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Viernes, 14 Septiembre 2018

Implementación de enfoque de género del acuerdo de paz, todavía en palabras

Por Sania Salazar

Casi dos años después de que el gobierno nacional firmara el acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, el enfoque de género que quedó plasmado en el documento no ha pasado de los decretos a la realidad. Las entidades que han evaluado la implementación del enfoque de género coinciden en que hay dificultades para aterrizarlo en acciones concretas en los territorios. La atención de la comunidad LGBTI está todavía más quedada.

“En política sexual y reproductiva está super mal el asunto”, dice Camila Hoyos, abogada y asesora de temas de mujer y género de la UTL de la senadora del partido Farc, Victoria Sandino, sobre las mayores dificultades de la implementación de género en el proceso de reincorporación de los excombatientes.

“No hay atención diferencial para los temas de anticoncepción, para el seguimiento a los embarazos, hay dificultades con las enfermedades del aparato reproductivo. En algunos ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) no hay médico ni enfermera, y en los que hay van una vez a la semana y atienden cosas generales”, detalla Hoyos.

Este es apenas un ejemplo de la dificultad de llevar a la práctica la implementación del enfoque de género incluido en el Acuerdo Final entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Farc que organizaciones como el Instituto Kroc han detectado al hacer una balance de la implementación en esta materia.

Hoyos asegura que la política de sustitución de cultivos ilícitos carece del enfoque de género. Dice que, por ejemplo, los acuerdos de sustitución colectiva no tienen medidas especiales para las mujeres y, según ella, eso va a generar dificultades para que las mujeres ingresen y se mantengan en esos programas. Para Hoyos se trata de falta de compromiso y de voluntad política.

Voluntad política que también menciona Borja Paladini, director del Instituto Kroc, de estudios internacionales de paz, de la Universidad de Notre Dame, al hablar del más reciente informe de esa entidad sobre la implementación del Acuerdo

“Falta fortalecer la voluntad política, pero sobre todo, falta que a la hora del diseño de las políticas, de las leyes, de las normas, del diseño de la implementación de esas políticas no se pierda el enfoque de género, los enfoques diferenciales, a veces se pierden en la acción. Es la capacidad transformadora de esa política, de esos recursos, de ese bien que ofrece el Estado”, explica Paladini, quien además dice que se trata de un asunto de capacidad técnica y de eficacia y llama la atención sobre la importancia de que las políticas sean sensibles a las necesidades diferenciadas de la población.

El llamado de atención no es gratuito. El informe indica que de las 578 disposiciones contenidas en el Acuerdo Final, 130 tienen enfoque de género y que, de estas últimos solo el 3% se ha implementado completamente (a mayo de 2018). El 7% está en nivel intermedio. El 26% tiene un nivel mínimo y el 64% de esos compromisos no se han empezado a implementar. “Esta mirada general muestra que, si bien hay avances, aún falta mucho por implementar”, concluye el documento.

Según el informe, el 53% de las disposiciones con enfoque de género requerirán de una implementación a largo plazo, mientras que el 42% de las que no lo tienen necesitarán ese lapso, lo que, según el análisis puede explicar parcialmente el bajo nivel de implementación completa a la fecha.

El documento aclara que iniciar una disposición con enfoque de género puede depender de acciones como la inclusión de ese enfoque en una iniciativa legislativa, lo que explica los niveles relativamente altos de implementación mínima para este tipo de compromisos.

Pero para Paladini el enfoque fuerte del enfoque de género ha estado hasta el momento en el diseño de normas y programas y en la creación de instituciones. Aunque dice que en algunas de estas iniciativas se menciona el tema de género más que en otros, hay avances y sensibilidad en que ese tema es importante

“En algunos casos se observa que, aun cuando el enfoque es explícito y el compromiso es de corto o mediano plazo, su implementación no se ha priorizado”, lo que puede explicar los altos niveles de implementación no iniciada, según el estudio.

Sindy Torres, asesora del tema de mujer y género del partido Farc, calcula la implementación del enfoque de género en un 25%. Dice que no es suficiente y coincide con Paladini en que los avances significativos se han logrado en creación de institucionalidad de normas, pero resalta que faltan medidas específicas. Torres también menciona la apropiación en esa materia que ha visto en el movimiento de mujeres. “Falta, pero estamos andando, que es lo importante”, concluye.

 

Puntos álgidos


Reforma Rural

El informe llama la atención sobre la vulnerabilidad de las mujeres cabeza de familia y las realidades de las mujeres rurales, especialmente en términos de la economía del cuidado. También en la estigmatización a las mujeres involucradas en cultivos de uso ilícito.

Hace un llamado de atención sobre la participación de las mujeres en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues indica que a enero de 2018, de las 404 pre-asambleas PDET realizadas, 38.865 personas han asistido, de las cuales el 38% son mujeres.

Otro punto que se destaca es la necesidad de garantizar la seguridad, tanto de las mujeres como de las comunidades que participan en los procesos de sustitución o formalización de tierras. Por ejemplo, recuerda que “el 1 de abril, Magdalena Cruz Rojas líder comunitaria, quien encabezaba el Movimiento para la sustitución de cultivos en Mapiripán fue asesinada en presencia de su familia”.


Reincorporación

El informe resalta como una avance importante la creación de la Mesa Técnica de Género del Consejo Nacional de Reincorporación, que ha trabajado en el diagnóstico de la situación de las excombatientes y en una hoja de ruta.

La participación en política de las mujeres del partido de la Farc podría ser mucho mayor. El informe indica que en la campaña cumplieron con el mínimo del 30% de participación de candidatas que establece la ley de cuotas (en las listas departamentales a Cámara), pero solo dos de las 10 curules en el Congreso pactadas en el Acuerdo las ocupan mujeres, Victoria Sandino y Sandra Ramírez, ambas en el Senado y no hay ninguna en la Cámara de Representantes.

Torres explicó que el partido Farc está en el proceso de apartarse de las prácticas machistas y está cualificando sus mujeres y en general a sus cuadros políticos.

En cuanto a los proyectos productivos, que hacen parte de la reincorporación económica, el informe encontró que “a enero de 2018, de las 45 cooperativas que se han creado en las diferentes zonas (ETCR), 27% son de mujeres” y menciona que en dos proyectos aprobados durante la semana del 16 de abril de 2018 no incluyeron ni la participación de mujeres en el liderazgo del proyecto, ni una consideración del impacto del proyecto en las mujeres. Por eso la conclusión es que el principal reto es “lograr que en los proyectos aprobados se evidencie la inclusión efectiva y desarrollo del enfoque”.

Según el censo socioeconómico que realizó la Universidad Nacional sobre las Farc, el 23% de los excombatientes son mujeres. Hay que aclarar que ese no fue un censo poblacional, por lo que los 10.015 exguerrilleros a los que se les realizó la encuesta no son el total de miembros que forman parte de esa exguerrilla.


Garantías de seguridad

“En la comisión nacional de garantías de seguridad, que es un espacio en el que se toman decisiones, un espacio de diálogo político entre el Gobierno, la sociedad civil y otros actores del Estado para mirar los temas de seguridad relacionados con la implementación del Acuerdo no hay una mujer y las mujeres han pedido que esté al menos una en una comisión que está integrada por varias personas, ¿si no hay mujeres cómo podemos esperar que estén representadas las visiones de las mujeres?”, pregunta Paladini.

Los buenos ejemplos

Quizá el mejor ejemplo de la implementación del enfoque de género hasta ahora son los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, “donde las mujeres representan el 54,9% de las integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y el 45,45% de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición”.

Paladini destaca además que en la JEP no solo hay representación equitativa de hombres y mujeres, sino que además hay indígenas y afros. Para el director del Instituto Kroc, aunque todavía hay mucho por hacer en términos de género, no se puede olvidar que el Acuerdo colombiano es el que más incluye, en términos comparados, medidas afirmativas hacia las mujeres y un enfoque de género como elemento transversal.

El avance de las normas

Otro informe sobre la implementación del Enfoque de Género en los Acuerdos de Paz, realizado por el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, Cerac, coincide con el informe del Instituto Kroc en varios puntos. Por ejemplo, dice que la implementación se ha quedado en la creación de normas y no ha pasado a las acciones concretas, coincide en señalar la baja participación política de las mujeres del nuevo partido Farc y en la necesidad de aumentar la participación de las mujeres en los PDET, entre otros aspectos.

El informe también menciona la falta de atención en materia de salud sexual y reproductiva que señala la asesora de la senadora Victoria Sandino.

Además, este informe indica que aunque hay un reconocimiento de la comunidad LGBTI en las normas expedidas, tampoco en ese caso son claras las acciones afirmativas para incluir de manera efectiva a esa población en el enfoque de género.

Para Torres, la inclusión de la población LGBTI en el enfoque de género de la implementación es prácticamente nula y es una tarea que le corresponde al nuevo Gobierno, pero en la que Farc tiene el compromiso de ayudar a impulsar las medidas necesarias porque están conscientes de que es una deuda.

Marcela Sánchez, directora ejecutiva de Colombia Diversa, también habla de la dificultad para que se concreten las acciones para esta población, aunque aclara que las normas le parecen adecuadas. Para Sánchez esto se puede deber a falta de formación técnica de los funcionarios en esta materia y a falta de voluntad política. Ella asegura que todavía se está en un nivel muy alto de la planeación.

“Si uno se pone a ver los PDET, que tenían acciones concretas para involucrar a las poblaciones LGBT en las asambleas o en las discusiones a nivel local, tenían dificultades para hacer las convocatorias porque decían: no conocemos los grupos, no sabemos dónde están, no sabemos si vamos a violar su intimidad si los llamamos directamente, a ese tipo de cosas se han enfrentado”, dice Sánchez.

Paladini explica que una paz con enfoque de género es más sostenible, más transformadora y le pone más atención a la calidad de vida de las personas, a los niños, a los ancianos, le pone más atención a temas que son importantes para la vida. “Enfoque de género por justicia, por eficacia y por calidad de la paz”, sentencia.

 

Balance de las normas

El informe de Cinep y Cerac hace un balance desde la perspectiva de género de la implementación de las normas del Acuerdo Final (del 24 de noviembre de 2016 al 30 de mayo de 2018):

 

Reforma rural

Han sido expedidos 11 Decretos Ley; 3 Decretos ordinarios; y aprobados 1 Acto Legislativo y 1 Ley. De los cuales 2 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género

Ninguna de las disposiciones identificadas hace referencia directa a la población LGBTI.

 

Participación política

Se han expedido 4 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario;1 Acto Legislativo y 1 Ley Estatutaria. 2 Decretos Ley y 1 Ley estatutaria que incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Además, este último decreto dispone de medidas de participación e inclusión para la población LGBTI.

 

Fin del conflicto

Se han expedido 6 Decretos Ley, 49 Decretos ordinarios, 2 Actos Legislativos y 2 Proyectos de Ley. De los cuales: 7 Decretos Ley; 1 Decreto ordinario y 1 Acto Legislativo incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Incluye a la comunidad LGBTI.

 

Solución al problema de drogas ilícitas

El Gobierno ha expedido 2 Decretos Ley y 1 Decreto ordinario en relación a este punto, de los cuales 1 incorpora disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género.

Las disposiciones con enfoque de género identificadas en el Decreto que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), priorizan la inclusión de las mujeres en el programa y promueven su participación. El Decreto no hace referencia a la población LGBTI.

 

Víctimas

Este punto el Gobierno ha expedido 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios y 3 Proyectos de Ley. De los cuales: 3 Decreto Ley; 1 Acto Legislativo y 1 Proyecto de Ley incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

 

Implementación, verificación y refrendación

En este punto han sido aprobados 8 Decretos Ley; 9 Decretos ordinarios, 3 Actos Legislativos y 1 Proyecto de Ley. De los cuales: 1 Decreto Ley y 1 Decreto Ordinario incorporan disposiciones correspondientes a la inclusión del enfoque de género. Incluye enfoque para comunidad LGBTI.

Domingo, 13 Agosto 2017

Mujeres indígenas en las mil y una luchas

Por Constanza Bruno

Esta es la historia de varias mujeres indígenas que viven en el norte de Antioquia, cuyas vidas se entrelazan y hacen visible la tensión que existe entre sus deseos de superación personal y la necesidad de conservar sus tradiciones ancestrales. Como telón de fondo el machismo silencioso de sus compañeros y el olvido 'ancestral' del Estado colombiano.

A las seis de la mañana se despierta Isabel y se apresura para llegar temprano a la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, de Ituango, Antioquia, donde cursa séptimo grado de bachillerato. Ella es hija de una madre soltera que lucha por sacar adelante a su familia.

A su llegada al colegio recibe besos y abrazos de varios de sus amigos, entre quienes goza de mucha popularidad. En el mismo salón se encuentra Yuliana Dumasá, perteneciente a la etnia Dóbida, que tiene su resguardo en Vigía del Fuerte (Urabá antioqueño). Entre alumnos con uniformes a cuadros, ella llega al aula muy tímida, vistiendo una colorida paruma (burubá) y adornando su cabeza con el chindau, una especie de sombrero forrado en cintas. Resulta una odisea sacarle una palabra de su boca.

Mientras Yuliana se esfuerza por aprender una segunda y tercera lengua (español e inglés) en un colegio no étnico, lejos de su territorio, tres mujeres embera eyabida, acompañadas de sus hijos y maridos, se sientan a descansar en las gradas de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en el parque central de Ituango.

Una turista, fascinada por los colores de las parumas, les pregunta de qué resguardo provienen. Ante tantas preguntas sin respuestas, un hombre indígena les explica que ellas no saben hablar en español. Tal respuesta indignó a la visitante, quien contra preguntó: “¿Usted por qué sí sabe?”. El hombre le contestó: “Porque nosotros salimos más que ellas del resguardo”. La forastera, algo molesta, no comprende por qué en pleno siglo XXI las indígenas colombianas siguen sin dominar el castellano.

Aunque Ituango es un municipio con un atraso histórico con respecto al resto del país, ni qué decir del mundo, las mujeres no étnicas se están criando en la actualidad en un ambiente de madres solteras.

María Victoria Zapata Yépez, rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina, asegura que en esta localidad son las mujeres las que lideran la crianza de los hijos y el sostenimiento de las familias. Esto ocurre, según dice, en una proporción del 80% con respecto al total de habitantes del municipio.

Caso contrario sucede con las indígenas del resguardo Jaidukamá, que son constantes en el proceso de crianza, pero las oportunidades para ambas poblaciones femeninas son distintas. Las no indígenas se levantan con más posibilidades para estudiar, trabajar y cuentan con hogares de bienestar y de interacción social. De estos precisamente carecen las indígenas porque la socialización y las relaciones interpersonales, según la docente, están llenas de vacíos.

En la subregión Norte del departamento de Antioquia se encuentra el municipio de Ituango, con una población que supera los 20.996 habitantes. Según el Dane (2005), de estos el 0,2% representa a la población indígena que se concentra en el resguardo Jaidukamá, ubicado a quince horas de la cabecera urbana, lejanía que se ha convertido en la principal barrera para su desarrollo. “Los indígenas de Ituango no son los que levantan la mano para participar donde tienen la opción, en cultura o educación”, explica Zapata.

En el resguardo habitan alrededor de 334 indígenas (175 mujeres y 159 hombres). El territorio cuenta con una escuela donde se cursa hasta quinto grado de primaria y con dos docentes nativos de la zona. Quienes deseen ser bachilleres tienen que salir del pueblo hacia el corregimiento La Granja o la cabecera urbana de Ituango.

Desde el 2007 la institución educativa está recibiendo indígenas interesados en terminar el bachillerato. Se han graduado hasta hoy cuatro hombres y ninguna mujer, cifra que revela la complejidad de la situación de las mujeres embera en su formación académica. “Lo que más peso tiene esta historia son los celos de los hombres, que no las dejan salir. Puede que haya dificultades económicas, pero temen soltarlas para que aprendan. No tienen confianza en el comportamiento personal e individual de ellas y prefieren concentrarlas en el resguardo”, sostiene Zapata.

Actualmente solo hay una mujer estudiando bachillerato en Ituango y es precisamente Yuliana, pero no pertenece al Jaidukamá. Su padre, que es docente de ese resguardo, la matriculó en el Municipio. “Este año tuvimos una chica cursando acá y podríamos decir que en el próximo la graduaríamos, pero ocurrieron situaciones adversas en el tema económico de su familia que no permitieron su permanencia. Además hay un celo por parte de los padres en soltarla para que realice sus estudios por fuera del núcleo familiar. La posición machista insiste en que las niñas deben estar en el resguardo realizando las labores domésticas y las han marginado de profesionalizarse. Esperamos que Yuliana se gradúe”, explica la rectora.

Del resguardo Jaidukamá solo una mujer se ha graduado de bachiller y es Marlene Domicó, quien aprendió español porque a los catorce años se escapó y se fue para Medellín. “En 1993 salí por locuras mías, me dio por irme a pasear donde un tío, quería conocer. Cuatro años después regresé. Desde el 2011 soy líder y como las mujeres no saben hablar el español y no salen, me designan para que reciba capacitación en temas de género”, cuenta la embera eyabida.

Marlene nunca ha escuchado la palabra género entre las mujeres de su resguardo, pero asegura que proviene de la identidad sexual del hombre y la mujer. Define la igualdad de género como los derechos que tiene para gozar de libertad, de hablar en público, estudiar y capacitarse. “Yo diría que ellas no son conscientes de que tienen tales derechos, sobre todo las que tenemos esposos, que debemos estar allí sumisas. A mí me molesta ser sumisa”, manifiesta la lideresa.

La mayoría de las mujeres en el resguardo han parido muchos hijos, pero Marlene solo tiene uno y no quiere concebir más. No desea repetir la historia de su madre y su hermana, quienes tuvieron doce. Ahora vive en la casa indígena de Ituango con su esposo Delio Domicó y su hijo. Les ayuda a los indígenas que llegan a diligenciar el registro civil o la cédula de ciudadanía, trámites que resultan complejos por no saber el castellano. “Las mujeres empezaron a cedularse solo hasta el año 2000. Mi madre se murió sin obtener su documento. Es tan necesarios para todo. Recuerdo que a los 18 años mi padre me llevó a diligenciar el registro y de inmediato tramité la cédula”, dice.

En época de elecciones son muchas las mujeres que salen del resguardo a hacer valer su derecho al voto porque quieren vivir la experiencia democrática. “La verdad ni siquiera sabemos pa’ qué votamos, eso da rabia”, reclama Marlene, quien piensa que la diferencia que hay entre las mujeres del resguardo y las de Ituango es la educación, esa que el Estado colombiano no ha implantado en su territorio.

Pero sí ve que los hombres del resguardo salen con facilidad a estudiar al pueblo. Es el caso de su esposo Delio Domicó, líder de la comunidad indígena, quien actualmente estudia en el Sena, institución donde hoy se capacitan tres hombres del resguardo y ninguna mujer.

Si para las mujeres de Ituango es complicada la participación en política, mucho más lo es para las indígenas. Este municipio tiene cinco concejalas, a las que les hace falta mucha formación. “Ellas llegaron a esos cargos por una cuota política o por azar, no representan a las mujeres como tal, por eso estamos trabajando en un proyecto para evitar que eso siga sucediendo”, señala Luz Miriam Mazo Ortiz, presidenta de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango.

Mazo admite que en toda su historia, la comunidad de Ituango ha vivido de espaldas a los indígenas del resguardo Jaidukamá. “Nos han enseñado que son un mundo aparte y no tienen la capacidad para trabajar con nosotras. Siempre hemos esperado la oportunidad, sobre todo ahora que estamos en la construcción de la política pública para las mujeres. Queremos que entren a participar, pero no sé hasta qué punto es bueno cuando ni siquiera sabemos si tienen cédula de ciudadanía y mecanismos para elegir a sus esposos, no queremos violentar su cultura”, manifiesta.

El resguardo Jaidukamá lleva más de 30 años con una escuela de primaria que construyeron sacerdotes de la Iglesia Católica. Luego entraron las religiosas de la Hermana Laura que enseñaron la lengua española a los primeros nativos. Delio Domicó admite que en su territorio nunca se ha trabajado el tema de la igualdad de género. “Nosotros no lo hemos analizado. A ellas se les invita a que acepten las capacitaciones, pero dicen que no pueden, no asisten o no son capaces de salir solas. Les da miedo entrar a estudiar en un colegio normal porque no entienden el español”, considera el líder.

Hasta el momento una indígena nunca ha ocupado un alto cargo dentro del resguardo. Solo lo han logrado como guardias para la vigilancia de la seguridad interna. Tampoco ha pensado que una mujer llegue a tener un nombramiento en el cabildo. “Si quisieran trabajar no habría ningún problema, pero ellas piensan que no tienen esa capacidad, entonces no lo asumen”, agrega Delio.

Ana Teresa Vergara Casama, de la etnia Embera Dóbida, originaria del municipio Riosucio en Chocó, es hoy consejera de la Organización Indígena de Antioquia, OIA, y la encargada del tema de mujer indígena en el departamento. Lidera una lucha para empoderar a las mujeres porque, contrario a lo que considera Delio, la apatía que muestran ellas es motivado por el machismo.

Para llegar a consejera, Ana Teresa ha afrontado dificultades. A los cinco años, en su pueblo no había escuelas y el que quería estudiar tenía que abandonar el resguardo. Esa fue la decisión que tomó su madre Delia Casama, quien la llevó a un pueblo afro, donde creció y estudió primaria y bachillerato.

Cuando se agudiza el conflicto armado, las Farc se enteran de que Delia y su esposo tenían seis hijas. Empiezan a pedirles que tres de ellas ingresen a las filas. Justo en ese momento se pone en marcha la operación Génesis, que le permite al paramilitarismo tomar el control de la zona.

Ante esta situación, su madre presta 200.000 pesos para trasladarla a una casa de paso en el Urabá antioqueño, donde llegaban indígenas de Antioquia, Córdoba y Chocó, que no hablaban español. Ana les colaboraba en la traducción para hacer sus diligencias en el hospital, y a cambio ellos le pagaban algo de dinero. Los embera de Eyabida vieron en ella una líder, a quien le proponen ser docente mientras estudiaba de noche. Su lengua nativa desaparece, pero debió aprender otras para sobrevivir.

La noche del 2 de agosto de 1999 en el resguardo de Chigorodó, las Farc asesinaron al gobernador, a la candidata maestra y al médico tradicional. Tuvo que salir huyendo de los violentos y renunciar al cargo de líder del movimiento indígena. Entró a estudiar licenciatura en educación en una universidad de Turbo, donde es nombrada secretaria del cabildo. Allí estuvo ocho años trabajando con mujeres que denunciaban a sus maridos por abandono de hogar y maltrato.

Este año asumió el cargo de consejera de la OIA. Ella y otra mujer asumen este liderazgo entre un grupo de diez hombres. Para llegar donde está hoy fue fundamental su formación académica y política. “El liderazgo de las mujeres en Jaidukamá es invisible porque no están formadas. Todavía encontramos padres que dicen que la educación es para los hombres”, explica Vergara.

Autonomía sin avances

Como consejera Ana tiene claro que las decisiones tomadas en los congresos son la línea de mandato en el tema de equidad de género. Desde la cosmovisión indígena se piensa que el feminismo ha hecho grandes aportes, pero no se considera feminista porque tiene claro que el mundo indígena es dual.

Si bien las autoridades indígenas y la Constitución Política les facultan que son autónomos para ejercer las normas y liderar procesos educativos en los territorios, es una autonomía que por falta recursos no avanza. “Podemos tener un manual de convivencia interno, pero si no tenemos cárceles, lugares adecuados y cepos, para ir aplicando justicia, nos estamos quedando en el papel y la lista de violencia y violaciones está ‘superlarga’ en los territorios indígenas”, advierte la Consejera.

En Antioquia hay 204 comunidades indígenas y no todas tienen manual de convivencia. En algunas hay procesos más avanzados, en otros son incipientes. Son reglamentos de papel y de nombre. “Donde hay un poco de avance es donde se están dando sanciones. Por ejemplo, a las mujeres que abortan de manera irresponsable. Personalmente pienso que si es fruto de una violación la mujer debe abortar, pero si se trata de una sexualidad irresponsable debe asumirla con castigo. Este es un tema tabú. Una mujer lesbiana o un hombre indígena con diferente orientación sexual son aislados y objetos de burlas, abusos y exclusión”, argumenta la lideresa.

En los resguardos como el Jaidukamá, los manuales de convivencia tampoco se aplican, pues los castigos para hacer respetar los derechos de las mujeres no se cumplen. “Allí hay un problema de gobernabilidad y eso es generalizado”, indica.

Consejero admite machismo

No todos los hombres indígenas admiten su machismo, pero a Juvenal Arrieta, consejero de la OIA de Antioquia, le ha tocado hacerlo, luego de que recibiera capacitación con enfoque de género, espacio en el que compartió experiencias con mujeres de otros países. Este embera Chamí, de descendencia Zenú, reconoce el esfuerzo de las mujeres por ganar una batalla de inclusión y reconocimiento, primero al interior de las organizaciones. “El año pasado en el congreso de los pueblos indígenas de Antioquia, se logró incluir dos consejeras. Se aprobó que en adelante la participación de ellas sea del 50-50 en los distintos escenarios. Me decían los hombres que eso es ilegal, que se estaban rompiendo los estatutos, que los que votaban son los cabildos y gobernadores, pero les expliqué que esto fue el resultado de un acuerdo en Caucasia”, cuenta el líder.

Para que sea un escenario de equidad y equilibrio y no de equidad y conflicto entre hombres y mujeres, Juvenal y Ana Teresa, como consejeros, aplicarán estrategias de sensibilización en los territorios, una de ellas es trabajar el tema de las nuevas masculinidades que tienen que ver con el rol de los hombres indígenas de hoy. “Tenemos que mirar lo que somos y poner en perspectiva de lo que éramos. Antes cuando era niño nuestros padres no cambiaban un pañal porque era asunto de mujeres; hoy lo hacemos, cocinamos y lavamos la ropa. Uno ve que hay una manifestación de afecto, abrazamos y besamos públicamente, antes era una cuestión privada. El hombre iba adelante y la mujer atrás; mientras íbamos libres, la mujer cargaba el canasto y el bebé. Ella ahora interpela la decisión del hombre”, explica el embera chamí.

Sin embargo, para Juvenal es importante discutir esos nuevos roles y los derechos sexuales y reproductivos. “Hablo mucho sobre el tema de la esterilización en las indígenas; la creación de unos prototipos de mujer, como las que se operan los senos y las nalgas, o las que no quieren darle pecho a sus bebés, sino tetero porque se les caen los senos. Conozco mujeres nuestras que dicen: yo con indígenas no quiero nada”, explica.

Otro tema que se discute está relacionado con el alto mestizaje que se dio en el conflicto armado. Muchas nativas se han desencantado de los indígenas y han tenido hijos de guerrilleros, paramilitares, ingenieros, policías y soldados. “Cuando surgen problemas familiares porque son hijos de gente transitoria, entonces allí sí es importante el indígena. Podría decir que estamos viviendo un derecho de pernada (permiso que se atribuyó al señor feudal para yacer con la esposa del siervo en su noche de bodas), sino hacemos nada. Cuando eso se convierte en un problema de desarraigo y de pérdida de identidad, creo que sí se tiene que discutir. Este es el debate fuerte que tengo con las mujeres porque creen que me estoy metiendo en un tema de intimidad. Yo no discuto la autonomía de la mujer sino lo que eso genera en perspectiva familiar y cultural”, advierte Juvenal.

La voz de la antropóloga indígena

Pero hay una voz que se escucha muy alta en los pueblos indígenas y es la de la antropóloga Dayana Domicó, quien ante la falta de oportunidades en su resguardo, ubicado en Puerto Libertador, en el departamento de Córdoba, se fue en 2012 a Medellín a estudiar en la Universidad de Antioquia. Hoy está a cargo de la coordinación de Jóvenes de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, y trabaja en conjunto con la Consejería de Mujer, Familia y Generación.

“Lo importante no es resaltar que seamos antropólogas o abogadas, sino destacar el conocimiento. Debemos tener claro si hablamos del ámbito académico o el formativo desde las comunidades. Si nos referimos a este último podemos decir que ellas no brindan títulos académicos, pero dan otro tipo de conocimientos que la academia nunca va a otorgar”, explica.

La antropóloga propone que antes de sacar a las mujeres de los resguardos para que se capaciten, primero se les consulte quiénes quieren salir porque para los indígenas existe otro tipo de formación. “Cuando estaba pequeña mi abuela me contaba historias, es decir, me formó sin ella tener un título. Esta es la formación que las mujeres tienen en Jaidukamá y eso hace que los pueblos indígenas pervivan en el tiempo”, explica Dayana.

Para que ellos accedan a la academia hay que sacarlos del territorio y llevarlos a un lugar para que estudien sociales, matemáticas y medicina, que en los pueblos indígenas tenemos en forma tradicional. “Hay indígenas que dicen que la gente sale a estudiar y regresa al resguardo más bruta. A la hora de la verdad, en vez de ser ganancia, se vuelve pérdida de una identidad cultural o de desarraigo para el pueblo. Por eso el tema de identidad cultural está tan débil en los territorios, pero para eso están las mujeres que son las replicadoras del conocimiento”, sostiene la antropóloga.

Considera que no hay que sacar a las mujeres de su territorio para fortalecerlas. Lo ideal es que ellas lo hagan desde sus resguardos. Propone que el Estado, la academia o las instituciones lleguen al resguardo para aprender otros temas. “¿Quiénes son los que nos van a fortalecer y cuáles son las garantías que tenemos para salir del territorio? Pero que no pase lo que ocurre en estos días que llegan personas del Ministerio del Interior y de la Consejería Presidencial para la Mujer a empoderar a las mujeres, y resulta que terminan empoderándolas muy mal, armando una guerra en el resguardo y en sus familias”, manifiesta Dayana.

Para la líder, el tema educativo es un problema de abandono estatal y considera que a estas alturas la nación embera, ya debería tener universidades en sus territorios, por lo menos, colegios de bachillerato. “En Antioquia los indígenas tienen posibilidad de entrar a las universidades públicas, pero en mi región es difícil que ingresemos a la Universidad de Córdoba. Las políticas que tiene la academia no están pensadas para los pueblos indígenas”, sostiene.

La rectora de la Institución Educativa Pedro Nel Ospina coincide con Dayana, cuando habla de la desatención del Ministerio de Educación Nacional y del Gobierno Departamental. “La administración de Fajardo propuso la creación de unas cartillas en embera para las comunidades en Antioquia, pero quienes tuvieron acceso a ellas fueron los indígenas de Cristianía, que son muy partícipes en la vida política, pero a la de Jaidukamá, nunca llegaron. Esa producción iba ayudar a que los pueblos se empezaran a apropiar del lenguaje y aquí en la institución podíamos tenerla como una asignatura optativa”, explica la rectora.

Aunque es una buena iniciativa pensar en impartir la enseñanza de la lengua embera en los colegios estatales, Dayana considera que se debe tener restricciones porque podría ser un mecanismo de aprovechamiento para favorecer a los no étnicos y se excluirían más a los pueblos indígenas.

Contrario a lo que se piensa, para la joven antropóloga, no es malo que ellas no aprendan el español porque se trata de un asunto de resistencia. “Yo aprendí a hablarlo a los 12 años y fue porque me tocó estudiar en el pueblo, pero las mujeres son las que menos lo aprenden porque están todo el tiempo en sus casas”, asegura Dayana.

Términos no existen en el glosario indígena

En la lengua embera hay palabras que no tienen traducción y el mundo de occidente les impone términos a los indígenas que no se traducen literalmente sino que se deben desglosar. Para Dayana esto es ponerles más patas a la mesa. Por ejemplo, el término género no existe en la lengua embera. Es una palabra que les toca implementar para entrar en el tema de inclusión y enfoque. “No sabría si es bueno o malo. En nuestro glosario tenemos las palabras hombre (humakira) y mujer (wēra) que en las leyes de origen, se unen y se complementan. Las nuevas masculinidades tampoco existen”, agrega.

Para que las mujeres indígenas de Jaidukamá dejen de vivir de espaldas a ellas mismas y sigan al frente de sus comunidades, tienen que despertar para emprender el reto de empoderarse en perspectiva de género, con el fin de salir de la enajenación, enfrentar la opresión, mejorar sus condiciones de vida, ocuparse de sí mismas y convertirse en protagonistas de sus vidas, tal como lo proponen los investigadores Benhabid y Cornet, y tal como lo vienen haciendo Dayana, Marlene, Ana Teresa y Yuliana, quienes desde sus espacios continúan la lucha como lideresas de sus pueblos, aplicando sus conocimientos ancestrales sin dejar de aprovechar los beneficios que les puede ofrecer el mundo occidental, y todo por defender los derechos de la wēra.

*Esta investigación fue elaborada con el apoyo de Consejo de Redacción, la Embajada de Suecia y la Organización para las Migraciones (OIM) para el proyecto CdR/Lab Con Enfoque.
**Esta investigación se pubicó originalmente en Colombia 2020 / El Espectador.