Desde que se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad se tejió la narrativa, desde varios sectores opositores al Acuerdo de paz con las Farc que la entidad no escuchó a los miembros de las Fuerzas Armadas, víctimas de las Farc y que estos fueron únicamente presentados como perpetradores de violaciones de derechos humanos. 

En Colombiacheck hemos verificado en varias oportunidades (1, 2, 3, 4) qué dice el documento entregado el 28 de junio en el Teatro Colón sobre el Ejército Nacional, pues la narrativa entre algunos ex militares, militares de la reserva y policías retirados se siguió fortaleciendo en redes sociales.

También, como demostramos en esta investigación, “Las narrativas de la desinformación refuerzan la idea de que en el informe no aparece la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que sus víctimas no fueron escuchadas, e incluso que promueve una asamblea constituyente para desarticular las Fuerzas Militares”. 

Por ejemplo, en su cuenta de Twitter, el mayor general de la reserva Luis Ignacio Barón Casas publicó el 1 de julio de 2022 que: “Miren algo que encontré en el documento de la comisión..a las acciones Militares les llaman barbarie….pero a las acciones de las FARC las llaman ‘errores cometidos contra la población civil’, que vergüenza. Esta afirmación fue calificada como cuestionable y sacada de contexto. (ver chequeo)

Otra voz que se ha opuesto a lo dicho por la Comisión en su informe final, es la del mayor general de la Policía, Luis Mendieta, quien, al salir el informe dijo que el Ejército no había sido escuchado.  Sin embargo, como fue demostrado en el explicador,  Así fueron los Espacios de Escucha de la Comisión de la Verdad, se evidencia que 60 espacios, 20 fueron exclusivos para la participación de las Fuerzas Militares y de Policía, organizaciones de ex integrantes de la Fuerza Pública y organizaciones de víctimas que pertenecieron a la Fuerza Pública. 

Más recientemente en una entrevista de nuevo, Mendieta, afirmó que era necesario hablar de las Fuerzas Armadas como víctimas del conflicto. 

Así que por estas razones, en Colombiacheck decidimos revisar qué dice el Informe Final sobre las afectaciones a la fuerza pública. 

Los impactos de la guerra

La Comisión de la Verdad en el tomo “Sufrir la guerra”, narra los impactos del conflicto armado. Los militares y sus familias  no son la excepción de las consecuencias físicas, emocionales y los cambios en sus trayectorias de vida a causa de éste. 

Por ejemplo, en el citado tomo, en su página 34, muestra cómo las mujeres familiares de integrantes de la fuerza pública enfrentaron el duelo mientras estaban en embarazo, eran cuidadoras de hijos e hijas pequeños a la par que mantenían a la familia, sin acompañamiento psicosocial y sin el aporte económico que recibían de sus compañeros policías o militares. 

En agosto de 2021 se realizó el espacio ‘Víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública contaron sus historias a la Comisión de la Verdad’. En este espacio coordinado por el entonces comisionado, el mayor Carlos Guillermo Ospina, algunos ex militares contaron las consecuencias de la guerra. Uno de los participantes fue Abel Rojas Díaz, que declaró a la entidad cómo una mina antipersona acabó con su carrera militar. 

“Tres años duró su recuperación y al cumplir no le permitieron continuar en el Ejército y no le fue reconocida su pensión de invalidez”. 

Como narró Rojas,  después de un largo camino judicial le reconocieron la pensión y empezó a estudiar derecho. Hoy es el presidente de la Asociación de militares Sobrevivientes del Conflicto Armado en Huila. 

En el tomo de Impactos y afrontamientos del Informe Final se habla de un contexto armado degradado, los actores armados se valieron del uso de minas antipersonal, artefactos explosivos improvisados y municiones para establecer, defenderse y controlar los territorios. 

La Comisión rescata las cifras del Registro Único de Víctimas que tienen hasta 2022, 6,844 personas víctimas de estos artefactos. Por su parte el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica documentó 9.096 víctimas hasta noviembre de 2020. Se estima que más del 60% de los afectados son miembros de la fuerza pública. 

La Comisión de la Verdad rescata un testimonio que da cuenta de los impactos de quedar herido por una mina: “lloré como un niño de la desesperación. De ver en lo que me habían dejado, de ver que la vida le cambia a uno, de ver qué iba a ser de mí, cuál iba a ser mi futuro. ¿Estar postrado en una silla de ruedas todos los días? ¿Ser un estorbo para mi familia? Difícil”. También advierte el impacto de frenar y acabar la carrera militar de tantos uniformados que veían esa posibilidad como un proyecto de vida.

El Informe también da cuenta de los impactos similares que enfrentaron los militares y policías que fueron retenidos en manos de guerrilleros. Las FARC cometieron sistemáticamente violaciones al Derecho Internacional Humanitario. Según el Proyecto JEP-CEV-HRDAG, alrededor de 50.770 de ellos fueron víctimas de secuestro y toma de rehenes en el marco del conflicto armado entre 1990 y 2018, de los cuales el mayor perpetrador fue la guerrilla de las FARC con el 40% de los casos.

Los testimonios recogidos por la Comisión dan cuenta de los relatos de los sobrevivientes o quienes dejaron pruebas de supervivencia relataron los castigos corporales y los insultos por pertenecer al bando de los enemigos. La entidad recopiló uno de estas vícitmas provenientes del Ejército: “Yo duré tres años secuestrado, lo más duro ver a los compañeros enfermos, las humillaciones, el encierro, estar a todo momento reprimido hasta para hacer sus necesidades, cuando estábamos muy asediados la comida era poquita”, se lee en la página 75. 

Así como la Comisión de la Verdad recopiló los hechos e impactos que afectaron a miembros de la fuerza pública por parte de otros actores armados, también lo hicieron con hechos que cometió la institucionalidad contra sus propios combatientes. 

La entidad recopiló testimonios de uniformados víctimas que muestran abusos de poder y maltrato por parte de superiores. “Algunas de las personas que ostentaban mayor autoridad ejercían su mando mediante humillaciones, lo que producía rabia y temor en sus subalternos. Varios integrantes del Ejército afirmaron que esto era el pan de cada día en las filas”. 

Un suboficial le dijo a la Comisión de la Verdad que, “Después, un teniente que era el reemplazante de la compañía, el ejecutivo de la compañía, [...] nos agredió físicamente delante de todas las compañías. A unos los golpeó con las botas. A mí me metió un puño y nos tiraba al suelo y todo [...]. A nadie le gusta que le peguen delante de los demás y de otro hombre. Pero militarmente, cuando eso, usted tenía era que aguantar”. 

También está el relato de una trabajadora de la salud, quien realizó su práctica con Sanidad Militar e identificó que algunos militares presentaban enfermedades venéreas relacionadas con la violencia sexual, ejercida como una forma de tortura contra los soldados. El testimonio de la trabajadora se encuentra en la página  80. 

Como lo evidencia el Informe Final, los crímenes contra los combatientes fueron un recurso para facilitar los propósitos de cada grupo armado. Eliminar la humanidad no únicamente del enemigo y así era mucho más fácil exigir o cometer asesinatos, torturas, desapariciones y otros hechos violentos. 

“Los testimonios muestran que las estructuras jerárquicas de los distintos actores armados legales e ilegales impusieron normas difíciles de cumplir, con altos costos emocionales, familiares y personales para los combatientes. La mayoría de estas buscaban justamente esa deshumanización”. 

En conclusión para la Comisión de la Verdad, los testimonios y documentos que muestran los crímenes contra los combatientes también se extendieron contra los mismos miembros de sus grupos. Como está escrito en el Informe Final: “en ningún lugar se estaba realmente a salvo”.

(*) Este texto hace parte del proyecto Memorias del Conflicto que verifica la desinformación que circula en redes sociales sobre el Informe Final de la Comisión de la Verdad y es financiado por el Centro Internacional de Justicia Transicional y la Embajada de Noruega en Colombia.