El pasado 7 de septiembre, el sacerdote Francisco de Roux, expresidente de la Comisión de la Verdad, dijo en esta entrevista que dio a la agencia de información del Vaticano SIR que apoyaba la posibilidad de crear una comisión de apoyo judicial que ayudara a conocer la verdad que hay detrás del narcotráfico en Colombia: 

“La Comisión ha recogido los análisis en Colombia sobre el tráfico de drogas, y ha podido hablar con los traficantes en cárceles en Colombia y Estados Unidos. Además, con muchas víctimas. Hemos podido establecer que hoy en Colombia hay una sola guerra que une la insurrección y el narcotráfico. El tráfico de droga ha penetrado la economía, los partidos políticos, el fútbol, el comercio y los bancos, en la política y los aparatos de seguridad. Ha demostrado cómo el tráfico de drogas ha sido la base del contrabando, de la corrupción, de la extracción criminal de oro y las importaciones de armas”.

Lo mencionado por el padre hace parte de las recomendaciones que el informe sugiere en su capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’. Las afirmaciones de De Roux hicieron que personas como el expresidente Iván Duque se pronunciaran a través de su cuenta de Twitter diciendo que “más que comisiones de la verdad para el narcotráfico, se requiere que los que se comprometieron a decir la verdad expliquen cuáles fueron sus rutas, proveedores y canales de tráfico. Esa verdad está pendiente”. 

Más que comisiones de la verdad para el narcotráfico, se requiere que los que se comprometieron a decir la verdad expliquen cuáles fueron sus rutas, proveedores y canales de tráfico. Esa verdad está pendiente.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 8, 2022

Antes de la entrevista que De Roux dio a la SIR, quien fue presidente de la CEV ya había causado polémicas por varias declaraciones públicas en las que hacía referencia al tema del narcotráfico, como cuando dijo ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el 14 de julio de este año, durante la entrega del informe final del conflicto armado interno en Colombia,  que “la Comisión pide terminar la guerra contra el narcotráfico y pide comprender lo equivocado de la pretensión de que el prohibicionismo armado puede detener al narcotráfico cuando lo que hace es aumentar las ganancias del negocio”. 

En esa ocasión, Fernando Londoño, conductor del programa radial La Hora de la Verdad,  señaló a De Roux de haber dicho “que había que parar la lucha contra el narcotráfico que porque eso no llevaba a ninguna parte, que porque sólo servía para encarecer el valor de la cocaína que se produce en Colombia”. En este chequeo contamos que el entonces presidente de la CEV sí dijo que había que parar la lucha armada en contra del narcotráfico, pero nunca advirtió que esto se sugería por el encarecimiento de esa droga.

Ahora bien, en la página 837, en el aparte 5.3 del capítulo de Hallazgos y recomendaciones, la Comisión propone poner en marcha una “comisión transitoria de esclarecimiento e investigación independiente e internacional o mixta (nacional e internacional) para impulsar la investigación y esclarecer la verdad de los hechos del narcotráfico y de la criminalidad organizada asociada a este y sus redes de apoyo” con el fin de que esta investigue la violencia sistemática proveniente del narcotráfico, las graves violaciones a los derechos humanos que se dieron por efectos del negocio de la droga y la corrupción público privada que se dio a causa del narcotráfico en Colombia. 

Según el informe, esta comisión dedicada a temas referentes al narcotráfico tendrá que  “contar con facultades de investigación para buscar, identificar, recoger y embalar elementos materiales probatorios y evidencia física, y realizar entrevistas y valoraciones que requieran conocimientos especializados”. Y también con “facultades de acceso a la información sin que se le pueda oponer reserva alguna, incluso si se trata de información de inteligencia, contrainteligencia o de seguridad nacional”

Por todo lo anterior, vale la pena hacerse varias preguntas respecto a la posibilidad de crear una  comisión para el apoyo judicial especializada en temas ligados a la verdad que se esconde detrás del fenómeno del narcotráfico en Colombia. Este es un tema que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad propuso en su capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ en el segmento número 6 titulado ‘Narcotráfico como protagonista del conflicto armado y factor de su persistencia’.  ¿Qué dice el informe frente a esto? Vamos por partes:

¿Cuál ha sido el papel del narcotráfico en la guerra en Colombia? 

De acuerdo con el capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ del informe (página 456): “El narcotráfico es un grave problema económico, social y político, de nivel internacional, no es solo un asunto delictivo o de carácter militar, y ha condicionado históricamente la relación entre Colombia y Estados Unidos desde los setenta. El narcotráfico penetró de diferentes maneras una parte de la política y se convirtió en un actor de la confrontación armada”. 

Según Mayra García, docente e investigadora en derechos humanos y justicia transicional: “En los años 70, 80 y 90 se observaba al narcotráfico como un tema aislado del conflicto armado colombiano. Sin embargo, lo que han demostrado estudios, el mismo informe de la Comisión de la Verdad, sentencias de Justicia y Paz así como otras que se han dado en la jurisdicción ordinaria respecto a la responsabilidad del Estado en temas de conflicto, los casos que se están trabajando en la Jurisdicción Especial de Paz y la configuración propia del conflicto, es que todas las actividades asociadas al narcotráfico no han sido aisladas del conflicto armado, sino que por el contrario, el narcotráfico ha sido un elemento transversal en la historia del conflicto colombiano”. 

De acuerdo con la investigadora, “eso es lo que hace que el conflicto armado sea mucho más difícil de resolver, haya sido tan intenso, se haya prolongado durante tantos años y se haya degradado de la manera en la que lo hizo en distintas zonas del país”. 

Frente a esto, el mismo aparte mencionado del informe (página 459) resalta: “El narcotráfico provee recursos para seguir haciendo la guerra, por lo que, si no se integran salidas efectivas a este problema en el proceso de construcción de paz, los conflictos armados que persisten serán probablemente insolubles. (...) cuando el narcotráfico pasó a ser parte de la contrainsurgencia, se consolidó como un factor de degradación del conflicto armado y se convirtió en financiador de los grupos armados paramilitares y de las guerrillas en diferentes eslabones de la cadena. También se unió a sectores de la fuerza pública que se han enriquecido con él”.

Por su parte, García aclara que “el papel del narcotráfico en la guerra en Colombia ha sido fundamental, no solo desde el punto de vista de la financiación; uno podría considerar a miembros vinculados al narcotráfico como actores activos que han jugado un rol importante de direccionamiento estratégico en el marco del conflicto”.

Una de las razones por las que De Roux y excomisionadas de la CEV como la periodista Marta Ruiz apoyan la creación de esta comisión es por el reconocimiento que merecen las víctimas del narcotráfico en Colombia. Por eso mismo, es necesario preguntarse: 

¿Bajo qué consideración se les tiene a las víctimas del narcotráfico en Colombia? 

En el mismo capítulo de ‘Hallazgos y recomendaciones’ (página 461), el informe señala que:

“Las víctimas del narcotráfico no han sido consideradas en Colombia como víctimas del conflicto armado. La Comisión ha dado cuenta de cómo a partir de los ochenta, especialmente, los ejércitos del narcotráfico se incorporaron a la lucha contrainsurgente. Numerosos hechos vistos desde la lógica contrainsurgente han tenido también una lógica de control del narcotráfico. Miembros de comunidades campesinas y étnicas, pobladores de los barrios populares, fueron víctimas de grupos posdesmovilización de las AUC considerados como «bandas criminales».  A la par, jueces, fiscales, agentes del CTI o investigadores fueron asesinados o tuvieron que salir al exilio por investigar estos casos de estrecha relación entre el conflicto armado y el narcotráfico”. 

De acuerdo con Ramón Rodríguez, exdirector de la Unidad Nacional para las Víctimas, “víctima es cualquier colombiano que haya sido afectado posterior a un delito que haya ocurrido en el marco de la violencia en los últimos 50 años. Ha habido casos en los que personas que aparecen inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV) resultan ser también víctimas del narcotráfico y aparecen en el RUV”. Eso significa que en Colombia hay personas que han sido afectadas por varios de los delitos contemplados en la Ley 1448 de 2011 (que son: desplazamiento forzado, homicidio, desaparición forzada, delitos contra la libertad e integridad sexual, tortura, secuestro, lesiones que causaron incapacidad y reclutamiento forzado de menores). 

¿Qué pasa entonces con las víctimas del narcotráfico ante la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)?

Rodríguez comenta que “se parte de un relato en el que las víctimas cuentan en qué contexto se dieron los hechos victimizantes, se contrasta el testimonio a través de la Red Nacional de Información y así se define si se deja incluido o no esta persona en la UARIV. Y sí, están en el RUV”. 

En cuanto al componente de reparación establecido en la Ley 1448, está fundamentada en que las víctimas del conflicto deben ser todas aquellas que hayan sufrido violaciones a los derechos humanos o al Derecho Internacional Humanitario, así lo explica Mayra García, quien afirma que “a partir del Auto 119 del 2013, la Corte Constitucional empezó a ver que estaban negando una cantidad de inclusiones en el Registro Único de Víctimas a quienes eran  víctimas directas de Bacrim (bandas criminales)”.

Dicho auto es un documento de seguimiento a la sentencia T-025 del 2004 que estableció el estado de cosas inconstitucional en relación a las víctimas del conflicto. Así lo comenta García:

“Ese auto dice que hay cargas que no se les pueden exigir a las víctimas. Por ejemplo, cuando se desmovilizaron las AUC en el Valle del Cauca, se formaron los Rastrojos, entonces, ¿cómo se le explica a la víctima que la organización AUC, que la desplazó en 2002, se convirtió en Los Rastrojos y ya no es un actor armado? Entonces, la Corte dijo que la Unidad para la Atención a la Víctimas tiene que revisar esas solicitudes de ingreso al RUV, mirar los términos en los que los negó y, dado el caso, revocarlos. Pero la Unidad de Víctimas no hizo eso y lo hace por demanda. Es decir, si la persona presenta una acción de tutela en relación con la inclusión al Registro, se pronuncian”. 

También consultamos a Luis Felipe Cruz, coordinador de política de drogas del centro de estudios en derecho Dejusticia. Según él, “muchas personas están en el RUV pero no por hechos victimizantes relacionados con la política de drogas y del narcotráfico”. Según él, lo planteado en el Acuerdo de Paz y en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición se enfoca en establecer la relación entre el narcotráfico y el conflicto armado: 

“Algunas veces, las personas son víctimas de una y de otra cosa, pero al momento de relatar el hecho o poner la denuncia no se logra hacer la conexión entre una y otra cosa y las personas terminan siendo acalladas o son registradas no como víctimas de narcotráfico. No hay una claridad de todo el universo de víctimas respecto a quienes fueron victimizadas por la política de drogas o del narcotráfico”. 

Cruz es claro en señalar que “definir si una persona es víctima del narcotráfico, depende de qué tipo de actor causó la victimización, pues no todo actor del narcotráfico está presente en el conflicto armado, pero la mayoría de los actores armados fueron del narcotráfico. Entonces, todo depende del caso a caso”. Él comenta que, por ejemplo, cuando la guerrilla de las FARC, que era un actor armado, cometía algún tipo de daño, “la persona tiene la posibilidad de inscribirse en el RUV. Pero lo determinante en el caso del narcotráfico es entender cuál es el nexo causal entre el actor que causó el daño y el narcotráfico pero, sobre todo, entre el hecho victimizante y el conflicto armado”. 

La discusión que muchas veces se pone sobre la mesa respecto al estatus que se les da a las personas que mueren en operativos de erradicación con violación de derechos humanos “no se ha dado y el punto más importante es entender que tanto el narcotráfico como la política de drogas causaron daños en las poblaciones campesinas, indígenas y afros y que esos daños deben ser atendidos”, dice el investigador de Dejusticia. Antes de hablar de víctimas, prosigue, “es importante saber qué fue lo que pasó, y a partir de allí tener una reflexión respecto a las víctimas, a las personas afectadas y así saber cuál es el enfoque de reparación”. 

Por otra parte, Inge Helena Valencia, jefa de estudios sociales de la Universidad Icesi, asegura que la distinción entre víctimas del conflicto y víctimas del narcotráfico existe porque en Colombia “siempre se ha intentado hacer una diferencia entre el narcotráfico y el conflicto armado. Esa es una discusión que se ha planteado desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016”. Valencia cuenta que en Colombia hay “un montón de gente” que está detenida y desaparecida por vincularse a actividades con el narcotráfico pero que “indiscutiblemente tienen que ver con el conflicto armado porque hay algunos actores armados que contribuyeron a fortalecer el conflicto”. 

De acuerdo con ella, comandantes y personas que pertenecieron a Justicia y Paz y al paramilitarismo “se desmovilizaron y después se rearmaron en bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Hoy hay una argumentación importante para que se reconozca que algunas víctimas ligadas al narcotráfico deben ser reconocidas como víctimas del conflicto. (...) Es necesario que nuestro país tenga un reconocimiento más amplio de la noción de víctimas para que estas víctimas puedan ser visibilizadas y reparadas”. 

En ese sentido, vale la pena observar este informe realizado por la Universidad Icesi titulado ‘Mar, Guerra y Violencia. El conflicto armado en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina’, publicado por la Comisión de la Verdad, en el que se citan 10 sentencias de la Corte Constitucional en las que el alto tribunal ordena que víctimas del narcotráfico de San Andrés y Providencia sean consideradas como víctimas del conflicto armado y admitidas en la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

Por otra parte, Margarita Jaimes, docente de derecho de la Universidad de Sucre, considera que “la victimización es un hecho, no un derecho. Por eso hay que crear un sistema transicional que aporte de manera integral al proceso de reparación de las víctimas que ha dejado el narcotráfico en Colombia”. 

La profesora Jaimes hace énfasis en que “actualmente los delitos cometidos por el narcotráfico los tiene la justicia ordinaria, por eso es que a las víctimas del narcotráfico muchas veces no se les contempla con los derechos amparados por la Ley 1448”, que es la que presta atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Por eso, ella afirma que “un primer paso para acercarse a la reparación integral es la verdad”.

¿Por qué es importante que exista un componente de verdad en el marco de los hechos que rodean el narcotráfico en Colombia? 

Mayra García contesta que “empezar a considerar al narcotráfico con unos elementos particulares que permiten asociarlo a actividades del conflicto armado, tendría un espectro mucho más amplio de actividades y eso ayudaría a tener más eficacia no sólo en términos de verdad, justicia, reparación y no repetición sino en cuanto a la misma administración de la justicia”. La investigadora señala que, aunque ha habido avances en los procesos de justicia en relación con el narcotráfico, a través de los procesos de verdad “se han logrado satisfacer en mayor amplitud los derechos de las víctimas”. 

También vale la pena recordar que, durante el mencionado evento en el que el padre De Roux entregó el informe ante el Consejo de Seguridad de la ONU, dijo: “Pedimos que se entienda la conexión del narcotráfico con la corrupción. Porque el dinero criminal compra gobernadores, alcaldes, jueces, policías, guerrilleros y militares. Y contribuye a generalizar la corrupción a otros niveles”.

De ahí que, en esta entrevista que la excomisionada Marta Ruiz le concedió a W Radio, comentó que “un proceso de este tipo tendría que abrir un debate nacional en torno a la profundidad del vínculo del narcotráfico con la economía, con la política. Nosotros encontramos indicios que es un problema de muchos más años”. 

Y en cuanto a esto, el informe es claro (página 463):

“Las recomendaciones de la Comisión van dirigidas a un cambio de paradigma que supere el prohibicionismo y permita transitar a otras formas de comprender y convivir con las drogas, pasando a una regulación de forma estricta y bajo unos principios específicos y de mercado justo para las comunidades rurales, un tratamiento de salud pública a los consumidores y una prevención social y educativa. (...) La Comisión invita a reconocer y replantear el problema del narcotráfico y a encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo y procesos de concertación que permitan la comprensión, regulación e integración económica, social y política del narcotráfico”.

¿Cuáles son los mecanismos que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad propone para enfrentar el narcotráfico?

En la misma entrevista, la excomisionada Ruiz habló acerca de que esta sería una comisión de apoyo judicial con enfoque nacional y transnacional para poner sobre la mesa la verdad sobre el narcotráfico en Colombia. 

Mayra García considera que tal recomendación de la CEV “no es para nada descabellada y se ajusta muy bien a nuestra estructura, al contexto institucional y al contexto particular que estamos viviendo para esclarecer los hechos que, bajo el prisma de la JEP, sí tendrían que analizarse, porque el narcotráfico permeó muchas esferas desde el punto de vista político y facilitó la dinámica del conflicto. Tener una comisión de este tipo ayudaría a ampliar el espectro de la verdad y tener una dinámica de justicia a nivel local y territorial mucho más amplia”.

Por lo mismo, el informe (página 460) observa que “la forma en que se ha abordado el narcotráfico, centrado en la investigación de responsabilidades individuales y dirigiendo las investigaciones contra narcotraficantes a los que se ha tratado de detener y extraditar a los Estados Unidos no ha solucionado el problema”. 

¿Esos mecanismos estarían ligados a procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición en el marco del narcotráfico en Colombia?

Según lo que Luis Felipe Cruz plantea en este punto, “la comisión de apoyo judicial propuesta por la CEV es muy diferente a lo que hizo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, porque esta entidad se encargó de establecer los mecanismos para el esclarecimiento de la verdad, la construcción de unos ejercicios de convivencia y de plantear pautas para la no repetición; pero la CEV fue un ente absolutamente autónomo e independiente de la Justicia Especial para la Paz”. De ahí que el investigador advierte que el informe y el trabajo de la CEV está centrado en la narrativa histórica para la creación de ejercicios de memoria alrededor del conflicto armado.

Pero, según él, la creación de esta comisión tiene el enfoque de ayudar a la Unidad de Investigación de la JEP y a la Fiscalía General de la Nación para estudiar los macrocasos de criminalidad y de violaciones graves tanto a los derechos humanos como al derecho internacional humanitario:

“Esto quiere decir que esta comisión sí tendría funciones dentro de la jurisdiccionalidad, pues la Fiscalía en el orden interno colombiano es parte del sistema judicial. Entonces, la labor de esta comisión sería la de coordinar las investigaciones de los macrocasos de corrupción, de impunidad y, sobre todo, de afectaciones del narcotráfico a los derechos humanos y al DIH. Los informes que salgan de esta comisión mixta [si se llega a implementar] van a ser usados por la justicia y tendrían valor probatorio”.

Cruz afirma que lo problemático “de considerar esto así sería que el estado se siente a negociar con narcotraficantes y eso es lo que no se puede tolerar. Los esfuerzos institucionales no se pueden reducir a eso, pero con la propuesta de la CEV se puede contribuir a salir de la incertidumbre en la que está Colombia en cuanto al tema de verdad ligada al narcotráfico”. Por eso mismo, el informe recomienda la implementación de mecanismos de la justicia transicional “para el desmantelamiento de las redes, la contribución a la verdad y las penas restaurativas”.

Es decir, el informe recomienda replantear el narcotráfico que se debe atender desde un enfoque “pacífico” que permitan la comprensión, regulación e integración “económica, social y política del narcotráfico en Colombia”.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.