hospital, donde estuvo más de una semana. 

Un tiempo después volvió al Portal de las Américas, rebautizado por los manifestantes como “Portal de la Resistencia”, el sitio donde lo capturaron. Quería encontrar a los otros chicos, saber qué fue de ellos, juntarse para denunciar. Pero no vio a nadie conocido. Hoy siente cosas que no sabe explicar. No duerme bien, sufre pesadillas, la depresión y el miedo lo dominan. “Uno lo cuenta en cinco minutos. Pero créame, fue como si hubiera estado una semana metido dentro de ese camión”.

Martes, 25 Mayo 2021

“Enciérrenlas y ahóguenlas”: abuso policial en Palmira durante el paro

Por La Liga Contra el Silencio

Las noches del 2 y 3 de mayo, muy cerca de Cali, varios manifestantes sufrieron una represión inédita entre los cultivos de caña. El comandante de la Policía desconoce las denuncias registradas por el Comité de Derechos Humanos, pero abundan testimonios que involucran a la fuerza pública.

“Nos iban a violar. Nos metieron la pistola en la boca y nos amenazaron. Nos tocaron por todos lados, y nos decían: ‘Las vamos a matar, ¡zorras!’ Y nos metieron al lado del cañaduzal”, contó una mujer en un video que circuló el 3 de mayo en Palmira, Valle del Cauca. Las imágenes, también publicadas en Twitter, se sumaron a las denuncias de violencia sexual que acumula hasta ahora el paro nacional. 

La Defensoría del Pueblo registró, entre el 28 y el 14 de mayo, 87 casos que incluyen tocamientos, amenazas y tortura contra contra distintas personas por parte de agentes de la fuerza pública. A este saldo se sumó la denuncia conocida el 20 de mayo, en la cual una policía asegura haber sido torturada y abusada sexualmente por civiles en un CAI de Cali durante las manifestaciones del 29 de abril. 

En Palmira, según el Comité de Derechos Humanos, al menos 48 personas resultaron heridas y 10 mujeres denunciaron violencia de género durante “la larga noche de los cañaduzales”, como describen allí a las dos jornadas continuas de confrontación entre el Esmad y los manifestantes, el 2 y 3 de mayo.

“En el resto del país aún no entienden la magnitud de todo lo que está pasando acá”, declaró Óscar Escobar, el alcalde de Palmira. El abuso policial y las protestas continuas, según dijo, nunca se habían visto así en la ciudad. Desde el 28 de abril las principales vías del municipio han estado bloqueadas; escasean los vegetales y la gasolina, y la basura no se recoge con la frecuencia habitual. 

El 10 de mayo abrieron un corredor humanitario que ha permitido la entrada de algunos víveres esenciales. Mientras tanto, un centenar de jóvenes construyó campamentos improvisados en la carretera Palmira-Cali, entre vastos cultivos de caña, y en coordinación con la Asamblea Popular, junto a estudiantes, profesores y otras personas que impulsan la organización comunitaria y el paro nacional.

Campamento en bloqueo del sector conocido como "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Nos descartan por ser humildes. Por eso estamos en esta lucha, y seguiremos hasta cuando el gobierno nos escuche”, dijo un joven al que llamaremos Santiago. Él hace parte de la primera línea de resistencia, el grupo que está de forma permanente en los puntos de bloqueo; la vanguardia que enfrentó a los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Como muchos otros, por temor, el muchacho prefirió ocultar su rostro y su nombre. 

El miedo en el cuerpo

Juanita, una estudiante de 25 años, jamás había participado en una movilización en Palmira. Ella salió a marchar desde el 28 de abril, animada por el descontento colectivo frente al proyecto de reforma tributaria que el presidente Iván Duque presentó ante el Congreso. Su indignación creció con los asesinatos que se contaron en los primeros días del paro. Por precaución, siempre protestaba de día. Juanita, tampoco es su nombre real. 

“Me habían invitado de noche, y yo dije que no. Las mujeres siempre vamos a estar en desventaja. Hay matorrales, no hay energía. Pueden ser policías o manifestantes. Somos vulnerables”. En todo esto pensó ella en la tarde del 2 de mayo, antes de acudir al llamado que la primera línea hizo por redes sociales pidiendo bolsas de leche para mitigar el ardor de los gases lanzados por el Esmad. 

El miedo de las mujeres hacia las manifestaciones lo confirma el conteo de la Defensoría del Pueblo y de varias organizaciones no gubernamentales. El 13 de mayo se conoció la historia de una joven de 17 años que se suicidó tras denunciar otro caso de violencia sexual por parte de cuatro policías que habría ocurrido en una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en Popayán. El hecho fue negado por el general Ricardo Alarcón, comandante de la regional 4 de la Policía. Horas después, cuatro uniformados involucrados en la detención fueron separados de sus cargos mientras se investiga el caso.

Jóvenes de primera línea tras sus escudos protectores.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El domingo 2 de mayo en Palmira, junto a una de sus amigas, a quien llamaremos Andrea, Juanita decidió apoyar la movilización. A las 5 de la tarde le entregó unas bolsas de leche a una joven de la primera línea y se alejó. En pocos segundos, mientras buscaban la salida, ambas se vieron envueltas entre los gases del Esmad. Entonces decidieron resguardarse en un arbusto junto a los cañaduzales. Un policía, según Juanita, las abordó con violencia. “¡Perras hijueputas! Acá solo están los vagos, los vándalos”, les gritó.

La descripción de Juanita incluye más abusos. Dos policías, declaró, les vaciaron las mochilas que llevaban y tiraron a su amiga al piso. “Ahí le metieron mano para sacarle el celular que tenía aquí (señala su pantalón en los genitales)”, dijo. Según su recuerdo, después los hombres levantaron a Andrea tomándola del pelo y a ambas las arrastraron al menos un kilómetro entre insultos y bolillazos hasta llegar al peaje CIAT, ubicado entre Palmira y Cali, donde la tortura continuó.

“Palmira es un municipio donde la violencia sexual es alarmante. El extenso monocultivo de caña lo convierte en un escenario de terror para las mujeres, especialmente por la oscuridad. Igual pasa con los asesinatos, que son casi diarios”, dijo Camila, asesora legal de Juanita y Andrea e integrante del Comité de Derechos Humanos de Palmira. 

Camila no es su verdadero nombre. Ni siquiera los defensores de derechos humanos escapan del miedo, pues temen sumarse a las 15 personas que recibieron amenazas en Palmira durante los primeros 20 días del paro. Varias personas que han participado de las movilización, según el Comité de Derechos Humanos del municipio, fueron señaladas en un panfleto firmado por “la mano negra”. Camila conserva su cédula, a diferencia de las víctimas que representa. “A todas se las robaron, y eso es muy simbólico. Hasta la identidad les quitaron”, dijo.

A esta violencia, según la abogada, se suma la negligencia institucional. “Enviamos la denuncia de Juanita y Andrea a la Fiscalía al menos tres veces, porque no la encontraban en la bandeja de entrada del correo”, contó. Camilia considera esto revictimizante y no concibe que esta misma situación hubiera ocurrido con las otras víctimas que aún están en shock o son menores de edad. Una semana después de los hechos, Juanita puede dar una entrevista frente al cañaduzal aún con temor. Entre las demás, algunas cerraron sus redes sociales; otras siguen en silencio o encerradas en sus casas.

Ante la Fiscalía se han radicado solo tres denuncias, pero la abogada acompaña a diez mujeres que dicen haber sido violentadas en los cañaduzales o en la vía que conecta a Cali y Palmira entre el 2 y el 3 de mayo. Las denuncias incluyen tocamientos, insultos, hostigamientos de carácter sexual y golpizas.

A Jennifer Melo, psicóloga de varias mujeres que han denunciado estos abusos, los testimonios la desbordaron. “En la noche del lunes me encontré a una nena que tenía la cabeza ensangrentada, y me contó: ‘Ellos a mí no me penetraron físicamente, pero me penetraron la cabeza y el alma. Me dijeron que era una perra, una guerrillera, una vándala; me patearon, me tiraron al suelo’”, recordó. Para Melo, además de la violencia física, existe un impacto psíquico que será más difícil de sanar. 

Una de las mujeres integrante de la primera línea en el bloqueo de "La Y". | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El coronel Germán Manrique, comandante de la Policía de Palmira, dijo el 11 de mayo que no conocía las denuncias. “Discúlpame. Como suceden las cosas no hay tiempo para eso. Son 22 personas del Esmad que deben estar adelante para no ser superados, y ese día había por lo menos 500 jóvenes que ya iban muy adelante (y que tenían el deber de dispersar)”, declaró. 

Represión desmedida

“Nos metimos a los cañaduzales y ellos (la fuerza pública) comenzaron a quemarnos con gasolina. Nos comenzaron a tirar gases, a ahogarnos. Muchos jóvenes salieron con tiros en las espaldas, en las piernas. Nos gritaban que nos iban a matar, que nos tenían ahí cercados”, recordó Santiago, el integrante de la primera línea, sobre la noche del 2 de mayo. 

Al día siguiente, según dijo, fue peor. Recibió unos golpes que le dejaron una rodilla herida, corrió por los cañaduzales en un acoso que duró seis horas. El Esmad lanzó gases y aturdidoras; se escucharon disparos y varios jóvenes salieron heridos.

“Los compañeros con tanto gas se estaban ahogando”, contó Santiago. La altura de los cultivos casi dobla la de una persona. Hay mosquitos, mucho pantano, las hojas de la caña afiladas. Por ahí corrieron decenas de manifestantes en completa oscuridad. Una semana después de los hechos seguían allí algunos objetos: la espuma de un brasier, bolsas de leche, una llanta quemada, la placa de una moto. 

Extensiones de cañaduzales que bordean la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Camila, quien se animó a volver, recordó el lugar como un campo de guerra. En camas de cartón atendieron a los heridos que se iban sumando a medida que caía la noche. “Quién haya estado ahí, no volverá a ver ese lugar igual”, dijo. En su teléfono, como en los de otros defensores de derechos humanos, están los videos que muestran heridas a quemarropa, moretones y hemorragias.

El coronel Manrique aseguró que del Esmad solo pudieron salir gases y aturdidoras. También mencionó rumores. “Gente de esas fincas no quería que se les metieran. Cuando vieron que se les metió toda esa gente... Hay algo que está lastimosamente muy de moda, que no ha arreglado el gobierno, y es la venta de armas traumáticas que llaman, que en realidad son armas de fuego”, dijo.

El coronel tiene una explicación para cada abuso. Frente a una fotografía donde un uniformado del Esmad le apunta a un joven de cerca, concede. “No lo niego. Puede que haya habido (golpes y heridas), pero son pocos. No lo niego, pero para eso son los elementos que tienen el Esmad”, señaló.

Según el Comité de Derechos Humanos, entre las noches del 2 y 3 de mayo se contaron 38 desaparecidos. La Defensoría del Pueblo presentó entonces un listado nacional, y allí la vía Cali-Palmira encabezó la tragedia con 28 desaparecidos entre el 28 de abril y el 2 de mayo. Algunos reportados como desaparecidos en realidad se habían resguardado en los cañaduzales durante horas. Otros, por temor, pasaron la noche en casas de amigos, con los teléfonos descargados, o incluso, según múltiples denuncias que conocen en el Comité, robados por agentes de la Policía. 

El 19 de mayo, en Palmira, todavía se reportaban ocho personas con paradero desconocido, de acuerdo con la información de los defensores de derechos humanos. Óscar Escobar, el alcalde, debió disculparse después de negar la magnitud de los hechos cuando dijo que solo conocía de cinco heridos, mientras en redes sociales rodaban videos con decenas. El desfase de las cifras, según Escobar, se explica porque muchos heridos fueron atendidos por brigadas de voluntarios, mientras al hospital Raúl Orejuela Bueno y a la Clínica Santa Bárbara solo llegaron unos pocos. 

Actividad cultural en el bloqueo de "La Y" el martes 10 de mayo.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Pero a los defensores de derechos humanos y a los manifestantes de la primera línea lo que realmente les molestó fue que el alcalde no diera la orden de detener el Esmad, aunque fue advertido: “Alcalde, paren ya; la cuenta (de heridos) que tengo es larga”, le escribió Jhonier Flórez, integrante del colectivo Francisco Isaías Cifuentes y miembro del Comité de Derechos Humanos del municipio. Escobar dice que la noche del 3 de mayo habló con un alto mando de la Policía y le pidió retirar al Esmad. “Me explicó que no lo podíamos hacer, que había una orden de proteger la infraestructura nacional”, contó el alcalde. 

Nada nuevo bajo el sol

La última vez que el Esmad reprimió una protesta en Palmira fue en noviembre de 2018, cuando los estudiantes se unieron a las movilizaciones del país y exigieron mayor financiación para la educación superior pública. Antes, en 2008, un intento de toma del peaje CIAT, ubicado a dos kilómetros de la zona urbana, también derivó en una confrontación. Pero nada puede compararse con este paro nacional, aunque este municipio valluno exhibe una tradición de lucha popular estimulada por la presencia de varios sindicatos de corteros de caña y de los miles de estudiantes que albergan sus nueve universidades.

Para Jhonier Flórez el estallido social en Palmira es una respuesta lógica ante dos realidades. Por un lado, el proceso de politización de la juventud en el municipio. Y por el otro, fallas en la gestión de Iván Duque que evidenciaron un conflicto social antes relegado por el conflicto armado. 

Flórez es vocero del Comité de Derechos Humanos de Palmira, un espacio al que se han sumado universidades, colectivos de la sociedad civil y organizaciones humanitarias desde hace dos años, con el fin de garantizar, entre otras cosas, que la acción policial no sea abusiva en un municipio donde hay al menos 468 cámaras de vigilancia en la zona urbana y dos comandos de Policía en cada extremo. 

Bloqueo en MonteResistencia, uno de los puntos de concentración de la movilización en Palmira. | Crédito: Juan Arias/Mutante.

El Comité nunca tuvo tanto trabajo como en las últimas semanas. Sus cerca de 15 integrantes duermen poco, y entre ellos se reparten asuntos como monitorear los puntos de bloqueo y las manifestaciones convocadas, mediar en las detenciones arbitrarias, responder a la prensa, dialogar con la institucionalidad y representar a las víctimas. Todos están exhaustos, y algunos de ellos viven amenazados. 

El trabajo constante ha fijado en la cabeza de Jhonier Flórez los hitos del paro en su localidad. El 28 de abril, primer día de convocatoria, dice que se movilizaron cerca de cuatro mil personas en Palmira, un hecho sin precedentes. Luego vinieron marchas más atomizadas, pero también masiva, de educadores y profesionales de la salud. El 5 de mayo, el alcalde Óscar Escobar participó en una de ellas, que transcurrió en calma y luego terminó con el incendio del peaje de CIAT. Según la primera línea, esto ocurrió por unos infiltrados. Según el coronel Manrique fueron los mismos manifestantes, que habían alentado esta quema. Según los defensores de derechos humanos, todo ocurrió en condiciones que hasta ahora no se aclaran.

El peaje es una suerte de Florero de Llorente. “En el Valle del Cauca tenemos casi cinco peajes en menos de 30 kilómetros alrededor. ¡Eso es un abuso!”, dijo Flórez. 

Peaje del CIAT en la vía Palmira - Cali.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

Palmira es un paso estratégico en el Valle del Cauca. Por eso los asentamientos de los jóvenes de la primera línea se han ubicado en las principales entradas del municipio. Existen dos bloqueos urbanos. Uno conocido como “La Y”, que empieza en el centro comercial Llano Grande, avanza un kilómetro hasta el peaje y conecta con la vía a Cali. Y otro ubicado en Monteclaro, un barrio popular habitado históricamente por corteros de caña, que ha sido rebautizado durante el paro como “MonteResistencia”. Esta vía comunica a Palmira con otros municipios del norte del Valle del Cauca, como Guacarí y Buga. Además, hay otros dos puntos bloqueados por comunidades campesinas en El Bolo y Aguaclara. 

Santiago, el joven manifestante de la primera línea, dice que la sociedad los ha visto como “descartables”. Así se ha sentido siempre. Según él, las protestas no van a parar hasta que no se garanticen unos mínimos vitales para él y los suyos, todos muchachos de las clases populares. “A muchos nos echaron del trabajo cuando supieron que estábamos aquí”, dijo. 

Según Jhonier Flórez, los manifestantes han admitido que en los puntos de resistencia hay miembros de pandillas, y durante el paro han usado los bloqueos como zonas de distensión en el conflicto urbano que suele trazar fronteras invisibles entre un barrio y otro. “Hoy los une una sola causa: responder al trato militar de la protesta social”, aseguró el defensor.

En los bloqueos de Palmira es evidente la cuota de poder espontáneo que estos jóvenes difícilmente querrán perder. La vieja guardia, integrada por gente de las universidades públicas o los sindicatos, quisiera organizar a los recién llegados para evitar los desmanes. Pero estos nuevos actores quieren hacer las cosas a su manera, bajo la atención de la prensa, con la solidaridad de personas que les llevan comida y el acompañamiento de los defensores de derechos humanos. Y han cedido en la negociación. Por ejemplo, permitieron un corredor humanitario para el suministro de víveres esenciales al municipio. “Estos pelados comen tres veces al día, a diferencia de muchos que en su casa no lo hacían. Aparte están recibiendo el cariño que tampoco tenían en su casa”, explicó Flórez. 

¿Quién manda?

“Sí, las órdenes de proceder ese día las di yo”, dijo el coronel Germán Manrique,  comandante de la Policía de Palmira. Manrique explicó que se demoró en pedirle al Esmad que atacara y dejó avanzar lo que más pudo a los manifestantes el 2 de mayo.

No podía ser de otra manera, según Manrique, pues la amenaza de los muchachos era destruir el peaje. Durante los primeros días de las manifestaciones solo había policías uniformados con chalecos reflectivos, pero luego enviaron al Esmad. “Estaban tirando mucha piedra, entonces decidimos cambiar el esquema”, contó Manrique.

Con toda la fuerza que había disponible, una sección del Esmad con 22 hombres llegó al sitio. “Nunca tuvimos más Esmad, porque el resto estaban en otro lado (en la zona más cercana al aeropuerto). Esos 22 muchachos estuvieron conmigo todos esos días de corrido. Cuatro días duramos ahí”, dijo el coronel.

El Comité de Derechos Humanos, en su reporte sobre la correlación de fuerzas, registró al menos el doble de policías del Esmad. Juanita asegura que, además del Esmad, había uniformados de la policía, los mismos que las metieron a la fuerza a una habitación del CAI junto al peaje. 

Bloqueo de "La Y", a la altura del centro comercial Llano Grande.  | Crédito: Juan Arias/Mutante.

“Ya habían tirado a mi compañera al cañal y le habían metido mano. Yo les dije: ‘No, no me voy a meter’. Nos metieron a ese cuarto que tenía un baño al lado y llegaron tres del Esmad, diciendo ‘ay, tenemos ganas de orinar’”, contó Juanita. Según su relato, las miraron con morbo y buscaron la manera de que ellas vieran sus genitales. Se burlaron, las humillaron. Después dieron la orden a los demás policías: “Enciérrelas y ahóguenlas con gas”. Y así fue. 

Para Juanita pronto terminaría parte de la tragedia. Para otras apenas empezaba. “Un agente de tránsito nos ayudó, nos dio agua. Luego llegaron los policías cagados de la risa. Segundos después llegaron los de derechos humanos y nos sacaron de ahí, porque los policías ya estaban grabando, diciendo que nosotras teníamos bombas”, recordó. 

Por eso todavía tienen miedo. Además de la violencia sexual, de los bolillazos y los insultos, algunas de las mujeres que decidieron denunciar han recibido amenazas y presiones para que callen. Varias siguen confinadas en sus casas, convencidas por un mensaje que parece ir dirigido a todas las mujeres: que protestar no es su derecho, y hacerlo las vuelve vulnerables frente a los hombres de la Policía Nacional.